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Medios Libres en La Realidad

Los Espejos en la Resistencia.-Declaración de la Compartición CNI-EZLN en La Realidad (9 agosto)

“LOS ESPEJOS EN LA RESISTENCIA”

“LOS ESPEJOS EN LA RESISTENCIA”

Por Medios Libres en La Realidad

Caracol de La Realidad, Chiapas. 9 de agosto de 2014.- Ante las y los compañeros de la Sexta Internacional e Internacional, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los 28 colectivos, grupos, tribus del Congreso Nacional Indígena (CNI) se dio a conocer la “Declaración Sobre El Despojo de Nuestros Pueblos” la segunda compartición de acuerdos entre el CNI y el EZLN.
(Descarga aquí)  

La tierra que nos vio nacer que nos da la vida y que finalmente descansamos en ella eternamente por eso somos todos los colores que somos todas las lenguas que hablan nuestros corazones por eso somos pueblos, somos tribus, somos nación, somos las guardianas y los guardianes de estas tierras, de este país que es México, de este continente y del mundo. EZLN, Agosto del 2014.

A voz de un compañero de San Francisco Xochicuautla, se compartió en la explanada del caracol donde nos encontrábamos compañeros de la Sexta, las Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) y demás invitados a la clausura de la Primera Compartición De Pueblos Originarios de México con Pueblos Zapatistas: “Compañero David Ruiz García”.

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Frayba

Zapatistas desplazados ante riesgo de ataque

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
04 de agosto de 2014

Boletín de prensa No. 22

Desplazamiento de Bases Zapatistas ante riesgo de ataque

  • 32 personas de la Comunidad Autónoma Egipto, pertenecientes al Caracol de La Garrucha, se desplazan forzadamente

  • Habitantes del Ejido Pojcol invaden tierras recuperadas de Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 32 personas de la Comunidad Egipto, del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) San Manuel, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno (JBG) “El Camino del Futuro”, del Caracol III, de La Garrucha, Zona Selva Tseltal, en Chiapas, (Municipio oficial de Ocosingo).

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Frayba

Comunidad Nuevo Tila demanda regularización de sus tierras como régimen ejidal

Representantes de la comunidad Nuevo Tila, en Ocosingo, Chiapas, demandan al gobierno federal y de Chiapas la inmediata legalización de sus tierras que desde hace 30 años han gestionado para que sean régimen ejidal.

Compartimos las palabras que los representantes de la comunidad Nuevo Tila, en Ocosingo, Chiapas, leyeron el día 17 de julio de 2014, previo a la realización de la Preaudiencia: Con Justicia y Paz encontramos la Verdad, en El Limonar, Ocosingo, Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Organización X'inich

Ejidatarios de Nuevo Francisco León exigen respeto a sus derechos a la tierra, el territorio y la libre determinación

A los medios libres, autónomos, comunitarios, independientes
A la prensa nacional e internacional
A la sociedad civil

Indígenas zoques del municipio de Ocosingo emitieron una denuncia ante el Organo Interno de Control de la Procuraduría Agraria en México, de fecha 24 de octubre de 2013, por acciones violatorias a las leyes agrarias, a los derechos humanos y a la libre determinación.

Representantes de la organización X´inich dieron a conocer que el Lic, Juan René Rodríguez y la Lic. Rita Guadalupe Media Sapien, abogado y visitadora agraria de la Procuraduría Agraria han realizado visitas al ejido Nuevo Francisco León tratando de implementar e imponer el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios Sin Regularizar “engañando a la gente que con el nuevo documento del FANAR obtendrán muchos apoyos y que podrán dejar en garantía su documento en cualquier proyecto crediticio.”

Las acciones de los representantes de la Procuraduría Agraria han generado conflictos internos en el ejido. Los representantes de Ejidatarios no interesados en el FANAR, exigen respeto a sus derechos y a sus documentos que los acreditan como ejidatarios legítimos y legales.

Compartimos el comunicado íntegro que leyeron el día 17 de julio de 2014, previo a la realización de la Preaudiencia: Con Justicia y Paz encontramos la Verdad, en El Limonar, Ocosingo, Chiapas

Agradecemos su difusión,
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas


Nuevo Francisco León, municipio de
Ocosingo, Chiapas, México: 17 de julio de 2014

A la Red por la paz de Chiapas.
A los diferentes organizaciones nacionales e internacional
A los organismos independientes defensores de derechos humanos de México y del mundo
A la Opinión Pública.

Hermanas y hermanos: esta es nuestra postura de los compañeros zoques con respecto a la problemática que prevalece en nuestra comunidad generado por la Procuraduría Agraria (PA) al implementar e imponer al Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios Sin Regularizar (FANAR) después de haber realizado varias visitas al ejido al Lic. Juan René Rodríguez y a la Lic. Rita Guadalupe Media Sapién abogado y visitadora agraria de la Procuraduría Agraria residente en Ocosingo, Chiapas, intimidando a los ejidatarios diciendo que los documentos con que cuentan ya no tendrán validez, que no podremos participar en los diferentes programas de apoyos que otorga el gobierno pero engañando a la gente que con el nuevo documento del fanar obtendrán muchos apoyos y que podrán dejar en garantía su documento en cualquier proyecto crediticio. Esta es la causa del conflicto agrario vivido en estos últimos dos años.

El 25 de mayo del 2013 se presentó la lic. Rita Gpe Medina Sapién, en una asamblea ordinaria del ejido sin haber hecho la convocatoria conforme a la ley agraria en donde aprovechó para exponer el motivo de su presencia proponiendo el programa FANAR tratando de convencer a los ejidatarios con sus argumentos mentiras intimidando así, utilizando los programas de gobierno que será un beneficio en desarrollo económico del ejido, así creando un conflicto entre los ejidatarios.

Nuestro ejido cuenta con los documentos básicos hace más de 20 años (mandamiento del gobierno del estado, carpeta básica, resolución presidencial), como un título primordial de nuestro ejido.

El 27 de junio del 2014, se celebró una asamblea, convocado por la PA, sin cumplir con los requisitos de convocatoria que marca la ley, el caso que se dio el procedimiento para verificar los asientos de los ejidatarios con el padrón que ellos tenían por los que fueron separándose a los que van a entrar al programa fanar y quienes no, dándose de baja a más de 20 ejidatarios, sin el consentimiento de cada uno ni con la aprobación de la mayoría de los ejidatarios.

Como consecuencia, que al finalizar se percató que 4 de los compañeros no aparecieron sus nombres, dijo la lic. Rita Guadalupe, que ellos no son ejidatarios pues, no aparecen sus nombres, insistió, en público. Así, causando un daño moral, emocional y discriminatorio. Demandamos sobre estos daños y violaciones a los derechos humanos para que sean castigados a los responsables conforme a la ley. Por la manifestación de los compañeros se vio obligado a reconocer a las cuatro personas que sí estaban en el padrón de ejidatarios. Que el padrón de ambos grupos de ejidatarios se quedará pegado a la vista para poder verificar sus nombres de cada uno, algo que no se cumplió por parte del personal de la Procuraduría Agraria.

Ante esta situación, emitimos una denuncia ante el Organo Interno de Control de la Procuraduría Agraria en México de fecha 24 de octubre de 2013, de las acciones violatorias a las leyes agrarias, a los derechos humanos, a la libre determinación, como pueblo indígena zoque, del cual no ha sido favorable la respuesta. También se envió la respuesta de una notificación a la Quinta Visitaduría Foránea de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH en San Cristóbal de Las Casas Chiapas, el 19 de marzo de 2014. De los argumentos presentados por la Procuraduría Agraria que son totalmente falsos los documentos que presentaron, exigimos respeto a nuestros derechos a la tierra y territorio; y los documentos que nos acreditan como ejidatarios legítimos y legal que poseemos.

