Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se movilizaron para exigir la liberación de María Cruz Paz, quien cumple dos semanas presa acusada por lo que, aseguran, son delitos fabricados.}

El lunes (17), cientos de indígenas purépechas, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizaron bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad para exigir la liberación de María Cruz Paz Zamora, a quien señalan como presa política. 

Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), fue detenida el 5 de junio por policías ministeriales de Michoacán, y trasladada al centro penitenciario de Uruapan.

El CSIM – conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades de los pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas – señala que la Fiscalía General de Michoacán la mantiene recluida acusada por el delito de desaparición forzada. La organización indígena asegura que ella es víctima de criminalización debido a su trabajo como defensora del medio ambiente, el territorio y la autonomía. 

Según el Consejo, a Paz Zamora no se le otorgó ninguna explicación sobre los motivos de la privación de su libertad, que ocurrió mientras la indígena purépecha se trasladaba a la ciudad de Morelia para atender una reunión con funcionarios estatales.

Paz Zamora es miembro de la comunidad de Ocumicho, municipio de Cherapan, donde es reconocida por su trabajo en el rescate de la cultura purépecha y por ser una de las principales impulsoras de la autonomía en dicha población. Además, destaca el CSIM, lideró trabajos de reforestación masiva en su comunidad, lo cual le llevó a enfrentar a talamontes y agroindustriales productores de aguacate de la región.

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El CNI aseguró que el Estado mexicano y la Fiscalía de Michoacán reprimen y criminalizan a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por lo que también exige la liberación inmediata de Paz Zamora.

Antecedentes de violencia

De acuerdo al vocero del CSIM, Pavel Guzmán Ulianov, la prisión de la defensora purépecha solo se entiende al repasar la historia y el contexto de la comunidad indígena de Ocumicho, pueblo que defiende su territorio ancestral y el cual, durante los últimos cuatro años, ha sufrido una serie de agresiones.

Durante conferencia de prensa realizada en la capital, Morelia, Ulianov enlistó diversos actos violentos contra la comunidad indígena, entre los cuales destaca el asesinato del Secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortíz Alonso, acontecido el 31 de mayo del 2020, durante un ataque donde también resultó herido el representante de Bienes Comunales.

Destaca también la desaparición del coordinador del Consejo de Gobierno Comunal y director de la Radio Indígena Ocumicho, Esteban Cruz Rosas, el 28 de abril de 2022, cuando salía de las instalaciones de la radio. Según el CSIM, gracias a la movilización oportuna, Cruz fue localizado con vida.

Además, reportan que, el 11 de noviembre del 2022, la comunidad fue atacada por un comando armado y, el 10 de diciembre del mismo año, fue asesinado Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho.

“Todos estos casos han sido denunciados en tiempo y forma en la Fiscalía de Michoacán. Sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados”, aseguró el vocero.

Por su parte, Cruz Rosas, quien también participó de la rueda de prensa, asegura que las agresiones en contra de Ocumicho ocurren a pesar de que han pedido auxilio de manera oficial a las autoridades estatales y federales. “Somos marginados, jámas hemos sido atendidos”, acusó el coordinador.

Cruz asegura que la detención de Paz Zamora es producto de la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Michoacán, para “encontrar un chivo expiatorio” en el caso de la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos, sucedida el 3 de enero del 2024.

El coordinador del Gobierno Comunal de Ocumicho asegura que Paz Zamora permanece recluida por la acusación que hace un testigo protegido, el cual, señala el coordinador, es un criminal talamonte quien acusa a la defensora de ser la autora intelectual del secuestro de los comuneros.

“¿Cómo un criminal va a tener mas voz y voto que una persona que ha estado al frente de 20 hombres que resguardan los bosques?”, recriminó Cruz ante los medios de manera enfática. “A lo mejor por eso está siendo atacada, porque aquí en Michoacán no hay quien defienda los bosques”, reclamó.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Pobladores de la comunidad nahua de Santa María Ostula. Foto: Regina López}

Mediante pronunciamiento difundido este sábado (15), la población nahua de Santa María Ostula denuncia nuevas agresiones contra su comunidad, en una escalada de violencia que registra ataques armados y asesinatos ocurridos, desde el año 2023, y que se ha prolongado hasta la actualidad sin la actuación de las autoridades estatales ni federales.

En esta ocasión, el pasado jueves (13) un comando integrado por 30 sujetos fuertemente armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), atacaron a un comunero de la Encargatura de la Cofradía -una de las 23 poblaciones que conforman Ostula-, en el municipio de Aquila, región costa sierra de Michoacán.

En esta ocasión, el comando armado disparó contra un comunero que se encontraba en sus labores agrícolas, quien reportan, pudo salvar su vida al refugiarse en un puesto de vigilancia instalado por la Guardia Comunal de Ostula debido a los constantes ataques del CJNG.

Dicho retén opera después que, el pasado 6 de febrero, esta misma población sufrió un ataque violento por parte del grupo criminal, lo que obligó a sus habitantes a suspender actividades laborales y educativas durante semanas debido a la gravedad de las agresiones armadas.

