JUNTA DE BUEN GOBIERNO NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD CARACOL 10 FLORECIENDO LA SEMILLA REBELDE ZONA PATRIA NUEVA, CHIAPAS, MÉXICO
A 2 DE DICIEMBRE 2021
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINIÓN PUBLICA.
Nosotros como Juntas de Buen Gobierno del caracol 10 denunciamos lo siguiente:
Denunciamos a los invasores Nicolás Pérez Pérez del ejido San Gregorio las casas, Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio las casas, a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal, integrantes del grupo los 40 que siguen invadiendo nuestros territorios y siguen haciendo su cometido teniendo como objetivo despojar de sus tierras a nuestros compañeros y compañeras que luchan.
Denunciamos los echos sucedidos el pasado 29 de noviembre del año en curso, a las 8: am 22 invasores comandado por los invasores ya mencionados entran a nuestras tierras con azadones y picos para tomar el potrero colectivo de nuestra comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, estos invasores se ponen a crear una sanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales; el objetivo principal de estos invasores es hacerle camino a un tractor para seguir invadiendo mas territorio rebelde y provocar que los 22 animales que siguen resistiendo ante estas agresiones, desfallezcan.
Estos invasores siguen avanzando su mal en nuestros territorios llegando al potrero colectivo de 9 hectáreas que está ubicado a 50 metros del centro de la comunidad, ahora atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía. El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer algún daño, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios.
Responsabilizamos al gobierno Municipal, Estatal y Nacional de lo que vaya a suceder con nuestros colectivos, por que siendo llamados Autoridades no mueven ni un dedo ante estos atentados que están viviendo nuestras compañeras y compañeros bases zapatistas, solapan los echos cometidos por este grupo de personas que no hacen mas que atacar a nuestras compañeras y compañeros que están luchando, cuidando de nuestra madre tierra, el gobierno Mexicano no hace nada para detener las invasiones y agresiones que cada vez mas se expande.
El gobierno no hace mas que fortalecer la invasión y la agresión al quedarse callado ante estos actos de despojo, acciones de destrucción que atentan contra la integridad y la vida de la gente que resiste y lucha por la vida.
Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a rendir.
ATENTAMENTE:
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD.
Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã
Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.
Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.
“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.
Fuego
Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.
Durante la presente jornada se conocieron dos hechos en la región de La Araucanía relacionados con ataques a plantaciones de monocultivo forestal en comunas de Toltén y Carahue, resultando maquinarias e instalaciones destruídas avaluadas en doscientos millones de pesos según la organización mapuche. A continuación compartimos comunicado enviado a la radio.
Wallmapu, 01 de diciembre.
«Con pérdidas económicas de más de 200 millones de pesos ,se vieron afectadas empresas contratistas forestales ,en ataques simultáneos durante la madrugada de este miércoles, perpetrados por la Organización mapuche armada WEICHAN AUKA MAPU.
El primer ataque tuvo lugar en la comuna de Toltén, específicamente en el fundo Lumahue, propiedad de forestal ARAUCO, donde un grupo de weichafes procedió a encender una torre de madereo, un procesador, un rodillo de tramas y un comedor para los trabajadores forestales.
Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.
Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.
En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.
El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.
[:es]Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha German y Abraham Lopez Montejo de la organización La Verdadera Voz Del Amate, tras recibir humillaciones y falta de atención a sus peticiones por parte de la autoridades. Parte de esas peticiones es por miedo a ser agredidos por otros presos que se encuentran en la misma área que ellos.
CERSS 5 San Cristóbal de las Casas Chiapas
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la Sociedad Civil nacional e internacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Consejo Indígena de Gobierno.
A los medios de comunicación.
Al pueblo de México y del mundo.
A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.
A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.
Al Frayba
Sacamos un comunicado contra este centro de reclusión por parte de la organización La Verdadera voz del Amate, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
Presos en lucha en el CERSS 5 San Cristobal de las Casas, Chiapas.
