^{En portada: Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante una reunión de trabajo con el entonces jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, Glen D. VanHerck. Julio, 2021.}

El pasado mes de marzo el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al parlamento mexicano la autorización para que se permita el ingreso de personal militar de los Estados Unidos en territorio nacional, a efecto de que participen en la actividad del adiestramiento denominado Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto(JCET por sus siglas en inglés). Este 2 de abril el Senado ha aprobado dicha intervención.

Para este ejercicio se espera el arribo de 11 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU. Un evento que tendrá lugar en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento (Santa Gertrudis, Chihuahua), del 9 de abril al 16 de mayo de 2024.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el senador Félix Salgado Macedonio, presentó oficialmente la solicitud al Senado, donde fue aprobado con un total de 79 votos a favor, 10 en contra y una abstención.

Este ejercicio militar, según Patrick Paterson, quien trabajó en este informe, es considerado la principal herramienta de interacción con los países aliados de EEUU, donde las Fuerzas de Operaciones Especiales se despliegan en unidades pequeñas durante unas semanas o meses para entrenar a los militares de los países socios. “Esto incluye mejorar su competencia cultural y lingüística, aprender a operar en ciertas condiciones geográficas y a evaluar las capacidades de las fuerzas extranjeras”, según Paterson, Decano Asociado de Investigación y Publicaciones del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de EEUU.

Además, este tipo de acercamiento que realiza Estados Unidos es “para mejorar la competencia de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU y perfeccionar las aptitudes en contextos críticos de una misión [por ejemplo, en una guerra no convencional o Defensa Interna Exterior]”, según un informe de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales, presentado en 2016.

El adiestramiento es dirigido normalmente por un grupo de élite denominado destacamento alfa, compuesto por un elemento de guerra especial de la Armada, una unidad del mando de operaciones especiales de las Fuerzas Aéreas de los EEUU. Aunque la composición del equipo puede variar, el propósito es el mismo. “Cada miembro del equipo tiene una función específica, que va desde operaciones e inteligencia, armas, ingeniería, tareas médicas y comunicaciones”, agrega el documento de Universidad de las Fuerzas Especiales.

Además de evaluar el nivel de competencia táctica y los conocimientos operativos con los que cuentan los militares quienes reciben la capacitación, “evalúan el entorno operativo para futuras operaciones, como la evacuación de ciudadanos estadounidenses”, refiere Paterson y agrega que no “dedican una formación formal a los derechos humanos (…), estos temas raras veces forman parte de los cientos de eventos de capacitación ”.

EEUU viene realizando este tipo de ejercicio desde el año 1998, llevando a cabo más de 2 mil misiones de adiestramiento y entrenando a casi 150 mil tropas extranjeras, con el objetivo de “evitar en el futuro una participación militar costosa y a gran escala como la guerra de Irak y Afganistán”, puntualiza el informe.

Mientras tanto, los parlamentarios mexicanos informaron que esta actividad busca “mejorar la capacidad de planeación y ejecución de operaciones especiales, habilidades necesarias para el correcto desempeño del Ejército mexicano en sus tareas”.

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Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien votó en contra, criticó que los militares ingresen a México portando armas, lo cual está prohibido en la carta magna de este país. “¿No les parece una cesión de soberanía?”, cuestionó el legislador del Grupo Plural del Senado.

Por otro lado, el senador Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN), quien se pronunció a favor del dictamen, consideró “un exceso” el no permitir este ejercicio. “No veo cómo se pueda poner en riesgo la soberanía nacional porque 11 elementos especializados de un Ejército extranjero vengan a dar cursos de capacitación al Ejército mexicano”, declaró.

El senador Félix Salgado, quien presentó la petición del mandatario mexicano, señaló que estas acciones permitirán “fortalecer la relación bilateral” con EEUU, en coordinación con el Comando Norte de EEUU, con quien han establecido el llamado “Plan Anual de Actividades 2024”, a través del cual realizarán una serie de entrenamientos combinados conjuntos durante el resto del año.