A esta situación, se sumaron los ataques que, durante los últimos días de marzo y principios de abril se perpeturaron contra comunidades vecinas de los municipios de Coahuayana y Chinicuila. En dicha ocasión, cientos de sicarios provenientes del estado de Colima utilizaron armas de alto calibre, además de explosivos y drones con el objetivo de conseguir el control de estos territorios.

Fue debido a la reacción de grupos de autodefensa y guardias comunales de los municipios de Coahuayana y Aquila, que consiguieron frenar el avance del grupo criminal. No obstante, reportes periodísticos dieron cuenta del control que el CJNG retomó en las localidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotan, “causando terror en sus pobladores y ocasionando el desplazamiento de éstos hacia otros lugares”, señalan medios locales.

Asesinatos, desapariciones

La agresiones armadas no se detuvieron ahí. Para el mes de mayo, pobladores de Ostula denunciaron el asesinato, a manos de sicarios del CJNG, del comunero Antonio Regis Nicolás, mientras viajaba con su familia a la Encargatura de la Mina de La Providencia. 

En ese momento, señalaron que los gobiernos, federales y estatal, tienen pleno conocimiento de la violencia en la región y de las agresiones que la comunidad de Ostula está siendo objeto. “Sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona”, sostuvieron en comunicado.

Por esta situación, demandaron el desmantelamiento del CJNG, así como “el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos policiales corruptos”. También recordaron los asesinatos de Lorenzo Forylán de la Cruz Ríos, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de su Guardia Comunal asesinados durante el 2023.

Los pobladores nahuas también exigieron la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Díaz, profesor y líder de la comunidad de San Miguel de Aquila y Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, permanecen desaparecidos desde el 15 de enero del 2023, cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima después de participar en una asamblea comunitaria.

Ambos sostenían la defensa legal de la población de Aquila para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Los acontecimientos violentos suceden a escasos días de que la comunidad nahua celebre el 15 aniversario de la recuperación de más de 1000 hectáreas de tierras comunales en lo que actualmente se erige la Encargatura de San Diego Xayacalán. 

Fue en el año 2009 cuando los indígenas nahuas se  organizaron para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por pequeños propietarios originarios de Colima, quienes se encontraban aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios. Debido a su lucha, sólo entre los años 2008 al 2014, 32 comuneros fueron asesinados, además de registrarse la desaparición forzada de otras seis personas.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Gaza sigue siendo destruida por ataques aéreos y bombardeos intensivos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, mientras que el número de personas asesinadas va en aumento. Según los últimos informes del Ministerio de Salud de Gaza el saldo trágico asciende ya los 37 mil 266 muertos y al menos 85 mil 102 heridos. 

El Ministerio de Salud ha puntualizado que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, en su gran mayoría civiles inocentes. A ello se agrega que hay un registro de más de 12 mil personas atrapadas bajo los escombros en diversas partes de Gaza, sin acceso a la asistencia médica urgente.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales denuncian la dificultad de brindar ayuda efectiva debido a la escalada del conflicto y las restricciones impuestas a las operaciones humanitarias.

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), ha instado nuevamente a un alto el fuego inmediato y a un incremento urgente en la ayuda humanitaria. En una conferencia internacional de donantes en Kuwait, Guterres declaró: “Un alto el fuego solo será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra”.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) también ha alertado sobre la peligrosidad extrema que enfrentan los trabajadores humanitarios en Gaza, con un saldo trágico de 193 colegas asesinados desde el inicio del conflicto, marcando la mayor pérdida de vidas en la historia de la organización.

Esta presión internacional para dejar actuar a la ayuda internacional ha llegado a obtener el respaldado por el Grupo de los Siete (G7), que ha exigido garantías para que la UNRWA y otras organizaciones puedan operar efectivamente y llegar a quienes más lo necesitan en esta catástrofe humanitaria.

Este infierno es cada día peor para los civiles en Gaza, quienes están pagado los costos de este conflicto y, no se ve salida al conflicto por ningún lado. La solidaridad internacional es crucial para seguir haciendo presión a los gobiernos del mundo para detener este genocidio.

Martin Griffiths, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, ha destacado la responsabilidad compartida de la comunidad internacional en abordar esta crisis humanitaria sin precedentes, llamando a los líderes mundiales a “unirse en lugar de dividir”, para evitar un mayor sufrimiento y avanzar hacia un futuro más pacífico y justo.

La situación en Gaza sigue evolucionando, y la atención internacional se mantiene centrada en la urgente necesidad de proteger vidas inocentes y detener esta guerra asimétrica y desigual.

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

El miércoles 19 de junio de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la sesión para resolver el Amparo Directo en Revisión en el caso de Miguel Peralta Betanzos, defensor comunitario de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Suprema Corte decidirá si pone fin a los casi diez años de persecución que ha sufrido Miguel Peralta.

