Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM
A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos A los Pueblos y Comunidades Originarias Al Pueblo de México y de Michoacán A los Medios de Comunicación Al Estado Mexicano
Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán, a 19 de febrero de 2026.
K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.
De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.
En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:
1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.
Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.
En México hay más de 100 mil personas desaparecidas y 115 mil no localizadas. El gobierno y sus dependencias han fallado gravemente en la búsqueda y en el rescate de personas desaparecidas. Por ello, hoy existen entre 100 y 120 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos por cuenta propia. Son decenas de miles de padres, hermanas, hermanos y, en su mayoría, madres: LAS MADRES BUSCADORAS, mujeres que arriesgan sus vidas para encontrar rastros de sus hijas e hijos desaparecidos. La crisis en México es profunda y dolorosa. Frente a la apatía y la inacción oficial, LAS MADRES BUSCADORAS HAN ENTRADO EN ACCIÓN. No cuentan con protección institucional; han sido hostigadas, agredidas y algunas han sufrido ataques mortales.
Este sábado 10 de enero, en San Cristóbal de Las Casas, se presenta la exposición Ojos de esperanza, con ojos bordados por niños que han perdido ojos por cáncer y sus familiares.
Galería de Kikimundo Calle Hidalgo 3 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas Sábado, 10 de enero de 2026 – 6 pm
Con nuestros ojos bordados queremos decirles: Las vemos. Los vemos. No están solas. Somos solidari@s. Todo lo recaudado de estos ojos –bordados por personas de muchos lados de la republica y del extranjero– beneficiarán directamente a Madres Buscadoras.
En la exposición se espera también la participación de la ceramista Erika del Río, con la muestra La vista gorda, creada especialmente para Ojos de esperanza:
LA VISTA GORDA. Nunca he perdido a alguien de esta manera, he logrado ver su cuerpo antes de despedirme y aceptar que no volveré a sentir su calidez. Una urna funeraria que lastimosamente no contiene nada ni puede. Perforada, silenciada en el cierre de carpetas ocultas y olvidadas. Ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades, la impunidad y los intereses políticos que pisan la dignidad humana ante la materia inexistente, intangible del cuerpo. La gorda… la vista gorda ante tantos hechos, ante el peso gigantesco que se siente, con las miradas que buscan sin cansancio contra las que esquivan responsabilidad. Ciudadanos que ven la verdad y se arriesgan para hacer justicia. La gorda situación que parece no ser vista y pasar inadvertida. Ignorada. Declaro: Yo te veo –como mujer, como ser humano que ha vivido con la muerte de la mano, como hija, como hermana–. Siento, el coraje de la injusticia de la mentira, el dolor de una memoria, de una herida que no logra sanar, la herida que sigue abierta. En la búsqueda sin norte ni sur, en la ubicación desconocida, en el sonido del silencio y en el estruendo de las balas que se ven por gravedad en las cenizas. Enciende una luz en el camino de la desesperación, el desconsuelo, la angustia y la tristeza de no saber dónde, cuándo, cómo, por qué. Una luz para resignificarse ante la duda, para la fuerza y la valentía. Un abrazo en soledad y al interior de cada familiar y ser amado que se ha quedado incompleto sin autorización, sin permiso, sin justificación. —Erika del Rio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de diciembre de 2025
Boletín de prensa No. 11
Caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH: a un año de la Sentencia histórica ni las investigaciones ni las acciones de búsqueda han sido diligentes y eficaces
El cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado por el Estado mexicano.
El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó su sentencia de condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999, en el municipio de Sabanilla, Chiapas, por integrantes del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” en el marco de la puesta en marcha del contexto de violencia contrainsurgente a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.
La Sentencia reafirmó que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben y obliga al Estado mexicano a dar cuentas y lo que representa un precedente histórico para otras víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Próximos a cumplirse 27 años de su desaparición, el Estado mexicano continúa con simples trámites administrativos, superficiales, encaminadas a ser una investigación infructuosa; tanto la búsqueda como las investigaciones no han sido diligentes y eficaces para dar con el paradero de Antonio González Méndez. Lo que para la Fiscalía Estatal es la hipótesis de la desaparición a manos de grupo paramilitar devela un caso que sigue sin ser clarificado, se sigue sin tomar en cuenta la sentencia de la Corte IDH que ya da por hecho esta hipótesis y además responsabiliza al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona; todo esto genera dudas sobre la seriedad del compromiso Estatal. Es fundamental esclarecer plenamente lo ocurrido e individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los autores intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad.
