DESCARGAR VIDEO 1 DESCARGAR VIDEO 2 ………………………………………………….. DOMINGO 29 DE DICIEMBRE DE 2024 ………………………………………………….. Mesa Rebeldía y Resistencia Zapatistas. Parte III. Los primeros pasos del Común Zapatista
Subcomandante Insurgente Moisés y Miembros del CCRI-CG del EZLN
Ecos de la Primera Sesión de los Encuentros de Resistencia y Rebeldía. Diciembre 2024 y 1-2 de enero 2025.
Asistencia: ¿algunas partes del todo?
Personas registradas hasta el 2 de enero del 2025:
.- 1079 asistentes firmantes de la Declaración por la Vida.
.- 245 grupos, colectivos, movimientos u organizaciones.
.- 35 medios libres, autónomos, independientes, o como se llamen.
.- Procedencia:
.- 31 estados de la República Mexicana (todos menos Campeche)
.- 46 países o geografías del mundo.
Alemania Argentina Australia Austria Bélgica Bolivia Brasil Canadá Cataluña Chile Colombia Corea del Sur Costa Rica Cuba El Salvador Eslovaquia Eslovenia Estado Español EUA Francia Grecia Guatemala Haití
Holanda Inglaterra Irán Irlanda Israel Italia Kenia Líbano Lituania México Nicaragua País Vasco Palestina Perú Portugal Puerto Rico República Dominicana Suecia Suiza Trinidad y Tobago Ucrania Uruguay Venezuela
.- Más 900 zapatistas asistentes a las mesas en CIDECI los días 28-29 y 30 de diciembre del 2024. Autoridades autónomas, promotores de salud, de educación y de como mujeres que somos, bases de apoyo, milicianos, milicianas, mandos político-organizativos.
Es todo.
Equipos de Apoyo de la Comisión Sexta Zapatista. Enero del 2025.
En portada: Inversores de la empresa Helax durante reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del 2024. En la junta también participaron miembros de la Secretaría de la Marina quienes coordinan el CIIT.
En este mes de enero debe arrancar la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval.
Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.
El proyecto hace parte de uno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los bienes comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023.
La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos 9 municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos, Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite, Mena.
Las informaciones fueron obtenidas por medio de la Plataforma Nacional de Información (folio 332459924000194), que volvió público el documento oficial de la CIIT en el cual se presenta el proyecto a las autoridades municipales y agrarias de comunidades que serán impactadas, en septiembre de 2024. Estuvieron presentes la Sener, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y representantes del CIIT.
En portada: Integrantes de cooperativas campesinas que reivindican la recuperación de tierras en el Bajo Aguán realizan manifestaciones para exigir la desarticulación de grupos armados que operan en la región.
Cooperativas agrícolas del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, se movilizaron la mañana de este lunes (6) para bloquear la Carretera Centroamericana (CA-13) que atraviesa el país hacia Guatemala, con el fin de exigir a las autoridades el desarme de grupos criminales a quienes señalan como responsables por asesinatos y desplazamiento forzado de familias campesinas. En esta región, desde los años 70s se destinaron las tierras para un reparto agrario, pero fueron despojadas para dar paso a monocultivos de palma aceitera.
Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado el jueves 2 de enero del 2025.
Esta movilización es la más reciente en una serie de protestas derivadas por las últimas agresiones violentas. La noche del pasado 24 de diciembre del 2024, hombres armados atacaron a los integrantes de la Cooperativa Camarones quienes se vieron forzados a abandonar las 656 hectáreas de tierras recuperadas que habitaban y cultivaban para el sostenimiento de 150 familias campesinas.
El pasado jueves (2), Arnulfo Díaz, miembro de la cooperativa Brisas del Aguán, organización campesina que mantiene una recuperación de tierras desde hace dos años, fue asesinado. “Cuatro hombres armados que se conducían en motocicletas interceptaron el vehículo y lo bajaron por la fuerza, expresándole que querían hablar con él, posteriormente ordenaron al conductor del vehículo a seguir su marcha, minutos después fue ejecutado”, detalla en comunicado el movimiento campesino articulado en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Oventik, Chiapas. 1 de enero del 2025. El Subcomandante Insurgente Moisés en el discurso de conmemoración del 31 aniversario del levantamiento armado de 1994, explicó que aunque el sistema capitalista trata de obligar a la violencia, existe otro camino, que es el pacifico. «Para ello es necesario estar organizados para defendernos. Porque nunca dejarán de explotarnos» , alertó.