Atentamente

Representante de la Organización Xinich
Francisco Álvarez Pablo

Representante de Ejidatarios no interesados en el FANAR,
Crescencio Morales González

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Pueblo de Mitzitón

El pueblo de Mitzitón actúa contra delincuentes talamontes

A la sociedad civil nacional e internacional
A la junta de buen gobierno corazon centrico de los zapatistas delante del mundo
A los medios alternativos de comunicación
A los y las adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona
A los pueblos indigenas organizados

Hermanos y hermanas,

El Pueblo indígena tsotsil de Mitzitón adherente a la Sexta Declaración de La Selva Lacandona nos dirigimos a ustedes para darles a conocer los últimos acontecimientos sucedidos en nuestro territorio.

Como antes hemos denunciado nuestro pueblo se encuentra dividido por intereses externos, intereses económicos que han estado perjudicando nuestros bosques mediante la tala inmoderada de árboles de pino, muchas denuncias hemos presentado ante las Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas sin que se haya detenido a nadie por dicho delito.

La tala de madera de nuestros bosques es parte de un negocio de gran escala, pues la madera que se saca del bosque de Mitziton es llevada a aserraderos cercanos para luego mezclarla con madera “legal” que se traslada a la Península de Yucatan para la construcción de Hoteles de lujo. Sabemos que otra parte de la madera que se extrae ilegalmente y sin autorización de nuestra asamblea o autoridades se va a otros países.

La tala de nuestros bosques lo realizan propios pobladores de nuestra comunidad que son convencidos, usados y protegidos por personas ajenas a nuestra comunidad así como por el propio gobierno estatal de Manuel Velasco Coello y del gobierno Federal de Enrique Peña Nieto. El primero, pues son innumerables las denuncias que presentamos sin que se aplique la justicia y se detuviera la tala de nuestros bosques. El gobernador Manuel Velasco nos ha enviado a muchos funcionarios disque para resolver el problema pero jamás hicieron algo para parar la tala de nuestros bosques, solo fueron para intentar engañarnos primero nos mandó a su coordinador de asesores Eduardo Zenteno, Luego a su Sub secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro y últimamente a su Secretario Particular el doctor Ramón Guzmán Leiva, ninguno hizo nada.

También denunciamos ante la PGR, tampoco hicieron nada. La mayor evidencia de que el gobierno federal esta involucrado en el divisionismo de nuestra comunidad fue cuando detuvimos talando nuestros bosques a tres elementos del Ejército Nacional y cargando los arboles con un camión oficial, lo anterior le consta ampliamente al general Armando Gómez Mendoza que fue a quien se le entrego a los elementos militares que detuvimos talando nuestro bosque.

Por eso en el mes de ocubre de 2013 constituimos nuestra Policía Comunitaria la cual recibió la orden de la asamblea de patrullar las 24 horas nuestros bosques siendo totalmente efectiva y hasta ahora evitamos se continuará talando nuestro bosque.

La banda que opera en nuestra comunidad es conocida como “Los Camarones” y se autodenominan ser parte de “Los Zetas”, y no solo se dedican al tráfico de madera sino también al tráfico de personas.

El otro interés que existe para despojarnos de nuestro Territorio es para la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, que como lo ha dicho públicamente el Secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez se hará a la buenas o a las malas. La construcción de esta autopista va aparejada al gran fraude que la familia Velasco cometió con la construcción del aeropuerto de Palenque. Al mal gobierno no le importa ni le interesa los derechos que como Pueblos Indígenas tenemos, solo les interesa hacerse ricos y para eso implementan sus estrategias de guerra de baja intensidad en los Pueblos indígenas, generando el divisionismo en nuestras comunidades como en el caso de Mitzitón.

Por todo esto como comunidad hemos tomado la decisión de actuar contra los delincuentes que operan en nuestra comunidad quienes serán sometidos a las sanciones que acordó nuestra asamblea que es que desde este momento pierden cualquier derecho agrario o comunitario por lo que deberán salir de inmediato de nuestra comunidad de Mitzitón.

Atentamente:

Pueblo unido de Mitziton en defensa de nuestros derechos indígenas contra las políticas neoliberales.

Pueblo de Mitzitón, Chiapas, México a 29 de junio de 2014.

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La Jornada

Simpatizantes zapatistas denuncian ataques de la CIOAC-H

* Son los mismos líderes que asesinaron a Galeano, aseguran

* Las agresiones empezaron en 2013, cuando los indígenas ocuparon un predio

Hermann Bellinghausen
Periódico La Jornada
Martes 1º de julio de 2014, p. 17

Simpatizantes zapatistas del poblado Primero de Agosto, en la región tojolabal de Las Margaritas, Chiapas, denunciaron agresiones y despojos por parte de miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda (ASSI). Entre los agresores, los indígenas identificaron a dirigentes de la central que participaron en el ataque a las bases zapatistas de La Realidad el pasado 2 de mayo, cuando fue asesinado Galeano y destruyeron la escuela y la clínica autónomas.

Las agresiones más graves se iniciaron una semana después de los hechos en La Realidad, a unos veinte kilómetros de Primero de Agosto, cuando hirieron gravemente de un machetazo en el cuello a un compañero nuestro dentro de nuestro poblado, exponen los indígenas. Carmelino Pérez López, de la ASSI, afirmó que planean matar a cuatro compañeros, agregaron.

El grupo agredido está integrado por hijos de ejidatarios y ejidatarias de Miguel Hidalgo, que en 2011 solicitaron terreno. Sabíamos que hay un predio de 73 hectáreas, recuperado por el EZLN, que no se estaba trabajando. Los demandantes entablaron diálogo entre diciembre de 2011 y marzo de 2013 con los ejidatarios, pero nos agredieron verbalmente, nos humillaron y corrieron. Tuvimos miedo de que nos mataran. El 1º de agosto de 2013 ocuparon el terreno; ahora lo estamos trabajando, somos guardianes de dichas tierras, añaden. Aunque en 2011 Miguel Hidalgo entró en el gubernamental Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar), éste dejó fuera dichas tierras.

Las agresiones tienen antecedentes. El 14 de agosto de 2013, Bernardo Román Méndez, de la Cioac-H, ingresó a Primero de Agosto apuntando con un rifle a cuatro de nuestros compañeros; le pedimos de manera respetuosa que se retirara. Ese mismo día, Domingo Méndez Méndez, también de la central, intentó matar a seis de nuestros compañeros, disparando dos balazos.

Los quejosos reportan que acudieron a la junta de buen gobierno (JBG) de La Realidad, que giró dos citatorios (9 de diciembre y 20 de enero) a las autoridades de Miguel Hidalgo para solucionar el problema agrario, pero hicieron caso omiso del citatorio, aumentando la tensión. El 8 de mayo entraron al poblado hombres, niños y mujeres de la ASSI con palos y machetes a sembrar maíz en nuestros solares; nos agredieron verbalmente y arrancaron postes de nuestros linderos.

El 9 de mayo, relataron, Aureliano Méndez Jiménez, el comisariado ejidal Reynaldo López Pérez, Antonio Méndez Pérez, Adolfo Pérez López y otros miembros de ASSI cortaron alambres, quitaron las grapas, de nuevo armados con palos, machetes y resorteras. Méndez Jiménez hirió gravemente con un machete en el cuello a Arturo Pérez López, de 24 años. Cuatro más fueron heridos a garrotazos. Esa tarde el comisariado ejidal golpeó a una mujer embarazada, diciéndole que nos van a asesinar a todos, y Javier López Pérez, también de la alianza, golpeó y robó pertenencias a tres jóvenes.

