Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Gráfica de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes}

La organización de derechos humanos Front Line Defenders, en un comunicado, denunció que defensores del territorio de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, articulados en la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, han sido objeto de ataques en años recientes por su defensa del territorio.

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes es una organización integrada por 20 pueblos nahuas del valle de Puebla que históricamente han luchado contra violaciones de derechos humanos y despojo causado por la presencia e implementación de proyectos extractivos en sus territorios.

El último ataque sufrido es la represión ocurrida en el pueblo de San Lucas Nextetelco el 2 de octubre de 2023, durante una protesta en contra de la construcción de un complejo de seguridad pública en la comunidad.

Este complejo fue licitado, sin consulta alguna, por el gobierno del Estado de Puebla el pasado 5 de septiembre y tiene estimado concluir la construcción en el mes de diciembre de este año 2023, con un piso financiero mínimo de 8 millones de pesos.

La construcción del complejo de seguridad se da en un contexto de “un preocupante aumento de la militarización y la creciente construcción de complejos de seguridad y cuarteles militares en comunidades en el país donde existen resistencias y oposición a megaproyectos y en donde no ha habido consulta, previa, libre e informada”, alerta la organización.

El 2 de octubre de 2023, personas que se presentaron como empleados de DECOSA, la empresa que presuntamente se ha contratado para construir el complejo de seguridad, llegaron al pueblo de San Lucas Nextetelco, relata la organización. Los trabajadores se retiraron del lugar después de que los integrantes de la comunidad les entregaran un acta de la asamblea en oposición a la obra del complejo de seguridad, en el cual decidieron rechazar el proyecto.

Más tarde ese mismo día, sobre las 16h, esos mismos trabajadores volvieron al pueblo de San Lucas Nextetelco, llevando una máquina excavadora. Custodiada por elementos de la Policía Estatal de Puebla, rompieron el portón y comenzaron a trabajar.

Esto llevó a que integrantes del pueblo alertaran al resto de la comunidad, quienes acudieron a protestar e intentar impedir que siguiera la construcción del complejo de seguridad. Después de esto, llegaron al lugar un grupo de personas que presuntamente son movilizadas por el gobierno municipal de Juan C. Bonilla y que han sido identificadas previamente por la comunidad como “golpeadores”, señala Front Line Defenders.

Este grupo comenzó a agredir físicamente a integrantes de la comunidad, incluyendo a jóvenes y a adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica. Llegaron más integrantes de San Luchas Nextetelco a fin de apoyar a los manifestantes, se enfrentaron con la policía y esto llevó al eventual retiro de los golpeadores y de los elementos de la Policía Estatal. Como forma de protesta, la comunidad decidió cerrar la carretera federal a la altura de San Lucas Nextetelco durante alrededor de 6 horas.

Otros ataques

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y al Congreso Nacional Indígena
A los pueblos de México y el mundo,
A las personas, colectividades y pueblos que defienden la Vida

El 12 de octubre de 1492 una nueva historia comenzó a escribirse: la Historia de la Dignidad Indígena. La fuerza y determinación de los pueblos originarios, aquella cultivada por más de 531 años, adquiere hoy nuevos sentidos: la resistencia anticolonial de los más primeros, la defensa de sus territorios y modos de habitar el mundo, son fuente de conocimiento e inspiración en la lucha contra el capitalismo depredador y ecocida.

En toda América, la historia de las luchas por la libertad y la justicia están marcadas por las resistencias de los pueblos indígenas. En México, resistieron a la guerra de conquista, fortalecieron a los ejércitos populares en la guerra de Independencia, lucharon contra el imperialismo norteamericano y sus intentos expansionistas, fueron parte de la resistencia contra el imperio francés, contra la dictadura porfirista y tuvieron un papel fundamental en la guerra de Revolución en los ejércitos encabezados por Villa y Zapata. Durante el régimen priísta, los pueblos originarios nutrieron a los ejércitos populares y de liberación nacional. Con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero de 1994, y la formación del Congreso Nacional Indígena, el 12 de octubre de 1996, los pueblos indígenas pasaron a la ofensiva contra la integración neoliberal y su acelerado despojo. Y como en el pasado, los pueblos indígenas resisten hoy al neodesarrollismo que intenta disfrazar el despojo de bienestar.