«En la lucha pacífica descubrimos dos armas, que son: Resistencia y Rebeldía. La lucha política pacífica si se puede con resistencia y rebeldía», compartió el vocero, zapatista, en un discurso dirigido a los compañeros caídos y los que siguen en pie de lucha, expresó.
«No queremos guerra, que hace el sistema capitalista. Nosotros luchamos por la vida. A 31 años, estamos demostrando lo que estamos construyendo en la práctica. El sistema capitalista no nos obligará a hacer la guerra», puntualizó Moisés. «No es correcto que nos quieran matar, que nos quieran hacer guerra, por construir la libertad, la justicia y la democracia para el pueblo», añadió.
«Pero también queremos dejar claro que estamos preparados y preparadas para defendernos. No estamos amenazando, estamos diciendo la verdad. Nos vamos a defendernos si nos vienen a atacar. Somos miles», afirmó el Subcomandante. «Sabemos que no nos dejarán libres para construir la vida que queremos. Porque somos el mal ejemplo para los malos gobernantes y los ricos… Lo que tenemos ahora no lo conseguimos gratis. Fue con la sangre de los compañeros caídos», recordó.
«Hace un año dijimos que en común tenemos que construir la nueva vida, la nueva sociedad. Los males del sistema ya los conocimos. Ahora nos toca hacer el cambio», abundó el rebelde chiapaneco. «Pensemos cómo queremos una nueva vida… Regresemos a organizarnos, a convocarnos, a pensar», convocó.
«La madre tierra es la fuente de la vida. El dinero no da la vida. La tierra es la fuente de la vida de las futuras generaciones que vendrán, por lo tanto debemos hacernos responsables de cuidarla… Los invitamos a organizarse para la nueva sociedad, Los pueblos explotados sabemos cómo queremos una nueva vida. Para ello se requiere organización», explicó Moisés.
«Vemos que ya no hay vida en el capitalismo… Es necesario compartir los saberes y que cada quien vea lo que le pueda servir en su territorio… Adelante compañeras y compañeros de México y el mundo. Vivan los que luchan por un mundo nuevo!», culminó el Subcomandante en un mensaje que fue traducido de manera coordinada a diversas lenguas originarias de Chiapas.
El panel constituido conforme el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló, el 20 de diciembre, a favor de Estados Unidos al considerar que elementos del decreto presidencial de México, firmado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2023, que prohíbe el glifosato y maíz genéticamente modificado, no pueden aplicarse “al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes”.
El panel de controversias fue solicitado por Estados Unidos luego de que México prohibió la importación de maíz genéticamente modificado (GM). El gobierno mexicano dijo no compartir la determinación del panel, pero la respetará.
La campaña nacional “Sin maíz no hay país” sostiene que el panel comercial no tiene la legitimidad ni la capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país, destinadas a proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo.
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Nuestro, México cuenta con 64 razas de maíz, de las cuales 59 pueden considerarse nativas. En 2021 la producción del grano fue de más de 27 millones de toneladas y es tan importante que se cultiva en los 32 estados del país.
“Por ello, bajo ninguna circunstancia un tratado comercial puede estar por encima de la soberanía de México”, sostienen las redes, organizaciones y personas que integran la campaña nacional.
Para asegurar y fortalecer la posición de México, mencionan la importancia de elevar a rango constitucional la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado y su consumo como alimento básico.
Al respecto, hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su conferencia que para protección del grano se puede elevar a rango constitucional el decreto presidencial. La iniciativa fue presentada en el paquete de reformas presentado a inicios del 2024 por López Obrador, algunos meses antes de dejar la presidencia.
La reforma a los artículos 4° y 27° se enfoca, entre otros asuntos, en declarar a México país libre de maíz genéticamente modificado (GM) para la siembra y consumo humano, y por el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional, sin la intromisión mercantil.
La iniciativa habla de la modificación del párrafo tercero del artículo 4° constitucional que declara al maíz elemento de identidad nacional, libre de modificaciones genéticas transgénicas; mientras el quinto párrafo se establece la obligación estatal de asegurar la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad nacional.
En la fracción XX del artículo 27, se establece la obligación del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral y garantizar el “óptimo uso de la tierra libre de cultivos y semillas de maíz genéticamente modificado”.
