Cinco observadores de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) se retiraron de la comunidad tsotsil Nuevo San Gregorio, en Chiapas, ante la falta de garantías de seguridad y la agudización de los ataques contra el territorio zapatista.
Al parecer, las agresiones vienen de personas del ejido San Gregorio, Ranchería San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Ranchería Rancho Alegre que buscan desplazar a los zapatistas y apropiarse del territorio.
Los ataques iniciaron en 2019 y, desde entonces, son constantes, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Por ello, el 3 de marzo de 2021, se instaló en la comunidad el campamento de las BriCo.
Sólo en 2022, las brigadistas documentaron 21 agresiones en contra de cinco familias –27 personas- que habitan Nuevo San Gregorio, localidad perteneciente al territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”.
En las videograbaciones del trabajo de observación, una joven denunció que fue amenazada con ser secuestrada por uno de los ‘invasores’. “Sentí miedo, sentí mucho miedo. Antes podíamos salir a caminar, a cargar leña con todos mis hermanos y mis papás, pero desde que empezó el problema ya da miedo. Regresé temblando”.
Los más pequeños plasmaron en dibujos el contexto de la comunidad. “No hay días que no vengan, así como se ve en los dibujos vienen con palos y machetes”, dijo una adolescente. Mientras un niño dijo sentirse muy triste por todo lo que están viviendo.
En el presente informe hacemos énfasis en que los hechos que privaron de la vida a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro), ocurridos el pasado 5 de julio de 2021, en la cabecera municipal de Simojovel, Chiapas, van más allá de un acontecimiento aislado. Sostenemos que el principal móvil de su asesinato responde a un contexto social y político vinculado con la actividad de defensa de derechos humanos que realizaba desde su pertenencia a La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) en medio de un ambiente de continuidad en las acciones de contrainsurgencia traducidas en la proliferación de grupos armados ilegales que buscan el control territorial, así como esfuerzos constantes por acabar con la organización de carácter pacifista instalada en el municipio de Chenalhó.
Hay que sumarle a su trabajo político, social y organizativo, el eclesial que realizaba desde la Parroquia de Santa Catarina, en Pantelhó. Caminar que se encontró en medio de una violencia desbordada en la región de Los Altos de Chiapas y el control territorial ejercido por grupos armados criminales durante los últimos años, junto a una violencia estructural que se vive en el estado la cual ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen como objetivo hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de julio de 2022 Pronunciamiento conjunto
Condenamos la criminalización del Padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Preocupación por posible detención, desaparición o asesinato del defensor de derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales firmantes, condenamos la solicitud de orden de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez solicitada por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio de 2022 al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, tal como lo ha afirmado la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en su comunicado. Esta solicitud demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos.
El Padre Marcelo Pérez Pérez, defensor incansable de derechos humanos, ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio frente a despojos de megaproyectos, familias víctimas de desplazamiento forzado de pueblos originarios, colectivos de familias de personas privadas de su libertad, así como brindando y facilitando procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El bosque y Pantelhó, lo que ha permitido la disminución de la violencia en estas zonas.
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Noty Frayba: Agresiones y amenazas a defensores de derechos humanos y habitantes de las comunidades zapatistas de San Gregorio. CDH Frayba
Música:
Rikchari (Despierta) ARTISTA Minga Artistica
Jóvenes valientes de Saquisilí
Cholas
Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) instaladas en el poblado zapatista Nuevo San Gregorio, municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas en Chiapas, México, y la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han documentado nuevos ataques que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad personal de seis familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN).
El día 9 de junio, a las 7:23hrs entraron 19 personas del grupo agresor en el poblado y tumbaron árboles para “reforzar el alambrado que ilegítimamente instalaron hace 2 años y medio en el poblado”, de acuerdo a un comunicado divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
A las 13:27hrs se reunieron frente del centro del poblado, donde es punto de trabajo y encuentro de las BAEZLN, insultando agresivamente a la población y en especial a las BriCO, realizando amenazas de muerte en contra de ellos y de integrantes del Frayba, antes de retirarse a las 14:38hrs.
“Estas nuevas amenazas constituyen un riesgo a la integridad física y psicológica de las personas y una clara obstaculización a la observación internacional con base en la Constitución mexicana y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano”, señala el comunicado.