Es en este actual periodo de gobierno cuando más se ha permitido abiertamente la internalización de militares estadounidenses armados a territorio mexicano. En diciembre pasado, el Senado también autorizó la llegada del mismo número de elementos, quienes instruyeron a militares mexicanos en el estado de México.

En 2022 México fungió como coanfitrión, junto con Belice, para la recepción de militares provenientes de 23 países que participaron en los ejercicios militares denominados Tradewinds 2022. Participaron más de 1,500 militares y organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en territorio mexicano.

Es un momento inédito para los EEUU, pues nunca antes había podido pisar el territorio mexicano de esta manera. La última vez que lo hizo, en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, fue en secreto, el 31 de enero del 2017, en un hangar de la Marina en la frontera sur de México, Tapachula, Chiapas. Participaron Lori Robinson, jefa del Comando Norte de Estados Unidos, Kurt Tidd, líder del Comando Sur, y la embajadora de EEUU, Roberta Jacobson, asi como funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.

El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.

Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.

Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.

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Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.

De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.

Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.

Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.

El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.

El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.

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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.

El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.

^{En portada: Personas en movilidad esperan, en vano y bajo la nieve, la respuesta de la Patrulla Fronteriza ante un llamado de socorro en la frontera sur de Arizona. Foto: No Más Muertes}

La noche del sábado (10), la organización humanitaria No Más Muertes reportó que aproximadamente 400 personas en movilidad, solicitantes de asilo quienes cruzaron el muro fronterizo en Sásabe, Arizona, al sur de los EEUU, contabilizaban más de 36 horas esperando a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza en medio de temperaturas bajo cero.

No obstante, los elementos de seguridad nunca respondieron al llamado de emergencia. Ante la acumulación de nieve, voluntarios de No Más Muertes, Tucson Samaritans y Green Valley Samaritans comenzaron a evacuar a la gente en dirección a la estación de la Patrulla Fronteriza en Sásabe.

Debido a la acción, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron y amenazaron con arresto a muchos de los voluntarios. Ante el cuestionamiento de las organizaciones humanitarias por su inacción, los elementos de seguridad argumentaron que no tenían previsto salir para atender el llamado de socorro de los solicitantes de asilo.

“A medida que la nieve se derretía y las condiciones de la carretera se volvían fangosas, los vehículos de los voluntarios continuaron evacuando a la gente a pesar de las amenazas de arresto, en previsión de que esta noche las condiciones fueran más peligrosamente frías”, detalla un comunicado de No Más Muertes.

Las organizaciones denunciaron que, pese a su traslado, la Patrulla Fronteriza se negó a permitir el ingreso a la estación de los migrantes para ser procesados. “En el momento de escribir estas líneas, hay más de 250 personas expuestas a los elementos fuera de la estación de Sásabe. A pesar de que la situación persiste desde hace más de tres meses, la Patrulla Fronteriza no ha asignado recursos suficientes para hacer frente a esta crisis”, reclamó la organización humanitaria.

Frente a la emergencia, No Más Muertes exige una respuesta de las autoridades para establecer refugios adecuados, centros de calentamiento y otras necesidades básicas para quienes buscan seguridad y asilo en el sur de Arizona. “No se puede dejar a la gente a la intemperie en unas condiciones que ponen en peligro su vida”, sostuvo la organización.

Abandonados para morir

Desde su fundación en el año 2004, No más Muertes ha dado seguimiento al enfoque letal de vigilancia de la frontera entre EEUU y México. Según Naciones Unidas, ésta constituye la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Es también, de acuerdo a la organización humanitaria, el lugar donde la Patrulla Fronteriza ha diseñado un sistema ineficaz de respuesta de emergencia, la cual “permite a una agencia abusiva responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas personas que sus políticas están diseñadas para poner en peligro”.

Desde la presidencia de Bill Clinton, durante la última década del siglo XX, la política migratoria implementada por el gobierno federal norteamericano se rige por la denominada “prevención a través de la disuasión”, la cual consiste en militarizar y vigilar las rutas migratorias con mayor tráfico para obligar a los migrantes a cruzar por terrenos más hostiles, colocándolos en grave peligro de muerte.

