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Invitación: Encuentro Internacional de DDHH en Solidaridad con Honduras

Hermanos y hermanas,

Compañeros y compañeras,

Nuestro saludo a todos y todas,

Con esperanzas y ganas de continuar en la construcción de una Honduras donde NO seamos estadísticas crecientes en la violación de derechos humanos, buscando salidas a la grave situación humanitaria en el Valle de Aguán, región de lucha campesina, diversas organizaciones estamos uniendo esfuerzos para que una vez más entre hondureños y hondureñas nos juntemos a repensar esas construcciones colectivas por la justicia, la dignidad y la vida, donde podamos contar con la  solidaridad internacional que nos llene de aliento, ternura y nos fortalezca para enfrentar la sistemática violación de derechos humanos, la militarización y el despojo.

Nos da mucho gusto invitarles a participar en el Encuentro Internacional de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras, que se llevará a cabo en el Bajo Aguán, departamento de Colón, Honduras, del 17 al 20 de febrero del 2012.

En este  Encuentro internacional nos proponemos:

  • Hacer evidente la continuidad del Golpe de Estado en Honduras y su expresión en todo el aparato institucional responsable de la impunidad y la agudización de la violencia estatal.
  • Fortalecer los vínculos solidarios y de hermandad entre luchas y pueblos del mundo, a partir de la acción  común frente a la grave situación de violación de derechos humanos en Honduras.
  • Visibilizar y denunciar la situación de violación de derechos humanos en Honduras y especialmente en el Bajo Aguán
  • Entender la vinculación entre la militarización, la transnacionalización, la lucha por la tierra y la violación de derechos humanos en la región y el país

Previo y posterior al Encuentro, y en el marco de esta convocatoria, se realizarán Brigadas Nacionales e Internacionales de Solidaridad, en las comunidades y asentamientos que viven las condiciones más graves. Estas BRIGADAS DE SOLIDARIDAD se establecen a partir de la convicción de que la creatividad, el afecto activo y la colectividad vital, tienen la potencia de desmontar la cultura de la violencia que sostiene la lógica militar.

Cumplirán tareas en el marco de la prevención y protección de los derechos humanos para los asentamientos de las diversas organizaciones campesinas sometidas a procesos de represión y exterminio. Las brigadas de la solidaridad permanecerán por espacios de tiempo definidos entre las personas delegadas y el Observatorio.

Les recordamos que la llegada a Tocoa, ciudad principal del Bajo Aguan, es el día 17, los días plenos de trabajo son el 18 y 19 y el 20 la salida. Para quienes continúan en las Brigadas de Solidaridad éstas serán coordinadas con el Observatorio.

Para más información:

pueden comunicarse al correo electronico: mioaguan2012@gmail.com

y seguir el blog:  http://www.mioaguan.blogspot.com/

Para las Brigadas de Solidaridad contactarse directamente a:

Brigadas Aguan – brigada.solidaridad.aguan@gmail.com


Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el  Aguán.

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH.

Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH

Insurrectas Autónomas

Espacio Refundacional

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan COPA

Frente Nacional de Resistencia Popular – FNRP – Colon

Movimiento Campesino del Aguan – MCA

Movimiento Unificado Campesino del Aguan – Margen Izquierda

MUCA –MI

Movimiento Unificado Campesino del Aguan – Margen Derecha

MUCA-MD

Movimiento Campesino de Rigores

Movimiento Campesino Orica

Movimiento Marañones

Cooperativa Buenos Aires

Movimiento Campesino de Vallecito

Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguan MARCA

Fundacion Popol Nah Tum

Colectivo Italia Centro América

Rights Action

Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Americas COMPA

Comité de  Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras COFADEH

www.mioaguan.blogspot.com

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Pueblo Creyente y CEBs

Palabra del Pueblo Creyente y las Comunidades Eclesiales de Base en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 24 de noviembre de 2011.

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD:

Nuestra fe está puesta en el Dios de la vida que puso en las manos de la humanidad toda la creación para que nos sirviera para vivir (Génesis 1, 29 – 31). Reconocemos a nuestro buen Dios como el creador del sol, de la madre tierra, del agua, de los árboles y de todos los recursos de la naturaleza. Creemos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y por ello nos sentimos responsables de cuidar su obra y de procurar que no la sigamos destruyendo. Creemos que Dios nos creó a hombres y mujeres a su imagen y semejanza; por ello, nos duele y nos preocupa la destrucción de los seres humanos, la violencia contra las mujeres, por el abuso del alcohol y de las drogas. Peregrinamos para pedir perdón a Dios por nuestras faltas y para pedirle su ayuda y así vivamos una vida más digna, como El quiere.

Creemos en el Dios que está cerca de su pueblo, que es solidario con él y por eso lo libera de la opresión: “He visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he escuchado sus gritos cuando lo maltrataban sus mayordomos, conozco sus sufrimientos, por eso he venido a liberarlos…” (Éxodo 3, 7 – 9). Creemos en Jesucristo el enviado de Dios que nos ha traído la Buena Nueva del Reino, que se hace presente cuando hay una vida abundante (“… Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios… El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean la Buena Nueva” (Marcos 1, 14 – 15) “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10).

Desde esta convicción, ante el dolor y sufrimiento de nuestro pueblo y de nuestra Madre Tierra, como diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinamos hoy, encabezados por Pueblo Creyente y por Comunidades Eclesiales de Base, en fidelidad a lo acordado en la Asamblea diocesana de mayo pasado.