La obligación del gobierno de México no debe quedar en actos simbólicos o en simple papel; la investigación debe contener líneas claras que identifique a los responsables, tanto materiales como intelectuales, y los procese conforme a los estándares de derechos humanos.
La persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH evidencian las enormes dificultades para traducir un fallo internacional en transformaciones reales y palpables. El eje central sigue siendo la localización de Antonio González Méndez y la realización de una investigación profesional, científica y autónoma que garantice justicia y verdad. Este caso no solo refleja la deuda pendiente con su familia, sino que expone de manera cruda la crisis estructural de derechos humanos, justicia e impunidad que atraviesa México.
El Estado mexicano tiene la obligación de materializar las reformas estructurales ordenadas por la Corte IDH: un registro nacional y actualizado de personas desaparecidas, programas eficaces de prevención, formación especializada para investigar crímenes de Estado, y políticas públicas que reconozcan los derechos colectivos de los pueblos originarios bajo un enfoque integral de derechos humanos. No se trata únicamente de cumplir con una sentencia, sino de transformar las instituciones para que nunca más se repitan estas violaciones.
Desde el Frayba, junto con la familia de Antonio González Méndez, seguiremos insistiendo en que la justicia se cumpla en su totalidad. Persistiremos en la búsqueda de la verdad y en la exigencia de justicia, porque solo así se podrá honrar la memoria de Antonio y abrir camino hacia un México donde la impunidad no sea la regla, sino la excepción. Esta lucha, es también la lucha por todas las personas desaparecidas y por la dignidad de los pueblos que reclaman verdad, justicia y no repetición.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico December 12, 2025
Press Release No. 11
Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective
The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.
On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.
The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.
As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.
The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.
The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.
The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.
At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.
El 8 de diciembre de 2024 un nuevo gobierno para Chiapas asumió funciones y anunció la implementación de una “nueva” estrategia de seguridad como respuesta a la violencia derivada de la disputa territorial y social entre grupos de delincuencia organizada. Con una gran campaña de comunicación y bajo el discurso de una “paz recuperada” ha impulsado en este año 2025 la disminución parcial de algunos indicadores delictivos y ha desplegado distintos operativos de seguridad. Desde el Grupo de Trabajo Región Frontera nos preguntamos si la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado de Chiapas busca la paz o la pacificación. Más que alcanzar la paz, la pacificación busca imponer el control social mediante el uso de la fuerza. En la Región Sierra-Frontera de Chiapas con Guatemala, esa estrategia no ha logrado frenar la crisis de violencia. Por el contrario, a lo largo de este año la situación es otra: un incremento en los casos de familias en desplazamiento forzado —tanto interno como hacia el país vecino— y de desaparición forzada. Estos hechos de violencia, junto con la continuidad de disputas territoriales y la presencia activa de grupos armados, muestran un panorama más complejo del que presentan los anuncios oficiales.
On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.
Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.
Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.
“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.
El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero.
La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade).
Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos.
La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.
El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.
Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.
“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”
Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
En conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, defensoras, periodistas, profesoras, estudiantes, activistas y mujeres diversas se dieron cita la tarde del miércoles (25) en la Antimonumenta -ubicada a un costado de la Fuente de las 8 Regiones- para exigir justicia frente a la violencia de género en Oaxaca.
Minutos antes de las 5pm, un contingente integrado por mujeres de todas las edades avanzó sobre la Calzada Porfirio Díaz con dirección al parque El Llano. Con megáfonos, bocinas, micrófonos y sobre todo sus potentes voces coreando consignas y cantos anti-patriarcales, explayaron una particular algarabía que al unísono exigía una cosa: alto a la violencia contra las mujeres en Oaxaca.
En el mítin, protagonizado por diversas voces a lo largo de la manifestación, prevaleció un señalamiento: “van tres años de terror y violencia del gobierno jarista”, haciendo referencia a la gestión del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.