Antes de todo pues aquí donde nos encontramos privados de la libertad, un lugar donde estamos pasando de las peores amenazas, hostigamiento e ignorancia de las autoridades. Aquí donde nos encontramos en el Area Verde conocido como Área de Encamados los otros directores que han pasado saben que nosotros no somos pleiteros, siempre hemos respetado al señor director y su alcaide y sus elementos. Como nos miran así, aprovechan nuestra humildad, cuando pedimos un dialogo con ellos cuando hay un detalle o un mal entendido nos dicen que si pasan los días no hacen nada. Los oficios que giramos con él como si fuera hoja en blanco y se les olvida.
La vez pasada le dijimos al director nosotros queremos estar tranquilos con otros compañeros indígenas, nos entendemos por ser indígenas que nos humillan mucho por ser humildes. El 19 de noviembre hubo un mal entendido con el contador encargado de este centro de nombre Giovani Ramos Morales en la mañana del día 19 tuvimos llamando al encargado del agua purificada donde nos dan el agua, nunca se acerco, lo llamamos al contador nos dijo porqué no comparamos el agua. Subió molesto como lo dijimos que el centro tiene la obligación de darnos agua o cualquier apoyo. Nosotros valemos igual como la gente mestiza, así como las autoridades, también tenemos derecho de recibir apoyo del Centro Penitenciario.
Es mismo día 19 de noviembre ingreso un interno recién trasladado y puesto en nuestra misma área, ese interno ya quiere mandar de nombre Gerardo miembro de una pandilla, como fue vocero encargado en el interior por eso se siente carbón y muy alzado, es uno de los que comenzó el pleito en el pasado donde hubo dos muertos. En esa vez y aquí no respeta, por lo mismo cuando fue vocero también le quitaron todas sus pertenencias al compañero Arbelino Sanchez. Ya fuimos hablar con el alcaide no nos hizo caso ese día 19 de noviembre, subió el alcaide de nombre Pablo Mendoza Morales le explicamos como esta el problema con esto, nos dijo que ya no tiene lugar donde hubicarlo, pero también nos dijo que hagan lo que quieran pues a el no le perjudica en nada. No dijo que si quieren rompan la madre, nos dijo que no le importa si nos pasa algo. Como marca la ley de los códigos penales las autoridades tienen la obligación, para proteger y promover el respeto y garantizar los derechos humanos como le dijimos si nos pasa algo el es el responsable pues es quien puede resolver ese problema hasta yo se el director de este Centro tiene su obligación este problema. No es la primera vez, la vez pasada el director también nos ignoro, nos humillo por ser gente indígena. No cumplio el director con lo que dijo la persona que nos estaba molestando la vez pasada aquí sigue ahora aquí andan dos hombres Romeo Isabel Oropeza Urbina y Gerardo esas dos personas que ya quieren mandar y se van adueñar de todo si no los cambian de lugar, esos dos pues nosotros vamos a salir en ese lugar porque ya estamos cansados de tanta humillación de estas personas, nosotros respetamos el acta de acuerdo si el director quiere romper el acuerdo esta bien tenemos que aceptar que dejaremos el lugar y regresaremos a nuestro plantón.
Nosotros solo queremos la tranquilidad y la paz, esa es mi palabra no solo a nosotros nos humilla las autoridades hay muchos internos que han pisoteado sus derechos. Ojalá que halla una solución a esos problemas y las amenazas, hostigamientos paren en el estado de Chiapas.
Gracias compañeras y compañeros.
Palabras de los presos en lucha, la organización La Verdadera Voz del Amate.
German Lopez Montejo
Abraham Lopez Montejo
Y el preso solidario
GLOBAL: El planeta esta más enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos países reportó violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.
WALLMAPU: Represión policíaca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.
CHILE: Restauración conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia
CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la policía montada contra defensores de la tierra de la Nacion Wet’suwet’en. Its Going DOwn y SubMedia.