Miguel Peralta es uno de los 35 integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón criminalizados en el expediente 02/2015, a raíz de un conflicto sociopolítico en diciembre de 2014. El conflicto se derivó de la creciente tensión entre la asamblea comunitaria y un grupo caciquil partidista, que ha buscado mantener el control del gobierno municipal, los fondos municipales y la explotación de los recursos naturales de la comunidad.

El 14 de diciembre de 2014, la asamblea fue atacada violentamente por el grupo caciquil liderado por Manuel Zepeda Cortés mientras se reunía en la cancha del pueblo para elegir a su alcalde. La violencia subsiguiente se saldó con dos muertos, entre ellos el hijo de Manuel Zepeda. La hija de Zepeda, Elisa Zepeda Lagunas, ha dirigido los esfuerzos de criminalización contra los integrantes de la asamblea comunitaria, fabricando delitos y utilizando cargos públicos en el gobierno municipal y luego en el estatal en los siguientes años para influir en los procesos legales.

Miguel Peralta fue detenido en abril de 2015 por cargos fabricados relacionados con los hechos del 14 de diciembre. Más de dos años después, el 26 de octubre de 2018, fue sentenciado a 50 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio. Tras una apelación de su equipo legal, su sentencia de 50 años fue absuelta y su caso regresó a la última fase del proceso, la audiencia final. Eso porque en la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, se violó el derecho de Miguel de estar presente. Literalmente dijeron que no tuvieron recursos para pagar el combustible de la patrulla que llevaría Miguel del reclusorio, en San Juan Cuicatlán, hasta el juzgado de Huautla, donde ocurrió dicha audiencia. 

En octubre de 2019, fue absuelto de los dos delitos y puesto en libertad tras pasar casi cuatro años y medio en prisión.

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Tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó la libertad y reafirmó la condena de cincuenta años, dictando una orden de reaprehensión contra él después de casi dos años en libertad. 

Al resolver un amparo directo, el Tribunal Colegiado en Oaxaca regresó su proceso legal casi ocho años atrás, a la etapa de los careos, buscando nuevamente que Miguel enfrente este proceso desde la cárcel. A esa resolucióm, su defensa interpuso un recurso de revisión para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el amparo. Actualmente Miguel Peralta se encuentra en libertad, en condición de perseguido político.

Todos los ojos puestos en la Suprema Corte

En enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo directo en revisión 6535/2023 para el caso de Miguel Peralta. Y el 19 de junio se llevará a cabo la sesión para resolverlo. 

El proyecto ha sido presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los demás ministros -Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- debatirán ese proyecto el 19 de junio. La decisión final deberá ser tomada por la mayoría de los cinco ministros.

“La corte tiene una oportunidad histórica”, explica la abogada de Miguel Peralta, Araceli Olivos, en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Tiene la oportunidad de hacer un precedente diferente en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano; una relación que históricamente se ha visto manchada por la opresión, explotación, discriminación y marginalización de los pueblos indígenas. Con esta decisión, la Suprema Corte tiene la oportunidad de empezar a deshacer estos agravios históricos perpetrados contra los pueblos indígenas, y contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Para el equipo legal de Miguel Peralta, hay dos puntos que la Suprema Corte debe tener en cuenta al analizar el amparo. Primero, el protocolo de perspectiva intercultural en casos relacionados con comunidades indígenas, como es el caso de Eloxochitlán. ¿Qué significa esto? Que el caso de Miguel debe ser ubicado en el contexto político, social y cultural del pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón.

“La interculturalidad nos invita a dialogar, a mirar al otro, la otra, ese otro pueblo”, dice la abogada de Miguel. “Lo que queremos decirle a la corte es que mire al pueblo mazateco, que mire a Eloxochitlán, que escuche a Eloxochitlán”. No se trata de un simple caso de agresor y víctima, sino de un complicado conflicto que afecta a toda una comunidad y está directamente relacionado con una tensa relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado-nación mexicano.

El segundo punto que el equipo legal de Miguel está exigiendo a la Suprema Corte a considerar es el principio de mínima intervención del derecho penal. En lugar de responder con la criminalización, la exigencia es que el Estado “atiende las causas, promueve el dialogo, promueve mecanismos alternativos…no todo es cárcel, cárcel, multa, proceso penal”, explica Araceli Olivos. Este principio puede aplicarse en diversas circunstancias y ha sido aplicado anteriormente por la corte en casos relacionados con conflictos comunitarios y pueblos indígenas.

El equipo legal de Miguel argumenta que la resolución anterior del Tribunal Colegiado de Oaxaca fue insuficiente, ya que no consideró estos factores. No tomó en cuenta que la acusación sobre Miguel derivó de un contexto político, social y cultural mucho más amplio y complicado en Eloxochitlán de Flores Magón.

Contexto político y cultural

La necesidad de una perspectiva intercultural y del principio de mínima intervención del derecho penal es evidente en el caso de Miguel Peralta. El pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón es uno de los 68 grupos étnicos que habitan el territorio hoy dominado por el Estado mexicano. Tienen su propia lengua, espiritualidad, cosmovisión, sus propias formas de organización interna y de toma de decisiones. Su autodeterminación está protegida en la Constitución mexicana, así como en diversos acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en relación con los pueblos indígenas.