En agosto de este año, la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales. En la página oficial de los legisladores mencionan que a partir del decreto, el ingreso al país de maíces genéticamente modificados únicamente debe permitirse en la modalidad de maíz quebrado, grano fragmentado, de manera que carezca de capacidad para germinar a menos que se cuente con una evaluación de los riesgos a la salud que tenga en cuenta las prácticas de consumo, diversificación, resguardo, comercialización, industrialización y distribución que puedan provocar la mezcla con maíces libres de esta tecnología.
Por otro lado, en el informe final sobre la controversia, en respuesta a la pregunta del panel respecto de si el decreto de 2023 podría modificarse, México respondió que es extremadamente difícil responder en ausencia de constataciones y razonamientos específicos.
México recordó en las controversias que, si se viera obligado a modificar el decreto de 2023, “estaría retirando medidas consideradas necesarias para cumplir con las obligaciones legales de México con los pueblos indígenas”. En este caso el panel no tuvo comentarios.
Controversias
Con la instalación del panel, desde el 2023 inició el proceso en el que ambos países presentaron argumentos escritos para emitir una resolución el 14 de diciembre. Pero el fallo ocurrió seis días después, el 20 de diciembre.
El panel estuvo integrado por Christian Häberli, de Suiza, presidente del panel; además de los panelistas Hugo Perezcano Díaz, de México; y Jean E. Kalicki, de Estados Unidos. Además, de expertos en comercio internacional y aspectos legales vinculados con procesos comerciales.
“Sin maíz no hay país” señala que no son científicos, ni especialistas en salud pública o ambiental. Su labor se limita a resolver la controversia administrativa presentada por Estados Unidos contra México, sin considerar los posibles impactos del maíz genéticamente modificado en la salud, la biodiversidad o el medio ambiente del país.
En un contexto de 30 años México ha documentado los efectos del uso de la biotecnología en los alimentos y en la biodiversidad de cultivos. El gobierno de México presentó ante el panel la recopilación de artículos científicos y dictaminados por pares.
Estados Unidos presentó investigaciones financiadas por la propia industria e incluso panfletos publicitarios, que no comprueban que el maíz genéticamente modificado es inocuo para la población mexicana.
Para la campaña nacional ‘sin maíz no hay país’ desde hace nueve años la agroindustria tiene la posibilidad de realizar todos los estudios científicos para evaluar los efectos a la salud y al medio ambiente por la siembra de maíz GM en México, bajo supervisión judicial y de la colectividad demandante, pero “al día de hoy se ha rehusado a realizar cualquier estudio en México”.
La importancia de la conservación del maíz nativo mexicano.
“El gobierno mexicano ofreció a EUA realizar una evaluación de riesgos conjunta que cubriera las necesidades de ambas poblaciones, lo que EUA se negó a realizar por considerarla innecesaria. [La decisión del panel] evidencia los riesgos que representa que los alimentos básicos sean parte de los tratados comerciales y sean considerados como una mercancía y no como un bien prioritario para la humanidad”, enfatiza un comunicado de la campaña nacional.
La representación de EUA también reiteró que el decreto presidencial de México obstaculiza el libre comercio, pero a decir de las organizaciones, el argumento carece de fundamentos, pues las importaciones de maíz han crecido en los últimos años, concentrándose principalmente en grano destinado al consumo animal, con base en las cifras oficiales de importación.
“Es esencial que sigamos exigiendo al gobierno de México que mantenga su postura firme en contra del maíz GM ante los intereses transnacionales. Este debate ha evidenciado deficiencias en los sistemas internacionales de evaluación de organismos genéticamente modificados y sus riesgos para la salud humana y ambiental”, enfatiza. En el panel tampoco evaluaron las implicaciones en la diversidad del maíz que es fundamental para contender contra los fenómenos derivados del cambio climático.
La raíz
México es centro de origen, domesticación y diversidad del maíz, y tiene el acervo genético más grande del mundo, de acuerdo al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), resultado del mejoramiento a manos de campesinos desde hace 10 mil años.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se emitieron dos decretos presidenciales que prohíben la importación del maíz genéticamente modificado (GM) para siembras agrícolas, para evitar los riesgos en la biodiversidad de los maíces nativos y la salud humana.
En el primer decreto, publicado en 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se hace el planteamiento sobre restricción general al maíz genéticamente modificado, pero la disposición carecía de claridad.
