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En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México convoca a un acto para honrar a las miles de víctimas de desaparición en México y para exigir que la Cámara de Diputados apruebe cuanto antes la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares.

Es de suma importancia contar con su valiosa presencia y respaldo en esta exigencia por la verdad y la justicia.

Quién: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Cuándo: 30 de agosto de 2017

Dónde: en la Cámara de Diputados, en el Auditorio Sur, Edificio A, 2do Piso ( Av. Congreso de la Union número 66, Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, Ciudad de México).

On August 1, 2017, Santiago Maldonado, a 28-year-old ally who was supporting a land claim in the community Pu Lof en Resistencia, in the province of Chubut, Argentina, has been forcefully disappeared during a violent repression by the Argentine National Gendarmerie. The Argentine state has a long history of “disappearing” people as a mechanism to suppress political opposition. During the event, in addition, authorities of the national security ministry were present. The UN Committee against Enforced Disappearances demanded an “Urgent Action” by the Argentine state to search for and locate Santiago Maldonado and to identify those responsible for his disappearance.

1) Please consider disseminating the following press release from 7 Mapuche communities from Chubut and Santa Cruz provinces that demand the return, alive (aparición con vida), of Santiago Maldonado.

2) Please consider joining the Urgent Actions by the Argentine Organization Centre for Legal and Social Studies (CELS) and Amnesty International US.

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Por Diana Lenton – Revista Anfibia

A pesar del maltrato recibido durante siglos, no hay constancia, hasta hoy, de la existencia de un proyecto secesionista, y mucho menos, violento, entre los líderes mapuche, tal como dijeron algunos funcionarios. La especialista Diana Lenton explica la historia y desanda las mentiras difundidas ante la desaparición de Santiago Maldonado, la falaz vinculación con grupos extranjeros que coloca a ciudadanos argentinos como un “otro externo”, y cómo se elude la responsabilidad del Estado y se criminaliza a los indígenas.

Fotos: Marcelo Martínez

En los últimos días una serie de hechos puso en las portadas de los medios y en las bocas de varios funcionarios de gobierno el llamado “conflicto mapuche” en la Patagonia. Un conflicto que algunos de ellos prefirieron titular como “guerrillas mapuches” o “terrorismo mapuche”. El provecho político reside en la escalada, y entonces, a medida que pasan las horas, el titular es cada vez más el “terrorismo”, sin ninguna otra consideración.

La cuestión gira en torno a las características atribuidas al preso político mapuche Facundo Jones Huala, su familia y su comunidad, y a las organizaciones con las cuales se lo relaciona. El conflicto en sí no es nuevo aunque tuviera una extraordinaria difusión en las últimas semanas, estimulada por la coyuntura electoral. Hasta la desaparición de Santiago Maldonado, un joven bonaerense adherente a la causa mapuche, en el contexto de una de tantas represiones ilegales y violentas encaradas por las fuerzas armadas en el territorio mapuche.

En este punto no quiero ceder a la tentación de demorarme en la vergonzosa cobertura que los medios vienen haciendo de esta cuestión. Desde el “descubrimiento” que hizo Clarín en enero de este año, de Facundo Jones Huala como “el mapuche violento que le declaró la guerra a la Argentina y Chile”, en una nota plagada de errores acerca del origen y la biografía del protagonista, de las características de las organizaciones e inclusive de los datos concretos de las supuestas “víctimas” del peligroso terrorista. Hasta la participación decisiva del mismo diario y otros en la viralización de las acusaciones del Gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien llegó a la irresponsabilidad de acusar al Juez Federal de Esquel, Guido Otranto, de actuar en “connivencia con delincuentes” a raíz de su decisión de no hacer lugar al pedido de extradición de Jones Huala a Chile, en noviembre de 2016.

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Resumen Latinoamericano / Víctor Quilaqueo, CEPPAS-GT / 10 de agosto de 2017

La desaparición de Santiago Maldonado en Argentina es un hecho gravísimo para todos los movimientos sociales en América Latina.

Al momento de escribir estas líneas sigue sin conocerse el paradero de Santiago Maldonado, activista de 28 años que fue detenido por fuerzas de seguridad del estado en Argentina, y del cual no se han tenido noticias.

Fue detenido y golpeado por un grupo policial en el marco de un allanamiento a la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en la patagonia argentina, el martes 1 de agosto. Desde ese día no se sabe más de él.

Su familia, amigas, amigos, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones políticas han hecho un llamado incesante para que el gobierno argentino responda por su paradero. Las respuestas aparte de escasas, buscan ocultar, ensuciar y criminalizar a las víctimas.

