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• PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.

• CDMX: Entrevista sobre la Feria del Libro Anarquista en la Ciudad de México. Entrevistamos a Matias, el compa de la FAM que han promovido y organizado esta Feria de libros y publicaciones anarquistas que llega a su edición catorce y realizada en el centro de la ciudad. https://www.facebook.com/FederacionAnarquistadeMexico | https://federacionanarquistademexico.org

• OAXACA: La violencia de los grupos criminales solapados por el Estado aumenta en Santo Domingo Petapa, Oaxaca. Hay al menos confirmadas 3 personas asesinadas de la comunidad indígena Ayuuk. (Ver Pronunciamiento del CNI y EZLN | La violencia de los grupos criminales solapados por el Estado aumenta en Santo Domingo Petapa Oaxaca. Hay al menos confirmadas 3 personas asesinadas de la comunidad indígena Ayuuk)

• OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia

• GLOBAL: Jornada Justicia para Samir Flores Soberanes. 6 años de impunidad. Personas, Grupos, Colectivos, Organizaciones, Movimientos de México y el mundo convocan a realizar actividades por Samir Flores Soberanes defensor del territorio asesinado en el marco de la imposición del Proyecto Integral Morelos. Convocaoria abierta a sumarse a las Jornadas Globales: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 Años de Impunidad.

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Texto: Radio Zapatista | Fotos: Teia dos Povos | Videos: Teia dos Povos y Radio Zapatista

Mientras alrededor del mundo el odio, la intolerancia y la imposición del mundo único se propagan como un virus, en Brasil miles de personas se reúnen en la VIII Jornada de Agroecología de Bahía, organizada por la Teia dos Povos (Tejido o Red de los Pueblos), una gran alianza negra, indígena y de abajo del campo y la ciudad, para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, continuar construyendo autonomías y celebrar la gran pluralidad de formas de ser, vivir, resistir y crear vida al margen del capital y del Estado.

La Teia dos Povos nació en 2012 ante la comprensión de que ni los pueblos indígenas, ni los pueblos afrodescendientes, ni los pueblos campesinos, ni los sin tierra, ni las luchas urbanas de abajo podrán enfrentar por sí solos el despojo y la violencia de un sistema cada vez más voraz. Fue así que se empezó a construir esa gran articulación de movimientos sociales autonomistas de abajo y a la izquierda en el campo y la ciudad, que hoy incluye un gran número de núcleos en diez estados del país.

La Teia dos Povos se organiza en núcleos de base —territorios donde se construye y defiende la autonomía— vinculados en red por medio de eslabones de la red —organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos—. Cada dos años, la Jornada de Agroecología reúne miles de miembros de pueblos indígenas, afros y de abajo del campo y la ciudad para seguir construyendo esa gran articulación de autonomías.

Esta VIII Jornada se realizó por primera vez en la ciudad de Salvador, Bahía: la ciudad más negra de Brasil, con una población de alrededor de 80% afrodescendiente, con una rica cultura derivada de siglos de resistencia en un contexto de racismo sistémico y de represión por parte de las fuerzas policiales, que en Bahía son las más mortales del país, como denunció Thiago Torres durante la Jornada. Con el tema “Alianza del campo y la ciudad por el combate al hambre y a la pobreza”, la VIII Jornada reunió a varios miles de personas de diversos estados de Brasil del 29 de enero al 2 de febrero de 2025.

Ancestralidad viva

Los pueblos resisten y construyen otras realidades a partir de su propia visión de mundo, diferente y opuesta a la impuesta por el capitalismo, y de su conexión con una ancestralidad que es el fundamento de dicha visión. Así, entre las reflexiones y denuncias de las diversas violencias sufridas por los diferentes pueblos reunidos, la celebración de la ancestralidad está siempre presente. Es por eso que la inauguración de la Jornada el 29 de enero inició con un ritual de apertura de los pueblos indígenas y otro de los pueblos negros:

Se trata de una espiritualidad nunca desvinculada de lo político, una espiritualidad que da sentido a la lucha por la vida y por el cuidado de los territorios, en su dimensión sagrada tan diferente del pensamiento utilitario capitalista. Una espiritualidad que celebra la vida con alegría, con los orixás, inquices y voduns africanos y los encantados indígenas y otras entidades danzando, celebrando, luchando, resistiendo y reexistiendo entre los vivos.