El 23 de mayo miembros de ASSI y Cioac-H pasaron a provocarnos en el interior de nuestro poblado portando machetes, destruyeron un letrero y profirieron amenazas. El 10 de junio, las autoridades de Miguel Hidalgo (de ASSI), acompañados de Bernardo Román Méndez, Domingo y Enrique Méndez Méndez, de la Cioac-H, ingresaron al poblado portando machetes”.

El 11 de junio, el herido fue presentado al Ministerio Público de Las Margaritas, que tomó el caso como lesiones, cuando se ve notablemente la gravedad de su salud y que lo que quisieron fue matarlo; no habíamos declarado antes porque teníamos miedo a represiones y el herido no podía hablar bien, explican. El 16 de junio lo vio un médico en San Cristóbal, pues tiene inmóvil el brazo izquierdo. Asistimos al hospital de Comitán con la hoja de referencia; sin embargo, nos exigen historia clínica y el hospital de Guadalupe Tepeyac nos la ha negado. Los denunciantes demandan que el gobierno actúe de manera imparcial, respetando nuestra posesión

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Organizaciones, Redes e Individuos

Selva Lacandona: por el respeto a los derechos de la naturaleza y de los Pueblos Indígenas

Habitantes de Salvador Allende lucha por el reconocimiento a su legal estancia en la selva Lacandona. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO
Habitantes de Salvador Allende lucha por el reconocimiento a su legal estancia en la selva Lacandona. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas PARALELO

Organizaciones, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as y ciudadanos-as, piden respeto a los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, en el tema de la selva Lacandona. Consideran que la preservación del ecosistema no pasa necesariamente por el establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, por la concesión ni privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, por la mercantilización de sus bienes naturales.

Sostienen que los bienes naturales de la selva Lacandona son de carácter estratégico para la nación y para el pueblo mexicano, cuya mercantilización y privatización es absolutamente inadmisible, en tanto pone en riesgo la soberanía nacional.

Por tanto, exigen irrestricto respeto a los derechos a la libre determinación, a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a la tierra, al territorio y al manejo, uso y aprovechamiento del hábitat y de sus bienes naturales, de los pueblos y comunidades indígenas maya lacandones, tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales, involucrados en esta problemática y en este diálogo.

Selva Lacandona: por el respeto a los derechos de la naturaleza y el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de México

Lic. Miguel Angel Osorio Chong
Secretario de Gobernación

Lic. Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH)

Lic. Manuel Velazco
Gobernador de Chiapas

PRESENTES

AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE CHIAPAS

Los-as abajo firmantes, ongs, redes de la sociedad civil, organizaciones sociales, académicos/as y ciudadanos-as, preocupados por la delicada y compleja situación socio-ambiental prevaleciente hoy día en la Selva Lacandona, y ante la inminente realización de la Mesa Interinstitucional de Dialogo y búsqueda de acuerdos, entre los representantes de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), los representantes de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID), el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas, hacemos público el siguiente

PRONUNCIAMIENTO

1. Estamos plenamente conscientes de la urgente necesidad que tenemos como sociedad mexicana, de buscar la preservación efectiva de nuestros bosques, selvas y desiertos naturales, en particular de aquellas bio-regiones de tanta importancia como lo es aún la Selva Lacandona, tanto por la gran diversidad biológica que posee, como por los invaluables servicios hidrológicos y climáticos, que, como bienes naturales comunes, ofrece al pueblo mexicano y al mundo.

2. En ese sentido, nos manifestamos públicamente comprometidos en este caso, con la defensa de los derechos de la naturaleza y por ende, con la preservación de la Selva Lacandona, pero consideramos que esta preservación no pasa necesariamente por el establecimiento e imposición de Áreas Naturales Protegidas (ANPs) bajo control gubernamental, y menos aún, por la concesión ni privatización gradual de dichas zonas, ni tampoco, por la mercantilización de sus bienes naturales.

3. Al mismo tiempo, reivindicamos y exigimos el irrestricto respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sin cuya cosmovisión, relación con la naturaleza y formas tradicionales de producción y consumo, hace mucho ya no existieran los bosques, selvas y desiertos naturales que aún posee nuestro país.

4. En este caso concreto, y ante la problemática socioambiental que hoy día presenta la Selva Lacandona -producto de una serie histórica de errores y omisiones gubernamentales, en materia agraria y ambiental, que incluyó la reciente política de reubicaciones forzosas y desalojos violentos de familias indígenas- reivindicamos y exigimos el irrestricto respeto a los derechos a la libre determinación; a la consulta y consentimiento libre, previo e informado; a la tierra, al territorio y al manejo, uso y aprovechamiento del hábitat y de sus bienes naturales, de los pueblos y comunidades indígenas maya lacandones, tseltales, ch’oles, tsotsiles y tojolabales, involucrados en esta problemática y en este diálogo.

5. Específicamente, esto implicaría, acciones concretas como son:

a) El reconocimiento gubernamental al Acuerdo Agrario suscrito el pasado 23 de abril del presente, entre los representantes de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), los representantes de la ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática (ARIC UU ID);

b) El reconocimiento jurídico y la regularización agraria de los poblados Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal;

c) Respeto a la libre determinación de los integrantes de la Comunidad Zona Lacandona en cuanto a la elección de sus representantes comunales, como de la revisión y adecuación de su Estatuto Comunal;

d) Generar y facilitar un verdadero proceso de Consulta –bajo estándares establecidos en instrumentos internacionales- para alcanzar -o no- el Consentimiento Libre , Previo e Informado de todos los pueblos y comunidades indígenas involucrados, respecto de:

  • Los planes de manejo de las 7 ANPs ubicadas dentro de territorios indígenas de la Selva Lacandona (Reservas de Biosfera Montes Azules y Lacantún; Monumentos Naturales de Bonampak y Yaxchilán; y Áreas de Protección de Flora y Fauna de Chan Kin, Nahá y Metzabok);
  • Los convenios de concesión y renta de tierra e instalaciones, de lo que fuera la estación biológica de la UNAM en Boca Chajul y de lo que se hace llamar “Estación Biológica Río Tzendales” (ambos operando hoy día como Hoteles de Eco-turismo);
  • El Acuerdo de fecha 25 de agosto 2006, por el que la Secretaría de la Reforma Agraria pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su administración, el terreno nacional denominado Montes Azules, con una superficie de 22,239-05-75 hectáreas, Municipio de Ocosingo, Chis.;
  • El decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública, una superficie de 14,096-97-18 hectáreas de temporal de uso común, de terrenos de la comunidad Zona Lacandona, Municipio de Ocosingo, Chis., de fecha 4 de mayo de 2007 (publicado en el DOF el día 8 del mismo mes y año);

e) Generar un proceso y un mecanismo incluyente y participativo, para el manejo, conservación y administración de la Reserva de la Biósfera Montes Azules y de las otras seis Áreas Naturales Protegidas de carácter federal existentes en territorios indígenas de la Lacandona; mecanismos en los que queden plenamente implicados los pueblos y comunidades involucrados, en todos los diagnósticos, ordenamientos territoriales, planes de manejo y en el diseño e implementación de estrategias integrales y acciones para la preservación y sustentabilidad de tan importante bio-región;

f) Monitorear la situación que guardan hoy día las familias indígenas, reubicadas de forma forzosa ó desalojadas violentamente entre 2003 y 2011, generando mecanismos de reparación de daño. Esto implica una investigación seria e imparcial de los sucedido en la -hasta hoy impune- masacre ocurrida el 13 de noviembre 2007 en la comunidad de Viejo Velasco; y

g) Evitar cualquier pretensión de criminalizar esta justa protesta social, fabricando delitos y culpables; lo que implica desistirse de todo tipo de demanda y “reservas de ley”, en contra de los-as compañeros indígenas detenidos-as el pasado 29 de mayo del presente.

