Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Pobladores de la comunidad nahua de Santa María Ostula. Foto: Regina López}

Mediante pronunciamiento difundido este sábado (15), la población nahua de Santa María Ostula denuncia nuevas agresiones contra su comunidad, en una escalada de violencia que registra ataques armados y asesinatos ocurridos, desde el año 2023, y que se ha prolongado hasta la actualidad sin la actuación de las autoridades estatales ni federales.

En esta ocasión, el pasado jueves (13) un comando integrado por 30 sujetos fuertemente armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), atacaron a un comunero de la Encargatura de la Cofradía -una de las 23 poblaciones que conforman Ostula-, en el municipio de Aquila, región costa sierra de Michoacán.

En esta ocasión, el comando armado disparó contra un comunero que se encontraba en sus labores agrícolas, quien reportan, pudo salvar su vida al refugiarse en un puesto de vigilancia instalado por la Guardia Comunal de Ostula debido a los constantes ataques del CJNG.

Dicho retén opera después que, el pasado 6 de febrero, esta misma población sufrió un ataque violento por parte del grupo criminal, lo que obligó a sus habitantes a suspender actividades laborales y educativas durante semanas debido a la gravedad de las agresiones armadas.

A esta situación, se sumaron los ataques que, durante los últimos días de marzo y principios de abril se perpeturaron contra comunidades vecinas de los municipios de Coahuayana y Chinicuila. En dicha ocasión, cientos de sicarios provenientes del estado de Colima utilizaron armas de alto calibre, además de explosivos y drones con el objetivo de conseguir el control de estos territorios.

Fue debido a la reacción de grupos de autodefensa y guardias comunales de los municipios de Coahuayana y Aquila, que consiguieron frenar el avance del grupo criminal. No obstante, reportes periodísticos dieron cuenta del control que el CJNG retomó en las localidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotan, “causando terror en sus pobladores y ocasionando el desplazamiento de éstos hacia otros lugares”, señalan medios locales.

Asesinatos, desapariciones

La agresiones armadas no se detuvieron ahí. Para el mes de mayo, pobladores de Ostula denunciaron el asesinato, a manos de sicarios del CJNG, del comunero Antonio Regis Nicolás, mientras viajaba con su familia a la Encargatura de la Mina de La Providencia. 

En ese momento, señalaron que los gobiernos, federales y estatal, tienen pleno conocimiento de la violencia en la región y de las agresiones que la comunidad de Ostula está siendo objeto. “Sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona”, sostuvieron en comunicado.

Por esta situación, demandaron el desmantelamiento del CJNG, así como “el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos policiales corruptos”. También recordaron los asesinatos de Lorenzo Forylán de la Cruz Ríos, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de su Guardia Comunal asesinados durante el 2023.

Los pobladores nahuas también exigieron la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Díaz, profesor y líder de la comunidad de San Miguel de Aquila y Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, permanecen desaparecidos desde el 15 de enero del 2023, cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima después de participar en una asamblea comunitaria.

Ambos sostenían la defensa legal de la población de Aquila para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Los acontecimientos violentos suceden a escasos días de que la comunidad nahua celebre el 15 aniversario de la recuperación de más de 1000 hectáreas de tierras comunales en lo que actualmente se erige la Encargatura de San Diego Xayacalán. 

Fue en el año 2009 cuando los indígenas nahuas se  organizaron para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por pequeños propietarios originarios de Colima, quienes se encontraban aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios. Debido a su lucha, sólo entre los años 2008 al 2014, 32 comuneros fueron asesinados, además de registrarse la desaparición forzada de otras seis personas.

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

El miércoles 19 de junio de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la sesión para resolver el Amparo Directo en Revisión en el caso de Miguel Peralta Betanzos, defensor comunitario de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Suprema Corte decidirá si pone fin a los casi diez años de persecución que ha sufrido Miguel Peralta.

Miguel Peralta es uno de los 35 integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón criminalizados en el expediente 02/2015, a raíz de un conflicto sociopolítico en diciembre de 2014. El conflicto se derivó de la creciente tensión entre la asamblea comunitaria y un grupo caciquil partidista, que ha buscado mantener el control del gobierno municipal, los fondos municipales y la explotación de los recursos naturales de la comunidad.

El 14 de diciembre de 2014, la asamblea fue atacada violentamente por el grupo caciquil liderado por Manuel Zepeda Cortés mientras se reunía en la cancha del pueblo para elegir a su alcalde. La violencia subsiguiente se saldó con dos muertos, entre ellos el hijo de Manuel Zepeda. La hija de Zepeda, Elisa Zepeda Lagunas, ha dirigido los esfuerzos de criminalización contra los integrantes de la asamblea comunitaria, fabricando delitos y utilizando cargos públicos en el gobierno municipal y luego en el estatal en los siguientes años para influir en los procesos legales.

Miguel Peralta fue detenido en abril de 2015 por cargos fabricados relacionados con los hechos del 14 de diciembre. Más de dos años después, el 26 de octubre de 2018, fue sentenciado a 50 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio. Tras una apelación de su equipo legal, su sentencia de 50 años fue absuelta y su caso regresó a la última fase del proceso, la audiencia final. Eso porque en la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, se violó el derecho de Miguel de estar presente. Literalmente dijeron que no tuvieron recursos para pagar el combustible de la patrulla que llevaría Miguel del reclusorio, en San Juan Cuicatlán, hasta el juzgado de Huautla, donde ocurrió dicha audiencia. 

En octubre de 2019, fue absuelto de los dos delitos y puesto en libertad tras pasar casi cuatro años y medio en prisión.

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Tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó la libertad y reafirmó la condena de cincuenta años, dictando una orden de reaprehensión contra él después de casi dos años en libertad. 

Al resolver un amparo directo, el Tribunal Colegiado en Oaxaca regresó su proceso legal casi ocho años atrás, a la etapa de los careos, buscando nuevamente que Miguel enfrente este proceso desde la cárcel. A esa resolucióm, su defensa interpuso un recurso de revisión para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el amparo. Actualmente Miguel Peralta se encuentra en libertad, en condición de perseguido político.