Según un reportaje publicado en medios norteamericanos, difundido en diciembre del 2022, un informe federal del año 1997 señalaba que las “muertes de extranjeros” podía ser un indicador de que la estrategia, considerada dentro del plan de 1994 creado por la Patrulla Fronteriza, estaba funcionando.

Acorde a los registro de la Patrulla Fronteriza, entre los años 1998 y 2020, 8,000 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU. Mientras tanto, entre 1990 y 2021, el financiamiento de la agencia de seguridad se multiplicó por más de diez.

A través del informe Desaparecido, cómo las agencias de control fronterizo de EEUU están alimentando una crisis de personas desaparecidas, defensores sugieren que, si se tiene en cuenta el alto índice de desapariciones, el número real de muertos en la frontera puede ser de tres a diez veces superior al de los que han sido recuperados.

En este contexto, para No Más Muertes, lejos de constituir una tragedia accidental, “la práctica de la Patrulla Fronteriza de abandonar a personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en el corazón de la estrategia contemporánea de control fronterizo”.

La organización humanitaria detalla que, a diario, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean tácticas mortíferas para perseguir y dispersar a las personas en terrenos peligrosos y remotos; además, retiran y destruyen sistemáticamente los suministros humanitarios esenciales que quedan a lo largo de los corredores migratorios más mortíferos de la frontera.

Para No Más Muertes la negligencia sistemática de la Patrulla Fronteriza hacia los informes de emergencia de personas indocumentadas en peligro, “constituye un crimen de Estado de proporciones históricas”.

“Sólo la abolición de las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que provocan que las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos salvajes pondrá fin a las muertes en la frontera sur”, concluye la organización humanitaria.

En medio del colapso de una crisis humanitaria en Gaza, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informa que menos del 25% de las misiones de ayuda programadas han recibido la aprobación de Israel, lo cual ha provocado la mayor hambruna mundial.

Los gazatíes representan ya el 80% de las personas que sufren hambruna a nivel mundial, según datos de OCHA. Los relatores especiales y grupos de trabajo advierten, “hemos dado la voz de alarma sobre el riesgo de genocidio”, ya que Israel no solo está llevando a cabo bombardeos indiscriminados, sino que también está imponiendo conscientemente altos índices de enfermedades, desnutrición prolongada, deshidratación y hambruna.

El bloqueo de la ayuda humanitaria ha dejado a miles de personas sin acceso a los alimentos básicos, medicamentos y suministros vitales, principalmente al norte de Gaza.

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Durante los días transcurridos en lo que va de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), solo han permitido el acceso de siete de las 29 misiones de ayuda programadas. De acuerdo con la OCHA, en toda la región de Gaza sobreviven 15 panaderías y, de ellas, 6 se encuentran en el sur de Gaza y 9 en la zona central. Mientras que en el norte no hay ninguna.

Las restricciones de acceso a las misiones de ayuda humanitaria también han debilitado la funcionalidad de centros médicos, aumentando los riesgos para la salud. Hay 16 hospitales que siguen funcionando parcialmente en toda Gaza, nueve de ellos en el sur y siete en el norte.

“Algunas personas llevan días sin comer. Los niños no tienen ropa de invierno. No hay atención médica. […] El alcance de las necesidades es enorme”, explica Olga Cherevko, trabajadora de OCHA que se encuentra en Rafah en el sur de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Salud de Gaza ha comunicado que la cantidad de fallecidos palestinos a causa del enfrentamiento entre Israel y Hamás ha sobrepasado las 25 mil personas. A pesar de los vehementes esfuerzos del gobierno israelí por debilitar a Hamás y liberar a más de 100 rehenes, la situación sigue siendo inédita en cuanto a víctimas mortales, devastación y desplazamientos en las décadas del conflicto.