Para febrero de 2023 se publicó un nuevo decreto que sustituye al previo y que, además, de la prohibición de este maíz para consumo humano, prevé la sustitución gradual y especifica, por ejemplo, que ya no pueda ser importado el maíz genéticamente modificado, que no se otorguen permisos para la siembra, no debe existir este maíz en el alimento de la población mexicana (en la industria de la masa y la tortilla) y que gradualmente ese maíz tampoco deberá estar presente en la industria pecuaria y otros usos industriales alimentarios.
Partiendo de que la exportación estadounidense de maíz a México es un negocio de 5 mil millones de dólares, es decir, es enorme, destaca Tania Monserrat Tellez de ‘sin maíz no hay país’, “entonces EEUU para presionar a México, y que nosotros quitáramos esas disposiciones, comenzó a activar algunos artículos del Tratado Comercial”.
Un trabajador supervisa la transferencia de maíz a un camión de transporte de grano durante una cosecha en Leland, Mississippi, EE.UU.
Tras la publicación del decreto en el DOF, en agosto de 2023, Estados Unidos solicitó un panel de controversias con México sobre la biotecnología agrícola, en específico del maíz genéticamente modificado y se amparó en el Artículo 31 del T-MEC.
El Artículo 31 establece que cuando un país considera que otro está incumpliendo con el acuerdo se pueden realizar consultas técnicas, esto permite los cuestionamientos de EEUU a México respecto a las regulaciones que adoptó.
“Desde que inició el Tratado de Libre Comercio (TLCAN), en la sociedad mexicana hubo voces muy críticas respecto de la inclusión de granos básicos, entre ellos el maíz desde 1994. Ahora, este es resultado justamente de esa entrega de nuestro país, del mercado, de nuestra alimentación a partir de la firma”, lamenta Tellez.
“Hay que aclarar que lo que se cuestiona en el panel no es si los transgénicos hacen daño o no, lo que está en cuestionamiento en el panel es una cuestión de procedimiento de si México cumplió con el proceso que establece el T-MEC para establecer una disposición como el decreto”, explica.
La sociedad civil de México, Estados Unidos y Canadá participó en el panel y se pronunció contra la presión de EEUU a México que hace a través del T-MEC. Las organizaciones de México buscaron ampliar la discusión dentro del panel con más elementos.
Aportaron en la figura de Opiniones Técnicas que consiste en que cualquier entidad no gubernamental puede solicitar ante el panel el envío de una opinión técnica y, en términos generales, se aceptaron las emitidas por las organizaciones de México y de EEUU algunas fueron desechadas.
“Las de Canadá fueron rechazados porque es un país tercero interesado y argumentaron que no era parte de la controversia”, explica la representante de ‘sin maíz no hay país’. Pero, dentro de todos los argumentos de la sociedad civil, solo uno no era favor de México.
En marzo de 2024 se presentaron opiniones escritas de manera formal ante el panel y, en ellas, las organizaciones buscaron incorporar distintos elementos como el impacto a la gran diversidad de maíces en México como centro de origen y diversificación del cultivo; los impactos al patrimonio biocultural, al derecho a la salud y para apelar a una medida precautoria ante la inexistencia de pruebas sobre las industrias que dedican a su creación y distribución.
Pero el proceso del panel de controversias siguió sin la participación formal de las organizaciones porque no hay otro mecanismo contemplado dentro del panel para que la sociedad participe. “Lo que hicimos fue organizar una campaña de difusión de lo que estaba pasando en el panel, en redes sociales fundamentalmente”, señala Tellez.
Entre otras acciones, llamaron a firmar una carta que enviaron a los panelistas invitando a resolver en favor de la salud de las y los mexicanos, del patrimonio cultural y de los derechos medioambientales y culturales, en el contexto de una sesión presencial entre los países y los panelistas realizada en la Ciudad de México.
En ese tenor también se presentaron los resultados de la campaña de divulgación, así como las 125 mil firmas que lograron reunir contra el maíz genéticamente modificado.
Tras el fallo negativo a México, Tellez señala que no hay ninguna figura para la cual las organizaciones de la sociedad civil puedan apelar. “Nosotros creemos que el panel es un procedimiento que responde a una estructura que está hecha para que el libre comercio gane sin tomar en cuenta los daños que puede ocasionar, en este caso los derechos que afecta el que llegue el maíz transgénico a nuestro país”, sostiene.