DESDE EL OMBLIGO
LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa régimen de excepción para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observación de la Caravana Migrante.
CHIAPAS: Continúan los ataques paramilitares contra comunidades autónomas zapatistas. RedTDT
JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs
MÉXICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.
Exigimos alto a la guerra contra los pueblos zapatistas
Alertamos sobre la agudización de las agresiones paramilitares, la criminalización de la lucha a las comunidades que resisten y se organizan desde abajo y a la emisión de decretos orientados a la imposición de los proyectos capitalistas neoliberales, implementados por el mal gobierno federal mexicano, pasando por alto los derechos humanos y sus propias leyes.
Repudiamos las agresiones perpetradas el pasado 21 de noviembre a las 10:00 horas por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), de la comunidad San Antonio Las Flores, en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la comunidad de Moisés Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y La Humanidad”.
Ese día, a las 16:30 horas aproximadamente un grupo de paramilitares llegaron a la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”, donde prendieron fuego a tres aulas. Esta escuela ya había sufrido un ataque armado el pasado 14 de octubre.
También el pasado 8 de noviembre de 2020, el mismo grupo paramilitar ORCAO secuestró y torturó a un compañero base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi.
El 14 de octubre hicieron un ataque armado en contra de la misma comunidad provocando el desplazamiento forzado de compañeros y compañeras
El 11 de septiembre de 2020 el grupo ORCAO secuestró a autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el 19 de septiembre.
El 22 de agosto de 2020 la tienda comunitaria el Arcoiris en el crucero denominado Cuxuljá fue saqueada y quemada.
Las agresiones paramilitares en contra de nuestros hermanos y hermanas, bases de apoyo del EZLN, orquestadas desde el mal gobierno de Rutilio Escandón y desde el gobierno federal, buscan debilitar la resistencia y defensa de la madre tierra que los pueblos zapatistas han mantenido, y debilitar la lucha por la vida que, desde la organización de abajo en todos los rincones de este país, el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno soñamos y tejemos cada día.
Mientras en los pueblos zapatistas, con su lucha de cada día y con la construcción autónoma, dan avisos de esperanza al mundo, en los pueblos originarios vamos caminando despacio, defendiendo y sembrando autonomía, defendiendo la tierra colectiva, tejiendo la resistencia a la mercantilización de todo lo que integra nuestro territorio y a la imposición de los proyectos capitalistas, que en el mundo entero ponen en entredicho la prevalencia de la vida.
Por eso reconocemos a los pueblos zapatistas y su lucha histórica, como la esperanza de que no dejen de brotar resistencias y rebeldías en México y el mundo, que hacen nacer una luz en medio de la oscuridad capitalista y que apuestan a defender la vida colectiva.
Por eso somos uno y las comunidades zapatistas no están solas ni solos, por lo que llamamos al mundo a alzar la voz para exigir que cese la guerra en su contra, denunciando al mal gobierno y su corrupción neoliberal, que se vale de la guerra contrainsurgente, para tratar de callar el corazón colectivo que, latiendo, llama a defender la vida.
Atentamente
Noviembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
Integrantes del Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN Llegó la Hora de los Pueblos, manifestamos nuestro rechazo al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de este año, ya que es un atropello al Estado de Derecho instaurado sobre la base de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Al hacer esto, el mencionado Acuerdo legaliza el autoritarismo al remover las regulaciones ambientales que existen para la protección de la naturaleza promoviendo la construcción de proyectos de infraestructura federal. Lo mismo hace con las regulaciones en materia de protección hídrica de cuencas y en materia de monumentos y zonas arqueológicas del patrimonio histórico de México. Por tanto, ese Acuerdo también es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, consignados en el artículo segundo Constitucional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al crear las condiciones para continuar con las políticas de despojo contra sus territorios.