Todos los ojos puestos en la Suprema Corte

En enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo directo en revisión 6535/2023 para el caso de Miguel Peralta. Y el 19 de junio se llevará a cabo la sesión para resolverlo. 

El proyecto ha sido presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los demás ministros -Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- debatirán ese proyecto el 19 de junio. La decisión final deberá ser tomada por la mayoría de los cinco ministros.

“La corte tiene una oportunidad histórica”, explica la abogada de Miguel Peralta, Araceli Olivos, en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Tiene la oportunidad de hacer un precedente diferente en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano; una relación que históricamente se ha visto manchada por la opresión, explotación, discriminación y marginalización de los pueblos indígenas. Con esta decisión, la Suprema Corte tiene la oportunidad de empezar a deshacer estos agravios históricos perpetrados contra los pueblos indígenas, y contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Para el equipo legal de Miguel Peralta, hay dos puntos que la Suprema Corte debe tener en cuenta al analizar el amparo. Primero, el protocolo de perspectiva intercultural en casos relacionados con comunidades indígenas, como es el caso de Eloxochitlán. ¿Qué significa esto? Que el caso de Miguel debe ser ubicado en el contexto político, social y cultural del pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón.

“La interculturalidad nos invita a dialogar, a mirar al otro, la otra, ese otro pueblo”, dice la abogada de Miguel. “Lo que queremos decirle a la corte es que mire al pueblo mazateco, que mire a Eloxochitlán, que escuche a Eloxochitlán”. No se trata de un simple caso de agresor y víctima, sino de un complicado conflicto que afecta a toda una comunidad y está directamente relacionado con una tensa relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado-nación mexicano.

El segundo punto que el equipo legal de Miguel está exigiendo a la Suprema Corte a considerar es el principio de mínima intervención del derecho penal. En lugar de responder con la criminalización, la exigencia es que el Estado “atiende las causas, promueve el dialogo, promueve mecanismos alternativos…no todo es cárcel, cárcel, multa, proceso penal”, explica Araceli Olivos. Este principio puede aplicarse en diversas circunstancias y ha sido aplicado anteriormente por la corte en casos relacionados con conflictos comunitarios y pueblos indígenas.

El equipo legal de Miguel argumenta que la resolución anterior del Tribunal Colegiado de Oaxaca fue insuficiente, ya que no consideró estos factores. No tomó en cuenta que la acusación sobre Miguel derivó de un contexto político, social y cultural mucho más amplio y complicado en Eloxochitlán de Flores Magón.

Contexto político y cultural

La necesidad de una perspectiva intercultural y del principio de mínima intervención del derecho penal es evidente en el caso de Miguel Peralta. El pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón es uno de los 68 grupos étnicos que habitan el territorio hoy dominado por el Estado mexicano. Tienen su propia lengua, espiritualidad, cosmovisión, sus propias formas de organización interna y de toma de decisiones. Su autodeterminación está protegida en la Constitución mexicana, así como en diversos acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en relación con los pueblos indígenas.

El caso de Miguel es parte de esta tensa relación entre el Estado-nación mexicano y los pueblos indígenas. Su criminalización, y la de sus compañeros, es consecuencia de los intentos de imponer los intereses político-partidistas y caciquiles frente a las formas internas de organización comunitaria, incluyendo la asamblea comunitaria, el trabajo colectivo y la defensa del territorio. El caso de Miguel es una cuestión de autodeterminación y autonomía indígena, y de la capacidad de una comunidad para resolver conflictos a través de sus propios procesos internos.

Los efectos negativos en la comunidad de Eloxochitlán como consecuencia del conflicto y la criminalización han sido amplios. “Mi pueblo ha perdido todas sus costumbres por todo lo que se viven desde 2014”, explica Martha Betanzos, madre de Miguel. “Desde 2014 nuestro pueblo decayó, nuestras escuelas ya están vacías, nuestros profesores ya han retirado por todo lo que se ha vivido en Eloxochitlán. Nuestras iglesias están vacías. Todo lo que corresponde a Eloxochitlán, todos sus servicios médicos. Ya se decayeron. Ya no hay buena salud. Ya no hay buena atención”.

Lento camino hacia a la libertad

Aunque con procesos legales llenos de irregularidades y retrasos judiciales, los presos y perseguidos políticos de Eloxochitlán han recuperado lentamente su libertad, poco a poco, durante los últimos diez años.

El 29 de septiembre de 2023, el juzgado mixto de Huautla de Jiménez modificó las medidas cautelares, liberando a Jaime Betanzos y Herminio Monfil, dos integrantes de la comunidad de Eloxochitlán que se encontraban en prisión desde diciembre de 2014 sin sentencia ni condena. Fueron liberados no en plena libertad, sino para continuar sus procesos legales fuera la prisión.

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Más recientemente, el 12 de junio de 2024, el juzgado de Huautla de Jiménez ordenó la liberación de Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, también integrantes de la comunidad mazateca, encarcelados por el mismo conflicto, cambiando las medidas cautelaras, lo que les permite continuar sus casos legales fuera de la cárcel dentro de su comunidad.

La familia de Miguel, su equipo de apoyo, colectivos y organizaciones solidarias y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón exigen que la libertad definitiva de Miguel siga a estas recientes victorias judiciales, para que la comunidad pueda seguir caminando hacia la libertad, para ir curándose de las heridas de la represión caciquil y estatal.

“Queremos vivir en paz, queremos vivir con toda nuestra libertad “, dice Martha Betanzos, madre de Miguel. “Queremos ver libre a Miguel Ángel Betanzos, ¡que ya llege! a pisar su tierra, ¡que ya llege! a escuchar los pajaritos, ¡que ya llege! a pisar el lodo, ¡que ya llege! a tentar ahí los montes, los cafetales”.