EEUU no puede demostrar inocuidad del maíz
“Las empresas (de EEUU) han tenido la oportunidad de hacer solicitudes para siembra de maíz transgénico, pero no lo han hecho porque no quieren cumplir con el procedimiento de demostración de la inocuidad de esos maíces. Entonces, en todos estos años y fuera del marco de la demanda, ni la industria estadounidense ni el gobierno han desarrollado alguna evidencia para demostrar que el maíz es inocuo para la población. Consumimos once veces más maíz que en EEUU”, informa Téllez.
Ella señala que tampoco han demostrado lo propio en términos del medio ambiente, tan es así que no han solicitado permisos para sembrar, “podrían hacerlo en el marco de la demanda”, pero, en realidad, no quieren ser sometidos a esas pruebas, “entonces no hay evidencia”.
“Nosotros cuestionamos: ¿Por qué quien compra tiene que demostrar que un producto que alguien está vendiendo hace daño? Es absurdo, en ninguna circunstancia un consumidor le demuestra al vendedor que lo que va comprar no hace daño. Estados Unidos debería probarlo y no lo ha hecho”.
La campaña nacional ‘sin maíz no hay país’ apela a la medida precautoria, al ser una figura jurídica en donde, ante la existencia de duda de daños de las citadas tecnologías, se deben tomar medidas de precaución, “y es lo que México está haciendo”.
En el panel de controversias, el gobierno mexicano nutrió su defensa con los argumentos de Conahcyt, Semarnat, Cofepris. La Secretaría de Economía mantuvo un equipo jurídico que llevaba a cabo la defensa.
Contaminación comprobada
De acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), de enero a noviembre de 2023, a México entraron más de 18 millones de toneladas de maíz genéticamente modificado. Aunque, la exportación de este grano tiene una historia muy larga, desde los 90’s con el TLCAN hubo un crecimiento mayor de la importación.
En el 2001 se presentaron los primeros reportes sobre la presencia de transgenes provenientes de organismos genéticamente modificados (OGM) en granos nativos de la Sierra de Oaxaca. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) realizó un análisis por técnicas moleculares de 5,304 muestras de maíz nativo en México en el periodo de 2000 a 2023.
Lo anterior es parte de la Evaluación de la Presencia de Secuencias Genéticamente Modificadas en el Maíz Nativo de México, que también destaca que de 2009 al 2023, el porcentaje de presencia de transgenes a nivel nacional aumentó de un 1% a un 33%.
En cuanto a las 5,304 muestras analizadas, Conahcyt demostró que el 12 %, es decir, 644 presentaron secuencias genéticamente modificadas. La mayoría se concentra en ocho de las 32 entidades del país, es decir el 26% del territorio.
La región sur del país se presentan una mayor cantidad de datos y estudios, principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas, aunque laCiudad de México y Puebla son los territorios donde se encontraron los valores más altos de la presencia de secuencia GM, de 35 % y 27 % respectivamente.
“Se observó que después de la etapa de liberación de maíces genéticamente modificados en el país (2005 al 2012) hubo un notable incremento en la presencia de transgenes en los estados de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa”, señala el estudio.
A través de estos resultados,el Consejo urgió la necesidad de desarrollar estrategias a corto plazo para mitigar la propagación de transgenes en el maíz nativo;propuso la divulgación del problema ambiental y cómo afecta en el acervo genético de México y a los productores.
Así también habla sobre el diseño e implementación de estrategias de bioseguridad para la protección de sus maíces nativos, que sean acordes a los conocimientos agrícolas tradicionales, sus creencias y su bioculturalidad para cada una de las regiones del país. Estos argumentos fueron presentados en el panel como parte de la estrategia de México en las controversias con Estados Unidos.
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Veintisiete veces doce, florecen en nuestro corazón la digna memoria de nuestras 45 hermanas y hermanos de Acteal.
Más, los cuatro bebés no nacidos, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces, renacen gigantes e inmortales.
La muerte impuesta por los que se creen dueños del mundo y de las personas, como Ernesto Zedillo Ponce de León y el Ejército mexicano, quienes, a través de sus paramilitares, cometieron el gran crimen el día 22 de diciembre de 1997 en Acteal; ESTE HECHO ES VENCIDA POR NUESTRA DIGNA MEMORIA, NUESTROS CAMINOS POR LA PAZ Y LA VIDA, ES EL PASO A PASO PARA CONSTRUIR UN MUNDO MÁS JUSTO Y HUMANO.