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ALTO A LOS ATAQUES CONTRA LA UCIZONI

PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Y EL EZLN EN APOYO A QUIENES RESISTEN EN EL ISTMO.

A los pueblos indígenas de México y del mundo
A las organizaciones en resistencia
A la sociedad civil nacional e internacional

Hermanas y hermanos:

Desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN condenamos la emboscada ocurrida en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la que fueron asesinados tres compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).

Denunciamos que esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. Buscan despojarnos de nuestras tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros.

Exigimos justicia para nuestros hermanos caídos, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y la garantía de seguridad para la población de El Platanillo. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión y complicidad en esta escalada de violencia.

Todo aquel que no baja la cabeza y se convierte en siervo de la 4T es perseguido, desplazado, encarcelado y asesinado.  Son lo mismo y son los mismos.  Frente a sus golpes: ¡resistencia y rebeldía! en defensa de la madre tierra y sus guardianes.

Nos solidarizamos con UCIZONI y con todas las comunidades indígenas que, a pesar de la represión, siguen en pie de lucha, defendiendo la vida y la dignidad.

¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!
¡No al despojo, no a la represión!
¡Justicia para las víctimas de Santo Domingo Petapa!

Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

México, 13 de febrero de 2025

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.

El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país. 

Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.

Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas – hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 – en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales). 

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Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia. 

Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana. 

Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.

“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.

“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.

Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.

En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.

Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.

“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.

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Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.

Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.

“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.}

Desde el pasado lunes (27) arrecia la violencia contra el movimiento campesino del Bajo Aguán, al norte de Honduras, departamento de Colón. Hombres equipados con armas de grueso calibre, vinculados al grupo criminal “Los Cachos”, han emprendido una serie de ataques contra las recuperaciones de tierras que mantienen las cooperativas de Tranvío, Camarones y El Chile, ubicadas en la comunidad Quebrada de Arena, a escasos kilómetros de la ciudad de Tocoa.

A pesar de la presencia de elementos de fuerzas de seguridad hondureños, el movimiento campesino sostiene que éstos no accionan para frenar los intentos de desalojos violentos por parte de los criminales. “Hemos denunciado el riesgo que corren ante la secretaria de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la secretaria de Derechos Humanos de forma constante, sin embargo, no hay respuesta contundente”, denunciaron este lunes (27) a través de comunicado de la Plataforma Agraria del Aguán.

Tras el ataque armado del lunes (27), que duró al menos 12 horas y dejó un saldo de 150 familias desplazadas de la Cooperativa Tranvío, además de heridos, la mañana de este miércoles (29) se reporta un nuevo ataque. Ésta vez contra familias campesinas de la Cooperativa El Chile. Acorde al periodista Jared Olson, durante la agresión de esta mañana se registra, al menos, un herido.^{Registro de los ataques contra campesinos de la Cooperativa El Chile durante la mañana del miércoles 29 de enero, 2025.}

La cooperativa El Chile, colindante con las cooperativas Tranvío y Camarones, alberga a 246 familias campesinas, quienes desde hace dos años recuperaron 486 hectáreas de tierra de manos de la Corporación Dinant, empresa productora de palma aceitera, para dar espacio a la siembra de alimentos. La Plataforma y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denuncian que los grupos criminales que atacan al movimiento campesino actúan al servicio de la agroindustrial Dinant.

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Acorde a la Plataforma, durante el ataque del lunes (27), campesinos socios de la Cooperativa Tranvío observaron a un vehículo perteneciente a Dinant transportando a hombres armados cerca de las tierras de la Cooperativa Camarones. Cabe destacar que el grupo “Los Cachos” es el mismo señalado por haber desalojado violentamente a familias campesinas de la Cooperativa Camarones el pasado 24 de diciembre del 2024. “Desde este momento el grupo armado mantiene control de la cooperativa”, señala la Plataforma mediante comunicado tras los ataques.