Se trata de una des-regulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimento del interés social, un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando la administración actual. Por lo tanto, desde los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración de Peña Nieto, las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en la ejecución de grandes obras. En ese mismo tenor, sopesamos con recelo la puerta que este acuerdo abre para los atropellos de grandes contratistas federales en el presente y en administraciones federales futuras.
Por lo anterior, presentamos el 26 de noviembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una solicitud para que active los mecanismos legales que resulten procedentes con relación a dicho Acuerdo y las implicaciones que conlleva.
En portada: Celebración de José Antonio Kast, candidato de utraderecha, ganador de la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Chile
El sorprendente triunfo en la primera vuelta presidencial del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, por sobre el candidato Gabriel Boric, no solo pone en jaque la posibilidad de un futuro gobierno de corte transformador en Chile, sino que pone en riesgo el mismo proceso constituyente en curso en el país.
La verdad es que cuesta mucho entender lo que pasó en Chile aquel día, ya que veíamos el ascenso de la ultraderecha negacionista como una amenaza que no llegaría tan pronto, considerando todo lo que ha pasado en el país y el derrumbe del gobierno de Sebastián Piñera, luego de la revuelta social y la instalación de la Convención Constitucional.
Si bien el porcentaje de votos alcanzado por Kast no es muy alto (27, 91%), el problema mayor es lo poco que sacó el candidato de Apruebo Dignidad (25, 83), el cual obtuvo prácticamente lo mismo que sacó en primarias (sumado a los votos de Daniel Jadue), lo que refleja que su candidatura convocó muy por debajo de lo que se esperaba.
Las causas de la baja votación de Gabriel Boric son seguramente múltiples y responden a distintos factores internos y externos de la campaña, pero lo que está claro, es que para obtener un triunfo en segunda vuelta el próximo 19 de diciembre, tendrá que inevitablemente ceder mucho de su programa de gobierno antineoliberal y hacer alianzas con sectores de izquierda más conservadores, como es el caso de los partidos de la ex concertación.
Asimismo, pareciera que también tendrá que dar respuesta al discurso impulsado por Kast, centrado en el miedo y en el orden público, en donde la delincuencia, el narcotráfico y la falta de certeza económica, pareciera que serán los temas que instalarán los grandes medios de información para los próximos debates entre los dos candidatos.
Las filas fuera del Liceo José Toribio Medina, en la comuna de Ñuñoa, en Santiago, a quince minutos del cierre de urnas. Foto: La Nación
De ahí que Boric, haya entendido que la seguridad sea un tema central para las próximas semanas, y que esté adaptando su discurso de campaña, lo que obviamente es un riesgo, ya que puede ser visto como algo no creíble a estas alturas, pudiendo ser incluso contraproducente.
Por lo mismo, el haber sumado a Eduardo Vergara, como encargado de seguridad en su comando, es un acierto, considerando que no bastará con que hable del tema, en la medida que no plantee un discurso que se diferencie de la ultraderecha, cuestionando así fuertemente el populismo penal y la guerra contra las drogas de Kast, y proponga una alternativa sin complejos desde la izquierda, que vaya mucho más allá de lo punitivo.
Lo mismo con respecto al ámbito económico, el cual debiera volcarse al chileno y chilena promedio, los cuales han sido abandonados por un Estado negligente y abusados por grandes sectores empresariales, haciendo que las familias vivan completamente bancarizadas, a través del crédito, mientras el Estado goza de grandes reservas en el extranjero.
Ante esto, sería interesante incorporar también en el comando al economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, quien mejor que nadie en el país, ha desmontado empíricamente el mito de la llamada clase media, la cual no es otra cosa que una construcción de las elites, que ha permitido instalar un discurso del esfuerzo individual, de la meritocracia y del emprendimiento.
No obstante, más allá de estas estrategias de campaña para la segunda vuelta, lo que más debiera preocuparnos, en el caso de ganar José Antonio Kast la presidencia, no es su gobierno propiamente tal, el cual estará limitado al no tener la mayoría en el congreso, sino en el uso de su cargo para hacer una campaña desde el ejecutivo contra la Convención Constitucional.
