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“El capitán John Smith fue un mercenario,” dice Roxanne Dunbar Ortiz al iniciar su conversación sobre la supremacía blanca con Johanna Fernández en un programa de Inside the Activist Studio el 9 de enero de 2018.

¿En serio? ¿El valiente explorador protegido por Pocahontas y recordado cada año en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?  ¿El líder, según Walt Disney y otros admiradores suyos,  que buscó amistad entre la tribu algonquina del jefe Powhatan y los sufridos colonos ingleses?

Pues sí, él mismo, pero no fue así, dice la autora de Cargada: Una historia desarmante de la Segunda Enmienda. Smith había peleado contra los musulmanes en Turquía durante varios años en beneficio del imperio británico. Al llegar a lo que sería Jamestown, Virginia, en 1607, ayudó a los colonos a conquistar a los residentes de los bosques, granjas y áreas de pesca. No lograron esclavizarlos, pero  tomaron sus tierras y todo lo que tenían a pesar de su resistencia. La colonización del estado de Virginia siempre se logró con un contingente militar.

Cuando los extraordinariamente ricos hacendados de Barbados llegaron a la parte de Virginia que se convirtió en Carolina del Sur, los blancos eran superados en número por los Africanos esclavizados. La mayoría de los indígenas habían sido sometidos a la limpieza étnica. Los hacendados llevaron con ellos a sus patrullas para controlar y atrapar a esclavos. Estas se aumentaron a finales del siglo XVII con el cultivo de algodón. En otras partes de Virginia, las patrullas eran participantes en las milicias. Dice Dunbar Ortiz que el panfleto de Mumia Abu-Jamal** sobre los orígenes de la policía fue su inspiración para que ella agregara a su libro un capítulo sobre las patrullas.

La historiadora relata que en la colonia de Virginia, fue ilegal que un colono blanco saliera de su casa sin arma, asistiera a una iglesia sin arma, o descuidara de tener su arma engrasada y lista para disparar. Hubo recompensas para atrapar a un esclavo o tomar el cuero cabelludo de uno.

La Segunda Enmienda a la Constitución de Estados Unidos sobre el derecho de poseer y portar armas se basa en el mandato a mantener activas las patrullas y las milicias y la obligación de cada colono blanco de participar en ellas.

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En Bolivia, Machi Francisca Linconao toma la palabra

(La fuerza de Tralkan)

A pesar del revuelo y especulaciones, varias de ellas con aire racista,  en la prensa y el ámbito político en Chile sobre la  llegada de Machi Francisca Linconao a Bolivia,  ella estuvo aquí la anterior semana simplemente porque tiene el derecho de viajar a donde quiera, después de haber sido absuelta por segunda vez en el caso Luchsinger-Mackay.

Francisca Linconao, Machi de la Lof Rahue, en Temuco, accedió a brindarnos un testimonio sobre su vida en estos últimos años. La vida de una mujer mapuche, autoridad espiritual de su comunidad,  en la cual podemos ver reflejadas de muchas maneras la vida y la lucha en Bolivia de mujeres en comunidades indígenas que están siendo amenazadas en su propia existencia por actividades extractivas, expansión de monocultivos, proyectos de mega infraestructura, mineros o petroleros.

Machi Francisca, fue la primera mujer mapuche en interponer y ganar un Recurso de Protección el 2009, haciendo cumplir por vez primera en Chile el convenio 169.

Para muchos de nosotrxs, el  nombre de Francisca Linconao,  fue desconocido hasta varios años después, cuando  la prensa difundió la noticia sobre su primera detención en enero de 2013 por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Antes de que medios corporativos y el estado chileno a través de la Ley Antiterrorista, vincularan e inculparan a la Machi Linconao y otros 10 comuneros mapuche por la muerte de los dos hacendados, la lucha más subterránea de Francisca Linconao se había desarrollado en Temuco, cuando ella decidió proteger las plantas medicinales y los Menokos (o fuentes de agua) de su lof,  interponiendo un Recurso de Protección frente  a la Forestal Palermo, representada por Alejandro Taladriz.