En los espejos de la realidad de la guerra que enfrentan quienes ancestralmente cuidan y defienden la madre tierra frente al despojo y la explotación capitalista y patriarcal; en los espejos del desprecio por sostener la dignidad de existir siendo quiénes son contra los intentos coloniales de exterminio; en los espejos de la persecución política, la desaparición, la cárcel y el asesinato por luchar, organizarse, resistir y cuidar la Vida. En esos espejos se refleja la guerra capitalista contra la naturaleza y la Vida, una guerra que hoy llena de sangre todo el territorio nacional y mundial.

La dimensión histórica del desafío de los pueblos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena puede apreciarse en el sentido mismo de la Acción Global que estos días se realiza en más de 50 lugares del mundo: hacer frente a la guerra contra los pueblos de México y del Mundo. Exigir alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y los pueblos del CNI. Luchar y organizarnos contra el avance de la militarización en México. Organizarnos para detener el avance y apertura de megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos, o el Corredor Transístmico. Defender el agua, la diversidad, la comunidad, la tierra, la vida digna.

A unos meses de que un sexenio más de mal gobierno termine, ante las múltiples evidencias de que mientras la hidra capitalista sea quien gobierne detrás de cualquier color, cualquier partido, el llamado de los pueblos marca un rumbo y un destino de dignidad. La guerra en México es una guerra contra la vida. Sus actores son los grupos del crimen organizado, los cuerpos represivos del Estado, formales e informales, la clase política en su conjunto, el Estado y sus instituciones que viven de la corrupción. Un Narco Estado Capitalista, como dicen CNI.

Y es que, aunque arriba pretenden ocultarla, abajo los pueblos vivimos cotidianamente esa guerra. Y para muestra de la brutalidad contra los pueblos originarios, un dato que apenas dimensiona el horror: en lo que va del actual sexenio, de este que prometió transformación, 50 compañeros y compañeras pertenecientes a organizaciones y pueblos vinculados al Congreso Nacional Indígena han sido asesinados y otras 6 personas se encuentran desaparecidas. Esto en los casos que tenemos denuncias y se han confirmado. A estos dolores, hay que sumar la prisión política, tortura, secuestros, desplazamientos forzados, amenazas, difamaciones mediáticas contra personas defensoras del territorio.

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FUERA EEUU DE OAXACA
#ELSURRESISTE

El día de hoy, nos sumamos a las movilizaciones nacionales e internacionales a 531 años del inicio de la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos indígenas en ABYA YALA, nos vemos en el espejo de la histórica lucha de los pueblos originarios del MUNDO frente a la guerra de exterminio, invasión y despojo de nuestras tierras, territorios, bienes naturales, identidad; lengua, tradiciones, espiritualidad y formas de organización, que al día de hoy, siguen amenazadas por un violento proceso de NECOLONIZACIÓN, en medio de Crisis Climáticas, Energéticas y Humanitarias, así como de conflictos militares en diferentes partes del mundo. ¡AQUÍ ESTAMOS!, ¡NO NOS CONQUISTARON!, ¡EXISTIMOS, PORQUE RESISTIMOS y REEXISTIMOS!

El siguiente escrito es una reflexión colectiva desde las comunidades y organizaciones indígenas que conformamos el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas – FORO y el Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas – COOA, ante la reunión de representantes de EEUU con el gobierno de la “Primavera Oaxaqueña”, los cuáles han firmado la llamada INICIATIVA POR OAXACA, como parte de la imposición del CORREDOR INTEROCEÁNICO en el Istmo de Tehuantepec y el reordenamiento del Sur-Sureste Mexicano. Nos preguntamos con mucha preocupación, ¿Qué representa la Iniciativa Oaxaca para los pueblos indígenas?

Esta iniciativa fue presentada e impulsada por Ken Salazar y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), bajo el amparo del gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, y presentado por el mismo como “Amigos por Oaxaca”. Su objetivo, ha sido pronunciado por estos mismos actores, el cual consiste en entregar las riquezas naturales con las que cuenta Oaxaca al imperialismo Norteamericano, como lo recalcó Ken Salazar, concretar con el “Corredor Interoceánico, los puertos, los aeropuertos” y demás infraestructura encaminada a la industrialización, permitirá que “América del Norte sea la potencia económica más grande del mundo”.

El Istmo de Tehuantepec pretende ser el espacio físico donde se movilice la economía mundial de todos los continentes, controlado por los intereses económicos y militares de EEUU y sus aliados del Norte Global, para ello, la destrucción ambiental, explotación de los bienes naturales y la mano de obra barata es requerida, se producirá una expropiación socioecológica, donde las mercancías a consumirse en el país destino, estarán cargadas de lo que a nosotros y nosotras nos será arrebatado: agua, tierras, bosques, aire, etc.; todo lo que a los y las habitantes de la región se les quite y les escasee, será lo que en otro lugar, alguien más, esté disfrutando, siendo el Istmo la puerta al saqueo de Oaxaca y del Sur-sureste mexicano.