Cerca de 50 abogados sudafricanos, liderados por el jurista Wikus Van Rensburg, están preparando una demanda legal contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, acusándolos de complicidad en los crímenes de guerra ejecutados por Israel hacia Palestina. La iniciativa busca procesar a los coautores de los delitos mediante tribunales civiles y cuenta con la colaboración de abogados estadounidenses y británicos.

En declaraciones a la agencia Anadolu, Van Rensburg argumenta que Estados Unidos debe rendir cuentas por las infracciones cometidas en la región, destacando la importancia de este proceso. Compara la situación con lo ocurrido en Irak, señalando que, a pesar de los crímenes cometidos, Washington no fue responsabilizado debido a la falta de atención adecuada sobre el tema. Afirmó que, actualmente, Estados Unidos está gastando recursos para permitir que Israel continúe sus ataques en Gaza, instando a poner fin a esta situación.

La acción legal surge tras las audiencias por genocidio en la Franja de Gaza presentadas por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Van Rensburg ve este caso como un ejemplo para su demanda y espera que, si la CIJ falla a favor de Sudáfrica, Estados Unidos pueda enfrentar sanciones incluso si no acepta el veredicto. Destaca que el fallo fortalecerá el caso contra la administración de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos (EEUU).

El grupo de abogados ha escrito cartas abiertas a los líderes de EEUU y Reino Unido, recordándoles su responsabilidad en estos crímenes de guerra. Van Rensburg subraya que Sudáfrica ha presentado argumentos sólidos en La Haya y expresa confianza en llevar a cabo el proceso legal en el extranjero trabajando en conjunto.

Esta iniciativa refleja la creciente preocupación internacional por la rendición de cuentas en conflictos armados y destaca la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Palestina.

Alemania defiende a Israel

Mientras tanto Alemania ha resaltado su apoyo a Israel, rechazando la acusación de “genocidio” que viene realizando en la Franja de Gaza. El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció la intención de intervenir como tercera parte en el proceso, generando divisiones en la comunidad internacional.

Esta declaración de apoyo a Israel fue recibida con entusiasmo por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su agradecimiento al canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, la presidencia de Namibia condenó la posición de Alemania, recordando el genocidio cometido por colonizadores alemanes en Namibia a principios del siglo XX.

Namibia expresó su consternación y cuestionó la autoridad moral de Alemania al recordarle que este Estado fue responsable del genocidio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, ocurrido entre 1904 y 1908, donde los colonizadores alemanes asesinaron de entre 34 mil y 110 mil personas de estos pueblos nativos.

Berlín acabó reconociendo en 2021 lo ocurrido como un genocidio, pidió disculpas y ofreció una indemnización de 1,100 millones de euros a los descendientes.

La Presidencia de Namibia considera que Alemania, al respaldar a Israel, carece de autoridad moral para declarar su compromiso con la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Hace referencia a las muertes violentas de más 23 mil palestinos en bombardeos israelíes y acusa a Alemania de respaldar un “holocausto y genocidio” en Gaza.

^{Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército de los EEUU}

El pasado miércoles (13), el Senado autorizó la solicitud del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para el ingreso de militares del Ejército de Estados Unidos a territorio mexicano.

Por mayoría, el Senado aprobó la participación de actividades militares conjuntas entre los elementos castrenses de EEUU y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con ello, también autorizaron su ingreso a México con armamento, municiones y equipo táctico.

La llegada de la delegación militar norteamericana, compuesta por 11 integrantes de las Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte del Ejército de EEUU, está prevista para el próximo 22 de enero del 2024.

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De acuerdo a la petición de AMLO, realizada en noviembre pasado, las actividades de los militares en territorio mexicano se prolongarán hasta el 22 de marzo del 2024. Entre sus objetivos, brindarán adiestramiento a Fuerzas Especiales de la Sedena en los municipios mexiquenses de Temamatla y San Miguel de los Jagüeyes, al oriente y norte de la Ciudad de México, respectivamente.

Acorde a lo aprobado por el Senado, la Sedena deberá rendir un informe sobre los resultados de la capacitación recibida por parte del Ejército norteamericano.