Frente a estas circunstancias existe el “riesgo inminente a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal debido a que el grupo agresor ha lanzado la amenaza de desplazar de manera forzada y entrar a cerrar las casas donde viven las BAEZLN, lo que ocasionaría daños de imposible reparación y a las observadoras y observadores de derechos humanos que se encuentran en el lugar”.
La organización denuncia que las BAEZLN realizan la defensa de su tierra y territorio en un contexto de constante violencia, amenazas y asesinatos por la acción de grupos armados sobre sus tierras y bienes naturales.
En el pueblo Autónomo de Nuevo San Gregorio, quienes permanecen en resistencia y defensa del territorio recuperado desde 1994, se ha dificultado la siembra de cultivos provocado por el despojo territorial, ocasionando la falta de alimentos básicos para las personas. Estos hechos siguen sucediendo bajo la observación del gobierno federal y estatal, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas.
Frayba sostiene que el Estado mexicano es indiferente y omiso en implementar una acción efectiva para desactivar la violencia contra las BAEZLN, “quienes son defensores, cuidadores y guardianes de su territorio, la administración de estos hechos, puede generar una situación de mayor alcance en violaciones graves a los derechos humanos”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
15 de junio de 2022
Pronunciamiento conjunto
En México la defensa de los derechos humanos se enfrenta a una permanente injusticia legalizada
La investigación de los delitos contra personas defensoras es fundamental para garantizar el pleno y libre ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
En Chiapas hay un patrón de criminalización hacia defensores comunitarios de derechos humanos.
Imparable el aumento de violencia en Chiapas.
Quienes suscribimos el presente pronunciamiento manifestamos nuestra preocupación por las constantes agresiones, persecuciones y vigilancias a las personas defensoras de derechos humanos en nuestro país y en Chiapas, principalmente a quienes defienden la tierra y el territorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que América Latina es una de las regiones más peligrosa para el ejercicio de las personas defensoras, apuntando que en México ha registrado el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos [1]. En lo que va del sexenio del actual gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), suman 33 periodistas y 97 defensores de derechos humanos asesinados [2] hechos vinculados a autoridades gubernamentales y a particulares, estos últimos actúan con la aquiescencia y permisibilidad del Estado mexicano, lo que demuestra que durante el gobierno de AMLO hay una continuidad criminal en medio de debilidades institucionales, como la falta de independencia judicial.
Señalamos que toda persona tiene derecho a manifestarse pacíficamente contra las violaciones de los derechos humanos, la cual no debe ser obstaculizada, intimidada y criminalizada. A pesar de las recomendaciones internacionales México sigue sin detener las situaciones de crisis de violaciones a derechos humanos expresadas en desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura.
De acuerdo a la documentación del Frayba en Chiapas, la Fiscalía de Justicia Indígena (Fiscalía Indígena) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) es el ente perpetrador de criminalizar la defensa y promoción de los derechos humanos de personas de pueblos originarios. El sistema penal está siendo utilizado de manera facciosa para reprimir y castigar las voces que defienden la tierra y el territorio, reclaman justicia o promueven los derechos de todas y todos. La Guardia Nacional continúa consolidándose como un órgano conformado por personal y estructura militar que propicia violaciones graves a derechos humanos y amenaza los territorios de los pueblos y comunidades.
Dentro del historial de injusticias de la Fiscalía Indígena se encuentra la detención el 14 de marzo de 2020 de Cristóbal Sántiz Jiménez del pueblo maya tsotsil, defensor comunitario y representante de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, acusado de homicidio calificado [3]. Las detenciones ilegales y tortura de los indígenas mayas tseltales defensores del territorio Cesar Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández el 15 de octubre de 2020, mientras ejercían su derecho a la libre manifestación y protesta contra la instalación de una base de la Guardia Nacional en su territorio, quienes actualmente se encuentran acusados de motín [4].
La más reciente privación arbitraria de la libertad fue el 29 de mayo de 2022 de Manuel Santiz Cruz indígena tseltal, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Parroquia de San Juan Evangelista, municipio de San Juan Cancuc, junto con otras cuatro personas más de nombres: Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, todas privadas arbitrariamente de la libertad. Actualmente los cinco indígenas tseltales se encuentran detenidos y acusados de homicidio calificado [5] privados de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de esta ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
A estas injustas detenciones, agregamos el asesinado del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López el 5 de julio de 2021, en Simojovel Chiapas, catequista e integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Urgimos al Estado mexicano la protección de la vida, seguridad e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos garantizando un ambiente propicio y seguro para esta labor.
