Por Nelton Rivera

El descontento social por la corrupción del Gobierno de Guatemala continúa convocando las acciones de la ciudadanía en distintos lugares del país, el día 8 de enero el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y varios ciudadanos y ciudadanas, solicitaron al alcalde municipal de ese municipio que desconozca públicamente a Alejandro Giammattei Falla, como presidente de Guatemala. Adjuntaron una documento a la espera de que el actual alcalde municipal actué.

A través de un memorial, solicitan a Juan Fernando López que en una Sesión de Concejo Municipal, desconozca al Gobierno de Giammattei, al Vicepresidente Castillo Reyes, y lo haga público el 14 de enero. Además exigen que los diputados electos por el distrito den cuentas de los recursos que fueron asignados para Quetzaltenango para la crisis sanitaria de la covid-19.

Expresaron que la población ve la incapacidad, opacidad y el mal manejo de los recursos públicos para atender la crisis sanitaria de la pandemia y la inexistencia de un plan de vacunación como si lo están haciendo países como México, El Salvador y Costa Rica y el abandono de miles de personas damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota.

En el documento expresaron:

“La ciudadanía en general ha mostrado su rechazo en contra del actual gobierno de Guatemala, encabezado por el actual Presidente Alejandro Giammattei y su Vicepresidente Guillermo Castillo, como se puede constatar en las Manifestaciones del Veintiuno de Noviembre, Veintiocho de Noviembre, Tres de Diciembre, Diez de Diciembre y Diecisiete de Diciembre del año dos mil veinte, en la ciudad de Quetzaltenango.

Y, agregado a eso la actuación por parte del Congreso de la República, que aprobó el Presupuesto General de la Nación, de forma opaca y antidemocrática, ya que lo hicieron en horas de la madrugada a espaldas de la población y sin la suficiente discusión que se debe para un monto de CIEN MIL MILLONES DE QUETZALES, destinando fondos a otros rubros que no son prioritarios en las emergencias que estamos viviendo como lo son la pandemia mundial y las tormentas tropicales que afectaron a la población del nor-occidente, nor-oriente y norte del país.

Por ello en toda Guatemala hubo manifestaciones pacíficas, mostrando un rechazo rotundo al Presidente, Vicepresidente, Congreso de la República, por su inoperancia, incapacidad, y falta de acción ante las necesidades de la población, ante la falta de un plan social, sanitario y económico para contener la pandemia y para las personas damnificadas del nor-occidente, nor-oriente y norte del país, por las tormentas que afectaron esas áreas.

Sumando a lo anterior, en las manifestaciones del sábado 21 de noviembre del año dos mil veinte, hubo un abuso de autoridad y represión por parte de la Policía Nacional Civil, y en la cadena de mando, Director de la Policía Nacional Civil, Ministro de Gobernación y el Presidente Alejandro Giammattei, por lo que hubo un uso de la fuerza desmedido, detenciones ilegales y represión por parte de las autoridades a la población que se manifestaba en forma pacífica y de forma legítima el descontento y la indignación hacía el gobierno; por todo lo anteriormente manifestado.”

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

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A continuación; se presenta un trabajo que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes cada domingo.

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PARTE I

Violencia Paramilitar en Sectores Económicos Claves en Honduras: El Brazo Violento del ‘Desarrollo’

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013).

No obstante, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020).

Además, Honduras ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” (Human Rights Watch, 2018).Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas, existe una realidad invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que puede describirse como neoliberalismo con esteroides.

“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas… Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático”, cuantan en entrevista los miembros del Movimiento Independiente Indigena Lenca de la Paz (MILPA).

Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y aparatos de la policía del Estado – los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado.

La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: (1) La violencia paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas.

(2) La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

Contexto Económico y Político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social – trabajadores y pobres -, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia.

