Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.}

Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.

Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.

La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.

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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
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Posicionamiento a un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de contar con un plan de búsqueda integral con análisis de contexto tanto en la investigación como en la búsqueda, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX}

El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.

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Ante la impunidad que impera en nuestro país para muchísimas familias, padres y madres buscadoras, hermanas y hermanos, esposas y esposos, hijos y amigos, que con el dolor esperan tener información del paradero de sus familiares, en medio del desierto de falta de verdad y justicia.

Convocan a la semana de acción global por Ricardo y Antonio.
Del domingo 14 al 21 de enero del 2024.

El 15 de enero del año pasado, el Compañero Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y Antonio Díaz Valencia, líder comunitario de su pueblo de Aquila, municipio Nahua de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada en los límites entre Colima y Michoacán, en Cerro de Ortega, por su trabajo de defensa del medio ambiente y territorio frente al desarrollo minero. A un año de este lamentable hecho, las familias, la comunidad defensora de derechos humanos y sus amigas y amigos continuamos esperando una respuesta por parte del Estado mexicano.

En estos tiempos, bajo la amenaza de las fuerzas de la codicia y las ganancias, las cuales nivelan las montañas, desarraigan las selvas y los bosques, apresan los ríos y envenenan las aguas, creando desiertos de desesperación frente a las familias buscadoras de la verdad y justicia.

Súmanse para exigir

¡Medidas de emergencia para encontrarlos! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No más impunidad!

A todos aquell@s que se esfuerzan por construir otro mundo mejor, uno de libertad, justicia, democracia y dignidad, les hacemos un llamado para que junt@s unamos nuestras fuerzas organizando acciones desde su localidad y con sus diferentes formas de lucha (como manifestaciones, marchas, repartición de volantes, foros públicos, teatro, concentraciones informativas, cartas y cualquier otra actividad).

Convocatoria accion mundial por Ricardo y Antonio-un año de desaparicion forzada

Pronunciamiento de familiares de personas desaparecidas y de colectivos de todo el país ante el informe presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de diciembre de 2023

– Rechazamos el informe del presidente Obrador sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas porque sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas

– Exigimos que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes entre ellos, desaparecidos en nuestro país

– Andrés Manuel López Obrador, busca nuestros desaparecidos y los los vuelvas a desaparecer

1. En el informe presentado el pasado 14 de diciembre  en la conferencia mañanera del presidente López Obrador sobre el supuesto Censo realizado por el gobierno federal a través de los Servidores de la Nación, violentando los supuestos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 377.

2. La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.

3. Rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos:

NO aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición.

NO aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090.

NO aceptamos que de 36,022 personas digan que no tiene indicios para buscarlas.

4. El presidente Obrador y sus subordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar, a través de las fiscalías general y de las entidades, todos los datos suficientes y todos los indicios, para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos y desconoce las atribuciones legales de las Comisión Nacional de Búsqueda y las de las entidades para realizar dicha tarea. O acaso cree que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones de investigar para conseguir datos suficientes y para conseguir los indicios para entregáselas a las autoridades.

5. Denunciamos la falta de responsabilidad y sensibilidad de los servidores públicos que supuestamente depuraron el registro, así como la falacia de las cifras que presentan como resultado. Porque además es una incongruencia que diganque son 12, 377 personas desaparecidas confirmadas mientras en los Servicios Médicos Forenses y las fosas comunes de todo el país, su gobierno reportó que hay al menos 56 mil personas fallecidas sin identificar lo que significa que están desaparecidas.

6. Rechazamos cualquier intento de elaborar lineamientos ajenos a nuestros derechos y de reformar la Ley en materia de desaparición de personas para desaparecer a las comisiones de búsqueda de las entidades federativas, aunque hemos cuestionado su eficacia y resultados, somos claros que se ha sumado la falta de investigación, de búsqueda y diligencias básicas que se evidenció con la faliida información mínima sobre las personas desaparecidas que le corresponden a las fiscalías general y locales y la terrible realidad de que no son autónomas, y en la mayoría de ellas están los perpetradores de las privaciones ilegales de la libertad o los cómplices de quienes desde los grupos criminales han desaparecido a nuestros seres queridos. No lo aceptaremos.