Exigimos el reconocimiento de la importancia que la defensa de los derechos humanos representa frente a la grave crisis de derechos humanos en México.
Exigimos se adopten las medidas necesarias para remediar la situación de las personas defensoras privadas arbitrariamente de la libertad, otorgándola de manera inmediata evitando se siga violentando sus derechos humanos.
Exigimos la inmediata liberación de Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, del Pueblo Creyente del Pueblo Maya Tseltal de San Juan Cancuc, catequistas defensores de la Tierra y del Territorio.
Nos sumamos a la digna lucha de los Pueblos Mayas de Chiapas que defienden su tierra y territorio y que construyen nuevos mecanismos para una vida digna donde se disfrute la paz, libres de las amenazas generadas por la violencia.
Por ultimo queremos señalar nuestra alta preocupación por la presencia de grupos fuertemente armados en el territorio de Chiapas, específicamente de las acciones criminales y de impunidad que se vivió el día de ayer en San Cristóbal de Las Casas, bajo la clara tolerancia e inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que exigimos garanticen la seguridad e integridad personal de todas y todos los habitantes de Chiapas.
Solicitamos a la comunidad nacional e internacional a estar atentos a las acciones políticas y jurídicas a favor de los defensores de derechos humanos en México y en Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Parroquia de San Juan Evangelista de San Juan Cancuc
Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
El 5 de julio próximo se cumplirá un año del asesinato del ex presidente de la Mesa Directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez, fecha que será conmemorada con un informe sobre su vida como defensor de los derechos humanos en Chiapas.
Las Abejas de Acteal lamentaron que la investigación de Simón Pedro no avance, “la justicia solo funciona ante el dinero y el poder”, pues señalan que enfrentan a la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas del homicidio para dar con las personas que ordenaron la ejecución.
Simón Pedro fue asesinado en la cabecera municipal de Simojovel, después de denunciar la omisión del Estado mexicano ante la actuación impune de grupos de la delincuencia organizada.
Las actividades en su memoria, por la verdad y la justicia serán convocadas en la comunidad Nuevo Israelita de Simojovel donde vivió y creció Simón Pedro; y donde actualmente reside su familia.
Tanto la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acompañarán la peregrinación, la celebración eucarística y la presentación del informe para el que convocan la presencia de organizaciones aliadas.
Tras el asesinato del defensor, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas recomendaron a la Fiscalía de Chiapas investigar a fondo estos hechos, no solo a los autores materiales si no intelectuales del asesinato.
Días más tarde detuvieron a una persona acusada como autor material del crimen, “nuestra percepción de la Fiscalía General del Estado de Chiapas es que con que haya un detenido ya se hizo justicia; no hay voluntad”, dijo el abogado del Frayba, Jorge Gómez Hernández.
Pero esta presión política desde la fecha del crimen, impulsó el proceso y los asesores jurídicos no han agotado las líneas de investigación. El 30 de junio se realizará la audiencia intermedia en el Centro de Reinserción para Sentenciados número 14 ‘El Amate’ y “después se procederá a juicio oral donde se definirá la inocencia o la culpabilidad del detenido, estamos en los preparativos de la audiencia y del aniversario en memoria de Simón”, explicó Gómez.
La familia
Entre las cosas que no ha hecho la autoridad es brindar seguridad a la familia del defensor, pese a que la Fiscalía tiene conocimiento de las intimidaciones y amenazas que continuaron después del asesinato de Simón Pedro.
“Nosotros como Frayba también estamos protegiéndonos porque sabemos del riesgo y los motivos del asesinato. Seguimos pronunciándonos porque haya justicia verdadera”.
Para el Centro de Derechos Humanos el nulo acceso a la justicia es general, pues acompañan otros casos de tortura, de indígenas detenidos injustamente, violaciones, feminicidios que no se investigan, entre otros.
En la actualidad los defensores de los derechos humanos están siendo asesinados y tampoco hay justicia completa, “no hay justicia para nadie; la fiscalía decide quién accede a la justicia según sus intereses”.
Pero éste no es un tema reciente, pues en las tres décadas de documentación del Frayba señalan que no existe independencia judicial aún con los cambios de partidos políticos en los gobiernos.