El caso de Miguel es parte de esta tensa relación entre el Estado-nación mexicano y los pueblos indígenas. Su criminalización, y la de sus compañeros, es consecuencia de los intentos de imponer los intereses político-partidistas y caciquiles frente a las formas internas de organización comunitaria, incluyendo la asamblea comunitaria, el trabajo colectivo y la defensa del territorio. El caso de Miguel es una cuestión de autodeterminación y autonomía indígena, y de la capacidad de una comunidad para resolver conflictos a través de sus propios procesos internos.

Los efectos negativos en la comunidad de Eloxochitlán como consecuencia del conflicto y la criminalización han sido amplios. “Mi pueblo ha perdido todas sus costumbres por todo lo que se viven desde 2014”, explica Martha Betanzos, madre de Miguel. “Desde 2014 nuestro pueblo decayó, nuestras escuelas ya están vacías, nuestros profesores ya han retirado por todo lo que se ha vivido en Eloxochitlán. Nuestras iglesias están vacías. Todo lo que corresponde a Eloxochitlán, todos sus servicios médicos. Ya se decayeron. Ya no hay buena salud. Ya no hay buena atención”.

Lento camino hacia a la libertad

Aunque con procesos legales llenos de irregularidades y retrasos judiciales, los presos y perseguidos políticos de Eloxochitlán han recuperado lentamente su libertad, poco a poco, durante los últimos diez años.

El 29 de septiembre de 2023, el juzgado mixto de Huautla de Jiménez modificó las medidas cautelares, liberando a Jaime Betanzos y Herminio Monfil, dos integrantes de la comunidad de Eloxochitlán que se encontraban en prisión desde diciembre de 2014 sin sentencia ni condena. Fueron liberados no en plena libertad, sino para continuar sus procesos legales fuera la prisión.

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Más recientemente, el 12 de junio de 2024, el juzgado de Huautla de Jiménez ordenó la liberación de Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, también integrantes de la comunidad mazateca, encarcelados por el mismo conflicto, cambiando las medidas cautelaras, lo que les permite continuar sus casos legales fuera de la cárcel dentro de su comunidad.

La familia de Miguel, su equipo de apoyo, colectivos y organizaciones solidarias y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón exigen que la libertad definitiva de Miguel siga a estas recientes victorias judiciales, para que la comunidad pueda seguir caminando hacia la libertad, para ir curándose de las heridas de la represión caciquil y estatal.

“Queremos vivir en paz, queremos vivir con toda nuestra libertad “, dice Martha Betanzos, madre de Miguel. “Queremos ver libre a Miguel Ángel Betanzos, ¡que ya llege! a pisar su tierra, ¡que ya llege! a escuchar los pajaritos, ¡que ya llege! a pisar el lodo, ¡que ya llege! a tentar ahí los montes, los cafetales”.

A las agencias y habitantes del Municipio de San Blas Atempa
A los Pueblos, Comunidades, Organizaciones y Colectiv@s indígenas, campesinos, populares o como se reivindiquen del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen
A las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos
A la opinión pública

El 14 de marzo de 2024, celebramos nuestro tercer aniversario de la lucha en defensa de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Tierras correspondientes a los Bienes Comunales de San Blas Atempa, que comprenden una extensión territorial de 17,575ha, de las cuales 17,409ha son tierras de uso común. El mismo día publicamos un comunicado que explicaba aquel contexto y las decisiones que estábamos asumiendo como Asamblea Comunitaria de Puente Madera, compartiéndoles nuestro sentir colectivo ante el silencio de parte de amplios sectores de la sociedad civil y del movimiento social en la región, el estado y de esfuerzos nacionales.

https://tierrayterritorio.wordpress.com/2024/03/15/comunicado-no-habra-paisaje-despues-de-la-transformacion/

Cuatro meses han transcurrido desde aquel repliegue y reorganización interna. En este repliegue, que metafóricamente denominaremos soledad. Hemos podido constatar y sentir el silencio. Silencio, que nos hizo mirar y escuchar las necesidades, conflictos y demandas sociales de nuestra comunidad. Lo que nos motivó a emprender el diálogo al interior, en nuestra soledad comunitaria, dejando de pensar y mirar el silencio de afuera, de quienes esperábamos más solidaridad y resistencia ante al monstruo que acecha la región. Escuchamos a todas las personas de los barrios, congregaciones, colonias y después de varias Asambleas, acordamos y elegimos nuestra seguridad, paz y tranquilidad.

Bajo el alto costo de haber tomado la decisión colectiva de emprender el desistimiento del Amparo Federal contra el PODEBI, ante el aumento de la tensión al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad física y psicológica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la economía criminal regional y transnacional.