Estamos preocupados por las causas reales de la agonía de nuestra Madre Tierra que día a día constatamos en: La contaminación del medio ambiente, el aumento de la basura, la deforestación, la erosión, la destrucción de cerros, la contaminación de manantiales y ríos, la escasez y poco cuidado del agua, el uso indiscriminado de agroquímicos y otros. Nos preocupa la pérdida de respeto a nuestra Madre Tierra.

Vemos con dolor, que en nuestro Estado de Chiapas hay mayor pobreza, migración, aparición de nuevas enfermedades como el Sida, suicidios, despojo de tierras aunado al aumento de catástrofes naturales que afectan principalmente a los más pobres.

Somos testigos de cómo algunos programas gubernamentales crean dependencia y pobreza, y nos preocupa que los llamados “macro-proyectos”, provenientes de intereses transnacionales, pretendan apropiarse y controlar el territorio y los recursos naturales de nuestro Estado; en muchas comunidades, ambos provocan división y enfrentamiento.

Nos indigna el clima de inseguridad y violencia en todo el país y en nuestro Estado que se está haciendo cada vez más evidente en: asesinatos, secuestros, desapariciones, maltrato a migrantes, extorsión, etc. Sumándose a esto la apertura de más cantinas, prostíbulos y antros que están fuera de la ley, y que violentan el reglamento en materia de salud, provocando el incremento en la venta de alcohol, droga y prostitución.

Nos preocupa la posible imposición de una Ley de seguridad que no respetara los derechos inviolables de los ciudadanos. Nos indigna la criminalización de la sociedad, de los defensores de derechos humanos, que por denunciar la injusticia son detenidos, torturados y encarcelados como delincuentes.

Como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal, con nuestros pastores jTatic Felipe y jTatic Enrique, y en memoria de nuestro querido jTatic Samuel, tenemos el compromiso de hijos e hijas de Dios de denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios, que se construye día a día en nuestra realidad cotidiana cuando nos hacemos verdaderos hermanos y hermanas unos de otros. Por ello,

Denunciamos:

  • La falta de acciones enérgicas por parte de las autoridades correspondientes que controlen el comercio y el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, así como la apertura de cantinas, prostíbulos y antros que tanto daño hace a nuestras comunidades.

  • La amenaza latente que representan las concesiones mineras que, aunque se han detenido temporalmente, pueden reactivarse de un momento a otro, pues no se han clausurado de manera definitiva.

  • El uso de los recursos de la nación para impulsar proyectos ambiciosos de empresas trasnacionales.

  • La falsa política ambientalista que se nos está presentando desde la Cop16 celebrada en Cancún, en la que los acuerdos tomados significan, en la práctica, el secuestro de nuestros territorios como mercancía para mitigar los efectos del cambio climático y permitir que continúe un modelo de desarrollo que rechaza reducir emisiones contaminantes.

  • Los efectos nocivos de los proyectos que inciden en un cambio cultural y el abandono de la producción de alimentos, en función de privilegiar monocultivos en favor de la industria.

  • El riesgo que representa para nuestras semillas nativas, la aceptación de cultivos transgénicos y la actitud ambigua de funcionarios y dependencias gubernamentales ante las grandes empresas del ramo.

Ante esta realidad que atenta contra la vida y la dignidad de nuestros pueblos, nos pronunciamos:

  • Por un ambiente social más sano, libre de alcoholismo y de drogas que tanto dañan a personas, a las familias y a la sociedad y, por tanto, la aplicación de la ley en esta materia por parte de las autoridades.

  • No permitir concesiones mineras y clausurar definitivamente las ya existentes que dañan y contaminan al medio ambiente y a la población.

  • Por el respeto a los territorios de los pueblos originarios que habitamos estas tierras.

  • Por una forma de entender la naturaleza en la que los seres humanos no somos los dueños, sino que formamos parte de ella.

  • Por una sociedad en que se viva el reino por una Paz que nace de la justicia, el respeto y la dignidad de las personas.

  • Por una sociedad democrática donde se valora y se respete la participación ciudadana con propuestas de decisiones que marcan el camino de nuestra nación.

  • Porque se valore y se respete las formas de organizaciones de nuestros pueblos.

  • Porque no se trate como criminales a las personas que se organizan y que denuncian las injusticias.

Por todo lo anterior hacemos un llamado:

A la comunidad católica, a hombres y mujeres de buena voluntad y de otras confesiones religiosas, a sumarse a estas causas, revisando nuestros modos de vidas, buscando crear una armonía entre los seres humanos y con la naturaleza, haciendo un uso responsable de los recursos naturales que estén en armonía con la naturaleza y que hagan uso moderado de los recursos. Poco logramos con sólo denunciar lo que hacen otros, si nosotros no nos convertimos y no damos un buen ejemplo.

A las comunidades y ejidos de nuestro Estado y a las organizaciones de la sociedad civil, a construir la unidad y recuperar la inspiración original de nuestras luchas, para seguir cuidando y defendiendo nuestros territorios y recursos naturales, y a rechazar aquellos programas, proyectos y prácticas que atentan contra nuestra dignidad y contra la unidad de las comunidades y que causan destrucción a nuestra Madre Tierra. Y a poner las medidas para que las bebidas embriagantes, la prostitución, las cantinas y la venta de droga sean eliminadas de nuestras comunidades.

Al gobierno estatal y al Congreso del Estado a que, escuchando la voz de las comunidades indígenas y campesinas, y en respeto a los acuerdos de San Andrés, promuevan los decretos y leyes pertinentes para proteger la rica biodiversidad, los recursos y el territorio de nuestro Estado, así como las semillas nativas que representan el patrimonio milenario de nuestras culturas. Tenemos ya ejemplo de legislaciones de otros Estados del país que han garantizado la no siembra de semillas transgénicas en sus territorios. Y concretamente a prohibir la explotación de minas contaminantes o destructoras del ambiente, en el Estado de Chiapas, lo mismo que la aplicación a fondo de las leyes y reglamentos relacionada con la venta de vinos, licores y con la creación de cantinas, bares, antros y prostíbulos.