En Chiapas la práctica de la tortura en las detenciones ilegales sigue siendo muy comunes, pero ningún servidor público ha sido castigado por torturar, encarcelar o por actos de corrupción.
“No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su primer aniversario”, compartieron las Abejas de Acteal.
¿Por qué no tener el derecho a escribir lo que vemos desde la comunidad? se cuestionó Irene Nich, antes de comenzar la investigación del libro Milpa Corazón: Las milpas de los guardianes, escrito por integrantes de la Red de guardianes del maíz y la biodiversidad en Chiapas.
El libro reunió a siete autores, cuatro mujeres y tres hombres, que representan las segundas y terceras generaciones de los guardianes del maíz de distintas regiones de Chiapas, y que, además de la escritura, promueven la conservación de las semillas.
Escribir este libro fue un regalo para cada uno de ellos. Abrió la oportunidad para tener conversaciones con familias de la cultura tzeltal, tojolabal, zoque, mam y mestiza que en conjunto siembran casi 700 mil hectáreas en Chiapas, la mayor superficie de maíz en México.
“Queremos hacer lo mismo, como dijo el abuelo: la palabra debe caminar”, cuenta Irene Nich en voz de Lusbey Méndez Sántiz, María de la Flor Gómez Cruz, María Sánchez Álvarez, Adrián Pérez de la Cruz, Sergio Cruz García y Ervin Pérez Arriaga.
La idea se originó hace tres años cuando iniciaron las investigaciones individuales y durante la pandemia del Covid-19 se concretó, pues se percataron que los campesinos resolvieron con la milpa el problema alimentario que se avecinaba.
“Sembrando maíz porque eso nos garantiza nuestra alimentación mientras pasamos esta situación”. Entonces, decidieron sistematizar lo que ven y cómo lo ven desde el registro de la vida a través del maíz.
El texto literario incluye la localización geográfica de los guardianes: Huixtán, Oxchuc, Las Margaritas, Chapultenango, Villaflores, Cintalapa y Motozintla. Así como fotografías que lograron captar momentos importantes en este ejercicio de reflexión, de escucha y voluntad.
“Nos dimos la tarea de escribir un libro sobre lo que representan las semillas en la vida diaria y en los diferentes territorios. Tiene un corte antropológico porque reflexiona sobre lo que significa la milpa para quienes la cuidan”.
Irene, por ejemplo, desde muy pequeña mantiene una relación estrecha con los saberes de la milpa a través de sus abuelos maternos tzeltales de Oxchuc y sus abuelos paternos tzotziles de Chamula.
Es Agrónoma de formación, pero fue hasta que entró a la maestría en Antropología Social que reconoce y ve distinto lo que antes parecía común, “finalmente hace algunos años, me siento mucho más conectada y siempre han estado presente en mi vida las semillas y la vida comunitaria”.
Por ello cada autor se enfocó en una región para narrar en siete capítulos las historias de los guardianes y la vida al ritmo de la naturaleza.
‘Una aguja en el pajar’
La milpa en el siglo 21 es de suma importancia, asume Irene Nich. Partiendo de ahí buscaron y localizaron a los guardianes del maíz, quienes preservan hasta 20 semillas ancestrales, la vida campesina y una relación con la tierra.
“Es como encontrar una aguja en el pajar, cada vez es más complicado encontrar a los guardianes”, dice la investigadora pues los campesinos son muchos, pero la relación de conservación es menor.
Por años, las mujeres son las que cubren este tejido comunitario. En los roles en la vida rural, las mujeres sostienen la milpa, debido a la migración forzada de los hombres para buscar ingresos económicos.
Pero también, porque a las mujeres les proporciona mayor seguridad alimentaria la milpa que migrar, pues en los destinos no son recibidas al igual que los hombres. Entonces crean espacios de intercambio, “la milpa cubre la alimentación y el cuidado de los que están alrededor”, a esto se suman las plantas medicinales y toda la relación de las mujeres con la comunidad.
La migración es una constante, por ejemplo, en Oxchuc un vehículo llega para llevar los tseltales al norte del país para trabajar. Pero los autores de Milpa Corazón recuerdan que, desde los tiempos de las fincas cafetaleras en Chiapas, los hombres tenían que dejar sus hogares para trabajar como jornaleros.