A las agencias y habitantes del Municipio de San Blas Atempa
A los Pueblos, Comunidades, Organizaciones y Colectiv@s indígenas, campesinos, populares o como se reivindiquen del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México y el Mundo
A los medios de comunicación libres, alternativos, independientes o como se llamen
A las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos
A la opinión pública

El 14 de marzo de 2024, celebramos nuestro tercer aniversario de la lucha en defensa de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Tierras correspondientes a los Bienes Comunales de San Blas Atempa, que comprenden una extensión territorial de 17,575ha, de las cuales 17,409ha son tierras de uso común. El mismo día publicamos un comunicado que explicaba aquel contexto y las decisiones que estábamos asumiendo como Asamblea Comunitaria de Puente Madera, compartiéndoles nuestro sentir colectivo ante el silencio de parte de amplios sectores de la sociedad civil y del movimiento social en la región, el estado y de esfuerzos nacionales.

https://tierrayterritorio.wordpress.com/2024/03/15/comunicado-no-habra-paisaje-despues-de-la-transformacion/

Cuatro meses han transcurrido desde aquel repliegue y reorganización interna. En este repliegue, que metafóricamente denominaremos soledad. Hemos podido constatar y sentir el silencio. Silencio, que nos hizo mirar y escuchar las necesidades, conflictos y demandas sociales de nuestra comunidad. Lo que nos motivó a emprender el diálogo al interior, en nuestra soledad comunitaria, dejando de pensar y mirar el silencio de afuera, de quienes esperábamos más solidaridad y resistencia ante al monstruo que acecha la región. Escuchamos a todas las personas de los barrios, congregaciones, colonias y después de varias Asambleas, acordamos y elegimos nuestra seguridad, paz y tranquilidad.

Bajo el alto costo de haber tomado la decisión colectiva de emprender el desistimiento del Amparo Federal contra el PODEBI, ante el aumento de la tensión al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad física y psicológica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la economía criminal regional y transnacional.

Otra decisión de la Asamblea es llevar a cabo las acciones jurídicas, mediáticas y organizativas necesarias para la obtención de los Ramos 28 y 33 que le corresponde proporcionalmente a nuestra comunidad y nos han sido negados desde hace más de 20 años por el municipio de San Blas Atempa y sus administraciones que abandonaron a todas sus agencias por enriquecer a unas cuantas personas que han acaparado tierras y utilizado el dinero público para sus carreras políticas. También, acordamos seguir defendiendo El Pitayal, emprendiendo un Ordenamiento Territorial Comunitario para reforestar y conservar las más de 5,000ha de Tierras Uso Común que lo integran ante futuras amenazas de la industria e invasiones por grupos políticos.

Así mismo, hemos acordado permanecer integrados a la APIIDTT. Por consiguiente, a las redes, articulaciones y alianzas regionales, estatales, nacionales e internacionales que nos han dado cobertura mediática, jurídica y acompañamiento presencial y virtual en diversas actividades.

Dicho lo anterior y después de confirmarlo jurídicamente, con efusión compartimos nuestros recientes e importantes logros que queremos hacer públicos. Hemos logrado la revocación de la sentencia y absolución del compañero David Hernández Salazar, después de 4 meses de haber ingresado la apelación el 28 de febrero de 2024, con lo que damos por hecho su libertad permanente. Asimismo, obtuvimos el no ejercicio de la acción penal en contra de las 17 personas de Puente Madera que tenían órdenes de aprehensión dentro de la misma causa penal, por lo que podrán continuar con su vida comunitaria sin sentir la presión de la criminalización y estigmatización.

Agradecemos profundamente al Congreso Nacional Indígena, al Frente de Organizaciones Oaxaqueñas, a la RED TDT, a Front Line Defenders, a Climate Activist Defenders, a las Mazatecas por la Libertad y a la Red de Futuros Indígenas, por el acompañamiento y apoyo en todo momento, así como a todas las organizaciones, colectiv@s y personas de Oaxaca, México y el Mundo que han colaborado con nuestra comunidad. GRACIAS.

Aprovechamos este espacio para seguir recalcando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ha comenzado a presentar los primeros elementos concretos de la transformación del paisaje en toda la región del Istmo Oaxaqueño y del Sur Sureste Mexicano. Desde el 2019 al presente, ha finalizado la etapa específica del megaproyecto en donde el Estado ha generado las condiciones necesarias, mediante diversos mecanismos de despojo, para que diversos capitales multinacionales hagan del Istmo de Tehuantepec su traspatio de producción.

Hacemos responsables del clima de violencia, estigmatización, amenazas, acoso, hostigamientos y de cualquier acción o medida de presión, difamación y agresión en contra de nuestra comunidad y habitantes de Puente Madera, así como de quienes integramose la APIIDTT a:

> Antonino Morales Toledo – Senador de la República electo por Oaxaca

Finalizamos el presente con otra reflexión que hemos tenido durante este tiempo al interior de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera y la APIIDTT, ante el contexto actual:

La confianza es un factor de sobrevivencia, gracias a ella se construyen relaciones y vínculos que pueden trascender en el tiempo y durar generaciones, es como una planta que hay que regar, nuestra agua es la palabra honesta, transparente y sincera, decir las cosas de frente por más complicado que esto parezca es necesario, si no, los susurros, los chismes, las suposiciones sin fundamento, ni argumentos son plagas que van matando la planta, la desconfianza es un cáncer que se propaga en silencio, evitarla depende de nuestra capacidad de diálogo y madurez política.

Desde la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.}

En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.

Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.

Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas. 

Despojo

Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila. 

El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.

Ante ello, ejidatarios organizados emprendieron diferentes luchas pacíficas para lograr la restitución de las 130 hectáreas que, según ellos, el ayuntamiento ocupó y cedió a particulares ilegalmente en su territorio. 

En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.

La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.

Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.

En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.

Al final, relata Olivos, la SCJN decidió regresar el caso al juzgado primero de distrito con sede en Tuxtla Gutiérrez, pues argumentó que no es posible determinar si existe imposiblidad jurídica o material para dar cumplimiento a la restitución de tierras que resolvió el amparo de una década antes.

Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.

En medio de las batallas legales, otro punto a destacar es el hecho de que, desde noviembre de 2018, un grupo de pobladores, aliados al ayuntamiento, usurparon, mediante la falsificación de firmas y de actas de asamblea, los órganos de representación ejidal.

Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.

La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.

Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.

En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.

Paramilitares y crimen

Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario. 

En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.

Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994. 

Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.

En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.

La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.

Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.

“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.

Violencia en incremento, omisión de autoridades

Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.

El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.

Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido. 

Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.

A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.

Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.

Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.

Desplazamiento

Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.

Por su parte, medios nacionales reportan que, durante asamblea efectuada el martes (11), las familias desplazadas que se encuentran en Yajalón, aseguran que no hay condiciones de seguridad para retornar a sus hogares.

De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.

A los pueblos cholultecas

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

La acción del mal gobierno en contubernio con la empresa ProFaj Hidro – Limpieza ahora se manifiesta con ataques cibernéticos a las páginas de Facebook en las que los pueblos cholultecas hemos difundido nuestra lucha y las denuncias de represión de la que hemos sido objeto.

En menos de una semana se documentan 3 ataques cibernéticos directamente a nuestro movimiento en contra del basurero de San Pedro Cholula.

-Domingo 9 de junio hackeo del Whatsapp de Miguel López Vega

-Miércoles 12 de junio, clonación de la página de Unión de pueblos y Fraccionamientos contra el basurero y creación de videos apócrifos usando la imagen de la Jornada Oriente.

-Jueves 13 de junio desaparición del perfil de Facebook La Flor Peri Odico

Estos ataques sistemáticos no solo vulneran la libertad de expresión de los pueblos, además, generan confusión en la población y aumenta el riesgo de represión al privar de medios para denunciar los ataques violentos del Estado contra los pueblos cholultecas.

Esto es parte de la respuesta del Estado contra los pasos dados por los pueblos en el ejercicio de nuestra Autonomía y Autodeterminación: cerrar el basurero de San Pedro Cholula el 21 de marzo del presente año, la publicación del decreto contra los basureros y la explotacion y contaminación del agua el 14 de mayo, la movilización en la CDMX el 11 de junio frente a PROFEPA, sostener un plantón de vigilancia permanente para evitar la contaminación a la tierra y agua de la región cholulteca y demostrar una y otra vez la contaminación mortal que ProFaj, Cuauhtémoc Ochoa y sus cómplices a nivel municipal, estatal y Federal impone en nuestro territorio.

Ya nos dispararon y nos han criminalizado, ahora atacan nuestros medios.

Hacemos un llamado de alerta ante los ataques que el mal gobierno y la empresa puedan hacer.

Llamamos a los colectivos, organizaciones y colectivos solidarios a hacer eco de nuestras denuncias y nuestra lucha.

Nuestra decisión continúa con firmeza: el basurero de San Pedro Cholula de va de nuestro territorio.

Pronto daremos a conocer nuestros medios por donde puedan dar seguimiento a nuestra lucha.

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Asamblea Nacional por el Agua y la Vida

Congreso Nacional Indígena

#fuerabasurerocriminal

#fuerabasurero

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: La comunidad de El Icacal durante conferencia de prensa para denunciar el despojo de sus tierras. Mayo, 2024.}

Habitantes de la comunidad de la playa El Icacal, departamento de La Unión, en el pacífico salvadoreño, denuncian la usurpación de sus tierras, las cuales pretenden ser utilizadas para el desarrollo de la segunda fase del megaproyecto turístico “Surf City”. En su implementación inicial, durante el año 2022, ya ha sido señalado por provocar desalojos y desempleo en la región poniente de la costa salvadoreña.

El proyecto “Surf City” tiene como objetivo atraer turismo mundial a las costas del pacífico mediante la construcción de infraestructura en playas con ecosistemas biodiversos a través del litoral pacífico salvadoreño .

En El Icacal, la comunidad detalla que, desde julio del año 2023, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico S.A. de C.V. se adjudicó de manera unilateral tierras de la población, las cuales se encuentran en las inmediaciones de un área protegida natural debido a la presencia de bosques salados, donde se erigen manglares de hasta 20 metros de altura.

Acompañados por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), habitantes de El Icacal han denunciado la deforestación ilegal de manglares. A ello, se suma el acoso y agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa, la cual ya ha cercado una superficie de 11 kilómetros en la costa oriente salvadoreña.

Carlos Hernández, integrante de la comunidad, señaló que la construcción de infraestructura derivado del circuito turístico “Surf City 2” ha agudizado el asedio de grupos empresariales hacia las poblaciones campesinas e indígenas, debido a que buscan apropiarse de sus tierras para lucrar con megaproyectos turísticos y energéticos.

Hernández aseguró que parte de las tierras que ha usurpado la empresa conforma las parcelas agrícolas de los habitantes de El Icacal, por lo que se les ha imposibilitado mantener su labor campesina. También señaló a la empresa como responsable por la tala de 100 árboles de mangle, ubicados en el área protegida, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo pasado.

“Se exige a instituciones medioambientales, de derechos de los humanos y protección del medio ambiente para que se garanticen los derechos de la comunidad. También queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los casos de depredación de la zona protegida”, aseveró Ángel Flores, coordinador oriental de MILPA.

Agresiones

La población de El Icacal, integrada por campesinos, pescadores artesanales, artesanos y pobladores de ascendencia indígena, resaltaron que, en noviembre del 2023, personas armadas y encapuchadas ingresaron a la comunidad para intimidar a sus habitantes, e incluso señalan que el grupo armado amenazó de muerte a los habitantes para que abandonaran sus viviendas. 

“Argumentaron que ellos eran dueños, sin presentar ningún documento, mas que solamente armas de fuego. A raíz de esto la comunidad está sufriendo depresión, estamos cansados”, compartió un habitante de la comunidad quien asegura que desde ese momento algunos pobladores salieron de El Icacal para buscar refugio con familiares en otras partes del departamento.