Al Gobierno Federal y al Congreso de la Unión, a dar seguimiento a los Acuerdos de San Andrés, a no imponer la Ley de seguridad y a atender los reclamos justos de la sociedad.

A la comunidad internacional, a continuar la solidaridad en la resistencia a un proyecto de desarrollo que destruye nuestro planeta y afecta de modo especial a los más pobres.

Reiteramos nuestra solidaridad con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y con las víctimas de la violencia que se ha desatado en muchos Estados del país en los últimos años. Urgimos en particular que se revisen los expedientes y se haga justicia a los hermanos y hermanas injustamente presos. De la misma manera nos unimos con otros procesos de luchas pacificas en defensa de la Madre Tierra, el territorio y de la vida que se llevan a cabo en otros estados del país y del mundo.

En este día caminamos, en memoria de nuestro jTatic Samuel y de otros muchos laicos, laicas, religiosos y religiosas que han sido testimonio del amor de Dios a su pueblo pobre.

Creemos en el Dios que está cerca de su pueblo, que es solidario con él y por eso lo libera de la opresión. Creemos en nuestro compromiso de Hijos de Dios de denunciar las injusticias y anunciar el Reino de Dios que se construye día a día en nuestra realidad cotidiana cuando nos hacemos verdaderos hermanos y hermanas unos de otros, y cuando no nos dejamos encadenar por el alcohol y las drogas.

Creemos que la tierra es nuestra Madre que nos viste y alimenta y es nuestro compromiso cuidarla y protegerla para que no sea tratada como una mercancía, sino como obra amorosa que Dios puso en nuestras manos para vivir dignamente.

Fraternalmente:

El Pueblo Creyente y Comunidades Eclesiales de Base, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chis.

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RvsR-Chiapas

Trasladan al compañero Juan Collazo Jiménez al penal de los Llanos

San Cristóbal de Las Casas Chiapas a 17 de noviembre del 2011

Trasladan al compañero Juan Collazo Jiménez al penal de los Llanos.

El día de ayer 16 de noviembre Juan Collazo Jiménez fue trasladado del CERSS nº6 de Motozintla al CERSS nº5 de San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran sus compañeros de lucha de la organización Los Solidarios de La Voz del Amate.

El 7 de octubre del 2010, Juan había sido trasladado de manera arbitraria a la prisión de Motozintla, ubicada a 5 horas de la ciudad de San Cristóbal, con lo cual su familia tenía grandes agravios para ir a visitarle. Aquella medida había sido de manera evidente una medida de dispersión la cual también es una forma de tortura psicológica y una estrategia de desestructuración social y política.

El pasado 2 de octubre, el compañero Juan Collazo, Solidario de la Voz del Amate, se sumó desde Motozintla a la huelga de hambre y ayuno que dio comienzo el 29 de septiembre del presente en el penal de los Llanos y que fue protagonizado por miembros de las organizaciones de La Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces Inocentes. Posteriormente a estos hechos y después de haber recibido amenazas de castigo por parte del alcaide del penal de Motozintla de nombre Rogelio Ángel Camacho si no desistía de su ayuno, el compañero Juan se declara en huelga de hambre total ese mismo día con fecha de 27 de octubre del presente año, y con la demanda de libertad inmediata e incondicional.

Aun habiendo finalizado la huelga de hambre que mantenían los compañeros privados de libertad en el CERSS nº5, Juan Collazo siguió en huelga de hambre en el Área de castigo del penal de Motozintla hasta el día 8 de noviembre, esta vez con la exigencia de ser trasladado al CERSS nº5 de San Cristóbal de Las Casas.

Por otra parte el compañero Alfredo López Jiménez perteneciente a la organización de Los Solidarios de la Voz del Amate y el compañero Rosario Díaz Méndez de La Voz del Amate, han realizado recientemente denuncias públicas informando de su situación de salud y denunciando la deficiente atención medica que reciben en el CERSS nº5 de San Cristóbal de Las Casas ya que la presencia de doctores no es constante en el penal y hay falta de medicamentos y recursos materiales para dar una atención medica digna al preso.

Con dichas prácticas la institución penitenciaria antes mencionada, a cargo de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del estado de Chiapas, está violando los artículos 4 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el derecho a la salud de todos los internos en los reclusorios de la república, así como tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.

Por ello exigimos que se les proporcione atención médica adecuada a nuestros compañeros presos, como también exigimos la liberación de todos los compañeros de La Voz del Amate, Voces Inocentes y Solidarios de la Voz del Amate, especialmente la liberación y su regreso a Chiapas del profesor Alberto Patishtán Gómez que se encuentra recluido y en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Guasave Sinaloa.

¡Presos políticos libertad!

¡Libertad Alberto Patishtán Gómez!

GT No Estamos Todxs

Red Contra la Represión y por la Solidaridad Chiapas

Red contra la Represión Chiapas
(RvsR-Chiapas)

radio
Radio Zapatista

La lucha por los Chimalapas

Esta es la historia del conflicto actual en los Chimalapas, la zona de mayor biodiversidad en México, donde el pueblo zoque está resistiendo frente a la cerrazòn de los gobiernos y a los interèses de madereros y ganaderos en la regiòn. Otro conflicto agrario administrado desde arriba que cuesta sufrimiento, sangre y làgrimas a los de abajo.
(Descarga aquí)  
(Continuar leyendo…)

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Llamado urgente de solidaridad con el movimiento campesino del Bajo Aguán, Honduras

¡LLAMAMIENTO URGENTE DE SOLIDARIDAD CON EL

MOVIMIENTO CAMPESINO DEL BAJO AGUAN EN HONDURAS!