6. Finalmente queremos expresar públicamente nuestra convicción de que los bienes naturales existentes en la Selva lacandona y en todas las bio-regiones del país, así como los invaluables servicios ambientales que en ellas se generan, son bienes comunes, de carácter estratégico, para la nación y para el pueblo mexicano, cuya mercantilización y privatización es absolutamente inadmisible, en tanto pone en riesgo la soberanía nacional.

A T E N TA M E N T E

ONGS:

Alianza Cívica Chiapas
Alta Mira, AC – Sociedad Civil Ecologista (DF)
Amigos de la Barranca, AC (Jalisco)
ANIMAL, AC (Jalisco)
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC (AJAGI) (Jalisco)
Casa de la Mujer Ixim Antsetic (Chiapas)
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)(Chiapas)
Centro de Estudios Sobre Tecnología Apropiada para México, AC (Cetamex)(DF)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada (Chiapas)
Comité ProDefensa de Arcediano, AC (Jalisco)
Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, AC (Colima)
Ecoaldea Huehuecóyotl (Morelos)
Educación para la Paz, AC (EDUPAZ) (Chiapas)
Enlace, Comunicación y Capacitación AC (Chiapas)
Fraternidad para el Desarrollo Social, AC (Chiapas)
Fundación FIND, AC (Jalisco)
Grupo Ecológico Manglar AC (Nayarit)
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM) (Chiapas)
Guerreros Verdes, AC (Guerrero)
Ik Balam, Agencia de noticias ambientales (Nacional-DF)
Kolectivo El Rebelde (Yucatán)
Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS) (Oaxaca-Chiapas)
Marea Azul, AC (Campeche)
Melel Xojobal, AC (Chiapas)
Nichim Jolovil, AC (Chiapas)
Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh)
Persistencia Civil (Chiapas)
Promoción del Desarrollo Popular, AC (PDP) (DF)
Proyecto Carta Mesoamericana (DF)
Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ)(Guerrero)
Salud y Desarrollo Comunitario AC (SADEC) (Chiapas)
Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca AC (SURCO)
Snajel Kuxlej, AC (Chiapas)
Tianguis Indígena (Oaxaca)
Vía Orgánica, AC (Guanajuato)
Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes, AC (Chiapas)

REDES DE ONGS:

Caravana Arcoiris por la Paz (Nacional-Morelos)(Nacional-Morelos)
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (Nacional-DF)
Consejo de Visiones Guardianes de la Tierra (Nacional-Morelos)
Diálogos Ecosistémicos (Nacional-DF)
Economía Solidaria y Comunitaria (Nacional-DF)
Pacto de Grupos Ecologistas (PGE) (Nacional-DF)
Red Campo A.C. (Nacional-DF)
Red Multitrueque Tláloc (Nacional-DF)
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Nacional-DF)
Unión de Grupos Ambientalistas, IAP (Nacional-DF)

ORGANIZACIONES SOCIALES:

Consejo Comunal de Santa María Chimalapa (Oaxaca)
Representación Auxiliar de los Bienes Comunales de Villa Milpa Alta (DF)
Unión de Organizaciones de la la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO)

ACADÉMICOS/AS E INVESTIGADORES:

Mta. Araceli Burguete Cal y Mayor (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste)
Dra. Catalina Eibeschutz (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Clara Luz Villanueva Aguilar (asistente de investigación)( Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social – CIESAS Sureste)
Mta. Cristina Barros (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Dr. David Barkin (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Dr. Héctor Javier Sánchez Pérez (Colegio de la Frontera Sur – ECOSUR)
Dr. Iván Azuara Monter (Universidad Autónoma de la Ciudad de México)
Dr. Jorge R. Seibold SJ (Argentina)
Dr. Juan Carlos Martínez, (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social -CIESAS Pacífico Sur)
Mtro. Manuel Antonio Espinosa Sánchez (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Dra. Martha A. Olivares Díaz (Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UNAM)
Lic. Martha Guillermina González Escobar (Unidad de Vinculación y Difusión-Universidad de Guadalajara)
Mta. Martha Villavicencio (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Mto. Mauricio Macossay Vallado (Universidad Autónoma Chapingo campus Yucatán)
Mto. Miguel Angel Paz Carrasco (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Mtra. Miriam Cárdenas (Universidad de Guadalajara)
Mta. Nalleli García Agüero (Universidad de Berna, Suiza)
Mto. Oscar Hernández / Académico/ Programa Indígena Intercultural (ITESO)
Rodolfo Mondragón Ríos (Técnico académico- El Colegio de la Frontera Sur-ECOSUR)
Dr. Sergio Aguayo Quezada (El Colegio de México)
Dra. Silvia Tamez González (Universidad Autónoma Metropolitana – UAM)
Mta. Ushuaia de los Angeles Camarena (Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM)
Dra. Rosa Aurora Espinos (Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM)
Mta.Yunuén Becerra Cortés (Universidad de Guadalajara)

CIUDADANAS-OS:

Alberto Ruz (Ecologista y Activista Social)
Alejandro Mosqueda (Radio comunicador y Activista Social)
Alicia Carriquiriborde (Ecologista y Activista Social)
Alfredo Menchaca Padilla (Ecologista)
Angel Roldan Parrodi (Agroecólogo y Ecologista)
Antonio Hernández (Médico tradicional tsotsil)
Antonio Villalba (Ecologista)
Araceli Díaz (Ecologista)
Arturo Pozo (Ecologista)
Carlitos Hernández (Ecologista y Apicultor)
Carlos Chávez (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Carlos González (Ecologista)
Carlos Rodríguez Flores (Ecologista)
Carmen Bonilla (Ecologista)
Celeste Chávez Chávez (Ecologista)
Ceyla Cruz Gutiérrez (Abogada Zoque Defensora de Derechos Indígenas)
Claudia Lucía Mora reyes (Ecologista)
Cristina González Serna (Defensora de Derechos de Mujeres Indígenas)
Cristina Lavalle L. (Ecologista y Activista Social)
Cynthia Elena Morales Vázquez (Ecologista)
Daniel Alfaro (Defensor de Derechos Indígenas)
David González (Ecologista)
Dora Julieta Hernández Gómez (Ecologista)
Efraín Velázquez (Abogado Defensor de Derechos Indígenas)
Elena Kahn Yarowisnky (Ecologista y Activista Social)
Elsa Stettner (Ecologista)
Enriqueta Chávez López (Ecologista)
Erika Serrano Farías (Abogada Ambiental)
Eugenio Angel Molina (Agroecólogo y Ecologista)
Francisco Chavira (Líder comunitario y Activista Defensor de derechos indígenas)
Francisco de la Cruz Pérez (Líder comunitario)
Geanina Amaya Rodríguez (Ecologista)
Gloria Guadalupe Flores (Abogada Defensora de Derechos de Mujeres)
Guillermo Antonio Pérez García (Ecologista)
Guillermo Monroy (Ecologista)
Guillermo Villaseñor (Analista y Activista social);
Héctor Islas (Ecologista)
Horacio Chávez López (Ecologista)
Horacio Chavira (Ecologista y Activista Social)
Iréri Ceja Cárdenas (Ecologista)
Isabel Reyes Posadas (Ecologista)
Itzxel García Agüero (Ecologista)
Ivonne Lozoya (Ecologista)
Javier Flores (Ecologista)
Jesús Guzmán Flores (Defensor de Derechos Colectivos)
Joel Heredia Cuevas (Defensor de derechos indígenas)
José Antonio Foronda (Ecologista)
José Stalin Pedro Cruz (Ecologista)
Josefina Sibaja (Ecologista)
Juana López (Ecologista)
Kajani García Vázquez (Ecologista)
Lilian Chávez Chávez (Ecologista)
Liza Ma. Covantes Torres (especialista en agricultura sostenible y derecho a la alimentación)
Leonardo Bucio (Ecologista)
Lourdes Onti (Ecologista)
Luis Alberto Adrián García (Periodista)
Luis Bustamante Valencia (Ecologista)
Luis Lopezllera M. (Ecologista y Activista Social)
Luis Miguel Robles Gil Cañedo (Ecologista)
Manuel Rebolledo Antúnez (Abogado Ambiental)
Marcela Álvarez Pérez-Duarte (Educadora Ambiental y Ecologista)
Marco Antonio Rodríguez Badillo (Ecologista)
Marco Buenrostro (Ecologista)
Maria Alejandra Oviedo Mendiola
María del Carmen Alejandra Romero (Periodista)
María del Carmen Leyva González (Abogada Defensora de Derechos de la mujer)
María Elena Mézquita (Ecologista)
María Lilia Fernández Ventura (Experta en Trabajo Social)
María Myers Velázquez (Ecologista)
María Teresa De Jesus Girón (Administradora)
Mario Bladimir Monroy Gómez (Ecologista)
Mario Vázquez Díaz (Ecologista)
Margarita Bolom (Médica tradicional tseltal)
Mauricio Arellano Nucamendi (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Mayte Vidal (Politóloga)
Melitón Bautista Cruz (Productor y director escénico de teatro Zapoteco)
Mercedes López Martínez (Ecologista)
Michael W Chamberlin (Defensor de Derechos Indígenas)
Miguel Angel García Aguirre (Defensor de Derechos Indígenas y Ecologista)
Miguel Angel Velarde Hernández (Radio comunicador)
Mónica Montserrat Villatoro (Socióloga)
Natalia Sylwia Álvarez Grzybowska (Ecologista)
Nora List (Ecologista)
Norma Evelia Guerrero López (Ecologista)
Patricia Vega (Médico y Activista social);
Paulin Chávez Rojas (Ecologista)
Pedro Faro (Abogado Defensor de Derechos Indígenas)
Rafael Chávez Rojas (Ecologista)
Rafael González (Ecologista)
Raúl Rangel González (Abogado Ikoot Defensor de Derechos Indígenas)
Rebeca González (Ecologista y Activista Social)
Rebeca Véjar (Ecologista)
enzo D’Alessandro (Sociólogo rural y Ecologista)
Rita Rico (Ecologista)
Rosendo Montiel Pérez (Ecologista)
Sacsy Karol Hernández López (Ecologista)
Santiago Villaseñor (Pacifista y Activista social)
Samuel Cruz Esteban (Ecologista)
Sara Duque (Defensora de Derechos Indígenas)
Saúl E. Angel Carrillo (Consultor en Desarrollo Rural)
Sergio Vázquez Díaz (Ecologista)
Sevelina Martínez (Ecologista)
Silvia Vázquez Díaz (Defensora de Derechos Indígenas y Ecologista)
Susana Clares Fuentes (Ecologista)
Teresa García (Ecologista)
Teresa López (Ecologista)
Teresa Margarita ZepedaTorres (Ecologista y Activista Social)
Tzinnia Carranza (Ecologista)
Verónica García (Ecologista)
Virginia Alvarado (Experta en Cooperativismo)
Yolanda Olvera (Ecologista)
Zenaido Garnica Sánchez (Ecologista)

Ccp.- Lic. Jaime Cleofas Martínez Velóz – Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México
Ccp.- Comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos del Senado de la República
Ccp.- Comisiones de Coordinación Política, Asuntos Indígenas y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Federal
Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza
Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ccp.- Emilio Álvarez Icaza.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Washington, EUA
Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)
Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía
Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México
Ccp – Servicios para la Paz (SERPAPAZ) – Instancia mediadora
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de la Naturaleza
Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.

radio
Ejido Tila

Ejidatarios de Tila denuncian entrada de Conafor para realizar proyectos sin consentimiento

El 4 de junio las y los ejidatarios de Tila denunciaron públicamente a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por realizar proyectos con personales de la empresa Amaref S.A. de C.V. sin el consentimiento de la asamblea. Los indígenas choles aseguran que los tres niveles de gobierno están violando los artículos 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos de pueblos indígenas.


EJIDO DE TILA, CHIAPAS; MEXICO A 04 DE JUNIO DEL 2014.

A LA OPINION PUBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
A LAS Y LOS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA
A LAS Y LOS COMPAÑEROS DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
A LA COMISION SEXTA DEL EZLN
A LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR” CARACOL  V  ZONA NORTE.
A LOS DIFERENTES PUEBLOS QUE LUCHAN Y ORGANIZACIONES QUE LUCHAN POR JUSTICIA Y DIGNIDAD.

SALUDAMOS A TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES ADHERENTES A LA SEXTA DEL EZLN Y LOS DIFERENTES PUEBLOS QUE LUCHAN; RECIBAN UN ABRAZO DE PARTE DE LOS ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA DEL EJIDO DE TILA, CHIAPAS; MEXICO Y EL MUNDO, ASI COMO USTEDES ESTAN LUCHANDO POR AUTONOMIA,  JUSTICIA Y DIGNIDAD, NOSOTROS SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA EN CONTRA DE LOS DESPOJOS DEL MAL GOBIERNO EN SUS TRES NIVELES: FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE A LA CONAFOR POR REALIZAR PROYECTOS CON PERSONALES DE LA EMPRESA  AMAREF  S.A  DE C.V. TODA VEZ QUE ENTRARON A NUESTRO EJIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS DE ACUERDO AL ARTICULO 21 Y 22 DE LA LEGISLACION AGRARIA EN VIGOR,  VIOLANDO LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS. SABEMOS BIEN QUE SE ESTAN LLEVANDO MUESTREO Y MONITOREO DE SUELOS Y RECURSOS NATURALES EN TODA LA REGION Y EN TODO EL PAIS POR ORDENES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. POR ESO DAMOS EN ALERTA A LOS DIFERENTES PUEBLOS SOBRE ESTOS PERSONALES DEL GOBIERNO FEDERAL QUE SE ESTAN METIENDO EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS A ESCONDIDAS PARA LLEVARSE MUESTREO DE BIODIVERSIDAD.

EL 25 DE MAYO ARRIBARON UN GRUPO DE PERSONAS DESCONOCIDAS EN EL EJIDO DE TILA, CHIAPAS Y PERMANECIERON EN NUESTRO TERRITORIO DURANTE  OCHO DIAS; LAS CUALES, SE OBSERVO QUE ESTABAN ACOMPAÑADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL  Y ESTO DEMUESTRA QUE ESTAN MUY BIEN COORDINADOS PARA CHINGAR AL PUEBLO Y SE MARCHARON EL 01 DE JUNIO DE IGUAL MANERA ACOMPAÑADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL. Y POR INVESTIGACIONES QUE HEMOS PREGUNTADO ASI ESTA PASANDO EN OTROS PUEBLOS VECINOS Y SON ESOS PERSONALES CONTRATADOS POR CONAFOR FEDERAL.