Para enero de este 2024, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico contrató elementos de seguridad privada para restringir el paso de los pobladores por las tierras que ha cercado. Para la población es de especial preocupación el acoso e intimidación por parte de los vigilantes quienes también agreden a las infancias.

Ante ello, el pasado 28 de mayo, integrantes de MILPA presentaron una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico. En ella, señalan a la empresa por el acoso y agresiones contra la comunidad. 

El coordinador de MILPA asegura que están implicados trabajadores, funcionarios públicos, empresas privadas y fundaciones, quienes “a través de diferentes mecanismos, maniobras legales y actos ilícitos, están acaparando tierras”.

Desplazamiento

La segunda fase del proyecto “Surf City” cuenta con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco otorgó un préstamo de 106 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, quien recientemente se reeligió como presidente de El Salvador, pese a que seis artículos de su constitución lo prohiben.

El megaproyecto preveé el desarrollo de infraestructura en zonas prioritarias del departamento de San Miguel, contiguo a La Unión, donde contempla la construcción de atractivos como parques de diversiones y de playa, miradores y malecones integrados en corredores para promover el turismo y deportes acuáticos.

Por su parte, MILPA asegura que la comunidad de El Icacal ha sufrido históricamente la usurpación de sus tierras por hacendados, empresas inmobiliarias y hoy turísticas, provocando conflictos por los bienes comunes como la tierra.

Así, la amenaza de desplazamiento actual se alimenta del miedo de que, según Flores, en cualquier momento se otorguen escrituras fraudulentas a favor del Estado. Esto debido a que, pese a vivir durante décadas en esa región, los pobladores de El Icacal no cuentan con documentos legales o escrituras que les reconozcan como propietarios de las tierras.

¡Libertad para la Defensora de los Bosques María Cruz Paz Zamora!

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida.

Su detención, irónicamente sé dio durante el llamado Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que sostenemos que, el Estado mexicano, lejos de sus discursos oficiales, continúa reprimiendo y criminalizando a quienes verdaderamente defienden el territorio comunal y los bosques.

Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida.

De igual forma, la comunidad de Ocumicho se ha caracterizado históricamente por defender su territorio; lleva más de un siglo de luchas, represiones, criminalizaciones y muertes por la reconstitución integral de sus tierras comunales, iniciando con la revolución y continuando hasta nuestros días.

En este contexto, la Fiscalía General de Michoacán, busca reprimir y criminalizar a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por ello, exigimos la libertad incondicional e inmediata de María Cruz Paz Zamora, presa política de los pueblos originarios de Michoacán.

Exigimos a la Fiscalía que no fabrique delitos a las defensoras ambientales y no cree chivos expiatorios para eximir a los verdaderos culpables. En el sistema de justicia de Michoacán impera la paradoja de la impunidad: los culpables libres y los inocentes encarcelados.

México, a 6 de junio de 2024.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Autoridades comunitarias durante conferencia de prensara denunciar la explotación minera. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado sábado (1), un día antes de la contienda electoral en México, los comuneros de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de las entrañas de estas bellas montañas. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.

La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señala en entrevista para Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.

Acorde a la decisión de la asamblea comunitaria, bloquearon las vías de comunicación entre Capulálpam e Ixtlán, así como la carretera federal que conecta la ciudad de Oaxaca y Tuxtepec. También impidieron que se instalaran las casillas para votar en esta comunidad. “Sí no te hace caso el gobierno, de algo legítimo y justo, que caso tiene que se instalaran la casilla. Entonces como decisión de la comunidad se impidió que se instalara”, señaló el comisariado. 

Las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.

Por ello, las autoridades agrarias de esta comunidad decidieron tomar cartas en el asunto. Fue entonces que decidieron entregar una evidencia. “Fue por eso que la asamblea retuvo el camión con los minerales. Es evidente que trabajan en la madrugada y en la noche. El gobierno no dice nada. Entonces les presentamos las pruebas y no nos hicieron caso, por ello bloqueamos las vías de comunicación”.

Tras las medidas tomadas por Capulálpam, con respaldo de otras comunidades, quienes también comenzaron a bloquear sus accesos, el gobierno estatal prometió recibir una comisión de autoridades locales el lunes (3). Fueron atendidas por el titular de la Secretaría de Gobierno, Jesús Romero López, la Comisión de Paz y autoridades federales. “Decidimos levantar el boqueo carretero y asistir a la reunión”, agrega García. No obstante, decidieron cancelar el diálogo ya que, “desafortunadamente se vuelven a burlar de nuestras comunidades, trayendo funcionarios de 2º y de 3 º niveles para solucionar este problema. Ante tal situación decidimos ya no tener el diálogo y solicitar que sea con autoridades de dependencias del gobierno federal”.

Las comunidades activaron nuevamente los bloqueos carreteros. En la noche del lunes les comunicaron que el miércoles (5) serán recibidas por autoridades federales como la Secretaría de Economía, Secretaria de Medio Ambiente y Comisión Nacional del Agua, las mismas en quienes han recaído un sinnúmero de denuncias. 

El contexto legal

En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.

Así mismo, este martes (4), las autoridades de Capulálpam, Lachatao y otras comunidades declararon en conferencia de prensa que desde año 2003 se ha interpuesto diversas denuncias contra esta empresa, sin tener consecuencias por partes de las instancias federales y estatales. “No han actuado en el sentido de supervisar y aplicar las leyes en materia de protección al medio ambiente y de protección a los derechos de nuestra comunidad y de las comunidades de la Sierra Juárez, que han sido directamente impactadas por la operación minera Natividad”, puntualizaron.

Entre los impactos mencionados se encuentran el abatimiento de trece acuíferos, la contaminación de suelos y fuentes de agua con desechos de la minera, tres depósitos de jales de desechos tóxicos colapsados en el año 2010, que hasta el momento se encuentran sin reparar. 