Francisca Linconao es Machi Tralkan, es decir sus poderes de curación y sanación están ligados al trueno. Su victoria frente a una forestal que realizaba la tala ilegal de árboles, la plantación de especies nocivas como los pinos y eucaliptos, que afectaron los bosques nativos y los manantiales de la comunidad,  no solo es la victoria de sus conocimientos de sanadora  frente al poder de las empresas forestales, sino una de las claves, nos dice la Machi, para entender la persecución posterior que aún continúa enfrentando.

Ella, que ganó un recurso de protección a una forestal,  y ahora, por decisión del poder judicial y presión de la familia Luchsinger, a sus 61 años,  habiendo sido absuelta dos veces, deberá recomenzar por tercera vez el proceso legal por el mismo caso.

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[:es]La visita de la vocera, Marichuy, del Concejo Indígena de Gobierno a los 5 Caracoles Zapatistas es un momento clave en la historia del movimiento indígena en México y de las luchas altermundistas en el mundo. En este video podrás escuchar y ver a las bases zapatistas, lxs solidarios y los medios libres que recibieron y acompañaron el caminar de los concejales del CIG nombrados por sus comunidades para caminar la dignidad, la rebeldía, la resistencia, la autonomía y la esperanza en el marco del proceso electoral mexicano 2017-2018.

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Ayer, 8 de enero, se realizó una marcha en Chile por la Machi Francisca Linconao y los 11 peñis procesados por la reapertura del caso Luchsinger Mackay. En estos momentos se lleva a cabo en tribunales de Temuco la audiencia de revisión de medidas cautelares, en donde la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva.

Escucha aquí:

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• Retornan bajo presión del gobierno de Chiapas y sin condiciones de seguridad
• Certificado de impunidad al grupo armado de corte paramilitar de Chenalhó
• Continua la violencia generalizada en el territorio comunal de Chalchihuitán

FIRMA LA ACCIÓN URGENTE AQUÍ.

Las organizaciones de la sociedad civil que conformamos el Colectivo que emite esta Acción Urgente, desde hace varios meses hemos recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son 3858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres). Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad. Del total de personas desplazadas, otras 1165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continua haciendo el grupo armado de corte paramilitar.

Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado 2 de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones.

En estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os.

Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal.

No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad.

Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades.

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Enclavado en el municipio de Chenalhó, en la región de Los Altos de Chiapas, México, a unos 70 kilómetros al noreste de San Cristóbal de Las Casas, se encuentra el núcleo de La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas, una organización indígena que tiene su origen en el año de 1992 en lo Altos de Chiapas. Posee un alto sentido religioso y su acción es pacífica manifestada a través de la justicia, la peregrinación y el ayuno. Las Abejas tienen una lucha profunda de construcción de autonomía que se manifiesta desde el trabajo por su propia comunicación, proyectos económicos como la cooperativa de mujeres bordadoras, o la caja de ahorro de la organización. Se organizan a través de coordinares y representantes de la organización quienes deciden su caminar en asamblea junto con la mesa directiva de la organización que se rota anualmente.

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

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Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

¿El crimen a servicio del Estado o el Estado a servicio del crimen? Los desplazados de Chalchihuitán-Chenalhó

Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó[:]

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Hace dos años, el 16 de diciembre de 2016, los ejidatarios de Tila, cansados de un siglo de atropellos, decidieron tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y expulsaron al Ayuntamiento, impuesto ilegalmente en su territorio desde mediados del siglo XX, recuperando las 130 hectáreas que durante décadas el gobierno municipal les trató de arrebatar.

Desde entonces, el ejido de Tila se ha vuelto ejemplo de lo que es posible hacer cuando el pueblo se organiza. Desde hace dos años, el pueblo organiza su guardia comunitaria y la delincuenca, antes solapada por el ayuntamiento, disminuyó visiblemente; se organiza la recolección de basura con contribuciones de la propia población; se instauró un sistema de justicia propia; se administran todos los servicios; se organizan festividades. Y en todo esto, la máxima autoridad es la Asamblea. Así, Tila ha demostrado que sí es posible crear un gobierno donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”.

(Para un recuento de la larga lucha del ejido Tila y la construcción de su autonomía, ve nuestro reportaje: ¿Cómo es un pueblo libre? Primer aniversario de la autonomía de Tila.)