ENRIQUE PEÑA NIETO SOLO PIENSAN EN SUS INTERESES MERAMENTE ECONOMICOS Y SOLO ESTA OFRECIENDO NUESTRAS TIERRAS COMO EN LOS TIEMPOS DE  PORFIRIO DIAZ  Y ESTO SON LOS RESULTADOS DE LAS PINCHES REFORMAS NEOLIBERALES Y POR ESO TANTO PELEABAN PARA APROBARLOS SIN PREGUNTARLE AL PUEBLO OPRIMIDO, PORQUE  ELLOS SI TIENEN TANTA HAMBRE DEL DINERO DESPOJANDO Y DESPLAZANDO A LOS MAS DESPROTEGIDOS, LO MISMO COMO OCURRE EN DISTINTAS PARTES DEL PAIS Y ESTO MANIFESTAMOS QUE A NOSOTROS COMO CAMPESINOS A NADA NOS BENEFICIA LAS REFORMAS, ELLOS DICEN QUE ES PARA BENEFICIAR AL PUEBLO CUANDO SOLO ES PARA ENRIQUECER A UNOS CUANTOS Y LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. ES EN VANO QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PROTESTE Y JUREN RESPETAR LAS LEYES CUANDO VEMOS CON DESCARO QUE ELLOS ESTAN PISOTEANDO LA CONSTITUCION, PERMITIENDO LA ENTRADA SIN DIFICULTADES A LOS EXTRANJEROS  APODERANDOSE POCO A POCO DE NUESTRAS TIERRAS Y RECURSOS NATURALES; DE ESTA MANERA, MAÑOSAMENTE CREAN LEYES POR SUS PROPIOS BENEFICIOS, AUNQUE DICEN QUE VAN A ACABAR CON LA CORRUPCION Y SON ELLOS LOS MISMOS CORRUPTOS QUE ESTAN HACIENDO NEGOCIOS CON LAS EMPRESAS. ESTAS RATAS NO PIENSAN EN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Y SON LOS PRESIDENTES DE LA REPUBLICA MEXICANA, LOS GOBERNADORES Y PRESIDENTES MUNICIPALES QUE PROVOCAN LA DESTRUCCION DE LA NATURALEZA Y EL DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ARROJANDOLOS A VIVIR EN LA MISERIA Y ASI TAMBIEN MATANDO A LUCHADORES SOCIALES PARA METER MIEDO EN SUS ORGANIZACIONES PERO LA LUCHA SIGUE Y SIGUE ASI COMO SIGUE VIVIENDO EL COMPAÑERO GALEANO DEL EZLN Y COMO LOS COMPAÑEROS JUANES DE SAN SEBASTIAN BACHAJON Y MUCHOS OTROS LUCHADORES Y LUCHADORAS.

TAMBIEN DENUNCIAMOS PUBLICAMENTE A LOS CC. JUAN JOSE GUTIERREZ LOPEZ (ALIAS EL JOLOTE), PROFR. RAMON SANCHEZ PEREZ (MINISTRO DE LA IGLESIA SN. MATEO) QUE SON LOS ORGANIZADORES DE LA CREACION DE LA SUPUESTA UNIVERSIDAD DENTRO DE NUESTRO EJIDO ENGAÑANDO AL PUEBLO CUANDO LOS BENEFICIADOS SON LOS HIJOS DE POLITICOS QUE FACILMENTE PUEDEN ENTRAR A UNA UNIVERSIDAD COMO PASA EN MUCHAS UNIVERSIDADES PORQUE ELLOS TIENEN DINERO QUE HAN ROBADO A COSTA DEL PUEBLO PARA COMPRAR UN LUGAR SEGURO PARA ELLOS, AUNQUE UN INDIGENA  ES INTELIGENTE NUNCA VA PODER ENTRAR A UNA ESCUELA DE NIVEL SUPERIOR PORQUE COMO INDIGENAS NO TENEMOS DINERO PARA COMPRAR UN LUGAR PARA ESTUDIAR Y DESDE AQUÍ LES DECIMOS A LOS QUE TODAVIA LES ESTAN LAVANDO LA CABEZA QUE UNA UNIVERSIDAD NO ES BENEFICIO PARA LOS POBRES SINO PARA LOS RICOS.

DENUNCIAMOS QUE TUVIERON SU PRIMERA REUNION EL DIA 27 DE MARZO Y LA SEGUNDA EL DIA 12 DE ABRIL  DEL 2014 JUNTAMENTE CON EL C. EVARISTO GUTIERREZ MARTINEZ  Y ESTOS SON PERSONAS DESCONOCIDAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS POR SER TRAIDORES, CORRUPTOS QUE DESCONOCEN SU ORIGEN COMO GENTE INDIGENA, PORQUE BIEN SABEN QUE EN NUESTRO EJIDO NO EXISTE FUNDO LEGAL Y QUE NO PUEDE SER USADO COMO PROPIEDAD PRIVADA, YA QUE EL EJIDO ES PROPIEDAD COMUNAL Y ES USADO DE ACUERDO A USOS Y COSTUMBRES, Y AMPARADOS PORM EL CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS Y ACUERDOS DE SAN ANDRES.

AL PROMOVER ESTA POSIBLE EXPROPIACION DE NUESTRAS TIERRAS COMUNALES, ESTAS PERSONAS ARRIBA SEÑALADAS ESTAN VIOLANDO EL ART. 22 DE LA LEGISLACION AGRARIA  Y SE DICEN LLAMAR LICENCIADOS CUANDO SOLO ESTUDIARON PARA CHINGAR A SU PROPIA GENTE , DESCONOCIENDO QUE TODO SUS ESTUDIOS LO LOGRARON CON EL FRUTO DE LA MADRE TIERRA PORQUE ELLOS NO TIENEN MADRE, POR ESO SE DICE QUE ESTAMOS JODIDOS MEXICANOS, PORQUE LA JODIDA NOS ESTA DANDO LAS AUTORIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICPALES Y AQUELLOS QUE ESTAN ESPERANDO EL HUESO, LOS REGALOS Y LAS MIGAJAS QUE YA ESTAN HAMBRIENTOS DE LAS VOTACIONES PERO LA CHINGA LO SUFRIMOS TODOS. EN TODO LO QUE SUCEDA RESPONSABILIZAMOS LAS PERSONAS SEÑALADAS Y LAS DISTINTAS AUTORIDADES FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL POR SER ELLOS LOS PRINCIPALES CAUSANTES DE MAS PROBLEMAS.

ANTE TODO ESTO PEDIMOS A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES Y ADHERENTES A LA SEXTA Y LA COMISION SEXTA DEL EZLN A QUE ESTEN PENDIENTES PORQUE SEGUIREMOS DENUNCIANDO Y DEFENDIENDO LA MADRE TIERRA Y NO PERMITIREMOS MAS DESPOJOS. LA DEFENDEREMOS CUESTE LO QUE CUESTE PORQUE YA ESTAMOS CANSADOS DE TANTOS ATROPELLOS Y YA ESTAMOS HASTA LA MADRE, Y SI TOCAN A UNO, TOCAN A TODOS.

ATENTAMENTE
TIERRA  Y LIBERTAD, JUSTICIA Y LEY

EJIDO TILA, CHIAPAS
ORGANOS DE REPRESENTACION EJIDAL



PRES. DEL COMISARIADO EJIDAL PRES. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA



ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACION DEL EJIDO TILA



ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE
GOBIERNOS FARZANTES,LA TIERRA NO SE VENDE
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS
radio
Manuela Picq

Autodeterminación como antiextractivismo: la resistencia indígena desafía las políticas mundiales

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Self-Determination as Anti-Extractivism: How Indigenous Resistance Challenges World Politics Print
Written by Manuela Picq
Monday, 02 June 2014 19:46
This article was originally published in E-International Relations’ free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons License.