“Amigos por Oaxaca” o “Iniciativa Oaxaca” es un paso más de los mecanismos del Desarrollo Neoliberal que han sido implementados en la región del Istmo de Tehuantepec desde el año 2018, como fue el llamado “PACTO OAXACA” en agosto de 2019, y las más de 6 reuniones de reuniones de Gobernadores y Gobernadoras del Sur Sureste con la embajada de Estados Unidos, siendo el último en septiembre de 2022, nuevamente, en Oaxaca, ante esta serie de eventos que han sido poco visibilizados por los medios de comunicación y cuestionados por la sociedad civil.

El gobierno de la Primavera Oaxaqueña mantiene una constante campaña mediática que busca invisibilizar el papel histórico de la sociedad civil y organizaciones sociales en la vida política del estado, queriendo vender la imagen de gobernabilidad y paz, para crear las condiciones necesarias que permitan la llegada de inversiones de las empresas transnacionales, “Hablamos, No Bloqueamos” y los “Delegados de Paz Social”, son la máscara que pretende ocultar los graves conflictos sociales (gentrificación, desplazamientos forzados) y ambientales (agua, basura, extractivismo), a la par, la violencia de los grupos del crímen organizado aumenta día con día, el narcoestado se desenmascara en Oaxaca.

Hacemos un llamado a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares, organismos de derechos humanos, medios libres, alternativos o como se llamen, colectivxs autónomxs, feministas, disidentxs, libertarixs, a las personas solidarias, artistas, periodistas y académicxs de abajo y a la izquierda, a exigir la información sobre qué representa está iniciativa para el pueblo y los pueblos de Oaxaca. Desde esté espacio, estaremos convocando a reflexionar, compartir, discutir y construir una defensa colectiva ante un enemigo común que amenaza la vida como la conocemos.

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Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{Protesta llega a la presidencia municipal de Chicomuselo, Chiapas. Avispa Midia}

A muy tempranas horas de este día 12 de octubre, con cierta incertidumbre y cautela, uno a uno fue llegando cada contingente de familias, amigos y vecinos que se dieron cita en el lugar llamado El arco de los siete jaguares, en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. El objetivo era realizar una manifestación hasta llegar a la presidencia del municipio.

Días previos a la manifestación comenzó a circular la convocatoria a la llamada “Marcha por la unidad, la justicia y la paz”, firmada por la Unidad de Pueblos, “conformada por comisariados ejidales por la paz social de Chicomuselo”. Llamaron a romper el silencio y marchar pacíficamente, reivindicando la manifestación de este día como un acto de resistencia de los pueblos indígenas y campesinos de México y América Latina.

En los últimos meses, en esta región que hace frontera con Guatemala, se desbordó el clima de violencia por enfrenamientos entre integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes diputan el control de estos territorio. Estos grupos criminales sembraron el terror en localidades como Pacayalito, salida hacia el municipio de Motozintla, así como en el ejido Tres Maravillas y en Chicomuselo, donde se provocó un desplazamiento forzado y un toque de queda.

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Por este contexto de violencia, los comisariados organizados llamaron “a todos los sectores de la sociedad a unirse de manera pacífica como pueblo y como municipio para hacer un llamado al gobierno a que intervenga”, puntualizaron.

Incluso, hicieron alusión a la frase del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), “nadie por encima de la ley y nadie por debajo de ella”, para que actué en consecuencia. “Porque el pueblo ya está cansado de ver como los grupos que pretenden controlar nuestro territorio se imponen con total impunidad”, declararon los indígenas.

Los convocantes reafirmaron que la impunidad ha llevado al aumento de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento, sometimiento, entre otros. “De los desaparecidos, cada familia está intentando encontrarlos. No hay ninguna autoridad en su búsqueda”, dijo uno de los manifestantes que, por su seguridad, omitió su nombre.

Aún con el miedo y la incertidumbre de rumores “de que la manifestación era para apoyar a uno de los dos carteles, el de Sinaloa, la gente salió a manifestarse contra todos los grupos que están provocando la violencia en nuestros territorios y para que nos escuche el presidente Obrador”, agregó el manifestante.