El contexto de su detención y desaparición sería muy extenso de resumir en estas letras, pero es una muestra precisa de la connivencia entre poderes estatales, fuerzas represivas en actividad permanente e intereses de privados en relación con la posesión de tierras. En efecto, Santiago fue apresado en un operativo policial en contra de una comunidad mapuche que lleva adelante un proceso de recuperación territorial que va en contra de los intereses del grupo transnacional Benetton. Esa mañana la soberanía estatal argentina se vistió con los colores corporativos de una empresa de ropa y moda.*

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

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El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entrega al Senado miles de firmas para exigir una Ley contra la Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares que contemple a las familias

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016. El día de hoy, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregamos en el Senado de la República a las senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz y al senador Fernando Yunes, más de 17 mil firmas de apoyo de la sociedad civil, de México, Centroamérica y otros países, que se recolectaron a lo largo de un mes, para exigir una Ley contra la desaparición forzada y desaparición por particulares en la que se contemple los ocho puntos fundamentales propuestos por las familias de víctimas.

A un mes de que el actual periodo legislativo finalice, a las familias nos preocupa que no se esté discutiendo la propuesta de Ley que permita garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. La Ley en cuestión se debió concretar el 6 de enero de 2016, según la reforma Constitucional al Artículo 73 publicada el 10 de julio de 2015. Estamos preocupadas por el tiempo que transcurre sin tener una respuesta seria y congruente por parte del Estado mexicano.

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Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos¹ escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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El joven Maximiliano Gordillo Martínez, originario de Socoltenango, Chiapas, fue desaparecido por agentes del Instituto Nacional de Migración y de la policía estatal de Tabasco, el 7 de mayo de 2016, en la caseta de Migración de Chablé, Tabasco. Hasta ahora, a tres meses y medio después de su desaparición, no se tiene noticias de su paradero.

Este lunes 22 de agosto, en conferencia de prensa, las organizaciones que acompañan a la familia de Maximiliano emitieron un pronunciamiento, que incluimos abajo. También hacen un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional para exigir la inmediata presentación con vida de Maximiliano Gordillo y una investigación exhaustiva contra los responsables. Entre otras acciones, invitan a firmar y difundir la acción urgente en el portal Avaaz:

https://secure.avaaz.org/es/petition/Procuradora_Arely_Gomez_Gonzalez_titular_de_la_PGR_La_localizacion_y_presentacion_con_vida_de_Maximiliano_Gordillo/?auWAfcb

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2016.

La desaparición forzada práctica cotidiana en México
Violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de Migración

Chiapas y Tabasco, fronteras con las hermanas/os de Centroamérica, fronteras del horror, extensión del terror, donde el gobierno de México ejerce su rostro servil hacia los intereses de los poderosos que imponen desde siglos su acción colonial cargada de racismo, discriminación y exclusión; y cada vez más con mayor rigor contra las personas migrantes, en la mira de las más graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano.

Miles de personas, familias y pueblos transitan por los territorios del sur del país desde sus lugares de origen, huyendo de una violencia para encontrarse con otra, a veces más cruel: la política migratoria mexicana de los últimos tiempos. Políticas y prácticas de humillación, abuso, tortura, explotación y represión, cometidas por el gobierno mexicano para intentar contener el libre tránsito de personas bajo discursos de seguridad nacional, donde quien migra es concebido tácitamente como criminal, enemigo interno y riesgo a una paz que en verdad ni siquiera existe para nadie.

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El 7 de mayo de 2016, Maximiliano Gordillo Martínez, originario de la comunidad Tzinil, municipio de Socoltenango, Chiapas, se dirigía a Playa del Carmen en busca de trabajo. En el trayecto, entre las 9:30 y 10:30 pm, el transporte llegó a un puesto de revisión migratoria, probablemente en el estado de Tabasco. Agentes de migración bajaron a seis o siete personas que no llevaban credencial de elector, entre ellos a Maximiliano. Este último presentó acta de nacimiento y CURP, pero los agentes lo acusaron de presentar documentos falsos. Desde entonces, no se le volvió a ver.

Familiares y organiaciones de defensa a los derechos de los migrantes han agotado todas las vías para obtener información del Instituto Nacional de Migración (INM), que insiste que Maximiliano no se encuentra en el sistema nacional del INM y se ha rehusado a colaborar en su búsqueda.

A seguir, la denuncia y llamado de acción urgente de Voces Mesoamericanas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes.

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