CARTA ABIERTA A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DE NUESTRA AMÉRICA

Hermanos y hermanas:

Estamos profundamente preocupados y preocupadas por la gravedad que está alcanzando la situación del movimiento campesino del Bajo Aguan, en la región norte de Honduras. Día a día nos llegan nuevas denuncias –algunas desesperadas- sobre crímenes cometidos en su contra. Con una presencia militar y policial además fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión – estamos convencidos que es urgente actuar para evitar desenlaces peores.

Especial preocupación nos agobia, por la situación de terror que viven los niños y niñas del Bajo Aguan, ya que sus traumas -generados por la represión y el miedo a los que están permanentemente sometidos – perdurarán y afectarán su vida de manera permanente. Hace algunos días, cuando se iniciaba precisamente el operativo militar Relámpago, un grupo de campesinos y campesinas que venían del cementerio donde visitaron las tumbas de sus familiares y de sus compañeros campesinos caídos en la lucha por la tierra, fueron atacados, resultando algunos asesinados y otros heridos. Los niños y las niñas que les acompañaban fueron testigos de ese brutal ataque.

Por todo esto, levantamos nuestra voz de alerta y solicitamos una pronta y eficaz respuesta de parte de los pueblos, gobiernos e instituciones de nuestra América en defensa de la vida y para sentar las bases para una justa resolución de los conflictos de fondo.

Algunos antecedentes

La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.

Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.

En vez de responder por esta situación de violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, el gobierno actual inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”.

En ese contexto se generan graves y alarmantes denuncias en la zona, que señalan la participación de agentes de la Operación Xatruch II en torturas de campesinos, en el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México.

Irónicamente, mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguan, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.

La Policía Nacional, responsable de proteger a la población de los criminales, está siendo sacudida por la crisis más profunda de su historia, siendo señalada por su incapacidad de perseguir el delito y los delincuentes, sus violaciones a los derechos humanos, y por la vinculación de muchos de sus miembros al tráfico de drogas, al crimen organizado, y al sicariato.

En lugar de acabar con los crímenes que se multiplican por miles cada año -y que ubican a Honduras como uno de los países más violentos del mundo según el Estudio Global sobre Homicidios (2011) de la Oficina de las Naciones Unidas sobre la Droga y el Crimen (UNODC)- la policía hondureña ataca sin piedad a la población, siendo los campesinos del Bajo Aguan algunas de sus víctimas principales, debido a su firmeza en la lucha por la tierra.

Respuestas desatinadas

Ante este panorama, desde la comunidad internacional las respuestas tienden más al agravamiento de los conflictos que su resolución. Amén de la plena reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos, ignorando la ola represiva desatada y la indefensión jurídica que emanan del colapso del sistema jurídico y la impunidad reinante, los EE.UU. han incrementado notoriamente su presencia, entrenamientos y gastos militares en el país, abriendo incluso tres nuevas bases militares en el período posterior al golpe de 2009.

A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los EE.UU. y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de EE.UU., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el “capítulo de seguridad” incorporado al NAFTA cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguan y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos – “energía renovable”, “reforestación ecológica” y “turismo sustentable” – por sobre la resistencia de las poblaciones cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.

Nuestra solicitud

Por estas razones:

– Nos dirigimos a los presidentes y presidentas latinoamericanos y caribeños, entre ellos a quienes han aprobado el reingreso de Honduras a la OEA, para:

  • Pedirles que sus gobiernos se hagan presentes en el Bajo Aguan, nombrando a un representante de sus embajadas para que se apersonen en la región, y hagan los esfuerzos que se requieran para detener la sistemática agresión y asesinatos contra los campesinos y campesinas.
  • Pedirles que suspendan toda ayuda financiera al gobierno, especialmente la destinada a las Secretarías de Defensa y Seguridad Pública. Que se suspenda toda cooperación internacional dirigida a fortalecer al Ejército, la Policía Nacional y a sostener la intervención extranjera, sea ésta en calidad de préstamo o de donación.

– Nos dirigimos a la Organización de Estados Americanos, para pedir que proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

– Nos dirigimos a la Organización de las Naciones Unidas, para solicitar que envíe Relatores Especiales al país para constatar las denuncias de las poblaciones afectadas en el lugar de los hechos.

– Nos dirigimos a las Instituciones Financieras Internacionales, a los inversores y llamados “donantes” internacionales, para que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas.

-Nos dirigimos a las autoridades hondureñas, para exigir que respeten los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de:

1) Velar por los derechos humanos:

  • Dando protección a las personas y comunidades en riesgo.
  • Investigando y sancionando los crímenes cometidos y castigando a sus responsables.
  • Terminando con la criminalización de los movimientos campesinos y con la impunidad de la que gozan los grandes terratenientes.

2) Avanzar desde el Estado hacia la solución de la grave problemática agraria que afecta al campesinado hondureño:

  • Deteniendo los desalojos forzosos.
  • Garantizando el derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a la vivienda, de los y las campesinas organizadas.
  • Impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y la concesión y entrega del territorio y del patrimonio natural sin la obligatoria consulta previa e informada de los afectados.

3) Desmilitarización de la región:

  • Suspender los operativos militares.
  • Poner fin a la presencia militar extranjera.