Indigeneity is an unusual way to think about International Relations (IR). Most studies of world politics ignore Indigenous perspectives, which are rarely treated as relevant to thinking about the international (Shaw 2008; Beier 2009). Yet Indigenous peoples are engaging in world politics with a dynamism and creativity that defies the silences of our discipline (Morgan 2011). In Latin America, Indigenous politics has gained international legitimacy, influencing policy for over two decades (Cott 2008; Madrid 2012). Now, Indigenous political movements are focused on resisting extractive projects on autonomous territory from the Arctic to the Amazon (Banerjee 2012; Sawyer and Gómez 2012). Resistance has led to large mobilized protests, invoked international law, and enabled alternative mechanisms of authority. In response, governments have been busy criminalizing Indigenous claims to consultation that challenge extractive models of development. Indigenous opposition to extractivism ultimately promotes self-determination rights, questioning the states’ authority over land by placing its sovereignty into historical context. In that sense, Indigeneity is a valuable approach to understanding world politics as much as it is a critical concept to move beyond state-centrism in the study of IR.

The Consolidation of Indigenous Resistance against Extractivism

Indigenous peoples are contesting extractive projects in various, complementary ways. Collective marches have multiplied as an immediate means of resistance throughout the Americas. In 2012, the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador led thousands of people on a 15-day, 400-mile March for Life, Water, and the Dignity of Peoples, demanding a new water law, the end of open-pit mining, and a stop to the expansion of oil concessions. Within days, a similar mobilization took over Guatemala City. The Indigenous, Peasant, and Popular March in Defense of Mother Earth covered 212 kilometers to enter the capital with nearly 15,000 people protesting mining concessions, hydroelectric plants, and evictions. In Bolivia, various marches demanded consultation as the government prepared to build a highway within the Indigenous Territory and National Park Isidoro Sécure (TIPNIS). From Canada’s Idle No More movement to the protests against damming the Xingú River Basin in Brazil, Indigenous movements are rising and demanding they be allowed to participate in decisions affecting their territories.

Protests are at the core of global Indigenous agendas. In 2013, the Fifth Continental Summit of Indigenous Peoples of the Abya Yala encouraged communities to step-up resistance in light of the threat posed by state-sponsored extractivism. This is what Indigenous women were doing when they walked from Amazon territories to Quito, Ecuador, denouncing government plans to drill without consultation in the Yasuní reserve. Local protests are not trivial or irrelevant in world politics. Rather, they are part of a larger effort to transform local concerns into international politics.

Indigenous peoples have remarkable expertise in international law and are savvily leveraging their rights to consultation and self-determination guaranteed in the ILO Convention 169 (1989) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) (UN General Assembly 2008). They have won emblematic legal battles at the Inter-American Court of Human Rights (IACHR), at times obliging states to recognize Indigenous territorial authority. In the decade-long case of Sarayaku v. Ecuador, the IACHR upheld the right of free, prior, and informed consent with a binding sentence against the Ecuadoran State for allowing a foreign oil company to encroach on ancestral lands without consultation during the 1990s. A 2011 petition by communities of the Xingú River basin led the IACHR to order Brazil’s government to halt the construction of the Belo Monte Dam. The Mayan Q’eqchi’ expanded jurisdiction by taking Hudbay Minerals to Court in Canada for crimes committed at an open-pit nickel mine in Guatemala. In Canada, two Manitoba First Nations used their own legal systems in 2013 to serve eviction notices to mining companies operating illegally on their land.1

International pressure is significant, yet states frequently eschew what they perceive to be uncomfortable mechanisms of accountability. Courts may validate Indigenous resistance, and UN reports warn against the catastrophic impact of extractive industries, but Brazil continued to build the Belo Monte Dam and Peru’s government did not consider suspending the Camisea gas project of drilling 18 wells on protected territories that have been home to Amazonian peoples in voluntary isolation (Feather 2014). Nevertheless, states that evade prior consultation obligations only foster Indigenous inventiveness. In the absence of official mechanisms of consultation, people establish autonomous ones. Local communities of the Kimsacocha area took matters in their own hands after years of being ignored, demanding Ecuador’s government consult them on a mining project in the highlands. In 2011, they organized a community-based consultation without the authorization of the state that was nevertheless legitimized by the presence of international observers (Guartambel 2012). The community voted 93% in favour of defending water rights and against mining in the area. Autonomous forms of prior consultation are increasingly common in Latin America. In Guatemala alone, there have been over sixty community-based consultations since 2005 (MacLeod and Pérez 2013).

Contesting States of Extraction

Indigenous resistance has been the target of severe government repression, ranging from judicial intimidation to assassinations of activists. Mobilizations against the Congo mine in Cajamarca, Peru, led President Ollanta Humala to declare a state of emergency and unleash military repression. An estimated 200 activists were killed in Peru between 2006 and 2011 for resisting extractivism (Zibechi 2013). Colombia’s government, in turn, declared protests against the mining industry illegal. In Ecuador, about 200 people have been criminalized for contesting the corporatization of natural resources. Many have been charged with terrorism. Violent repression against TIPNIS protesters in Bolivia revealed that even Evo Morales, Latin America’s first elected Indigenous president, is willing to use force to silence demands for consultation. Various activists opposing the multinational mining giant AngloGlod Ashanti have been assassinated. Argentina’s Plurinational Indigenous Council, which calls for an end to extractivism, has recorded eleven assassinations since 2010. The Observatory of Mining Conflicts in Latin America (OCMAL) estimates there are currently 195 active conflicts due to large-scale mining. Peru and Chile lead the list with 34 and 33 conflicts respectively, followed by Mexico with 28, Argentina with 26, Brazil with 20, and Colombia with 12. Mega-mining alone affects nearly 300 communities, many of which are located on Indigenous territories.

This wave of intense criminalization indicates the expansion of the extractive frontier. In Peru, where anti-extractivist unrest toppled two cabinets under the Humala government and led to the militarization of several provinces, mineral exploration expenditures increased tenfold in a decade. In 2002, 7.5 million hectares of land had been granted to mining companies; by 2012 the figure jumped to almost 26 million hectares, or 20% of the country’s land. Nearly 60% of the province of Apurímac has been granted to mining companies. In Colombia, about 40% of land is licensed to, or being solicited by, multinational companies for mineral and crude mining projects (Peace Brigades International 2011). According to OCMAL, 25% of the Chile’s territory was under exploration or operation as of 2010. In 2013, Mexico’s government opened the state-controlled energy sector to foreign investment, changing legislation to allow private multinationals to prospect for the country’s oil and natural gas resources for the first time since 1938.

The problem is that governments are largely licensing Indigenous land. In 2010, the UN Permanent Forum on Indigenous Issues reported that Colombian mining concessions had been awarded in 80% of the country’s legally recognized Indigenous territories. Colombia’s government has 8.8 million hectares of Indigenous reserves designated as oil areas and granted 168 mining licenses on Indigenous reserves in 2011. Extractive industries lead to evictions, toxic waste, and resource scarcity, creating conflicts over water, soil, and subsoil. Open-pit mining uses unsustainable amounts of water. The controversial Marlin mine, partly funded by the World Bank in 2004, and today fully owned by Goldcorp, uses in one hour the water that a local family uses over 22 years (Van de Sandt 2009).2 In Chile, mining consumes 37% of the electricity produced in the country – which will reach 50% in a few years – compared to 28% for industry and 16% for the residential sector. This requires the Chilean State to continually expand energy sources, thereby accelerating displacement and the transfer of agricultural land to hydroelectric projects.

Conflicts against extractivism should not be dismissed as only concerning Indigenous peoples. They encompass larger debates about the role of extractivism in politics and contest a development model based on the corporatization of natural resources. In particular, they reveal the continuous role of resource exploitation as a strategy to finance states. Governments are prioritizing extractive industries as key engines of growth, although there is ample evidence that extractive industries create relatively few jobs. President Juan Manuel Santos promised to turn Colombia into a mining powerhouse because it attracts quick investment. Opening Ecuador to mega-mining financed much of President Correa’s third re-election. In fact, his unexpected policy shift to approve drilling within the Yasuní Reserve is explained largely by his government’s urgent need for cash. China, which holds over 35% of Ecuador’s foreign debt and financed 12% of its budget in 2013, buys about 60% of the country’s oil and is expected to pre-buy Yasuní oil (Guevara 2013).