Algunas organizaciones feministas en Oaxaca se han dado a la tarea de llevar un conteo de feminicidios en el estado. En el sexenio de Alejandro Murat contabilizaron 715 feminicidios, mientras que del 1 de diciembre del 2022 a la fecha, periodo correspondiente a lo que va de la gestión de Salomón Jara, se han registrado 285 muertes violentas de mujeres: 81 oaxaqueñas asesinadas en lo que va de este año 2025.
En México, miles de familias siguen buscando a sus hijas, hijos, hermanas, padres, madres, amistades. Buscar es resistir frente al silencio, frente a la impunidad, frente al Estado ausente en materia de justicia. La presencia de las familias en las plazas rompe la estrategia del olvido que pretende que los crímenes queden impunes. El colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz salió también a la jornada de lucha el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Imperante acompañar su dolor que también es nuestro. Porque la desaparición forzada es una herida abierta que atraviesa cuerpos, territorios y memorias.
Madres y sus miradas que no se resignan. Pasos que insisten en caminar, manos que levantan el rostro de quienes les arrebataron. Que nadie se acostumbre a esta violencia. Que nadie calle. Las desapariciones forzadas intentan arrancar no solo vidas, sino también memorias. Pero cada madre, padre, familiar en pie demuestra que la ausencia puede convertirse en presencia que incomoda, en grito que resuena, en verdad que se abre paso entre la indiferencia. Acompañar es mirar de frente, es hacer visible lo que el poder quiere ocultar. Las acciones de las familias son testigos, denuncias, semillas de memoria que no dejarán de crecer.
La desaparición forzada no es un accidente, ni un hecho aislado: es una práctica sistemática sostenida por la impunidad. En México, cada persona desaparecida es el retrato de un Estado que no busca porque al hacerlo se encontraría a sí mismo. Las familias lo dejaron claro: todas las desapariciones son forzadas. Porque no hay “ausencias voluntarias” cuando el miedo está sembrado, cuando las policías y autoridades forman parte de la maquinaria que permite desaparecer a sus propios ciudadanos.
Frente a la indolencia oficial, las familias siguen organizándose, gritando, creando memoria desde el arte y la dignidad. Que nadie diga que no sabía. Mientras falte una persona, la deuda de este país seguirá intacta. Y en las calles recordamos que la desaparición es crimen de Estado, y que la justicia no se mendiga: se exige y ejerce.
Pero también debemos señalar lo evidente: las desapariciones no son solo responsabilidad de un Estado corrupto o negligente, son parte de la arquitectura del capitalismo contemporáneo. Este sistema exige territorios vaciados para extraer sus riquezas; necesita comunidades quebradas para imponer sus megaproyectos; cuerpos descartables para mantener su lógica de acumulación. La desaparición forzada es una de sus expresiones más brutales: un mensaje de terror que dice quién puede vivir y quién puede ser borrado.
La necropolítica, ese poder de decidir sobre la vida y la muerte, no se ejerce en abstracto. Se encarna en policías que fabrican culpables, en militares en todo el mundo que patrullan con licencia para matar, en jueces que protegen al poderoso, en gobiernos que miden en estadísticas lo que las familias viven en carne propia. El capitalismo convierte la vida en mercancía y, cuando no le sirve, en desecho. Por eso las desapariciones forzadas se multiplican: porque son funcionales a un modelo económico y político que avanza sobre los pueblos a costa de su sangre y de su memoria.
Desde la perspectiva de la justicia social, este crimen constituye una práctica sistemática que busca sembrar miedo, desestructurar comunidades y fracturar el tejido para la avanzada del capital acompañado de su necropolítica. En México, hablar de más de 134 mil personas desaparecidas no es una estadística neutra: es la radiografía de un Estado incapaz —y muchas veces cómplice— de detener la violencia que lo atraviesa. La desaparición no se explica como un fenómeno aislado, sino como parte de una política de control que ha encontrado en la impunidad su terreno fértil.
Frente a ello, los colectivos de familiares han producido no solo resistencia política, sino también saberes, pedagogías de la memoria y formas de organización comunitaria que interpelan a toda la sociedad. En cada acción pública no solo se denuncia la inacción del gobierno, también se construye un archivo vivo de la verdad: performance, música, poesía, fotografía y palabra se convierten en herramientas de memoria que rebasan los marcos oficiales que apuntan hacia el olvido e impunidad.