– Finalmente, nos dirigimos a los pueblos del continente para que se mantengan en alerta frente a la situación de grave peligro que se presenta en Honduras y especialmente en la zona del Bajo Aguan y activen la solidaridad, participando de las distintas iniciativas de las organizaciones populares de la región, como el Observatorio Internacional de Derechos Humanos para el Aguan y las brigadas solidarias.

¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz – Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora

Jubileo Sur/Américas – Convergencia  de Movimientos de los Pueblos de las Américas, COMPA – Espacio Refundacional-Honduras – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH – Organización Fraternal Negra de Honduras OFRANEH – Rights Action/Derechos en Acción – Colectivo Italia Centro America CICA – Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía de Argentina (primeras firmas)

-11 de noviembre de 2011

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(English) Two Years of Impunity in the Case of H.R. Defenders Margarita Martínez and Adolfo Guzmán

TO NATIONAL AND INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS

TO GRASSROOTS AND CITIZENS’ ORGANIZATIONS

TO MAINSTREAM AND ALTERNATIVE MEDIA

TO THE GOOD GOVERNMENT COUNCILS

TO THE OTHER CAMPAIGN

TO NATIONAL AND INTERNATIONAL CITIZENS’ ORGANIZATIONS

TO THE MOVEMENT FOR PEACE:

We denounce two years of impunity in the case of human rights defenders Margarita Guadalupe Martínez and Adolfo Guzmán

Two years have passed since members of the Chiapas state attorney general’s office (PGJE), specifically the District Office of the Border Mountain zone (FDFS), unlawfully entered our home in Comitán, Chiapas, committed abuse of authority and tortured the four members of our family. A formal complaint was made regarding these injustices at the Special Office for Protection and Attention to Human Rights NGOs (FEPAONGDDH), yet in spite of the time that has elapsed, neither the Special Office nor the Chiapas state government has done anything to shed light on what happened and they continue dragging their feet in order to cover up government officials and prevent the truth from coming to light.

Since legal proceedings of this case began, we have received death threats six times, Margarita Martínez has been kidnapped and tortured twice, first on February 25, 2010 (36 hours before the legal re-enactment of what occurred), then on November 24, 2011. Formal public complaints were filed on each occasion.

Following the kidnapping of Margarita on February 25, 2010, the Inter-American Commission on Human Rights (ICHR) called on the Mexican army to protect our family and decreed protection measures for us, consisting of police guards to be assigned by the Chiapas state government, from a “special corps” from the Secretary of Public Security and Citizen Protection (SSyPC). We were forced to accept these measures in light of the imminent risk and vulnerability we faced.

Yet protection measures have not helped our case nor have they produced a less stressful situation. In fact, Margarita’s kidnapping in November, 2010 happened while being accompanied by a police guard and in October of this year we received an anonymous death threat at our home, supposedly protected by the SSyPC,.

We believe that the ineffectual actions of the judicial branch of the state of Chiapas and its complicity with the parties we have sued have to do with the following circumstances:

First, regarding the delays in obtaining a verdict: FEPAONGDDH divided the case into three separate events, supposedly to carry out a better investigation, i.e. 1) illegal entry with abuse of authority, torture (which authorities have dropped); 2) threats, a charge aggravated by the fact that it was a death threat; 3) Kidnapping, torture and rape. Charges stemming from these three events were filed with FEPAONGDDH, but only the first has been formally admitted and prosecuted, and even then the accusation of torture was omitted.

Second, dealing with the reclassifying of crimes, a procedure we have questioned: FEPAONGDDH alleges that due to a lack of proof, the charge of torture cannot be prosecuted, in spite of the fact that a UN-certified psychologist on torture carried out an evaluation in accordance to the standards outlined in the Istanbul Protocol, and found that all members of our family had been tortured.

Third: the protection measures requested by the ICHR and implemented by the government of Chiapas have hardly ensured security, since, as noted before, two very serious crimes were committed even while our family was receiving police protection.

The Attorney General of Chiapas, Raciel López Salazar, and the Governor of the State, Juan Sabines Guerrero, have not contributed to clearing up these matters, in spite of the request by the ICHR, thus clearly showing a lack of justice and accountability in prosecuting efficiently and objectively the crimes committed by state officials under their authority.

Given the above, we hereby lodge a protest against the state’s breach of duty to carry out a prompt and impartial investigation. Two years have passed and the facts have yet to be investigated fully nor has a verdict been handed down against the accused parties. This points to a clear dereliction of duty of the Mexican government, and particularly the government of Chiapas, and underscores the total lack of guarantees for human rights defenders.

We therefore demand the following from the governments of Chiapas and Mexico:

  • Full implementation of the ICHR’s protection measures (decree 52-10) in a efficient and professional manner.
  • Guarantees for the lives and physical and emotional wellbeing of all members of our family.
  • Public officials implicated in the serious accusations that have been filed (illegal entry, abuse of authority, death threats, torture, kidnapping and rape) should be suspended from duty until the matter is legally resolved, insofar as those involved have used their government posts to avoid prosecution.
  • Those officials responsible for the crimes committed should be prosecuted and sentenced for the violations of human rights that occurred.

Stop the harassment of Human Rights Defenders

Stop the torture of Human Rights Defenders

Never again a Mexico without Human Rights

Sincerely,

Margarita Guadalupe Martínez Martínez

Adolfo Guzmán Ordaz

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Pronunciamiento de la Red Nacional contra las altas tarifas de la luz

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELECTRICA

PRONUNCIAMIENTO CONTRA LA REPRESION Y EL HOSTIGAMIENTO

Viernes 11 de Noviembre del 2011

Al crecer el descontento nacional contra las altas tarifas de la energía eléctrica, también crece el movimiento de protesta y la organización del pueblo en las colonias populares y en las comunidades indígenas y campesinas a lo largo y ancho del país. Pero la respuesta de los malos gobiernos es cada vez más represión, hostigamiento y encarcelamiento.

