Ciudad de México, 28 de septiembre de 2023.- Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que se solidarizaron y nos tendieron la mano en el plantón y en la exigencia de verdad y justicia en esta jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de nuestros hijos.

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa seguiremos en la lucha por saber lo que pasó con nuestros hijos el dia 26 de septiembre en Iguala y cuál es su paradero. No claudicaremos en nuestra legítima demanda sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia.

A las afueras del Campo Militar número 1, símbolo de la represión contra los que han luchado por la justicia, nos plantamos desde el dia 21 de este mes para exigir que el Ejército Mexicano entregue la información relacionada con el paradero de nuestros 43 hijos que mantiene en sus archivos y que se niega a poner a disposición de las autoridades civiles que investigan el caso.

Desde aquí, rechazamos en todos sus términos la “narrativa de hechos” realizada por el “gabinete de seguridad”, que hizo pública el gobierno federal, considerando al menos las siguientes cuestiones: 1) criminaliza a los estudiantes desaparecidos; 2) diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que que hizo a los estudiantes y como consecuencia de ellos la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición; 3) presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio, 4) incorpora declaraciones de testigo que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; 5) utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados; y 6) omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica” . Por estas falencias, exigimos que esta “narrativa de hechos del gabinete de seguridad” sea retirada.

Por lo demás, enfatizamos que el informe presentado el dia de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta “narrativa de hechos descrita”, pues no retoma estos seis aspectos, y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artifices de la verdad histórica. Además, hace una descripción de los chats de Chicago, obtenidos por autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército Mexicano, con el grupo delictivo Guerreros Unidos. También establece que el Ejército Mexicano aún tiene información en sus archivos misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la COVAJ los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente. En este sentido, destacamos que ayer se informó que el Presidente de la República giró una nueva instrucción para que el Ejército busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta-oficio del Secretario de la Defensa Nacional que se ha hecho pública, no es ni será la última palabra.

El informe del Subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los dias pasados.

Por todo lo anterior exigimos: 1) que a las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la informacion que hemos solicitado; 2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica, y 3) que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.

Estaremos pendientes del cumplimiento de la instrucción presidencial, en caso de no avanzar en esa dirección regresaremos a este lugar para reinstalar nuestro plantón y exigir la entrega de la información sobre el paradero de nuestros hijos.

ATENTAMENTE

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

PADRES Y MADRES DE LOS 43

Conferencia de prensa de las madres y padres de los 43

CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan}

Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.

Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.

De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Encinas. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

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Por John Gibler

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas

El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.

–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.

El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.

Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.

Años de terror

Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.

Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.

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Fuente: Avispa Midia

Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa

Por John Gibler

Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.

Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.

De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.

Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.

Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.

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México, 31 de julio del 2023

Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía

El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.

En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.

Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.

Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.

El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.

La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.

EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.

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CDMX, 26 de julio de 2023. Un día después de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que se retira del caso debido a la negativa por parte del ejército de entregar documentos fundamentales para la investigación, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la entrega de dichos documentos, que son claves para dar con el paradero de los jóvenes. Bajo una fuerte lluvia, los familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

El mensaje de los familiares ante el reporte del GIEI y su retirada de la investigación: que la sociedad civil y las organizaciones sociales no cesen de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ordene a las fuerzas armadas a entregar los documentos identificados por el GIEI y que continúen las investigaciones de manera seria e imparcial.

Aunque las investigaciones del GIEI se vieron seriamente obstaculizadas por la opacidad de las fuerzas armadas, imposibilitando la identificación del paradero de los normalistas, su último informe sí trajo un avance importantísimo en el caso: la conclusión definitiva de la complicidad y participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y todas las fuerzas policiales en la desaparición forzada de los normalistas junto con el grupo criminal Guerreros Unidos, y la complicidad de diversas instancias de los tres niveles de gobierno en tergiversar, manipular y ocultar los hechos.

La pista fundamental para conocer el paradero de los normalistas son los informes generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, muchos fueron los esfuerzos por parte de la Sedena para evitar que dichos informes se conocieran. Primero, negando la existencia misma del CRFI en 2014, afirmando que sólo se creó en 2015, lo cual ha sido desmentido por las evidencias descubiertas por el GIEI. Después, negando que se realizaran interceptaciones de comunicadciones; después, afirmando qeu el CRFI dependía del Cisen, y no de la Sedena. Y finalmente negándose a entregar documentos del CRFI que son clave para la investigación.

El informe del GIEI es demoledor en términos de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la ocultación de evidencias y obstrucción a la verdad y justicia. En un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado un poder al ejército nunca visto en el México posrevolucionario, las revelaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa son una señal de alarma que ningún ciudadano debe tomarse a la ligera. De manera que la convocatoria de los familiares de los normalistas a que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general se movilicen para exigir transparencia a las fuerzas armadas es no sólo una exigencia de verdad y justicia en ese caso particular, sino una necesidad colectiva en un país cada vez más autoritario y violento.

Imágenes de la marcha:

Palabras de los familiares en el Hemiciclo a Juárez:

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa VI. Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes. México, Julio de 2023.

Imagen de portada: Reuters/Henry Romero

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa VI. Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes. México, Julio de 2023.

CDMX, 25 de julio de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, tras anunciar que se retira de las investigaciones debido a la opacidad del Estado y la negación de diversas instituciones de proporcionar información relevante.

El informe es contundente en términos de la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), además de la policía municipal, estatal, federal, ministerial y de tránsito y otros órganos del Estado, en la desaparición forzada y asesinato de los normalistas y en la manipulación de evidencias y ocultamiento de información.

El GIEI, que depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó más de la mitad del informe a analizar la participacion del ejército, con un mapeo detallado de sus movimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, el informe detalla la complicidad y participación de todos los niveles del Estado: “El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”, en palabras de Carlos Beristáin, que presentó el informe junto con Ángela Buitrago.

Lo que no se ha podido aclarar, sin embargo, es quizás lo que más importa (sin duda alguna lo que más importa a los familiares): el paradero de los normalistas desaparecidos. El ocultamiento y manipulación de información por parte del Estado ha logrado impedir que se conozca lo que les sucedió a los normalistas. Lo único que se ha logrado saber es que los jóvenes fueron separados en dos grupos: uno que pasó por las instalaciones de la policía en Iguala y otro conducido rumbo a Huitzuco o Chilpancingo.

Mientras tanto, el presidente López Obrador se autocongratuló por los avances en la investigación: “Yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno, lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”, a pesar de las denuncias de ocultamiento y manipulación deliberada de la información por parte de las fuerzas armadas y otras instancias de gobierno y la decisión del GIEI de no continuar las investigaciones debido a la opacidad del Estado.

El informe del GIEI demuestra no sólo los esfuerzos castrenses por mantener oculta la verdad del caso, sino el funcionamiento estructural del Estado mexicano, entre otras cosas, con la utilización sistemática de la tortura. Esto representa también, dijo Carlos Beristáin, una oportunidad para cambiar de rumbo, cosa que a todas luces no está sucediendo.

Compartimos a continuación algunos trechos de la sesión de preguntas y respuestas durante la presentación del informe:

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