Indigenous claims against extractive projects contest a world system based on predation and usurpation. In Guatemala, mining is managed by long-standing political elites and inscribed in the colonial genealogy of power. In many instances, the entrepreneurs promoting mining today are the scions of the same oligarchical families that have controlled Indigenous land and peoples for centuries (Casaús 2007). The political economy of extractivism encompasses global inequalities of exploitation, within and among states. About 75% of the world’s mining companies are registered in Canada, and most operate in the so-called Global South (Deneault et al. 2012). Extractive industries in the North rely on alliances with national elites to exploit natural resources of peoples and places historically marginalized from power politics.

Indigeneity as a Way to Rethink International Relations

Claims against extractivism are ultimately claims to the right of self-determination. The unilateral expropriation of land for mining today is a continuation of the Doctrine of Discovery. It conceptualized the New World as terra nullis, authorizing colonial powers to conquer and exploit land in the Americas. It also paved the way for a paradigm of domination that outlasted colonial times to evolve into a broader – and more resilient – self-arrogated right of intervention embodied by the modern state (Wallerstein 2006). Today, the idea of “empty” lands survives in extractivist practices. Large-scale mining by multinational corporations perpetuates the human abuse and resource appropriation initiated by Spanish colonizers centuries ago in the Bolivian mines of Potosi. International rights to self-determination may have replaced Papal Bulls, yet the political economy of looting natural resources on Indigenous lands continues, now in the name of development.

In this context, Indigeneity is a privileged site for the study of international relations. First and foremost, the extent and sophistication of Indigenous political praxis is relevant to any explanation of world politics. The rise of anti-extractivism as a politics of contestation against state exploitation calls for alternative sites of governance, such as the Inuit Circumpolar Council (Shadian 2013). Indigenous claims are shaping political practice, framing international legislation, and destabilizing assumptions about stateness. They seek the redistribution of rights as much as the uprooting of the concentration of power in the state. In that sense, Indigenous claims to consultation challenge the authority of states over natural resources as much as Westphalian forms of sovereignty.

Second, Indigeneity disrupts state sovereignty (Ryser 2012). The UNDRIP became the longest and most hotly debated human rights instrument in UN history because the expansion of Indigenous rights is intrinsically related to issues of state authority over territory. Rights to self-determination entail the recognition of plural forms of territorial authority in competition with states. Indigeneity is attributed to peoples who have historically been excluded from projects of state-making. Yet it contributes much more than making visible historically excluded groups. It refers to a politics that both precedes the state and lies outside of it. It is the constitutive “other” of the modern state, marked by a co-constitutive history that explains why Indigenous politics vary depending on different processes of state-formation. Consequently, Indigeneity is vital to a discipline dedicated to studying relations among states precisely because it is intrinsically related to state-formation. Standing outside of, and prior to, the state makes Indigenous standpoints valuable in terms of thinking critically about world politics and imagining what post-national political assemblages may look like (Sassen 2008).

Finally, Indigeneity is a strategic perspective in expanding scholarly debates on what constitutes IR. Indigenous experiences complement and broaden official national histories with forgotten or repressed narratives (O’Brien 2010), thus expanding methodological assumptions on how to do IR (Jackson 2010). Its precedence over the modern state encompasses alternative worldviews to think about the international beyond stateness. Indigeneity thus defies core epistemological foundations about power. In particular, it historicizes the state and sovereignty, moving away from Eurocentric conceptions of the world (Hobson 2012) and breaking with the discipline’s unreflective tendencies (Tickner 2013). The vibrancy of Indigenous struggles not only confirms the inadequacy of the state, echoing calls to provincialize Europe’s political legacies (Chakrabarty 2000), but it also provides concrete experiences of what the international can actually look like within and beyond the state (Tickner and Blaney 2013). Indigeneity is therefore doubly valuable for world politics. In addition to contributing alternative praxis of the international, it instigates critical theory to expand disciplinary borders.

Conclusion

Indigeneity is a valuable category of analysis for world politics. Indigenous experiences offer a fuller understanding of the world we live in. Integrating indigenous perspectives in the study of IR speaks to the ability to extend our political practice beyond the ivory tower. It is not a category of analysis that concerns merely Indigenous peoples, just as racism is not a matter for people of African descent only, or post-colonial studies the domain of previously colonized societies. The entire thrust of Indigeneity is that the non-state is the business of the state, and that there are alternative pathways available to decolonize the discipline.

Stripping IR of its state-centrism invites us to reflect upon the entrenched colonialism of international relations. Indigenous perspectives will hopefully inspire scholars to adventure beyond the conventional borders of the discipline. After all, opening an alternative locus of authority is nothing short of revolutionary.

Article originally published in E-IR’s free-to-download Edited Collection, Restoring Indigenous Self Determination: Theoretical and Practical Approaches. Republished under a Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0) license

References
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Beier, J.M. (2009) International Relations in Uncommon Places: Indigeneity, Cosmology, and the Limits of International Theory. New York: Palgrave Macmillan.
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Chakrabarty, D. (2008) Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
Cott, D.L.V. (2008) Radical democracy in the Andes. Cambridge: Cambridge University Press.
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Self-Determination as Anti-Extractivism
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1 A delegation from the Red Sucker Lake First Nation descended on the work camp of Mega Precious Metals, Inc., a mineral exploration company, to stop them from working and demand that they vacate the land immediately. The Mathias Colomb First Nation issued a similar order to Hudbay Mining and Smelting Co., Ltd. and the Province of Manitoba.
2 According to the company’s own social and environmental impact report, the Marlin mine consumes about 250 thousand liters of water every hour (MacLeod and Pérez 2013).

radio
Chris Hedges

Tod@s debemos ser zapatistas

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We All Must Become Zapatistas, By Chris Hedges

We All Must Become Zapatistas

Posted on Jun 1, 2014

By Chris Hedges

Subcomandante Marcos, the spokesman for the Zapatistas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional, or EZLN), has announced that his rebel persona no longer exists. He had gone from being a “spokesman to a distraction,” he said last week. His persona, he said, fed an easy and cheap media narrative. It turned a social revolution into a cartoon for the mass media. It allowed the commercial press and the outside world to ignore traditional community leaders and indigenous commanders and wrap a movement around a fictitious personality. His persona, he said, trivialized a movement. And so this persona is no more.

“The entire system, but above all its media, plays the game of creating celebrities who it later destroys if they don’t yield to its designs,” Marcos declared.

The Zapatistas form the most important resistance movement of the last two decades. They are a visible counterweight to the despoiling and rape of the planet and the subjugation of the poor by global capitalism. And they have repeatedly reinvented themselves—as Marcos has now done—to survive. The Zapatistas gave global resistance movements a new language, drawn in part from the indigenous communal Mayan culture, and a new paradigm for action. They understood that corporate capitalism had launched a war against us. They showed us how to fight back. The Zapatistas began by using violence, but they soon abandoned it for the slow, laborious work of building 32 autonomous, self-governing municipalities. Local representatives from Juntas de Buen Gobierno, or Councils of Good Government, which is not recognized by the Mexican government, preside over these independent Zapatista communities. The councils oversee community programs that distribute food, set up clinics and schools and collect taxes. Resources are for those who live in the communities, not for the corporations that come to exploit them. And in this the Zapatistas allow us to see the future, at least a future where we have a chance of surviving. (Continuar leyendo…)