Los malos gobiernos en turno junto con los ricos y poderosos, le están dando continuidad de las políticas de muerte y exterminio, creadas desde el poder en los años 90. Por eso mandaron matar a nuestro hermano Simón Pedro Pérez López, por eso ordenaron matar al Padre Marcelo Pérez Pérez. Los mismos gobiernos propician y permiten la violencia del crimen organizado, que rompe y destruye la convivencia pacífica en las comunidades.
La violencia que pulula y azota a nuestras comunidades, no solo es un negocio de los fabricantes de las armas y drogas de la delincuencia organizada, sino, también, quien impulsa y administra las actividades comerciales viene de los malos gobiernos en turno, aunado a su estrategia de muerte hacia las luchadoras y luchadores sociales, a defensoras y defensores de derechos humanos y a los defensores de la Madre Tierra de Chiapas y México. ¡LO QUE DECIMOS ES LA VERDAD!
Les recordamos, que, de los gobiernos, de los jueces, de los policías, de los militares, de las guardias nacionales o de cualquier institución oficial, no va a venir la justicia, porque ellos mismos son los responsables de la violencia desde antes y la de ahora que nos está destruyendo. Podrán organizar teatros y simulaciones de “justicia” para engañar a inocentes, que piensan que el gobierno mexicano puede cambiar. Los malos gobiernos junto con los ricos y poderosos seguirán imponiendo su miedo y su obscuridad, para mantener su poder y sus privilegios. PERO, A NOSOTROS QUE SOMOS SOBREVIVIENTES DE CRÍMENES Y MASACRES, QUE SOMOS CONSTRUCTORAS Y CAMINANTES DE LA PAZ, QUE SOMOS LAS Y LOS GUARDIANES DE LA MEMORIA DE ACTEAL, QUIENES DEL ESTADO MEXICANO HEMOS RECIBIDO SU IMPUNIDAD Y DESPRECIO. ES POR ELLO QUE NADIE, NOS PUEDE VENIR A ENGAÑAR.
Ante la persistencia y la convicción en la búsqueda de justicia por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de Estado, cometidos en México; celebramos y saludamos a la familia del compañero Antonio González Méndez que por su lucha constante y tenaz han logrado la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la desaparición forzada cometido por el grupo paramilitar “Desarrollo Paz y Justicia” en la zona Norte de Chiapas, ocurrida el 18 de enero de 1999, en donde condena al Estado mexicano responsable de este grave violación de los derechos humanos.
La sentencia de la Corte IDH de la desaparición forzada del compañero Antonio González Méndez, confirma como lo hemos denunciado junto con otros defensores y defensoras de derechos humanos, la estrategia de guerra de contrainsurgencia, inscrita en el Plan de Campaña Chiapas 94 y tanto las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados en la zona Norte De Chiapas, así en la zona Altos los hechos como la Masacre de Acteal, que son el resultado de la guerra, que aún no termina.
Así como la familia del compañero Antonio González, nosotras y nosotros los sobrevivientes de la Masacre de Acteal luchamos para que la muerte de nuestros familiares encuentre la justicia y por ello en el marco de la conmemoriación de los veintisiete años de la Masacre de Acteal,le recordamos en nombre de las 45 mujeres, hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos más los 4 bebés no nacidos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene un pendiente que se ha prolongado en un tiempo no sensato, es por ello que exigimos que emita ya el informe de fondo, enlistado desde hace dos años y urge que responsabilice al Estado mexicano de dicha masacre, y a la luz de los hechos que corroboran que de los crímenes de lesa humanidad, fue EL ESTADO.
No hay duda alguna, que la impunidad en el caso Acteal y en otros casos de crímenes cometidos contra miembros de organizaciones en Chiapas y en todo México, ha causado la grave crisis de derechos humanos en México y de la violencia imparable en Chiapas.
No nos quedemos cortos, ni seamos conformistas en la búsqueda de la justicia y de la memoria y verdad; sigamos siendo esas mujeres y hombres cabales, persistentes, que no olvidan, que no retroceden y siempre decididos a denunciar y trabajar en la exigencia de la anhelada justicia verdadera y la paz urgente en nuestras comunidades.