7. Exigimos que se cumpla con nuestros derechos adquiridos, como son las medidas de ayuda por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, además de las necesidades de sobrevivencia diaria, son recursos para las diligencias esenciales de búsqueda de nuestros desaparecidos, para las atenciones médicas. La Comisionada de CEAV, no sólo no convoca al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, sino que instruye y alienta al personal para que se nos maltrate y no respondan ni atiendan los servicios que están obligados por ley para la dignidad de las víctimas. Su propuesta de reglas o lineamientos afectan  nuestros derechos y violentan el principio de progresividad, así como el principio pro-persona y demandamos participación conjunta como familiares y colectivos en la construcción de propuestas legales, normativas o lineamientos que nos afectan.

8. Exigimos al gobierno federal que, en lugar de desaparecer a nuestros desaparecidos, con carácter urgente se elabore, conforme lo establece la legislación en materia de desaparición y nuestra participación directa, un plan y un proyecto para la búsqueda de todas las más de 110 mil 964 personas desaparecidas, así como la identificación de las más de 56 mil personas sin identificar, como lo dicen las leyes y protocolos nacionales e internacionales para atender la crisis de desapariciones que hay en su gobierno.

9. Exigimos al presidente, una disculpa pública por sus lamentables declaraciones y descalificaciones de nuestra lucha, pues si nos vemos obligados a movilizarnos y presentar recursos legales como los amparos, es porque él ha incumplido todas sus promesas de apoyo para buscar, localizar, identificar a quienes se localice sin vida y detener la violencia como condición para erradicar la diaria privación ilegal de la libertad.

10. Son tanta las violaciones a nuestros derechos como familiares y a la dignidad de nuestros seres queridos desaparecidos que se han cometido que expresamos nuestra firme indignación por sus acciones y le exigimos que busque a las casi 111 mil personas desaparecidas y no las vuelva a desaparecer.

#AmloBuscalosNoLosVuelvasADesaparecer

18 de diciembre de 2023

Higinio fue citado en la presidencia municipal de Cuautitlán García Barragán. Entró pero ya no salió. Un día después hallaron su cuerpo. Dos años antes fue asesinado su compañero José Isaac Santos, en circunstancias parecidas. En una década se acumulan decenas de casos de violencia vinculados al crimen organizado y la megaminería

Texto: Lydiette Carrión

Foto: Cortesía

GUADALAJARA.- Este 25 de noviembre, el defensor de derechos humanos, Higinio Trinidad de la Cruz, fue hallado sin vida, tras 24 horas de ser probable víctima de desaparición forzada. Higinio era un opositor activo a la minería ilegal y a la megaminería (ésta última impulsada por empresas trasnacionales) en la sierra de Manantlán, entre los límites de Jalisco y Colima. Además de promovía la democratización del ejido y la reivindicación de los pueblos indígenas.

Era beneficiario del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del gobierno de la República, además de ser  Consejero de la Comisión Estatal Indígena del Estado de Jalisco.

El pasado  24 de noviembre, Higinio fue citado en la presidencia municipal de Cuautitlán, por la mañana. A las 11 de la mañana Higinio entró efectivamente a la presidencia municipal pero no volvió a salir, según fuentes cercanas. Por la noche se dio aviso a diversas organizaciones de derechos humanos para emitir una alerta temprana. Pero al día siguiente, el 25 de noviembre a las 13:36, personas de la comunidad hallaron su cuerpo.

La noticia la dio a conocer la organización d e defensa de los Derechos Humanos Tsikini, quienes dan seguimiento al caso.

No fue la primera vez que Higinio Cruz era víctima de desaparición forzada. En mayo de 2022, encapuchados vestidos de uniforme privaron de su libertad a él y a otro compañero, Javier Elías Flores. Esto, poco después de que su amigo y compañero Isaac Santos Chávez fuera probable víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, en abril de 2022.

Esta reportera entrevistó a Higinio en febrero de 2023, en el contexto de un reportaje amplio sobre la violencia en la sierra de Manantlán, y en específico la falta de investigación respecto a la probable ejecución extrajudicial de su amigo y colaborador Isaac Santos Chávez. Sin embargo, en aquel momento se determinó guardar la identidad de los entrevistados.