Las comunidades advirtieron también que esta empresa minera es responsable de la emisión de diversos contaminantes, como los bifenilos policlorados de los transformadores eléctricos que están abandonados, que son una mezcla de compuestos químicos que, según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), provoca alteraciones neurológicas e inmunológicas en niños y cáncer en animales. Figuran también contaminantes como arsénico, plomo, cadmio en el suelo y cuerpos de agua, denuncian. 

Por ello, la comunidad exige al gobierno federal el cierre de la mina y que la empresa sea responsable por la reparación de los “daños causados por la contaminación”.

Más concesiones

Las autoridades de la comunidad mencionan que existen en su territorio solamente las tres concesiones que fueron suspendidas a través del amparo. El equipo de Avispa Mídia se ha dado a la tarea de revisar la base de datos cartográficos solicitados a la Secretaría de Economía, proporcionada por la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en febrero de 2024. Se pudo identificar que solo en el municipio de Capulálpam, hasta este año 2024, existen 13 concesiones vigentes: 7 concesiones cuentan con títulos de explotación; 6 con permisos de exploración.

Del total de las concesiones, al menos nueve pertenecen a la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V. Las demás, de acuerdo a los documentos oficiales, poseen como concesionarios originales a Fausto Calvo Sumano y Judith Patricia  Underwood, quienes también tienen la sociedad Underwood y Calvo Compañía, S.N.C. 

En total, estas 13 concesiones – con yacimientos de oro, plata, cobre y plomo – superan las 5 mil hectáreas. Incluso, uno de los lotes mineros llamado “Providencia 1” abarca parte del casco urbano de esta comunidad. 

Así mismo, el lote minero “Providencia 2” abarca tres municipios. Además de Capulálpam, se expande por los municipios de Natividad y Santiago Xiacuí. 

Las comunidades carecen de información clara en relación a la ubicación, extensión y el estatus de estas concesiones, las cuales tienen vigencia hasta los años 2050 y 2060. 

Fuente: Avispa Midia

Por Josefa Sánchez Contreras

La selva de los Chimalapas se quema y ante un escenario electoral no hay oídos que escuchen las luchas de los pueblos quienes siguen apostando por la vida, por los bosques, los ríos, las montañas y los animales, aun cuando sentimos que la Tierra arde. 

Las olas de calor, los incendios, los ríos secos y las inundaciones no son más que expresiones de un fenómeno que en los últimos años se ha nombrado emergencia climática, pero sus causas son de mucho más tiempo y están asociadas a largos siglos de colonialismos, genocidios, ecocidios y despojos. 

Desde hace décadas los pueblos indígenas vienen advirtiendo de la catástrofe ambiental a la que nos dirige el extractivismo minero muy vinculado al régimen de combustibles fósiles. Es innegable que ambas actividades productivas están acelerando el aumento de la temperatura en el planeta; nos están llevando a alcanzar el incremento de 1,5ºC que advirtió en el 2019 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) cuyos efectos serían irreversibles para la agricultura y para la vida humana sobre la Tierra.

No obstante, este sector energético fósil y extractivista fueron pilares en los programas políticos y económicos de las candidaturas presidenciales de este 2024. La emergencia climática y los derechos de los pueblos indígenas, cuyos territorios albergan entre el 70 y el 80% de la riqueza biodiversa, según datos del Registro Agrario Nacional, no caben en las urnas electorales. 

Es así como el pueblo zoque de Santa María Chimalapa está ahora mismo combatiendo una serie de incendios que atestan a una de las regiones más biodiversas de Mesoamérica: la selva de los Chimalapas. Llevan más de una semana en llamas y las instituciones estatales no han dado una respuesta efectiva para mitigar el fuego. Son las brigadas de comuneros encabezadas por sus comisariados de bienes comunales las que están combatiendo la emergencia climática.

Al mismo tiempo la asamblea comunal de San Miguel Chimalapa está exigiendo al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y al gobernador estatal de Oaxaca, Salomón Jara, a que cumplan con un trámite de peritaje que les corresponde realizar para que el Tribunal Unitario Agrario emita un resolutivo sobre los juicios de nulidad que ha interpuesto San Miguel Chimalapa para delimitar sus tierras comunales. 

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La demanda de la asamblea de San Miguel Chimalapa tiene lógica cuando constatamos que los incendios en toda Chimalapas se ven alimentados por los conflictos agrarios que sostienen con los ejidos colindantes. Son 26.000 hectáreas las que se encuentran en litigio en la colindancia entre San Miguel Chimalapa con Niltepec y Zanatepec, y son 160.000 hectáreas de tierras comunales las que están en disputa entre Chimalapa, Oaxaca, con Cintalapa, Chiapas. Pese a que la Suprema Corte de Justicia emitió un resolutivo a favor de Oaxaca en el año 2023, no ha logrado ejecutarse y, por el contrario, el saqueo de los bosques continúa al igual que los incendios suscitados desde el mes pasado. 

Al calor de estos problemas el gobierno de la cuarta transformación parece más ocupado en promover a la sucesora, antes que atender las demandas de los siempre despojados de sus tierras, los pueblos indígenas y campesinos. 

Los conflictos agrarios en todo México no son menores, por el contrario, existen alrededor de 500 conflictos agrarios a nivel nacional. La existencia de los conflictos agrarios exhibe el racismo con el que históricamente la procuraduría agraria ha tratado a los pueblos indígenas y campesinos. Trámites muy lentos, arbitrariedades en los juicios, ocultamiento de información, menosprecio a las autoridades comunales y consejos de vigilancia son algunas de las características más comunes. 

En Chimalapas como en otras comunidades los conflictos agrarios se agudizan en la medida que los megaproyectos extractivos, energéticos e industriales promueven el despliegue de sus infraestructuras sobre las tierras en litigio, y con esto generan la confrontación entre comunidades agrarias vecinas. 

Muchas veces son mal llamados conflictos intercomunitarios soslayando con ello la responsabilidad que las corporaciones trasnacionales y la procuraduría agraria suelen tener en los desafortunados desenlaces de estos conflictos que muchas veces detonan en violencias, asesinatos y desaparición. 