En todas las regiones Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Campeche. Están utilizando la estrategia de los procesos penales para desgastarnos económica, Física y Moralmente.

En este ultimo Estado, donde en el 2009 y el 2010 nuestr@s compañer@s SARA LOPEZ GONZALEZ, JOAQUIN AGUILAR MENDEZ Y GUADALUPE BORJAS CONTRERAS estuvieron presos injustamente durante 11 meses por el delito inventado por la CFE de privación ilegal de la libertad de uno de sus funcionarios, bajo el número de expediente O45/2009 ante el juez MARIO TORAYA quien se ha prestado a estos actos de injusticia, es pues que este miércoles 9 de Noviembre del 2011, detuvieron y encarcelaron al compañero Héctor Alejo y reactivaron las ordenes de aprehensión contra 50 compañeros y compañeras por el supuesto delito de obstrucción de la realización de un servicio público, cuando se opusieron al operativo masivo de corte de luz a los usuarios en el 2008, como si cortar la luz a un usuario fuera un “servicio público”. No bastando a la compañera Sara López, le acaban de trasladar su expediente penal desde Mérida a Guanajuato, solo para impedir que pueda estar al pendiente de su proceso de apelación violentando de manera flagrante sus derechos humanos y dejándola totalmente en estado de indefensión.

De la misma manera, en los lugares donde la CFE intenta realizar cortes masivos de luz en abierta provocación en contra de un movimiento totalmente legitimos que refleja la inconformidad de un enorme sector de la población mexicana como es el nuestro, la gente se defiende impidiendo mas cortes y reconectándose, haciendo ejercicio de los derechos que tenemos todos los mexicanos y mexicanas a la protesta social y a tener acceso al servicio público de la energía eléctrica. Pero después, en vez de buscar solución a la demanda ciudadana, la respuesta del Estado a través de la CFE son las denuncias penales como es el caso no solo de Campeche, sino que de Chihuahua y del Sur de Veracruz. En otros casos como en la costa y los altos de Chiapas, en el Istmo de Oaxaca, en el Sur de Veracruz, el Estado fabrica delitos y libera ordenes de aprehensión contra dirigentes de los movimientos para debilitarlos y desgastarlos.

Pero sabemos muy bien que esto no solo pasa con el caso de la luz, sino que donde quiera que el pueblo se organice para defender sus derechos y territorios, viene la represión del Estado en defensa de los intereses extranjeros y de sus grandes empresas que vienen nuevamente a saquear todos nuestros recursos. La mayoría de los países “ricos” de hoy construyeron su riqueza con el robo de nuestros recursos naturales (oro, plata, maderas preciosas, etc) y la esclavización de nuestro pueblo durante la colonia española; y ahora que los países ricos están sintiendo la crisis económica se quieren volver a capitalizar con esta nueva etapa de saqueo despiadado de nuestros recursos y a la explotación bárbara de nuestra mano de obra en flagrante violación de todos nuestros derechos conquistados con las luchas de nuestros pueblos durante los dos últimos siglos, no solamente aquí en México, sino que en toda América Latina y en muchos otros países del mundo.

Y el Estado mexicano con los gobiernos federal, estatales y la mayoría de los municipales, los congresos federal y locales, todos los partidos políticos, los medios de comunicación masivos, las cúpulas empresariales y eclesiales, los narcos y todo el mundo del poder dominante se unen para violar en toda impunidad nuestros derechos y entregar nuestros recursos en charola de plata a los empresarios más ricos de los países más ricos del planeta. Y reprimen sistemáticamente a todos y todas los que nos resistimos contra esta barbaridad e intentamos construir otro futuro para nuestros pueblos y territorios.

Así está pasando con la generación y distribución de la energía eléctrica, entregándola a las empresas extranjeras, españolas principalmente a quienes la tenemos que comprar, a través de la CFE y cobrándonos por eso tarifas cada vez más caras.

¡BASTA YA DE SAQUEO DE LA NACION!

¡BASTA YA DE VIOLACION DE NUESTROS DERECHOS!

¡BASTA YA DE REPRESION!

¡ESTAMOS HARTOS, ESTAMOS HARTAS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELECTRICA

Consejo Autonomo de la costa de Chiapas, Luz y fuerza del pueblo (Chiapas), Resistencia civil contra las altas tarifas de luz de Candelaria (Campeche), Resistencia civil indígena y popular contra las altas tarifas de luz del Sur de Veracruz, UCIZONI (Oaxaca), Asamblea de los pueblos indígenas del Istmo en defensa de la tierra y del territorio(Oaxaca), Tlakaelel (DF), Alianza Única del Valle (Estado de Mexico), MARC (Chihuahua), Fedeco (Chihuahua)

radio

Pide AI protección a hnos. Cerezo contra amenazas

La Jornada

12 de Noviembre de 2011

Pide AI protección a hermanos Cerezo contra amenazas

DE LA REDACCIÓN

Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado urgente a las organizaciones civiles para que pidan al gobierno federal la protección de los hermanos Cerezo, quienes han recibido mensajes de correo electrónico con amenazas a su integridad. Afirmó que el 9 de noviembre el Comité Cerezo recibió un mensaje en el que se leía: “Que quede muy claro no habrá día, mes u año en que nosotros (no) estaremos al pendiente de todo, incluso de platicar con ustedes, que ya lo hemos hecho con Francisco cerezo el ‘inteligente’, que de eso nada tiene, […] Ojalá cambies francisco, nosotros te vamos a ayudar a cambiar. Como vez? Sabemos que no tendremos respuesta, sabemos que su silencio es su ‘inteligencia’, pero sabes francisco y compañía, que también el silencio mata”. AI propuso que las peticiones de protección se envíen a las autoridades federales antes del 22 de diciembre, así como que se solicite una investigación exhaustiva sobre la amenaza, se hagan públicos los resultados y que los responsables sean sancionados.