Otra decisión de la Asamblea es llevar a cabo las acciones jurídicas, mediáticas y organizativas necesarias para la obtención de los Ramos 28 y 33 que le corresponde proporcionalmente a nuestra comunidad y nos han sido negados desde hace más de 20 años por el municipio de San Blas Atempa y sus administraciones que abandonaron a todas sus agencias por enriquecer a unas cuantas personas que han acaparado tierras y utilizado el dinero público para sus carreras políticas. También, acordamos seguir defendiendo El Pitayal, emprendiendo un Ordenamiento Territorial Comunitario para reforestar y conservar las más de 5,000ha de Tierras Uso Común que lo integran ante futuras amenazas de la industria e invasiones por grupos políticos.

Así mismo, hemos acordado permanecer integrados a la APIIDTT. Por consiguiente, a las redes, articulaciones y alianzas regionales, estatales, nacionales e internacionales que nos han dado cobertura mediática, jurídica y acompañamiento presencial y virtual en diversas actividades.

Dicho lo anterior y después de confirmarlo jurídicamente, con efusión compartimos nuestros recientes e importantes logros que queremos hacer públicos. Hemos logrado la revocación de la sentencia y absolución del compañero David Hernández Salazar, después de 4 meses de haber ingresado la apelación el 28 de febrero de 2024, con lo que damos por hecho su libertad permanente. Asimismo, obtuvimos el no ejercicio de la acción penal en contra de las 17 personas de Puente Madera que tenían órdenes de aprehensión dentro de la misma causa penal, por lo que podrán continuar con su vida comunitaria sin sentir la presión de la criminalización y estigmatización.

Agradecemos profundamente al Congreso Nacional Indígena, al Frente de Organizaciones Oaxaqueñas, a la RED TDT, a Front Line Defenders, a Climate Activist Defenders, a las Mazatecas por la Libertad y a la Red de Futuros Indígenas, por el acompañamiento y apoyo en todo momento, así como a todas las organizaciones, colectiv@s y personas de Oaxaca, México y el Mundo que han colaborado con nuestra comunidad. GRACIAS.

Aprovechamos este espacio para seguir recalcando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha comenzado a presentar los primeros elementos concretos de la transformación del paisaje en toda la región del Istmo Oaxaqueño y del Sur Sureste Mexicano. Desde el 2019 al presente, ha finalizado la etapa específica del megaproyecto en donde el Estado ha generado las condiciones necesarias, mediante diversos mecanismos de despojo, para que diversos capitales multinacionales hagan del Istmo de Tehuantepec su traspatio de producción.

Hacemos responsables del clima de violencia, estigmatización, amenazas, acoso, hostigamientos y de cualquier acción o medida de presión, difamación y agresión en contra de nuestra comunidad y habitantes de Puente Madera, así como de quienes integramose la APIIDTT a:

> Antonino Morales Toledo – Senador de la República electo por Oaxaca

Finalizamos el presente con otra reflexión que hemos tenido durante este tiempo al interior de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, ante el contexto actual:

La confianza es un factor de sobrevivencia, gracias a ella se construyen relaciones y vínculos que pueden trascender en el tiempo y durar generaciones, es como una planta que hay que regar, nuestra agua es la palabra honesta, transparente y sincera, decir las cosas de frente por más complicado que esto parezca es necesario, si no, los susurros, los chismes, las suposiciones sin fundamento, ni argumentos son plagas que van matando la planta, la desconfianza es un cáncer que se propaga en silencio, evitarla depende de nuestra capacidad de diálogo y madurez política.

Desde la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.}

En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.

Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.

Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas. 

Despojo

Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila. 

El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.

Ante ello, ejidatarios organizados emprendieron diferentes luchas pacíficas para lograr la restitución de las 130 hectáreas que, según ellos, el ayuntamiento ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. 

En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.

La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.

Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.

En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.

Al final, relata Olivos, la SCJN decidió regresar el caso al juzgado primero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues argumentó que no es posible determinar si existe imposiblidad jurídica o material para dar cumplimiento a la restitución de tierras que resolvió el amparo de una década antes.

Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.

En medio de las batallas legales, otro punto a destacar es el hecho de que, desde noviembre de 2018, un grupo de pobladores, aliados al ayuntamiento, usurparon, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal.

Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.

La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.

Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.

En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.

Paramilitares y crimen

Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario. 

En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.

Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994. 

Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.

En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.

La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.

Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.

“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.

Violencia en incremento, omisión de autoridades

Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.

El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.

Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido. 

Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.

A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.

Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.

Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.

Desplazamiento

Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.

Por su parte, medios nacionales reportan que, durante asamblea efectuada el martes (11), las familias desplazadas que se encuentran en Yajalón, aseguran que no hay condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.

A los pueblos cholultecas

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

La acción del mal gobierno en contubernio con la empresa ProFaj Hidro – Limpieza ahora se manifiesta con ataques cibernéticos a las páginas de Facebook en las que los pueblos cholultecas hemos difundido nuestra lucha y las denuncias de represión de la que hemos sido objeto.

En menos de una semana se documentan 3 ataques cibernéticos directamente a nuestro movimiento en contra del basurero de San Pedro Cholula.

-Domingo 9 de junio hackeo del Whatsapp de Miguel López Vega

-Miércoles 12 de junio, clonación de la página de Unión de pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente.