El candidato del Partido Republicano ya ha manifestado explícitamente que de ser presidente, y no estar de acuerdo con el texto constitucional que se escriba, lo que seguramente será así, levantará la bandera del rechazo para el plebiscito de salida del año 2022, siendo su gobierno un mero instrumento para una restauración conservadora.
Un escenario así, de confrontación entre José Antonio Kast y la Convención Constitucional, no solo le haría un daño gigantesco a la democracia del país, sino que podría generar un clima de violencia política de alcances insospechados, trayendo consigo mucha sangre y una fractura total en el país.
En consecuencia, Kast de manera irresponsable estará usando su cargo de presidente para destruir la paz social que tanto dice defender, pasando por encima todo lo que se está intentando construir institucionalmente para el país, dejando en evidencia que más que el bien en Chile, está preocupado de mantener el orden autoritario, haciendo fracasar el proceso constituyente, para mantener a cualquier precio la constitución de 1980.
Frente a todo lo señalado, el triunfo de Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre, es mucho más que el triunfo de un candidato en particular, del Pacto Apruebo Dignidad o de un sector político determinado. Tiene relación con cuidar la convivencia en el país y la defensa de un proceso inédito, que fue llevado por millones de chilenos, que creyeron que se podía hacer una constitución de manera distinta, después de más de 200 años de historia.
Créditos: Nanci Sinto, activista maya kaqchikel fue detenida señalada del daño al patrimonio cultural. Foto Regina Pérez
Tiempo de lectura: 7minutos
La activista Kaqchikel Nanci Sinto se suma a la larga lista de personas, entre políticos y defensores de derechos humanos criminalizados por Consuelo Porras, que podría tener como objetivo callar liderazgos y voces disidentes. Por Regina Pérez
Un día antes de que las mujeres salieran a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a exigir el cese de la violencia en su contra, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, coordinó la detención de la activista maya Kaqchikel Nanci Paola Chiriz Sinto, señalándola de haber participado en las pintas al Congreso el 21 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra de la aprobación del Presupuesto 2021.
La captura de Sinto generó varias reacciones en las redes sociales, principalmente de solidaridad en las que varias personas criticaron el hecho de que se le detuviera cuando ella fue víctima del abuso policial que se vivió ese día y que hasta la fecha no se observan avances ni indicios de que el MP presente un caso contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos en contra de los manifestantes.
El delito bajo el cual la Fiscalía de Delitos contra la Vida coordinó la detención de Sinto y del pintor Juan Francisco Monroy fue el de depredación contra los bienes culturales. La jueza Lluvia Velásquez Soto los ligó a proceso y les otorgó arresto domiciliario, con la condición de pagar una fianza de Q5 mil.
El pintor Juan Francisco Monroy y la activista Nanci Sinto fueron ligados a proceso. Foto Regina Pérez
La audiencia que empezó a las 2:30 de la tarde culminó casi tres horas después. Fue una larga jornada en la que Sinto recibió varias muestras de solidaridad, tanto en la Torre de Tribunales como en las redes sociales. Al final del día y tras recibir la resolución de la jueza, una guardia del Sistema Penitenciario le quitó las esposas y fue puesta en libertad.
Visiblemente emocionada, Sinto abrazó a su hermano, quien la acompañó desde que llegó a la Torre de Tribunales. Afuera la esperaban varias personas para mostrarle su apoyo.
No obstante, aunque salió libre tendrá que enfrentar un proceso penal, que sigue su curso con la audiencia de etapa intermedia fijada para el 9 de febrero, donde el MP presentará los medios de investigación en contra de ella y de Monroy.
De acuerdo con declaraciones de Sinto, el allanamiento en su casa empezó alrededor de las 6 de la mañana. Ni la Policía Nacional Civil (PNC) ni el MP quisieron confirmar si ella estaba entre las personas detenidas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020, pues la única información que circulaba era la de un medio afín al gobierno.