Hoy, veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces: florece nuestra digna memoria, ante el invierno de la impunidad del Estado, florece en cada mirada que nos ve y nos vemos con la translúcida luz que fortalece nuestro pensamiento y corazón, florece a quien escucha la palabra que viene desde nuestro profundo dolor, que se ha convertido en una voz de exigencia de justicia, que la cantamos juntas y juntos en un solo canto por la verdad y la memoria.
Veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces, nuestro reclamo a la justicia y verdad por los asesinatos cobardes tanto de nuestro hermano Simón Pedro como del Padre Marcelo, Mártir por la Paz.
Veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces, nombramos y guardamos en nuestro pensamiento y corazón nuestras 45 hermanas y hermanos, más los 4 bebés no nacidos masacrados por los paramilitares priistas y cardenistas del municipio de Chenalhó.
AQUÍ EN ACTEAL NUNCA MÁS LA MUERTE TENDRÁ DOMINIO.
Acteal será siempre el corazón de la lucha No-violenta, Acteal, es la Casa de la Memoria de Simón Pedro, aquí vivirán para siempre la palabra digna y verdadera del Padre Marcelo, junto con nuestros Mártires de Acteal.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, veintisiete veces doce, más, nueve mil ochocientas cincuenta y cinco veces: RESPLANDECE LA LUZ DE LA VERDAD Y DE LA PAZ.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Por la Mesa Directiva:
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Victorio Pérez Paciencia
Oscar Hernández Gómez
Presidente
Secretario
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Alfredo Jiménez Pérez
Juan Pérez Sántiz
Sub Presidente
Tesorero
Por los representantes de las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal:
La sentencia a penas de entre 15 y 35 años de cárcel, por apología al terrorismo y afiliación a organización terrorista, contra 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), intervenidos en el operativo Perseo, marca un precedente de persecución por ideas en el Perú.
El caso, abierto en 2014, fue el primero en involucrar bajo estas acusaciones a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna (1980-2000).
En la resolución judicial, dictada el 28 de octubre, se sindica al Movadef de actuar por órdenes de Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan como narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de emergencia. El Sendero Luminoso no existe como organización política desde 1992. Los remanentes no obedecieron la disolución de la organización y se dedican al narcotráfico, desideologizados.
Asimismo, se señala a Movadef de haber sido financiados, según “testigos protegidos”, con dinero proveniente del tráfico de drogas para “mantener la ideología senderista activa en la vida política del país y la legitimación de su legado violento”.
El Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef, que intentó inscribirse como partido político en 2011. El programa de la organización, cuyos miembros incluyen exintegrantes de Sendero Luminoso que cumplieron condenas y no plantean la lucha armada, es la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el período de la guerra interna.
Una nueva Constitución hace parte de las propuestas del Movadef
Condena ideológica
Las defensas legales de los sentenciados subrayan que el Estado incurre en discriminación ideológica por razones políticas, contra la cual hay sentencias internacionales vinculantes, violando derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso será llevado a instancias supranacionales.
La redada masiva ejecutada por la Dirección Contra el Terrrorismo (Dircote), en abril de 2014, apuntó a sostener la existencia de organizaciones terroristas, pese a que el Movadef no reivindica la lucha armada y no ha participado de ningún acto de violencia, con el fin de sentar precedentes de apología al terrorismo contra organizaciones sociales que sostienen ideas disonantes para los poderes políticos.
Los montajes de la Dircote se sucedieron en el año 2020, con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a unas 90 personas, tras la semana de protestas contra el golpe de Estado institucional de las facciones conservadoras del Congreso.
En 2023, activistas del Frente de Defensa de Ayacucho fueron encarcelados como respuesta al levantamiento en esta y otras regiones andinas ante el golpe de Estado de la ultraderecha culminado con la destitución del presidente Pedro Castillo.
El fin del juicio contra el Movadef coincidió con las recientes semanas de protestas contra el régimen de Dina Boluarte por la ola de extorsiones en Lima. El Ejecutivo respondió a la crisis de seguridad con la propuesta de una ley de terrorismo urbano que agrava la criminalización de manifestaciones sociales, al tipificar la interrupción de vías como extorsión, y con el anuncio de la detención de un cabecilla de Sendero Luminoso que resultó en un error.
A dos años de la toma de la presidencia, la dictadura de Boluarte lleva a una nueva fase el terruqueo, la estigmatización por ideología usada como discurso por la alianza política, oligárquica y armada que allanó la caída de Castillo.