Los incendios, los conflictos agrarios, los megaproyectos extractivos asociados al régimen fósil, los racismos institucionales y las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas están profundamente relacionados. La apuesta para solucionarlos no está en la agenda electoral. 

La lucha del pueblo zoque de Chimalapa por apagar los incendios y por resolver los conflictos agrarios es una acción concreta, urgente y necesaria en tiempos de catástrofe climática. Ante los oídos ensordecidos por el ruido electoral escuchemos los gritos de la selva y el correr del río. Ahora más que nunca se requiere de la solidaridad entre pueblos y ciudades para sofocar el fuego que nos alcanza. 

Tzimalapa atzpa, bi nax atzpa, bi copaknax atzpa, dex atzpa, mix atzpa

(Chimalapa arde, la tierra arde, el planeta arde, yo ardo, tú ardés).

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Niños y jóvenes, bases de apoyo del EZLN, durante su participación por el 30 aniversario del levantamiento armado. Las generaciones más jóvenes del zapatismo viven en territorios libres de violencia, en un Chiapas donde actualmente grupos criminales controlan cada vez más territorios. 31 diciembre, 2023. Foto: Aldo Santiago} 

por Arizz*

En medio de toda la vorágine de violencia que se padece en Chiapas, también se vive en estos días el periodo de campañas electorales. El próximo 2 de junio, además de la Presidencia de la República, se renuevan todas las alcaldías del estado, el Congreso local, el Congreso Federal y también el Gobierno estatal. 

Eduardo Ramírez Aguilar, quien militó en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por más de una década, es el candidato del partido oficialista Morena, que hoy gobierna en la entidad y que seguramente retendrá el poder. Ramírez Aguilar fue presidente municipal de Comitán de Domínguez del periodo 2008 al 2010; fue diputado federal entre 2012 y 2013, y diputado local entre 2015 y 2018. En 2015, en los mítines del PVEM, Eduardo Ramírez gritaba: “¡López Obrador es un mentiroso!”. Ya para 2018, afiliado a Morena, alcanzó una senaduría con este partido y de su fobia contra López Obrador nada quedó. El Partido Verde fue aliado del PAN en las elecciones de 2000 y de 2006; para 2012 hizo alianza con el PRI y en 2018 se alió con Morena, con los que hoy cogobierna tanto a nivel federal como estatal.

Cuando el hoy candidato al Gobierno estatal de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue alcalde de Comitán se le relacionó con Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil. De hecho, fue durante ese periodo que Rivera Amarillas logró asentarse en ese municipio en los límites con Guatemala y en toda la zona fronteriza. Periodistas chiapanecos le cuestionaban frecuentemente su relación con el jefe de plaza de Ismael Zambada, a lo que él siempre respondió que era “completamente falso. Es un personaje visible en Chiapas, pero de eso a tener yo una relación”. 

En medio de todo esto el EZLN advertía a quienes quisieran acompañarlos a su 30 aniversario que se llevaría a cabo entre el 30 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, que la situación en la zona no era la más idónea. El subcomandante Moisés firmaba un comunicado donde aseguraba que “las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos”, y decía que las presidencias municipales están ocupadas por “sicarios legales o crimen desorganizado”. 

El líder zapatista hablaba de lo que hoy en día se ha vuelto parte de lo cotidiano en la entidad: los bloqueos, los asaltos, la ola de secuestros, el cobro de piso, el reclutamiento forzado y las balaceras. Y acusaba al Gobierno del “padrinazgo” que tenía con las organizaciones criminales, cuando se estaban ya disputando las primeras candidaturas para las elecciones de junio de 2024. El subcomandante sostenía que “no son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”. 

En Chiapas, los grandes caciques siempre han tenido grupos armados a su disposición; los han usado para desplazar a los indígenas de sus comunidades y para tomar posesión de sus tierras. Aunado a esto, desde julio de 2021 y tras el asesinato de Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, pobladores de Pantelhó formaron un grupo de “autodefensas” para hacer frente a los grupos criminales de otros estados, los cárteles, y defenderse de estos grupos paramilitares que forman los caciques. 

Mario Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), lo explica de la siguiente forma: “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”. De tal forma que el embate que padecen las comunidades es cada vez más letal y más difícil de poder erradicar. Fue precisamente por esto que los zapatistas anunciaron en una serie de comunicados el año pasado, que harían una reorganización de su estructura. Ya no sólo enfrentan a los grupos de siempre, sino que ahora los cárteles, mucho más peligrosos, son el enemigo más visible.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos, explica que “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde ahí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública” y considera que el objetivo principal de estos es apoderarse de cada territorio, controlarlo y finalmente poner a su propia gente en cada presidencia municipal.

Elecciones y crimen organizado

Los procesos electorales en México, sobre todo en los últimos tres sexenios, siempre se realizan bajo la sospecha de la intervención de la delincuencia organizada, sobre todo en el ámbito municipal, pero desgraciadamente esta influencia ha escalado en la jerarquía gubernamental y hoy no es extraño que los candidatos a gobernadores de los estados sean ligados a los diferentes cárteles en todo el país. Como ejemplo de esta connivencia entre candidatos y gobiernos con crimen organizado, basta recordar el terrible caso de Ayotzinapa y la elección federal y estatal de 2021.

En 2014 cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, las primeras investigaciones llegaron hasta el entonces alcalde del municipio de Iguala —donde ocurrió la desaparición de los estudiantes—, José Luis Abarca, quien fue ligado al Cártel Beltrán Leyva y se supo que operaba para ellos desde hace años. Fue de hecho este cártel quien apoyó su proyecto político y lo llevó a la alcaldía. Su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, junto con sus hermanos, eran aliados de Arturo Beltrán Leyva, líder de dicha organización criminal.

Más recientemente, en 2021, se votó para renovar el Congreso Federal (diputados y senadores), así como 15 gubernaturas estatales. En Sinaloa se renovaban alcaldías, diputados locales y Gobierno del estado. Hoy se sabe que al actual gobernador por el partido oficialista Morena lo financiaron y apoyaron en toda la campaña, hasta llevarlo a la gubernatura, las diferentes facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos) e Ismael “El Mayo Zambada”.