Es por eso que la visita del Concejo Indígena de Gobierno a Tila es tan significativa. “Queremos decirles que los admiramos, que los respetamos”, dijo el concejal Hernán. “Éste es el sueño que desde nuestras comunidades hemos venido soñando. Que un día como éste el pueblo de México se despierte (…) Que los pueblos tengan su libre autodeterminación, que sean los pueblos quienes nos mandemos.”

“Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno”, dijo Marichuy, “hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.”

En Tila la memoria está muy viva, es lo que da fundamento al caminar, lo que orienta la dirección de los pasos por venir. Es por eso que hay un tal respeto por los abuelos, quienes lucharon durante décadas contra el despojo. Fue en la década de 1920 que los abuelos iniciaron una lucha épica que no se olvida. Durante 37 años viajaron una y otra vez a Tuxtla Gutiérrez, a cuatro o cinco días a pie, cargando su pozol y tostadas, para solicitar la regularización de sus tierras como ejido. Una odisea difícil de imaginar pero que está grabada en la memoria del pueblo de Tila, y que resultó finalmente en una Resolución Presidencial que reconoció la propiedad ejidal de las 5,405 hectáreas, de las que habían sido despojados por finqueros extranjeros desde los tiempos de Porfirio Díaz.

“Nosotros estamos caminando con la compañera María de Jesús”, dijo la concejala Antonia, “para llevar la voz de los abuelos, porque los grandes, los de arriba, nos querían acabar. Pero no nos acabaron. Quedó nuestras raíces (…) Nos quisieron acabar pero nunca nos van a acabar. Vamos a florecer, van a salir las hojas que cortaron; las ramas que mataron, van a volver a retoñar.”

“Saludamos a los abuelos porque nosotros sí sabemos respetarlos”, dijo el concejal Hernán.

A mediados del siglo XX los mestizos se apoderaron del Ayuntamiento. El gobierno, que antes se regía por usos y costumbres, pasó al régimen de partidos políticos. Empezó a cobrar impuestos por la tierra y a apropiarse de los bienes y servicios, antes administrados por la asamblea ejidal. Pero no sólo eso: durante los años más duros de la política contrainsurgente después del levantamiento zapatista, el Ayuntamiento sirvió como base de coordinación de los grupos paramilitares, en particular “Paz y Justicia”, uno de los más violentos de la década de 1990 en Chiapas.

Es por todo eso que el pueblo se levantó hace dos años y expulsó por su propia cuenta al Ayuntamiento de su territorio, a pesar de las grandes presiones y amenazas en su contra.

En su visita a Tila, Marichuy hizo un análisis de la relación entre violencia paramilitar y narcoparamilitar (la misma violencia que sufren ahora los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Los Altos de Chiapas) y la violencia militar, y criticó duramente la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (lee sus palabras completas aquí).

Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus derechos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato.

A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar en nuestra contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país.

Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no sólo los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engendran.

Ante esto, el Concejo Indígena de Gobierno ha repetido una y otra vez que la única respuesta viable es la organización. Y con ella, la seguridad y la justicia autónomas. “Sólo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de seguridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de Estado y de las bandas de la delincuencia organizada.”

La montaña y costa de Guerrero, Cherán y Santa María Ostula en Michoacán, el ejido de Tila en Chiapas y desde luego las comunidades zapatistas… ejemplos de que otra justicia, otra seguridad y otro gobierno son posibles.

Muy significativamente, el Concejo Indígena de Gobierno, acompañado por las autoridades de Tila, hablaron desde un templete instalado en el llamado “Casino del Pueblo”, el antiguo edificio que servía de gobierno comunitario, a espaldas del ahora destruído Ayuntamiento, situado al lado opuesto de la plaza. Es el gobierno indígena, colectivo, horizontal, de abajo, que ejerce el “mandar obedeciendo”, renaciendo con la fuerza de la memoria y la organización.

Escucha los audios:

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Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada  en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.

Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.

En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.

San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.

Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.

Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.

Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:

“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos  se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).

Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:

“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).

Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras)  y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil  como bienes comunales.

En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal  y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.

A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:

Fuentes:

Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán

http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo

Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)

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