Por lo menos desde hace dos años, la Plataforma Agraria y COPA han denunciado que la corporación Dinant contrató al grupo criminal “Los Cachos” para atacar a líderes campesinos y miembros de las cooperativas. Ahora, incluso señalan la participación de ex miembros de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano por su colusión con la empresa agroindustrial para perseguir a los líderes campesinos.

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Al cierre de esta edición, medios locales informan que, mientras las autoridades policiales se encuentran en la comunidad de Quebrada de Arena, continúan los ataques contra la Cooperativa El Chile donde se registra la quema de casas de campesinos.

Advertencias, ignoradas

Testimonios de la Plataforma Agraria aseguran que, desde la noche del domingo (26), denunciaron a la Policía Nacional que el ataque a las cooperativas campesinas era inminente. Esto, debido a que observaron la movilización de personas mediante transportes acuáticos a través del río Aguán, además de percatarse del tránsito de vehículos sin placas y hombres armados frente a la casa del líder del grupo “Los Cachos”, Juan Carlos Lizama, en la comunidad de Quebrada de Arena.

Acorde a reportes de Redacción Regional, desde las 6 de la mañana del lunes (27), periodistas del medio atestiguaron disparos de ráfagas con armas de alto calibre, además de denuncias de heridos. A las 10 horas, se avistó otro grupo armado el cual, utilizando machetes y piedras, protagonizó otro ataque contra los campesinos. Por la tarde continuaron las agresiones lo que impidió que campesinos, civiles, policías y periodistas pudieran evacuar la zona debido a que se registraron bloqueos en las rutas de salida realizados por los grupos criminales.^{Campesinos de la Cooperativa Tranvía registraron los ataques armados del pasado lunes 27 de enero.}

“Los sicarios lograron posicionarse en las instalaciones de una pollera propiedad de la Cooperativa Tranvio, de donde han aterrorizada a la comunidad con constantes ráfagas de disparos, mientras otro grupo armado tomó la carretera y así impidió el paso para evitar la libre locomoción”, confirmó la Plataforma Agraria sobre la permanencia del asedio, sin que los elementos de seguridad protegieran a más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.

Además, se reportó el secuestro, durante tres horas, del campesino Cristian Baire y el ataque con arma de fuego contra Janier García, ambos socios de la Cooperativa Tranvío. “Cristian Baire fue liberado de una casa en la aldea Quebrada de Arena por la policía aproximadamente a las 10 de la mañana, pero sufrió torturas y una herida de bala en el pie, posteriormente fue hospitalizado, hasta el momento se encuentra fuera de peligro”, informó el movimiento campesino mediante redes sociales.

El martes (28), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) que acompaña la lucha legal del movimiento campesino condenó el uso de la violencia “por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado ‘Los Cachos’ que opera en la zona con total impunidad”. 

El BJP aseveró que estas acciones “benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas”, declararon mediante posicionamiento público.

También señalaron que resulta inaceptable que, a más de un mes del desplazamiento violento de la Cooperativa Camarones, el Estado de Honduras aún no ha brindado garantías básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.

“Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facussé, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguan, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente”, acusaron.

Solidaridad

Desde los primeros reportes de ataques armados, diversas organizaciones hondureñas e internacionales se han posicionado para condenar la violencia contra las cooperativas agrarias y elevar la denuncia a nivel nacioanl e internacional sobre los intentos de desalojo de las tierras campesinas del Aguán.

“Este ataque es solo un reflejo de la constante criminalización y persecución que sufren las comunidades del Bajo Aguán, quienes luchan por defender sus derechos territoriales y la tierra”, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos mediante pronunciamiento público.

Por su parte, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 35 ONG Internacionales con presencia y trabajo en Honduras, aseveró que, durante una gira internacional de solidaridad con el Aguán, realizada la semana del 20 al 24 de enero de 2025, fueron alertadas sobre la gravedad del riesgo que los líderes de La Plataforma Agraria y de las Cooperativas Campesinas sufren como amenazas a muerte, ataques a sus familias, y la prohibición de circular en la zona de Quebrada de Arena.      