Pero no son los únicos casos, son simples ejemplos. En las últimas semanas una investigación realizada por el medio digital Código Magenta, con base en fuentes de autoridades de Estados Unidos, reveló que en esa misma elección de 2021, no sólo hubo apoyo a candidatos de Morena en Sinaloa, sino que esto ocurrió por lo menos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Campeche y Tamaulipas. Es decir, las elecciones en México, en todos los niveles, no se pueden analizar el día de hoy sin tener el contexto de que siempre habrá un cártel que esté dispuesto a apoyar a candidatos de cualquier partido o incluso a todos los candidatos.

Sabiendo esto y observando la ubicación geográfica de Chiapas, clave para los negocios ilícitos de las organizaciones criminales, no es difícil deducir que los delincuentes buscarán cooptar a los candidatos de los diferentes partidos y distintos cargos en disputa en cualquier elección. Hacerlo les garantiza que podrán operar con total impunidad y sin temor alguno. ¿Cómo podría actuar una autoridad municipal o estatal contra el Cártel de Sinaloa o el CJNG si los alcaldes, diputados o hasta el gobierno del estado les recibió dinero durante las campañas y con ese dinero llegaron al cargo que aspiraban? Los 124 municipios del estado de Chiapas, pero sobre todo los que hacen frontera con Guatemala, son codiciados por los delincuentes, porque son la puerta de entrada de las sustancias ilegales, como precursores químicos o drogas ya elaboradas, pero también es por ellos por donde ingresan los miles de migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. El tráfico de personas y el tráfico de drogas son negocios multimillonarios que no pueden permitirse desperdiciar.

Los zapatistas saben de esto, lo conocen de primera mano y en la efervescencia de las recientes campañas intuían que la situación podía salirse de control, tal y como ha ocurrido. Muchos de los territorios son compartidos por zapatistas y gente no afín al zapatismo, por lo que la defensa de sus pueblos era apremiante ante semejantes circunstancias actuales. El control territorial del EZLN ha servido por décadas como una barrera de contención que impedía que pudieran asentarse en ellos grupos delincuenciales, pero a lo largo de los años el desgaste se ha notado y los zapatistas tuvieron que proponer una reorganización para poder seguir siendo esa barrera. Si bien hasta el momento no se han registrado ataques directos por parte de los cárteles a las comunidades zapatistas, esto no está lejos de poder suceder. El EZLN en sus comunidades tiene prohibida la siembra y venta de estupefacientes, lo que choca directamente con planes de expansión territorial de las organizaciones criminales.

Marta Durán De Huerta, socióloga, periodista y profesora universitaria, cree que las décadas de llevar a la práctica la autonomía zapatista, pueden ser la base para que su nueva autonomía tenga éxito. “Se levantaron en armas para hacer un llamado de atención y ellos mismos crearon sus instituciones para impartición de justicia, para salud, es algo muy sencillo, diría, hasta artesanal, pero lo han hecho”, dice la autora del libro Conversación en la Montaña, publicado recientemente en enero de 2024. Y aunque admite que la situación actual es nueva y muy distinta, por la crisis de violencia que se vive en todo Chiapas, resalta que la coherencia y la firmeza con que se ha manejado el zapatismo, actuaría en su beneficio en este nuevo escenario: “EZLN fue un movimiento estabilizador de algunas regiones, porque ellos nunca pactaron con el narco ni permitieron el financiamiento mediante acciones ilícitas, a pesar de estar siempre asolados por grupos paramilitares”.

Aumenta la violencia en las campañas electorales

Este 28 de mayo durante la conferencia matutina de López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer los datos oficiales sobre los candidatos asesinados en este periodo electoral. Según el gobierno, las cifras registradas por las autoridades electorales, contaban 22 personas candidatas, precandidatas o que aspiraban a algún puesto de elección popular asesinadas en todo el país. Enfatizaba que “a la fecha han ocurrido ocho homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Este es el número oficial de candidatas y candidatos. También, como ya se ha informado aquí, hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial“.

Lo más chocante de esta forma de minimizar los asesinatos políticos, fue lo que dijo López Obrador durante la misma conferencia mañanera al responder a la periodista Helena Lozano, del medio NTN24, que citando a la Consultora Integralia, cuestionaba por el asesinato de 34 candidatos a cargos de elección popular. El presidente aseguró que esto se debe en gran medida a que “los medios de manipulación” difunden estas cifras que no corresponden a los datos oficiales. Y al ser cuestionado sobre si había posibilidad de que alguno de los asesinatos no haya sido registrado, López Obrador aseguró que no y que “no hay cifra negra”. “Quisieran que hubiesen muchos homicidios, parece mentira. pero están administrando el dolor humano por cuestiones politiqueras”, remató.

Y es que dependiendo de la fuente y de las fechas desde que se realice este conteo, los asesinatos a aspirantes, precandidatos, candidatos o familiares de ellos, podría elevarse hasta los 70 o más. Nada menos en Chiapas, el último caso fue el de la joven candidata de 26 años del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López, que aspiraba a la alcaldía de La Concordia. La candidata fue acribillada el pasado jueves 16 de mayo cuando se trasladaba de un acto de campaña a otro. Junto a ella fueron asesinadas otras cinco personas que le acompañaban, incluida una menor de edad. Esta es sin duda ya, la elección más violenta en la historia de México. Desde el mes de abril se rebasaron las cifras de agresiones, secuestros y asesinatos de participantes en la contienda electoral, que ya de por sí era enorme en 2021. Nosotros nos quedamos pendientes y con los ojos puestos en Chiapas, atentos para denunciar y hacer visible la violencia sin precedentes que se vive en el sur del país. Creemos que los zapatistas saldrán adelante, que podrán con esto y que nos mostrarán una vez más que “Otro mundo es posible”.

^{*Una versión de este texto se publicó originalmente en El Salto diario.}