Desde antes que se agudizará el escenario de terror, en Chicomuselo ya habían denunciado la presencia del grupo narco-paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el cual “también quería desplazar a los comerciantes del mercado para que ellos pusieran a su gente”, señaló el entrevistado para Avispa Mídia vía telefónica.

Se movilizaron sectores del magisterio, transportistas, empleados de salud, deportistas, comerciantes, integrantes de organizaciones sociales, autoridades comunitarias y ganaderos.

Al finalizar la marcha, los organizadores contabilizaron que se manifestaron al menos diez mil personas y, llegando a la plaza principal de esta comunidad, entonaron consignas como ¡el pueblo unido jamás será vencido! ¡el pueblo callado jamás será escuchado!, terminando en relativa calma.

A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A los medios de comunicación.

Hoy 12 de octubre se cumplen 531 años del inicio de la invasión europea a nuestras tierras y territorios, fecha que marcaría el inicio de uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad y de la salvaje globalización capitalista que ha sido impuesta a todos los pueblos del mundo; pero también se cumplen 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de esta interminable guerra de invasión y conquista capitalista patriarcal; y 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México,

Actualmente el mundo vive en medio de grandes guerras como lo acreditan la masacre y el exterminio que en estos momentos lleva a cabo el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino en la franja de Gaza y en Cisjordania. De guerra en guerra y por medio de ellas el capitalismo global se reproduce cotidianamente.

México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y los cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el CNI.

México entero es un campo de guerra que se expresa en la militarización, el militarismo y el paramilitarismo exacerbados, la presencia de los cárteles criminales por doquier y la persecución, nunca antes vista, de migrantes mediante el uso de la guardia nacional y las fuerzas castrenses.

Particularmente la frontera de México con Guatemala en Chiapas, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa disputan sangrientamente el territorio, o regiones enteras de estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Tamaulipas, viven un clima de aguda violencia bajo el control casi total de los cárteles criminales, mismo que se complementa con la ausencia de gobierno y la simbiosis entre instituciones públicas, funcionarios, mandos militares y grupos de la delincuencia organizada. Adicionalmente, en Chiapas existe un claro cerco de guerra en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los pueblos zapatistas, escenario en el que los grupos paramilitares operan con total impunidad desde hace tres décadas y últimamente han aumentado sus agresiones contra las comunidades zapatistas, destacando  los más de 100 ataques, entre 2019 y 2023, que la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) ha llevado a cabo en contra de poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde.

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Esta es la tercera entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia.

La disputa entre grupos criminales ha cambiado la cotidianidad de pueblos y comunidades en el estado de Chiapas, de manera particular, de poblaciones de la Sierra Madre de Chiapas, fronterizas con Guatemala como Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.

En la primera entrega de esta serie presentamos una contextualización del conflicto que ha iniciado por lo menos desde 2018 y ha explotado en los últimos meses.

En los textos que siguen, el objetivo es mostrar el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de muertes y desaparecidos. En la segunda entrega, trajimos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.

Ahora, presentamos la historia de Rolando Rodríguez Morales, el Comisariado ejidal de Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa, que desapareció después de proteger a su comunidad.

— * —

En julio de 2022 se intensificaron los hechos violentos en el ejido Sinaloa, municipio de Frontera Comalapa. El día 15, las niñeces se encontraban en la escuela cuando se escucharon las detonaciones de armas de fuego.

Los docentes de la escuela primaria Emiliano Zapata Salazar trataron de tranquilizar a las y los alumnos que lloraban de miedo. Mientras hombres armados entraron a las viviendas a realizar disturbios, dañaron la producción y el comercio de muchos.

Al ver la situación el Comisariado ejidal, Rolando Rodríguez Morales, decidió pedir ayuda a los militares. En menos de una hora regresó acompañado de los uniformados que lograron disipar el enfrentamiento que se suscitó por una supuesta traición entre grupos locales pertenecientes al cártel de Sinaloa, que en el ejido reconocen como “los mayos” y “los chapos” (aludiendo a los líderes).

El ejido Sinaloa se localiza a 23 kilómetros de San Gregorio Chamic, a 61 de la cabecera municipal de Frontera Comalapa y 53 del municipio de Chicomuselo. Es decir, es otro de los puntos estratégicos en las rutas que se disputan los grupos criminales en la Sierra Mariscal de Chiapas.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Miembros de las Abejas de Acteal se manifiestan en las instalaciones del juzgado que lleva el caso por el asesinato de Simón Pedro.}

El martes 4 de octubre inició la audiencia de apelación para que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revise la sentencia condenatoria emitida contra Hugo Rolando “N”, autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021.