-Jueves 13 de junio desaparición del perfil de Facebook La Flor Peri Odico

Estos ataques sistemáticos no solo vulneran la libertad de expresión de los pueblos, además, generan confusión en la población y aumenta el riesgo de represión al privar de medios para denunciar los ataques violentos del Estado contra los pueblos cholultecas.

Esto es parte de la respuesta del Estado contra los pasos dados por los pueblos en el ejercicio de nuestra Autonomía y Autodeterminación: cerrar el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo del presente año, la publicación del decreto contra los basureros y la explotacion y contaminación del agua el 14 de mayo, la movilización en la CDMX el 11 de junio frente a PROFEPA, sostener un plantón de vigilancia permanente para evitar la contaminación a la tierra y agua de la región cholulteca y demostrar una y otra vez la contaminación mortal que ProFaj, Cuauhtémoc Ochoa y sus cómplices a nivel municipal, estatal y Federal impone en nuestro territorio.

Ya nos dispararon y nos han criminalizado, ahora atacan nuestros medios.

Hacemos un llamado de alerta ante los ataques que el mal gobierno y la empresa puedan hacer.

Llamamos a los colectivos, organizaciones y colectivos solidarios a hacer eco de nuestras denuncias y nuestra lucha.

Nuestra decisión continúa con firmeza: el basurero de San Pedro Cholula de va de nuestro territorio.

Pronto daremos a conocer nuestros medios por donde puedan dar seguimiento a nuestra lucha.

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Congreso Nacional Indígena

#fuerabasurerocriminal

#fuerabasurero

Solicitamos que no sea aprobada y que se abra un debate amplio, con colsulta a pueblos y barrios, ejidos y comunidades sobre una ley que afecta a sus territorios.

El pasado 15 de marzo Martí Batres presentó una iniciativa de nueva Ley Ambiental (Ley Batres) misma que llegó al Congreso de la Ciudad de México el pasado 20 de marzo.

La ley fue aprobada el dia de ayer 11 de junio en comisiones por diputados de todos los partidos políticos y podría ser aprobada el dia de mañana 13 de junio por el pleno del Congreso.

Mediante este comunicado queremos reiterar nuevamente los retrocesos y problemáticas que surgen de esta Ley.

Mostramos principal preocupaciónpor el capítulo de “actos administrativos traducidos en permisos”, el cual permite la explotación y privatización de espacios para fines turísticos y lucrativos (la ley dice económicos) “asignados” a la Secretaria de Medio Ambiente dentro de las áreas naturales protegidas.

La ley abre la posibilidad de flexibilizar los criterios para modificar o intervenir el suelo de conservación (artículo 96).

Elimina el Programa de Ordenamiento Ecológico como instrumento de política ambiental en la ciudad, elimina la prohibición de reducir el suelo de conservación y flexibiliza la posibilidad de talar árboles en ese suelo.

Borra por completo la normativa que protege a la Tierra. La protección de la Tierra en la legislación vigente es un avance hacia la protección de los llamados derechos de la naturaleza. Incluso, la Constitución de la Ciudad de México obliga a que se genere una ley que reconozca a la naturaleza conformada por los ecosistemas y especies como un ente colectivo de derechos, por lo que la eliminación de los derechos de la Tierra representa un retroceso en la protección medioambiental.

Por otra parte, la iniciativa legaliza la simulación del llamado “proceso de consulta vecinal para grandes construcciones” que en realidad consiste en la realización de estudios de impacto social. La demanda siempre ha sido la de la participación real, no la de estudios de impacto a través de encuestas de opinión disfrazadas de consulta. No olvidamos, además, qu e con ese mecanismo se pretende sustituir el proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada reconocido a los pueblos y barrios originarios.

En el mismo sentido, la Ley Batres plantea la existencia de un Consejo Asesor, en el que no se incluye la obligación de incluir a pueblos y barrios.

Por último, nunca se plantea la necesidad de someter a consulta la Ley con pueblos y barrios originarios pese a que se trata de una Ley que incide en los territorios.

Respecto a la “prohibición de la privatización del agua”, que fue un tema comunicado en la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, es una medida demagógica por tres razones. Primero, estaría fuera de la competencia del Gobierno de la Ciudad prohibir la privatización del agua, la cual, constitucionalmente, ya es propiedad de la nación. Una medida de ese tipo tendría que realizarse dentro de la constitución federal o a través de una nueva Ley General de Aguas. Segundo, porque la Constitución de la Ciudad de México ya prohibe la privatización de los servicios de agua potable y drenaje. Tercero, porque la privatización, no es el principal mecanismo con el que el sector inmobiliario, de servicios e industrial accede y acapara el agua en la ciudad. En Ciudad de México los grandes desarrolladores acceden al agua no a través de concesiones o “privatizaciones” sino a través de la red pública, una vez que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México les otorga el dictamen de fatibilidad hidráulica. Cualquier restricción con el uso del agua por parte de privados tendría que pasar por límites al sector inmobiliario y no por la creación de normas que carecen de efectos prácticos.