Sendero Luminoso fue una de las organizaciones terroristas que declararon la lucha armada al Estado en 1980, con el objetivo de capturar el poder para instalar un gobierno de ideario marxista-leninista-maoísta. Perpetraron masacres contra poblaciones campesinas e indígenas. La actividad subversiva senderista culminó en 1992, con la captura de su líder, Abimael Guzmán.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de diciembre 2024 Boletín No. 26 La Corte IDH condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN
Sentencia histórica de la Corte IDH, declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
¡Verdad, justicia y memoria para Antonio González Méndez y todas las víctimas del terrorismo de Estado!.
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez (en adelante Antonio González), y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999. Esta grave violación a los derechos humanos se enmarca en el contexto del Conflicto Armado Interno aún irresuelto, en el que el Estado mexicano implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, una política de contrainsurgencia dirigida a desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a la población civil simpatizante.
El Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres. Uno de los grupos paramilitares más notorios de la época que operó en el Norte del estado de Chiapas fue el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, cuyos integrantes participaron en la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, del municipio de Sabanilla.
Antonio González Méndez, militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, se convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y sus grupos paramilitares debido a su activismo y liderazgo en la comunidad. La sentencia marca un momento crucial en el largo camino de casi 26 años recorrido por la familia de Antonio en la búsqueda por la justicia, verdad y reparación integral. En ella, la Corte IDH ordena al Estado mexicano emprender una búsqueda efectiva y localizar inmediatamente a Antonio González. Además, obliga a que adopte medidas de reparación integral para su familia. Asimismo, deberá emprender investigaciones para identificar a los perpetradores de la desaparición forzada.
Es un día histórico, sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas: Zonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales.
Si bien la sentencia de hoy es un avance significativo, no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio. Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas.
Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano.
Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas.
La decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel.
En respuesta al llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas del día 5 de diciembre y a los diversos mensajes desde las comunidades afectadas, las organizaciones que firmamos el presente comunicado queremos informar acerca de hechos de suma importancia y gravedad relativos al inicio de un nuevo episodio de violencia en la región indígena de los Altos de Chiapas, en particular en el municipio de Pantelhó.
Pantelhó se encuentra en la región de los Altos de Chiapas y tiene presencia predominante del pueblo maya tzeltal y tsotsil. Es una zona marcada por la violencia y la resistencia. Desde el año 2021 se han registrado varios episodios de violencia armada que han tenido como consecuencia diversos grupos de personas indígenas víctimas de desplazamiento forzado.
De acuerdo a la información recibida, el 3 de diciembre en la madrugada uno de los grupos armados que disputa el control de la región atacó a las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar, desplegando armas de grueso calibre e incluso detonando bombas. Horas después, el ataque se extendió a las comunidades de La Esperanza, Xixetik, y San José del Carmen.
Los testimonios señalan repetidamente: “Hasta acá se escucha la balacera”; “Escuchamos muchas explosiones”; “Escuchamos que son bombas”; “Tenemos miedo de que entren a la comunidad tirando balas”. Esto además de videos y audios que circulan en los medios de comunicación y a los que hemos tenido acceso que confirman la situación.
En respuesta a las agresiones, el día 4 de diciembre el grupo rival ingresó a la cabecera municipal de Pantelhó y tomó el palacio municipal.
Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte. De acuerdo al CDH FrayBa únicamente entre enero de 2023 y junio de 2024 ha habido 15, 780 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas.
Sumado a lo anterior están los impactos psicosociales en una población que de manera reiterada ha estado expuesta a estas situaciones de violencia; particularmente llamamos la atención sobre el daño que esto provoca entre las infancias. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) estima que en la primera mitad de 2024, 4 mil 300 infantes y adolescentes fueron desplazados por la violencia en el estado.
En los Altos de Chiapas existen numerosos colectivos y personas que defienden derechos humanos, entre ellos Las Abejas de Acteal, cuya vida y labor es puesta en riesgo por el actuar de los grupos armados. Desde el conjunto de organizaciones de Derechos Humanos y de construcción de paz que firmamos este comunicado queremos destacar nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad en la región Altos de Chiapas y llamamos a la opinión pública a estar atenta a lo que está ocurriendo.
Exigimos a las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para proteger a la población civil y construir las medidas necesarias para detener estos episodios de violencia.
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