“Es más difícil que para quien está íntimamente relacionado con la milpa y tiene que migrar, porque existe una nostalgia que los lleva a seguir buscando la tortilla, el maíz y el frijol”.
Diversidad y desigualdad
Para los autores, Chiapas sigue siendo rural, porque las generaciones están vinculadas al campo, pues todos son hijos o nietos de campesinos; algunos más cercanos que otros.
Por ello la importancia de hablar también de las contradicciones en las políticas públicas para promover el monocultivo sobre la conservación de la biodiversidad, sobre todo en estos momentos cuando los investigadores aún están en el reconocimiento de especies.
Las especies no están concentradas en una milpa, ejemplifico el caso de región frailesca donde se siembra monocultivo casi en su totalidad. Entonces también existe una lucha contra los monopolios y la monocultura.
A partir de estos problemas el campesino ha sido poco estimulado para continuar trabajando, pues el precio de los productos es muy desigual y los “acorrala”.
Y en este contexto tampoco existe responsabilidad social, pues no se valora la diversidad y se limita a consumir grandes cantidades de una sola especie de alimento, lamenta Irene Nich.
La ‘Red de guardianes del territorio y la biodiversidad’ mantiene vínculos con organizaciones que están en la misma lucha, pero concentradas en las leyes, como la iniciativa de reforma en la Ley de Variedades Vegetales.
Saben que se trata de un marco regulatorio que busca limitar más la diversidad y con ello la calidad de los alimentos, “nuestra aportación de sistematizar, demostrar que antes de la ley el campesino tenía esas especies y que se tiene que respetar ese territorio”.
Escuela del maíz
La Escuela del Maíz y la Milpa es otro proyecto de la misma red, que pone en contexto y explica porqué es importante la conservación de las semillas, consumir la diversidad, así como la valoración de los guardianes.
“Estamos preparándonos para ese proceso”, dice Irene. Lo primero es cuestionar ¿qué significa para un campesino enseñar?
El ejercicio piloto se hizo en Oxchuc donde los campesinos respondieron que su escuela es la milpa, “entonces estamos empezando a nombrar las cosas a partir de lo que la gente entiende y aprender para poder diseñar la escuela”.
La red ya trabaja en las investigaciones para un segundo libro, para el que necesitan una unión de voluntades que tengan el propósito de difundir los conocimientos ancestrales, nutrir y valorar a los guardianes, “el maíz es la vida misma”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
9 de junio de 2022 Nota informativa
Brigadas Civiles de Observación en el municipio de Salto de Agua, Chiapas
• Documentarán violaciones a derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto migratorio.
Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) iniciaron trabajos de documentación de derechos humanos en el albergue Casa Betania Santa Martha, refugio de tránsito que proporciona desde hace más de 10 años alojamiento, comida y servicios básicos de salud a las personas en tránsito en Salto de Agua Chiapas, cuya administración esta a cargo de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y Sacerdotes del Verbo Divino, con el apoyo de voluntarias y voluntarios para el trabajo por los derechos humanos de las personas en movilidad y tránsito.
La presencia de la observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos contra las personas integrantes del albergue. El municipio de Salto de Agua es estación para muchas personas migrantes que pasan por nuestro país en la digna búsqueda de una vida mejor.
Las BriCO es un programa implementado desde hace 27 años en diferentes comunidades de pueblos originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se encuentra estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.
Antecedentes: el 12 de octubre del 2021, el albergue Casa Betania Santa Martha realizó un llamamiento a la solidaridad internacional debido al allanamiento realizado por un grupo de personas armadas que se presentaron como “fiscalía” bajo el pretexto de la búsqueda de una menor de edad. Durante ese hecho el personal fue obligado a entregar información digital de los servidores electrónicos. Esta fue la tercera ocasión, otros dos intentos se dio entre junio y julio 2019, cuando individuos desconocidos intentaron entrar al albergue bajo el mismo argumento. Estos hechos se dan mientras otras organizaciones defensoras de personas migrantes en la frontera sur de México, en particular en Chiapas y Tabasco, también han sido amenazadas de muerte, hostigadas y agredidas por su labor ante el incremento de los flujos migratorios en la región.
A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes
PRESENTE.
Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.
En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.
NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.
Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.
Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.
Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.
Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.
Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.
Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.