Alrededor de las 11 de la mañana, la activista fue llevada a la Torre de Tribunales. En la carceleta dijo a los medios de comunicación que no era ninguna delincuente y que los que deberían ser detenidos son quienes violentaron los derechos de los manifestantes durante el 21 de noviembre de 2020. Ese día las fuerzas policiales arrojaron gases lacrimógenos contra las personas que protestaban en la Plaza de la Constitución, reprimieron y golpearon a periodistas, activistas y manifestantes frente al Congreso.
“Quiero decir que no soy ninguna delincuente, no le hice nada al Estado ni a nadie, más bien el que daña la vida digna de esta población es el mismo Estado y hoy quienes tendrían que estar presos están libres, y ojalá así como nos han ido a buscar a quienes manifestamos de forma legítima, así busquen a aquellos veteranos que defendieron el privilegio de las élites, que quemaron el Congreso, vehículos, a ellos también”, afirmó la defensora de derechos humanos de manera contundente.
Ella se refería a los disturbios provocados por militares retirados que el pasado 19 de octubre causaron destrozos dentro del Congreso y quemaron varios vehículos.
La detención de Sinto y Monroy se suma a otros casos similares ocurridos en 2021, como la captura del exsuperintendente de la SAT, Francisco Solórzano Foppa, el exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aníbal Argüello, el integrante de Centinelas, Misael Méndez, el manifestante Rudy López, acusado de depredación de bienes culturales, así como el acoso judicial contra periodistas comunitarios en El Estor y otros.
Rudy López, un manifestante mam fue detenido tras una manifestación el 12 de octubre señalado de dañar el patrimonio cultural. Foto Regina Pérez
Estrategia de silencio y mensaje de represión
El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue detenido en mayo pasado bajo varios cargos que no pudieron ser probados por la Fiscalía de Delitos Electorales, opinó que el caso de Sinto muestra que hay un mensaje continuo de represión por parte del Ministerio Público.
También podría ser parte de una estrategia de persecución y uso del derecho penal desde el MP para perseguir voces críticas al gobierno. “Ya se había publicado anteriormente que la Fiscalía que llevaba el caso de Nanci no estaba investigando a los policías, a la cadena de mando dentro de dicha institución o dentro del Ministerio de Gobernación, sino que únicamente se estaba dedicando a investigar a los manifestantes”, señaló Foppa al preguntar si este se trataba de un caso donde se usa el derecho penal para callar a opositores.
Esta situación, a su criterio, es preocupante, porque hay dos personas que durante las manifestaciones de noviembre de 2020 perdieron un ojo y que se supone que la Fiscalía debería de estar investigando esos hechos. “Sin embargo, lo que estamos viendo es que se están usando todas esas pruebas para perseguir y montar casos como el de Nanci, sinceramente veo que son casos muy mal armados…solo de ver las imágenes no creo que haya delito, no se daña el patrimonio con pintarlo”, manifestó.
Sinto dijo a Prensa Comunitaria que vincula su captura a la estrategia de silencio que el Estado quiere implementar contra la ciudadanía y la población en general, “en el sentido de que no nos sigamos organizando y que no sigamos manifestando en relación a los actos de corrupción y de violencia contra los derechos humanos en El Estor y en otros territorios Q’eqchi’, la aprobación del Presupuesto y la persecución contra jueces y periodistas…”.
La activista señaló que la estrategia del Estado para reprimir es estructural e histórica, “lo que están generando es perseguir a todas y todos, no necesariamente tienen que ser activistas, creo que hay una forma de reprimir a quienes no coincidan con la forma del Estado de vulnerar nuestros derechos, también se criminaliza de distinta forma a los ciudadanos o líderes, no quiero minimizar lo que me está sucediendo, pero sí hay otras estrategias muy violentas como lo que vemos en El Estor con los desalojos, es otra forma de criminalizar”, dijo.