radio
RvsR-Chiapas

Denuncia de Alfredo, exije justicia por su hijo y libertad para l@s compañer@s

A la Opinión Pública

A los Medios de Comunicación Estatal Nacional e Internacional

A los Medios Alternativos

A los Adherentes a La Otra Campaña

A la Sexta Internacional

A las Organizaciones Independientes

A los Defensores de los Derechos Humanos ONGs

Preso Solidario de la Voz del Amate

Adherentes a La Otra Campaña del EZLN

Cautivos en el Penal n° 5 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

A causa de la injusticia que mi País México vive, día a día donde miles de personas son víctimas de explotación, maltratos, la violación a los derechos humanos, la discriminación solo por ser gentes pobres analfabetos nos humillan entre otros.

Como es nuestro caso fuimos detenidos arbitrariamente en el año 2007 junto con mi esposa Rosa López Díaz quien se encontraba embarazada de 4 meses donde sufrimos torturas físicas y psicológicas y de ahí nos trasladan al Cerrs. N° 5 y al paso de unos meses mi esposa dio a la luz a un varón donde nació con parálisis cerebral deforme de la cara sin tener movimientos en su cuerpo.

El pasado 25 de Octubre se agravó su situación de salud, mis familiares lo llevaron al hospital de Teopisca y no lo atendieron. Se trasladan al hospital del Clínica de Campo en San Cristóbal, con la desdicha de ser analfabeta recibieron nuevamente la negligencia médica.

Hoy mi hijo que tiene por nombre NATANIEL LOPÉZ LOPÉZ es difunto, todo por no recibir atención especializada, muchas veces solicité apoyo a las instituciones gubernamentales y jamás respondieron. Esto no quedará impune; siento un gran dolor en mi alma y clamo a Dios justicia por la injusticia que el mal gobierno y su gabinete ejercen en nuestras personas.

Es por ello que el pasado 29 septiembre unos nos declaramos en huelga de hambre, otros e ayuno y plantón por tiempo indefinido con el único fin de exigir justicia y nuestras libertades que nos ha robado.

Hoy llevamos ya 35 días de huelga y nuestro estado de salud se va deteriorando con síntomas de mareos, jubilación de vista, dolor de cabeza y pérdida de memoria hasta hoy el gobierno no ha respondido a nuestra demandas. Por eso hoy denuncio públicamente estas irregularidades que estoy y estamos viviendo. Una vez más exhorto al C. Lic. Juan Sabines Guerrero a tomar acciones urgentes en el estado que nuestras personas se encuentran, cualquier complicación de nuestra salud o pérdida humana hago responsable a Sabines, no estoy ni estamos dispuestos a pagar un delito que jamás cometimos.

Exijo nuestras libertades inmediatas e incondicionales de todos los que estamos en la lucha por la justicia, Enrique Gómez Hernández, Penal n° 14 el Amate, Juan Collazo Jiménez que se encuentra en huelga de hambre en el Penal n° 6 de Motozintla. Así mismo exijo al gobierno Federal por la libertad inmediata de nuestro compañero Alberto Patishtán Gómez que se encuentra en el Cefereso n° 8 de Guasave Sinaloa. Por último invito a toda la Sociedad Civil estatal Nacional e Internacional a sumarse en nuestro dolor. No es justo sufrir y pagar algo que no se debe mucho menos cobrando la vida de un inocente.

Ya basta de discriminación

Ya basta de humillaciones

Todos a la verdad y a reclamar justicia y libertad
para todos los presos políticos del país. Hasta la victoria

Fraternalmente.

Alfredo López Jiménez Solidario de la Voz del Amate, Penal n° 5 de San Cristóbal de Las Casas – Chiapas

radio
Comité Cerezo

Detención arbitraria, golpes y agresiones en contra de 29 participantes de la marcha por la paz en ciudad Juárez

Detención arbitraria, golpes y agresiones en contra de 29 participantes de la marcha por la paz en ciudad Juárez, así como golpes y agresiones en contra de reporteros que cubrían la manifestación por parte de la agentes de la policía municipal encabezados por el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez

México, D.F. a 2 de noviembre de 2011

AU–02–2011

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República

César Duarte Jáquez

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

Lic. Omeheira López Reyna

Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

Dr. Raúl Plascencia Villanueva

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Sr. Santiago Cantón

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos

Lic. José Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Graciela Ortiz González

Secretaría General de Gobierno de Chihuahua.