La desaparición forzada nos exige comprender que no hay neutralidad posible: o estamos del lado de quienes buscan o reproducimos el silencio que perpetúa la violencia. Recordar, acompañar y denunciar es responsabilidad colectiva. Pero también lo es confrontar el sistema que sostiene esta maquinaria de muerte. Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común.
Y no es un problema sólo de México: es global. Lo que aquí llamamos desaparición forzada convive con otras formas de administración de la muerte que sostienen el mismo engranaje. En Palestina, la ocupación y la guerra permanentes buscan no solo asesinar, sino borrar pueblos enteros, su derecho a la tierra, su memoria y sus archivos; durante décadas, los bombardeos, los cercos y los desplazamientos han intentado convertir la vida palestina en residuo administrable. En Sudáfrica, las cicatrices del apartheid no se cerraron con la transición: la violencia policial, las expulsiones urbanas y el despojo extractivo siguen administrando quién puede vivir con dignidad y quién debe ser empujado a la muerte lenta de la pobreza estructural; la lógica del capital reescribió el mapa del racismo en clave de rentabilidad. En el Congo, Kurdistán, Yemen, Ucrania y tantos otros territorios, los conflictos geopolíticos y la economía de guerra hacen de poblaciones enteras materia prescindible, cuerpos cifrados como daños colaterales, comunidades enteras reducidas a estadísticas.
En este recorrido de necropolítica global también resuena la violencia política de la ultraderecha brasileña, cuyos afines al expresidente Jair Bolsonaro tomaron las calles recientemente, portando banderas estadounidenses y exigiendo impunidad ante el Tribunal Supremo, en un ejercicio de intimidación autoritaria que se basa en el odio, la deslegitimación de las instituciones y la promoción de la xenofobia como discurso político legitimado. Estas movilizaciones no son meros actos de protesta: son actos de guerra simbólica contra la democracia y la diversidad, piedra angular de una estrategia global de las extremas derechas para sabotear la vida pública y revestirla de terror. Su retórica, alimentada por noticias falsas y afinidades ideológicas con políticos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, invoca un ataque directo a la colectividad, profundiza divisiones sociales y refuerza la necropolítica que determina qué vidas merecen ser escuchadas —y cuáles están condenadas al silencio.
Las desapariciones en México y las masacres en Palestina, la represión en Sudáfrica y la guerra en otros territorios, son expresiones distintas de una misma maquinaria: un capitalismo global que gestiona la vida y la muerte según sus necesidades de acumulación, y Estados que articulan esa administración con leyes de excepción permanentes, con fuerzas de seguridad convertidas en ejércitos internos y con sistemas judiciales que archivan la verdad. La necropolítica no es un exceso: es método. La guerra no es una anomalía: es una forma de gobierno.
En este mismo mapa de violencia se inscribe la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Desde hace años, los pueblos organizados en torno al EZLN enfrentan hostigamiento militar, paramilitar y gubernamental que busca despojarlos de sus territorios y quebrar su experiencia de autonomía. La desaparición, la represión y los ataques armados contra bases de apoyo zapatistas no son hechos aislados, sino parte de la misma maquinaria que opera en todo el país y el mundo: la alianza entre el capital y los Estados para controlar territorios, destruir comunidades y neutralizar cualquier alternativa que plantee la vida en común y la dignidad por encima del lucro. Lo que se vive en Chiapas no es tan diferente de lo que ocurre en otros territorios en guerra: son expresiones localizadas de una misma necropolítica global que administra el miedo y la muerte para sostener la acumulación y el despojo.
Por eso, la lucha de las madres buscadoras en Veracruz está profundamente ligada a la resistencia de las madres palestinas que levantan fotografías bajo los escombros, a las familias sudafricanas que exigen justicia frente a la represión estatal, a las comunidades del Sur Global que se organizan contra el extractivismo y el desplazamiento forzado. Cuando una madre pone el nombre de su hijo en una cartulina y otra enarbola la foto de su hija en un campamento de refugiados, están escribiendo una misma gramática de dignidad: la que convierte el duelo en denuncia, la memoria en herramienta, la calle en archivo vivo.