Por su parte Foppa destacó que ve una intención y un mensaje continuo, permanente y sistemático de parte del MP de represión hacia las distintas personas que deciden manifestarse contra el Estado “y esto viene orquestado desde el gobierno, en contubernio con las altas autoridades del Organismo Judicial”.
La activista maya Kaqchikel también cree que hay una estrategia más sutil “que no deja de ser criminalización y violenta, es el uso del derecho penal”, refirió.
Norma Sactic, directora la Asociación Política de Mujeres Mayas (MOLOJ), considera que detrás de la detención de la activista está que el gobierno actual ha iniciado una persecución en contra de liderazgos. “Sabemos que hay medidas de control a todos los que estamos denunciando o haciendo acciones en este caso a favor de las comunidades, de poder fortalecer sus procesos organizativos, es una de esas acciones de monitoreo”, indicó.
Sactic también resaltó la militancia política de Sinto, quien fue secretaria nacional de Juventud del partido político de oposición Winaq, aunque actualmente ya no forma parte de dicha agrupación.
Entérese más aquí:
Objetivo es callar a la ciudadanía
Solórzano Foppa concordó con que este caso puede ser utilizado para infundir miedo en la población que manifiesta por sus derechos. “Ese es el objetivo fundamental y creo que lo que tenemos que tener claro y que no puede haber es retroceder, sabemos que no les queda más que tratar de utilizar el derecho penal para infundir miedo y temor en la población que ejerce su derecho legítimo de manifestación pero no podemos quedarnos callados”, indicó.
Sinto recibió muchas muestras de solidaridad tras su detención, gesto que agradeció. “Eso evidencia mi recorrido político, laboral, académico, también como sujeta política y defensora de derechos humanos, no soy una persona indiferente y ajena”, dijo.
Por otro lado, expresó su preocupación porque a otra persona que esté detenida por el mismo caso en que se le vincula a ella no tenga la misma presión social y con mayor facilidad se le puede dejar en soledad. “Hay que considerar que la represión va parejo, por supuesto quieren desarticularnos por ser líderes o defensores de derechos humanos, pero también hay personas individuales que se han organizado desde su indignación, entonces quieren callarlos”, afirmó.
Para Sactic, el mensaje de la Fiscalía a personas y colectivos es “aténganse a las consecuencias que esto puede pasar ante las diferentes manifestaciones, acciones públicas que se han hecho contra este gobierno, se ve claro que van a ir contra todos para poder callar las diferentes protestas que se vienen haciendo en las calles”.
Durante la audiencia de primera declaración, el fiscal Jorge de León indicó que otras personas están siendo investigadas por los hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2020. Además, dijo que están solicitando autorización judicial para acceder a perfiles en redes sociales de estas personas. “Existe una resolución judicial a través de la cual se faculta al MP a requerir información privada de las cuentas de redes sociales de dichas personas y de otras que están siendo objeto de investigación y que el MP vaya individualizando dentro de la presente investigación”, señaló.
Lo afirmado por el fiscal coincide con la línea que Consuelo Porras, jefa del MP, expresó de manera pública en septiembre pasado al indicar que pedir la renuncia de funcionarios o empleados públicos puede constituir un ilícito penal, esto en medio de masivas manifestaciones ciudadanas en su contra y del presidente Alejandro Giammattei, para solicitarle su renuncia.
En un comunicado de prensa, el procurador de Derechos Humanos (PDH) expresó su preocupación por estas detenciones. En el caso de Chiriz Sinto fue una de las personas agredidas en la manifestación del 21 de noviembre como quedó documentado en videos, redes y fotos. La Procuraduría señaló que ella fue vigilada e intimidada en su trabajo y vivienda por un año.
A la fecha, las investigaciones de esta y otras denuncias por violaciones a los derechos humanos de manifestantes y periodista no presentan ningún avance en el MP, puntualizó Rodas en el comunicado.