Lic. José Luis Armendáriz González

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua

Navanethem Pillay

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

SouhayrBelhassen

Presidente de la FIDH

Salil Shetty

Secretario General de Amnistía Internacional

El Comité Cerezo México, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC,  el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” AC, La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)  con domicilio, para oír y recibir comunicaciones, ubicado en calle Volcán Kirishima L. 6 Mz. 4, Colonia El Mirador III Secc. Delegación Tlalpan. CP 14449, con número telefónico 55 5655 9465 y correo electrónico: comitecerezo@nodo50.org solicita su intervención urgente ante:

Detención arbitraria, golpes y agresiones en contra de 29 participantes de la marcha por la paz en ciudad Juárez, así como golpes y agresiones en contra de reporteros que cubrían la manifestación por parte de la agentes de la policía municipal encabezados por el secretario de Seguridad Pública, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez

Hechos:

El martes 1 de noviembre aproximadamente a las 6:00 pm en la intersección de la avenida López Mateos y Paseo Triunfo de la República de ciudad Juárez, Chihuahua, más de ciento cincuenta elementos de la policía municipal portando armas largas, muchos de ellos con el rostro cubierto, de los Distritos Chihuahua, Babícora y Universidad al mando del secretario de Seguridad Pública, teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez y la directora de Tránsito, Maris Domínguez, detuvieron arbitrariamente, con golpes y agresiones a 29 manifestantes entre ellos varias mujeres, adolescentes y adultos mayores que realizaban una marcha por la paz. En este mismo hecho también fueron golpeados y despojados de sus cámaras e instrumentos varios periodistas y reporteros gráficos.

Los policías municipales subieron a las patrullas a los manifestantes a empujones, manotazos y golpes con bastones retráctiles y, en las unidades, los golpearon para esposarlos,  Incluso arrastraron a una mujer por el pavimento, ya esposada. En tanto, policías municipales cortaron cartucho a los reporteros para evitar que siguieran fotografiando y tomando video de la golpiza.

Nombre de los detenidos:

Ana Pong Ríos, 28 años, alumna de Diseño Gráfico de IADA, Arturo Vázquez Flores, 22 años, estudiante de la UACJ, Beatriz Mercedes Sáenz García, 49 años, ingeniero agrónomo, Carlos Yaffin Pong Ronquillo, 37 años, César Antonio Ochoa Paredes, 22 años, estudiante de El Paso, Yazmín López Yáñez, 17 años, Jesús Fabio Ceballos, 24 años, estudiante de la UACJ, José Luis Rodríguez Isaí, 21 años, estudiante de la UACJ, Juan Pablo Rodríguez Isaí, 17 años, Michelle Barraza Nevares, 24 años, Naín Eastwood Romero, 22 años, estudiante de la UACJ, Sandra Isabel Frías Vela, 27 años, Pedro Mireles Contreras, 58 años, Verónica Castillo, 35 años, maestra de psicoterapia de la UACJ, Agustín Alberto Ortega Rodríguez.

Las siguientes personas fueron detenidas arbitrariamente al llegar a la estación Aldama y exigir la libertad de los anteriormente mencionados.

Los arrestados afuera de la Estación Aldama son:

Karla Luisa Corral Morales, 17 años, estudiante de la UACJ, Gabriela Ortiz Enrique, 23 años, electricista, Armando Magallanes Chavira, 24 años, Emmanuel Albarrán Quiñónez, 28 años, estudiante de la UACJ, Jesús Armando Jiménez Gutiérrez, 59 años, epidemiólogo, Irving Luévano Pereira, 20 años, Julián Álvarez, 30 años, estudiante de Literatura en la UACJ, Antonio Muñoz Quintana, 26 años, estudiante de la UACJ, Daniel Delgadillo Díaz, 50 años, ingeniero agrónomo, Daniel Luévano Pereira, 23 años, Armando González Bailón, 47 años, maestro de la Escuela Secundaria Técnica 55, Arturo Vázquez Peral, 52 años, médico del IMSS, Gerardo Solís Quejalva, 39 años, maestro de la Preparatoria Altavista, Adolfo Grijalva Vázquez, jardinero

Los detenidos fueron  trasladados por elementos de la policía municipal a la estación Aldama, los cuales se encuentran detenidos e incomunicados en dichas instalaciones.

Antecedentes:

El teniente coronel, Julián Leyzaola Pérez cuando fue funcionario del gobierno del Estado de baja California enfrentó denuncias por tortura cometidas en el año 2010. A raíz de eso la procuraduría de los derechos humanos y protección Ciudadana de Baja California emitió, el 27 de septiembre de 2010, la recomendación  6/10 por el caso de tortura contra A1 y otros, por los hechos ocurridos el 5 de agosto de 2010 en Tijuana Baja California.

Las acusaciones son de cinco hombres que fueron detenidos el 22 de agosto del 2009, a quienes trasladaron a la comandancia de la calle ocho en el centro de la ciudad donde los detuvieron ilegalmente por más de 12 horas, estuvieron incomunicados y fueron torturados, sostuvo. De acuerdo al comunicado de prensa de la PDH, “la finalidad de estas acciones violatorias a los derechos humanos era que confesaran su participación en las  agresiones con arma de fuego a elementos de la policía municipal el 21 y 22 de agosto en esta ciudad, y se declararan como mata policías”.

La recomendación completa se puede consultar en el siguiente link

http://www.pdhbc.org/recomendacion_2010_resumen.html

Por lo anterior las organizaciones firmantes solicitan al gobierno mexicano:

1.       Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los detenidos arriba anunciados.

2.       Liberar inmediatamente los 29 manifestantes que fueron detenidos de manera arbitraria.

3.       Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, golpes y agresiones recibidas en contra de los 26 manifestantes; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

4.       Garantizar la libertad de expresión, de manifestación y de protesta, así como garantizar la integridad física y psicológica de los periodistas que están cubriendo los hechos

5.       Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona «individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional» (Art.1) y a «garantizar la protección […] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración» (Art. 12.2);

6.       De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.

A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos que:

Con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas

Por las organizaciones:

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” AC

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (

Francisco Cerezo Contreras

Coordinador del Comité Cerezo México