En todo caso, sería bueno que el gobierno aclare qué entiende por privatización. Si Batres entiende que es la transferencia de la propiedad pública o de la nación a la privada, o si es el uso exclusivo y lucrativo por parte de un privado de un bien público, ya que, si se trata de lo segundo, una vez aprobada su reforma quisiéramos ver que se cancelen todas las concesiones vigentes en la ciudad de México y se prohiba la mercantilización del líquido a través de empresas trasnacionales que embotellan el agua, por ejemplo.

Por lo anterior, consideramos ecesario enfatizar que si no se quieren conflictos, se debe evitar la imposición de leyes sin consulta previa a los pueblos y barrios originarios, ejidos y comunidades de la ciudad. En consecuencia, convocamos a los pueblos y barrios y ciudadanía en general a conocer el contenido de la Ley Batres y a no permitir que la nueva norma afecte más el suelo de conservación.

A las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, les solicitamos rechazar la Ley y abrir la discusión antes de aprobar una nueva ley que nos pueda afectar a todos.

Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y barrios de la Cuenca del Anáhuac (Frente de Anáhuac)

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquean avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar la operación del relleno sanitario en la región choluteca de Puebla. Foto: Noticias de abajo ML.}

Habitantes de 27 pueblos de la región de los volcanes, en Puebla, se manifestaron este martes (11) ante las oficinas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), ubicadas en la Ciudad de México, para exigir la clausura definitiva del basurero intermunicipal de San Pedro Cholula.

Con pancartas y altavoces, integrantes de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero bloquearon avenidas principales al sur de la capital mexicana para denunciar que la operación del relleno sanitario, durante 16 años, ha contaminado el aire, la tierra y el agua de la región.

Resaltan que, además de haber demostrado mediante análisis científicos los “brutales” niveles de contaminación en fuentes de agua cercanas al basurero, se registra un incremento en enfermedades como leucemia en municipios de Puebla, en los que destacan Ocoyucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Pedro Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Papalotla de Xicohténcatl y Tenancingo.

Los manifestantes se refieren a lo difundido los primeros días de abril mediante un informe elaborado por académicos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), donde se dio a conocer que estos municipios poblanos, ubicados en la Cuenca del Río Atoyac, cuentan con las tasas más altas de mortalidad por leucemias agudas del país.

Por esta situación es que los manifestantes exigen a las autoridades ambientales el cierre definitivo del basurero en aras de proteger la salud de los habitantes, así como las fuentes de agua de la región.

Resistencia

Desde el 21 de marzo pasado, los pobladores organizados mantienen un campamento en el lugar de acceso al basurero, por lo que desde ese día han presionado para detener sus operaciones. Resaltan que, debido a las acciones de protesta han resguardado el lugar de ser contaminado por las más de 680 toneladas de basura que ingresaban diariamente, provenientes de lugares tan lejanos como Oaxaca y la CDMX.

Operado por la empresa PRO-FAJ Hidro Limpieza, pobladores argumentan que sus actividades son permitidas debido a la influencia política de Cuauhtémoc Ochoa Fernández, recientemente electo como senador por Hidalgo con el cobijo del partido Morena, y a quien señalan como el dueño de dichas instalaciones.

Para el 10 de abril, después de difundir los altos niveles de contaminación mediante resultados del análisis de agua realizados por la Universidad Autónoma de México, elementos de la Profepa clausuraron temporalmente el relleno sanitario. No obstante, la noche del 30 de abril, autoridades locales intentaron reabrir el basurero. Elementos policiacos de los municipios de Calpan, San Pedro Cholula, Chiautzingo y Domingo Arenas escoltaron a un convoy de camiones de basura que pretendía ingresar al relleno. 

Sin embargo, los manifestantes de Pueblos Unidos consiguieron repeler la agresión y detener la reapertura de las instalaciones. Durante el operativo fueron víctimas de disparos con arma de fuego.

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Ante la alerta por mayores represiones y debido a la inacción de los tres niveles de gobierno, en mayo, pueblos y autoridades, agrarias y tradicionales, de 34 comunidades convocaron a la “Primera Asamblea de los Pueblos Cholultecas en contra del basurero asesino y los Megaproyectos de Muerte”.

Celebrada el 14 de mayo, las y los asistentes catalogaron al relleno como “un ecocidio que no merece quedar impune” por lo que decretaron su clausura definitiva. Además, prohibieron cualquier proyecto extractivo en la zona, particularmente los relacionados con el Proyecto Integral Morelos (PIM), “un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas del volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala”.

Promesas

Pasadas las 15 horas de este martes (11), al salir de la reunión con las autoridades ambientales, el abogado Juan Carlos Flores de la Unión de Pueblos comunicó que la Profepa prometió realizar esta semana una inspección de verificación al relleno sanitario.

La visita, de acuerdo al compromiso de la dependencia federal, es para cerciorarse de dos puntos que denuncian los pobladores de la región choluteca. Primero, que no se han cumplido las medidas correctivas ante la contaminación derivada de sus operaciones y, sobre todo, que el relleno sanitario ya ha cumplido su vida útil.