Frente a esta situación, recordaron al Estado de Honduras el cumplimiento del convenio, firmado en febrero de 2022, entre el movimiento campesino y el gobierno, el cual incluye como uno de sus compromisos la conformación de la Comisión Tripartita bajo la coordinación del Instituto Nacional Agrario (INA), en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria. “En este sentido, reiteramos nuestra solicitud de acción directa y coordinada de dicha instancia para garantizar una respuesta integral y efectiva que permita abordar las causas del conflicto y prevenir nuevos actos de violencia en la región”, señalaron las organizaciones internacionales.

En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestó preocupación por los recientes hechos violentos contra el movimiento campesino en el Bajo Aguán e hizo un llamado al gobierno de Honduras para “abordar las causas estructurales que subyacen a la histórica conflictividad en la zona, mediante la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán”.

“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas. La información recibida por la Oficina releva que los presuntos responsables de estos hechos serían estructuras del crimen organizado, que estarían generando una fuerte escalada de violencia en la zona, lo que representa un riesgo inminente para la vida de las comunidades campesinas”, alertó.

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

Año jubilar jTatic Samuel: “Caminante en el corazón de los Pueblos”

“…Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos”. (La alegría del Evangelio #183)

A TODO EL PUEBLO CREYENTE

A LAS Y LOS CREYENTES DE LAS DIFERENTES DIÓCESIS A LA SOCIEDAD CIVIL

A LAS PERSONAS DE OTROS CREDOS RELIGIOSOS

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES

En este Año Jubilar “jTatic Samuel caminante en el corazón de los pueblos. Memoria y horizontes”, agradecemos a papá-mamá dios, a nuestra diócesis, parroquias, zonas y comunidades, que hemos podido trabajar retomando los 100 años del nacimiento de jTatic Samuel, los 50 años del Congreso Indígena de 1974, los 10 años del Congreso de la Madre Tierra y el Congreso Jubilar Diocesano de 2024.

JTatic Samuel acompañó al pueblo, aprendió de él y se adaptó a sus costumbres, además fue conociendo las diferentes necesidades de cada comunidad. El pueblo a través de la reflexión de la Palabra de Dios se dio cuenta de lo que más necesitaban en sus comunidades: educación, caminos, clínicas, el precio justo de la canasta básica, etc.

Se retomaron la Memoria histórica y los caminos que construyen la vida para ver el horizonte de los pueblos. Se utilizaron muchas herramientas y se formaron diferentes áreas para ir atendiendo las diferentes necesidades. También sembró semillas de buena palabra.

En el Congreso de 1974 se reflexionó sobre tierra, educación, comercio, salud e igualdad en la justicia. Se pusieron las líneas de acción para cada zona y parroquias.

Por todo este caminar y la exigencia de justicia, empieza la persecución al jTatic Samuel y a los servidores y servidoras de la diócesis de San Cristóbal Las Casas.

En la actualidad desde hace tiempo venimos denunciando que las autoridades de los tres niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal desempeñen correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive. Que caminen en las comunidades, como lo hicieron durante sus campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente.

Que los gobernantes, que fueron elegidos por una parte del pueblo, cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos. 

Recordamos que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocada por diferentes grupos del crimen organizado que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrado a nuestros pueblos, además les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades. También han controlado el mercado de los productos de los campesinos por algunas personas que los mismos grupos del crimen organizado han puesto. Encareciendo los productos y por ende mermando el bolsillo de las personas más pobres. Además de crear confrontaciones al interior de las comunidades.

Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontece en nuestro Estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas.

Hacemos las siguientes demandas para que haya justicia, paz, tranquilidad en las comunidades y esclarecimiento de los hechos de violencia:

• Urge el reconocimiento público por parte del estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal. Así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias.
• Urge el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado.
• Urge que el gobierno ponga un alto al crimen organizado.
• Que el asesinato del Padre Marcelo no se quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales.

¡Alto a la venta de drogas, alcohol y proliferación de cantinas!

¡Alto al reclutamiento de las y los jóvenes por parte de grupos criminales!

¡Alto a la violencia del crimen organizado!