“Encontramos que en el proceso hay suficientes pruebas de responsabilidad pero estamos en un momento de riesgo, de reversión en la justicia, porque en ese pequeño avance hay una apelación”, explicó Mario Ortega coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La deliberación será el próximo 9 de octubre y son tres los escenarios a los que podría enfrentarse la familia del defensor, dos de ellos pueden derivar en la liberación del detenido o la reposición del procedimiento. El tercero, sería la ratificación de la sentencia condenatoria.

En caso de la reposición del proceso tendrían que fechar, de nueva cuenta, todas las audiencias ya realizadas, lo que representaría más revictimización tanto para la familia como para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que durante dos años han enfrentado el desgaste económico y psicológico.

Simón Pedro fue asesinado en el mercado público de Simojovel y, desde que se inició el proceso judicial, las organizaciones acompañantes identificaron esta estrategia de desgaste, por ejemplo, por los traslados que debe hacer la familia para acudir a las audiencias al Juzgado del Ramo Civil de Pichucalco, en la zona Norte de Chiapas.

“Las audiencias no se llevaban a cabo en las fechas en las que estaban programadas”, agregó Ortega, y en algunos casos fueron suspendidas por falta de presencia del acusado, que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El amate”, que se localiza en la región Centro, a casi cinco horas de distancia de Pichucalco.

Esta situación implicó que testigos vivieran un proceso de revictimización, “ahora, en caso de reposición del proceso implicaría volver a atestiguar, acudir a las audiencias y para la familia significaría, también, escuchar de nuevo la historia tan lacerante y no poder encontrar la justicia”, detalló el representante de Frayba.

Juan Pérez López, padre del defensor, relató en una entrevista previa que en los días de audiencia tienen que viajar seis horas de la comunidad Nueva Israelita, Simojovel, a Pichucalco. A veces parten un día antes, lo que implica tiempo, dinero y frustración cada vez que cancelan sin previo aviso, “nos toman como objeto, como si no fuéramos seres humanos”.

Por ello, la organización considera que los desafortunados escenarios, antes mencionados, no deben suceder, pues las pruebas presentadas son suficientes para mantener la sentencia de condena, que es lo que buscarán los abogados, que desde el 2021, acompañan el caso.

“La reposición del procedimiento, en muchas ocasiones, es lo que pasa por situaciones más procedimentales legalistas. Se reponen actuaciones y es un escenario recurrente en el sistema de justicia mexicano y chiapaneco”, dijo Ortega que, independientemente de la deliberación, la lucha por la justicia seguirá.

Revivir la historia

Para Juan Pérez López y su familia, es muy importante sacar a la luz a los autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro. “Tenemos esa esperanza de justicia, esperamos lo que siga, no se termina aquí”.

Hasta ahora la sentencia de 25 años de cárcel para el autor material Hugo Rolando “N” es justicia parcial, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se negó a aportar elementos de prueba para demostrar que el crimen tuvo un móvil por la labor de Pérez en la defensa de los derechos humanos.

El hecho ocurrió después de que denunció ante instancias del gobierno a morenistas vinculados al actual gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, por violencia en la zona Altos de Chiapas. “Aquí digamos que la gran dificultad es que la Fiscalía no quiso involucrarse, para ellos fue más fácil verlo como un asunto de homicidio”, explicó Mario Ortega.

Para la familia es importante que el Estado reconozca de dónde vino este hecho, pero la Fiscalía tampoco ha tenido interés por indagar sobre la autoría intelectual del delito y, a decir de Frayba, prácticamente le dieron carpetazo a la investigación.

Esta falta de visión de protección y apoyo a las víctimas ha sido una constante en este y muchos otros casos por parte del sistema judicial chiapaneco. El Frayba ejemplificó con el caso de la masacre de Acteal, en el que los autores materiales fueron detenidos y después liberados en diferentes momentos y de forma paulatina.

En la actualidad no hay ningún responsable sometido a ningún proceso lo que impacta en la memoria colectiva de las Abejas de Acteal.

La organización acompañante solicitó a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres, “ponderen el derecho a la verdad y la justicia”.

Las Abejas de Acteal al igual se pronunciaron, “si lo liberaran sería muy cínico, sospechoso y se evidenciarían públicamente como parte de la red de jueces corruptos que venden la justicia ‘por dinero’, al que puede comprarla, porque conocemos personas pobres e inocentes, que están en la cárcel por delitos fabricados, pasan años o mueren sin ser liberados”, porque no pueden pagar el valor de la justicia.