Flores comunicó que, tras la visita de la Profepa, los pobladores esperan la recolocación de los sellos que marquen la clausura definitiva del basurero y la elaboración de un plan de abandono.

Sin embargo, el abogado detalló que los funcionarios federales no se comprometieron a la clausura, aún a pesar de que, argumenta el litigante, se han mostrado las pruebas del saturamiento del relleno sanitario, por lo que solicitó mantener a la población atenta por cualquier acción de represión.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Empresas de biotecnología, como los gigantes agroquímicos Bayer-Monsanto, Syngenta y BASF, desarrollan microorganismos genéticamente modificados para su uso en la agroindustria. Algunas de sus aplicaciones buscan la sustitución de agroquímicos tradicionales con la implementación de bacterias, virus y hongos transgénicos.

Organizaciones ambientales acusan que estas implementaciones se realizan sin regulación y sin la certeza científica de que los efectos alternos, potencialmente dañinos al medioambiente, sean irreversibles.

El uso de los microorganismos representan riesgos de contaminación generalizada en el suelo, así como desarrollo de resistencia a antibióticos o escenarios nunca contemplados de transferencia genética entre especies. Así lo sustenta un informe difundido por Amigos de la Tierra Internacional (FOE), el cual detalla una variedad de riesgos ecológicos, socioeconómicos y para la salud humana con la implementación de microbios modificados genéticamente. 

A pesar de las advertencias, productos de este tipo ya se utilizan masivamente. En EEUU, acorde a la empresa Pivot Bio, su producto “Proven” – que proporciona fertilizante nitrogenado – se aplicó en una superficie mayor a 1 millón 200 mil hectáreas de plantaciones con maíz. 

Según la red FOE, el sistema regulador en países como EEUU es obsoleto pues no es transparente sobre qué implicaciones tienen estos productos y si se han comercializado. Además, las empresas cuentan con la oportunidad de ocultar detalles bajo el argumento de “información comercial confidencial”, lo que dificulta conocer los alcances de lo que los ambientalistas enmarcan como un “experimento genético al aire libre sin precedentes”.

“El suelo es la base de la civilización humana, dependemos de él para el 95% de los alimentos que consumimos. Sin embargo, las empresas de biotecnología se apresuran a comercializar microbios modificados genéticamente con escaso conocimiento científico de sus posibles consecuencias. Una vez liberados, los microbios modificados genéticamente no pueden retirarse”, detalla una de las autoras del informe, Kendra Klein, doctora y subdirectora científica de Amigos de la Tierra.

Sin frenos

Recientemente, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU afirmó que ha registrado ocho microbios transgénicos como pesticidas. En este escenario, FOE reclama la preponderancia de las empresas agroindustriales en la industria genética, cuyo actuar “tiene un largo historial de ignorar las enormes repercusiones de sus productos en el medio ambiente y la salud humana, privar de sus derechos a los agricultores familiares, ocultar la verdad sobre sus productos y obstruir la normativa”.

Además, la organización ambientalista acusa a las trasnacionales de formar parte de plataformas integradas en las cuales no se pueden obtener por separado las semillas, pesticidas y otros productos patentados y “asociados con daños significativos a la vida del suelo y a la biodiversidad”. 

FOE asegura que es una contradicción el que empresas como BASF busquen la regeneración de los suelos que fueron afectados “por la propia producción industrial de monocultivos de maíz y soja en la que se aplica el tratamiento de semillas, un sistema que la industria agroquímica perpetúa y del que se beneficia”.

Resalta que, en América se encuentra el segundo productor mundial de cultivos biotecnológicos, Brasil, con 105 eventos aprobados. Acorde al Servicio Agrario Exterior en Brasilia, del Departamento de Agricultura de EEUU, las tasas de adopción de cultivos con mejoramiento biotecnológico como soja y el algodón alcanzaron el 99% y para el maíz, el 95%. A esto se suma que Brasil se convirtió en una de las primeras naciones en aprobar la exportación de productos que contienen ingredientes alimentarios derivados de la biotecnología microbiana, como la levadura y la proteasa alcalina.         

En octubre de 2023 Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay crearon la red internacional ABRE-Bio para la bioseguridad de los productos derivados de la biotecnología moderna. La iniciativa, promovida por gobiernos latinoamericanos y Alemania, en colaboración con organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), pretende establecer procedimientos comunes y armonizará las normas para evaluar la bioseguridad de los productos, reduciendo costes y tiempo. 

Al otro lado del mundo, Reino Unido aprobó durante 2023 la Ley de Tecnología Genética con lo que dio luz verde a las empresas de pesticidas y biotecnología para desarrollar y vender productos modificados genéticamente en Gran Bretaña.

“Sin un marco regulatorio sólido para evaluar los resultados a largo plazo de la introducción de microbios GE, las consecuencias no deseadas podrían ser catastróficas. Si las cosas salen mal, es casi imposible detectar estos organismos, y mucho menos recuperarlos”, declaró Roger Kerr, miembro de una gremial de campesinos produtores de alimentos orgánicos ante la promoción del Estado y empresas para la implementación de los transgénicos en Europa.