¡Alto a los asesinatos!

¡Alto a la explotación sexual de las personas, mexicanas y extranjeras!

¡Alto a los crímenes que destruyen la vida de nuestros pueblos originarios!

¡Alto a la violencia de grupos caciquiles!

Como Pueblo Creyente seguiremos nuestros compromisos y tareas:

• Denunciando las injusticias y violaciones de derechos humanos
• Seguiremos recordando a nuestros Mártires y nuestras Mártires, que entregaron su vida por la causa de la justicia, la verdad y el bien, desde hace varios años y en el presente, nunca les vamos a olvidar.

Como pueblo de Dios estamos diciendo la verdad de lo que vivimos, no estamos exagerando.

• Continuaremos trabajando con los acuerdos del Congreso Diocesano 2024: Involucrarnos en la realidad actuando desde el Evangelio.

Fortalecer el sentido comunitario para la unidad.

El acompañamiento a las nuevas generaciones, niños-niñas, adolescentes y jóvenes. En la construcción de la paz.

En los acuerdos parroquiales.

Hacemos un llamado a la solidaridad a otras personas de diferentes credos, colectivos, organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a la construcción de la paz en nuestro estado de Chiapas, en México y en el mundo, porque Dios nos creó libres y para ser felices en esta tierra tan hermosa que habitamos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 25 de enero de 2025 AÑO JUBILAR JTATITC SAMUEL: “Caminante en el corazón de los Pueblos”. PUEBLO CREYENTE DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

¡VIVA EL PUEBLO CREYENTE!

¡VIVA LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS!

¡VIVA LA PROVINCIA DE CHIAPAS!

¡VIVAN LOS OTROS CREDOS RELIGIOSOSOS!

¡VIVAN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!

¡VIVA JTATIC SAMUEL!

¡VIVAN NUESTRAS MÁRTIRES Y NUESTROS MÁRTIRES!

¡VIVA LA PAZ CON JUSTICIA!

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Las comunidades campesinas de los andes de Lima se organizan ante la aprobación de minería aurífera en el nevado Llongote, donde nace el río Yauyos-Cañete.

Esta cuenca recorre dos provincias agrícolas de la capital del Perú, Cañete (a 100 kilómetros al sur de Lima metropolitana) y Yauyos (a 220 kilómetros al suroeste de Lima metropolitana).

Yauyos se localiza en la sierra limeña, en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. En sus alturas se encuentra la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, apreciada por la belleza de sus lagunas. Las poblaciones temen que este ecosistema sea contaminado.

En Catahuasi, distrito de la provincia Yauyos, este domingo 19 de enero representantes de algunas de las 60 comunidades campesinas provinciales discutieron la creación de un frente de defensa que se posicione contra la explotación de oro en el nevado Llongote, ubicado a 13 kilómetros del centro de Yauyos.^{Nobel Rodríguez Parra, presidente de la comunidad campesina Huangáscar, durante asamblea de comunidades el 19 de enero, en Catahuasi}

Las autoridades comunales coinciden en proteger la cabecera de cuenca y la vida de sus valles, donde se cultivan variedades de frutas que se distribuyen en la capital. La ganadería ovina y de camélidos -en las pampas más altas- es la otra actividad económica vital en la provincia. En su parte baja, el caudal riega el territorio de Cañete, provincia de alta producción de frutas para la agroexportación.

“Hemos decidido activar nuestras rondas campesinas, no dejaremos que pase la minería, que ingresen a nuestras tierras, no vamos a dejar que se posesionen. Sabemos que las empresas mineras van a atacar, intentarán dividirnos, comprarnos, atacarnos, estamos preparados para defender el agua con nuestra vida”, expresó el presidente de la comunidad campesina Huangáscar, Nobel Rodríguez Parra.

Comunidades campesinas en abandono

Un mensaje repetido por los comuneros es el olvido por parte del gobierno central, la falta de infraestructura y servicios básicos en comparación con otras provincias de Lima y localidades del país.

En Yauyos hay más de 60 comunidades campesinas en cuyos orígenes convergen culturas ancestrales andinas, como la kauki, aimara y quechua.