Que nadie diga que esto sucede lejos. Que nadie crea que puede mirar hacia otro lado. La desaparición forzada, el genocidio, las guerras del capital, forman parte de un mismo mapa de violencias que nos atraviesa. Resistir, entonces, no es solo buscar en México: es tejer alianzas, construir memoria internacionalista, unir saberes y prácticas de cuidado, reconocer en el otro la continuidad de nuestra propia lucha.
En este horizonte, acompañar no es un gesto caritativo: es una práctica política que interpela al Estado y al capital. Implica exigir verdad y justicia, sí, pero también desmontar los dispositivos que hacen posible la desaparición: la militarización de la vida cotidiana, la privatización de los territorios, la criminalización de la protesta, el racismo y el clasismo que habilitan la deshumanización. Implica defender la vida como principio organizador de la sociedad y del derecho.
Porque la memoria no es pasado: es presente que convoca. Cada brigada de búsqueda, ofrenda improvisada, mural, cada pañuelo levantado, es una pedagogía popular que enseña a nombrar lo innombrable y a trazar mapas de esperanza en medio del terror.
Nombrar al capitalismo y a la necropolítica es nombrar al enemigo común. Solo desde ahí, desde el reconocimiento de esta raíz estructural, podrá abrirse el horizonte de una justicia verdadera: aquella que no solo encuentre a los desaparecidos, sino que impida que las desapariciones sigan siendo la política no escrita de los poderosos.
Fuente: Avispa Midia Por Jeny Pascacio Fotos por Jeny Pascacio
La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024.
Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco.
“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia.
El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.
Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AL ESTADO MEXICANO
Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de julio de 2025.
Entre los años de 1974 y 1976, durante la denominada “guerra sucia”, en un contexto de autoritarismo, cerrazón y represión hacia los movimientos sociales y los opositores políticos, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz: José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad, por luchar por un mundo más justo, democrático e igualitario, todos originarios de la comunidad p´urhépecha de Tarejero en el Municipio de Zacapu.
Fueron apresados y trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en la CDMX, lugar donde fueron interrogados y desaparecidos, constituyendo un crimen de lesa humanidad y el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán. Durante 51 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán, han luchado incansablemente en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia.
Desde hace más de 50 años, sus familiares han venido denunciando y documentando estas desapariciones forzadas en el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria ONU, y por último, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, toda una vida de búsqueda tenaz de la justicia.
No olvidamos y no perdonamos, hoy esta lucha se ha convertido en intergeneracional y suprafamiliar, organizaciones sociales, comunidades originarias y organismos no gubernamentales de derechos humanos como el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM) “Alzando Voces”, Consejos de Gobierno Comunal y Autoridades Indígenas, nos unimos y convocamos a seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, así como medidas de no repetición.
Por lo que invitamos al público en general al Acto Político-Cultural los Desaparecidos del Pueblo P’urhépecha a efectuarse el miércoles 16 de julio a las 11 horas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en Morelia (Calle El Nigromante No. 79, Col. Centro) donde realizaremos actividades culturales y políticas, para llevar a cabo un llamado atento, enérgico y urgente a la CIDH, para que no retrase más el dictamen de fondo de la familia Guzmán, toda vez que el caso fue admitido desde el 12 de julio de 2013, posteriormente, el 7 de julio de 2017 se llevaron a cabo las audiencias públicas y actualmente el caso se encuentra en espera del dictamen de fondo. No los olvidamos, seguiremos luchando hasta el final.
TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
Fotos por Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep)
El Congreso del Perú aprobó una norma que anula las sentencias y los procesos contra agentes estatales por delitos cometidos en el período de guerra insurgente-contrainsurgente, entre los años 1980 y 2000. Mientras tanto, se siguen encontrando restos de desaparecidos en bases militares.
La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada, el 11 de junio, con el apoyo de los partidos políticos conservadores y de ultraderecha, vinculados a las instituciones armadas y partícipes del terrorismo de Estado.
El dictamen elimina la responsabilidad penal de miembros de las fuerzas del orden por violaciones a los derechos humanos. Entre estas, masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones de menores de edad, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.
“Se concede amnistía de carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa, que cuenten con sentencia firme o en trámite, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida, por delitos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo, siempre que no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni corrupción de funcionarios”, establece la ley.