En ese entonces, José Santos Isaac contendía para ser comisariado ejidal del ejido de Ayotitlán, en Jalisco. Había cuestionado públicamente los procedimientos de la Minera Peña Colorada, trasnacional que renta varias hectáreas al ejido de Ayotitlán.

En la entrevista referida, Higinio Cruz confirmó que la desaparición forzada y tortura de la que fue víctima en  mayo de 2022 tuvo la finalidad de intimidarlos tras la muerte de su compañero Isaac. Querían que dejaran de exigir la democratización del ejido, y de cuestionar los acuerdos con la minera. Los agresores interrogaron y amenazaron a Higinio y a Elías durante horas. Al final, los retenidos fueron liberados gracias a la enorme presión internacional que ejercieron organizaciones de derechos humanos internacionales.

También, Higinio dio detalles sobre cómo se llevaron a Isaac en abril de 2022, cuando éste contendía por un cargo en la presidencia municipal. Explicó que la noche del 3 de abril de 2022, entre 8 y 10 hombres que dijeron ser “del gobierno” llegaron a la casa de Santos en Telcruz, municipio de Ayotitlán. Golpearon a su esposa y a un niño, por lo que Santos salió de su escondite (ya temía que fueran por él) y se fue con ellos. Los captores todavía dijeron con cinismo: “Al rato se lo regresamos”. Unos días después fue hallado sin vida en el fondo de una barranca, en su camioneta, con huellas de tortura.

Finalmente, Higinio narró parte de sus demandas de aquel entonces:

–Solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La nacional, la estatal no, hemos pedido su ayuda y no hace nada.

–¿Qué más exigen?

–Que el homicidio de Santos, hasta ahora no lo han investigado. Lo tratan como  cualquier  homicidio,  cuando él estaba peleando las hectáreas [a la minera a cielo abierto Peña Colorada].  Y aparte de las hectáreas, estaba peleando una indemnización multimillonaria.

–¿Sobre la elección?

–Que nos otorguen medidas cautelares a los candidatos de la nueva mesa directiva. Evidentemente quienes vayan a ser no van a poder venir a vivir aquí. Lo segundo que buscamos es acudir a la CNDH, porque la estatal, desde los últimos años, desde que llegó Barrón, no hace nada. Solamente sirven para hacer minutas.

“¿Puede creer que la comisión estatal pretendía hacer un acuerdo conciliatorio? ¿Cómo vamos a negociar con el CJNG o con el dueño [de la minera Peña Colorada] que tiene sus oficinas en Palermo–Italia?

“Finalmente, que se aperture la causa penal del homicidio de Santos y que lo atraiga la FGR en aras de que se pueda establecer la ley en esta región. Pensamos que sí participaron elementos de la fiscalía del estado o la policía municipal. Lo debe atraer la FGR. Queremos entablar un juicio contra esta empresa minera y presionar al senado.”

En aquella misma entrevista, ya fuera de grabadora, Higinio expresó su cansancio por buscar traer legalidad a la sierra de Manantlán, y específicamente al municipio de Ayotitlán.

Celedonio

Isaac no fue el primer compañero de lucha que le mataron a Higinio en la sierra de Manantlán. En 2012, Higinio trabajaba con Celedonio Monroy Prudencio, activista, interesado en mejorar las condiciones de vida de la población. Junto con Higinio y otros más, impulsaban una organización para llevar ayuda agrícola a los pobladores indígenas, educación, servicios. La noche en la que se llevaron a Celedonio, varios hombres armados, “vestidos de gobierno, como militares”,  llegaron en dos camionetas al domicilio de aquél, en Loma Colorada, Cuautitlán. Golpearon a su esposa, y destrozaron  la vivienda; luego acusaron al activista de “tener armas” y se lo llevaron. No se le ha vuelto a ver desde entonces.

Celedonio tenía 37 años cuando fue víctima de desaparición forzada. Con esfuerzos de sus familiares logró estudiar la licenciatura de Administración Pública, en Colima. Era un joven muy destacado y comprometido con su pueblo, al que quiso regresar para  ayudar.

Celedonio e  Higinio tenían una organización llamada Pro México Nueva Ruralidad A.C, mediante la cual buscaban bajar recursos federales a su comunidad. Sin embargo, esto había ocasionado pugnas con caciques locales afiliados al PRI.