“¿Cómo en una cabecera de cuenca se va a permitir una concesión minera? Las comunidades campesinas de Yauyos, como las de toda Lima, se encuentran abandonadas. Para solucionar los problemas ambientales debemos empezar por solucionar la situación de las comunidades”, señala el economista Juan Romero, dirigente de la provincia de la sierra limeña.

El nevado de Llongote se ubica en el área de la comunidad Santo Domingo. En la Ley de Comunidades Campesinas se establece como prioridad que el Estado reconozca un área de extensión a las poblaciones campesinas ancestrales. Sin embargo, en Yauyos no están registradas formalmente sus tierras comunitarias ni sus juntas directivas.

A su vez, el concejo de cuenca del río Yauyos-Cañete no está en funcionamiento, advierten desde las comunidades yauyinas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las operaciones mineras que autoriza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben contar con el visto bueno de estos organismos, conformados por instituciones, grupos técnicos y la sociedad civil.

“Las comunidades campesinas son las llamadas a prevalecer la identidad ancestral que tienen los pueblos milenarios”, añade Romero. En comunidades de Yauyos aún se conservan dos lenguas originarias que se resisten a desaparecer: el jaqaru, hablado por menos de 500 personas; y el kauki, hablado por alrededor de 150 personas, según la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura.

Extractivismo en la provincia

El 25% del territorio de Yauyos había sido concesionado a mineras hasta el año 2016, de acuerdo a un reporte de Cooperacción.

En la asamblea de las comunidades campesinas, el relato recurrente en torno al avance de la minería apunta a la corrupción de autoridades de las instituciones públicas; al convencimiento de poblaciones campesinas a cambio de favores, como obras e infraestructura; y al soborno de comuneros en forma de bienes y dinero.

Cuando representantes del proyecto Gloria, en diciembre pasado, intentaron convencer a la población de que apruebe la licencia social para la exploración de oro en las montañas, se realizó la primera protesta contra la actividad minera, autorizada en 2020 por el Gobierno Regional de Lima.

La Dirección Regional de Energía y Minas, mediante la resolución 53-2020, otorgó a la empresa nacional Los Chunchos S.A.C. la concesión de más de 130 hectáreas en las alturas de la cadena montañosa. Todavía no está autorizada la fase de exploración y tampoco se ha realizado aún la licencia ambiental.

La compañía, considerada de fondos pequeños y medianos, ya cuenta con otras dos operaciones mineras en 1890 hectáreas de la provincia, para las que el Ministerio de Energía autorizó en 2011 actividades de explotación subterránea. Se teme que una posible extracción de oro en el nevado atraiga a grandes capitales mineros y se derive en un desastre ambiental.

La posición de algunos comuneros ante la gran minería es favorable “si es responsable”. Para el caso del nevado Llongote, es unánime la postura de no aprobar la licencia social, que no es una figura legal, pero resulta determinante para la ejecución de proyectos mineros. En la práctica funciona como el permiso de las comunidades, garantiza que no habrá conflictos sociales.

Al respecto, autoridades municipales respaldan a las comunidades campesinas de su jurisdicción. La Municipalidad de Viñac, donde el Gobierno Regional de Lima ha concesionado 900 hectáreas para la extracción de minerales, se manifestó en contra del proyecto Gloria y pidió a la población no otorgar la licencia social.

A los yauyinos les genera más desconfianza que la concesión se haya aprobado en los primeros meses de la pandemia por coronavirus y la celeridad en la construcción de una carretera en la zona. Actualmente, la empresa ya trasladó maquinaria pesada a la zona

En este encuentro se acordó debatir la conformación de frentes de defensa zonales en una próxima reunión, debido a falta de representatividad. Las distancias entre los pueblos yauyinos complican la organización provincial.

“Lo importante aquí es que este frente de defensa sea conformado por las personas adecuadas, tienen que ser autoridades comunales comprometidas con la defensa de sus pueblos, que no se dejen comprar por las mineras”, resalta Antonio Lázaro, presidente del Comité de Gestión de la Carretera Qhapac Ñan, integrado por dirigentes de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.