En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de “evitar el contagio revolucionario” en Honduras, particularmente con la victoria de la revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el estatus quo y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Durante la década de los 80, Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, convirtiendo a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (CONADEH, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial y el FMI ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del Banco Mundial para Honduras tenía un claro énfasis en un “marco macroeconómico estable” que garantizaría “certeza para la inversión privada” (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (World Politics Review, 2017), con un coeficiente de Gini de 50,4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han ido aumentando. El 20 por ciento más enriquecido vio aumentar sus ingresos en más del 8 por ciento, mientras que el 20 por ciento más empobrecido sufrió una disminución del 7,4 por ciento. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017 el 64 por ciento de la población de Honduras vivía en la pobreza y el 40 por ciento en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como dijo en entrevista Bartolo Fuentes, “las cifras son incluso superiores”.

Como ha demostrado la historia los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.

Durante la mañana de este jueves 07 de diciembre se llevo a cabo la audiencia de veredicto en contra de Carlos Alarcón y otros 7 implicados en el homicidio de Camilo Catrillanca bajo distintos cargos.

El Tribunal Oral en lo Pernal de Angol declaró culpable de todos los cargos presentados por la defensa y la Fiscalía a los imputados.

Por su parte el ex miembro del GOPE de Carabineros, Carlos Alarcón, será condenado por homicidio simple en contra de Camilo Catrillanca, por lo cual se están solicitando penas que parten desde los 15 años de prisión.

Los demás carabineros junto a un abogado serán condenados por obstrucción a la investigación. La audiencia donde se realizará la lectura de sentencia quedó programada para el próximo 28 de enero de este año.

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ROMPIENDO FRONTERAS
EUA: Grupos de ultra derecha promovidos por Trump toman en congreso de EUA. Fachos vs fachos.
EUA ESTADOS JODIDOS Por Yisus Wero.
PALESTINA: Israel detuvo y encarcelo a 4.636 palestinos, entre elles 543 menores y 128 mujeres en lo que fue el 2020. Durante la pandemia del covid el ministro de seguridad israeli no ha qurido vacunar a les recluses palestines. Palestina Libre y Kaos en la Red.
MUNDO MUNDIAL: Sigue el proceso contra el preso politico Julian Assange, voces en todo el mundo reclaman su libertad.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
MUJERES LIBRES MEXICO: Feministas organizadas de Quintana Roo protestan en el Hotel donde trababa Ana Gómez de 21 años ya que fue el ultimo lugar donde fue vista y se ha encontrado el Cuerpo sin vida de una joven en el hotel pero no han dejado identificarlo; en el hoten sobran cámaras de seguridad, las compañeras exiguen que en el Hard rock Hotel de Quintana Roo se deje de proteger a les agresores y se muestren los vídeos.
MEXICO:  LUCHA POR LA VIDA: Incendio Iztazihuatl, Tren Maya, Recuperacion de tierras y autogobierno en Michoacan, Mercados Campesinos y las bicicletas. Columna de Juan Perez.
CHIAPAS: Ante el desalojo al que los malos gobiernos someten a Chiapas en las zonas habitadas por población indígena, ante la gran amenaza paramilitar pobladores se manifiestan tomando las casetas de San Cristóbal y Tuxtla Gutierrez

Tras 12 años de impunidad, el juzgado de Sentencia Penal de Puerto Barrios, Izabal, condenó este miércoles 6 de enero a 2 años de prisión conmutables al teniente coronel Mynor Ronaldo Padilla Gonzáles, exjefe de seguridad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), por el asesinato del profesor y líder comunitario maya q’eqchi’, Adolfo Ich Chamán, ocurrido en septiembre del 2009, en el marco de desalojos violentos en la comunidad Las Nubes, por las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Padilla también fue condenado a 8 meses de prisión por lesiones causadas a German Chub, quien asistió a la audiencia de hoy en silla de ruedas debido a que quedó paralítico por el ataque armado sufrido junto a los otros comunitarios.

Angélica Choc, defensora de derechos humanos y esposa de Ich Chamán, señaló tras el fallo que se encuentra tranquila. “Sabemos que se ha hecho un fallo a nuestro favor, pero también nos conmueve porque nos han marcado la vida”, indicó Choc, quien fue querellante en este caso y quien desde 2009 buscó justicia por el asesinato de su esposo.

Choc, como defensora maya q’eqchi’y víctima de este crimen, envió un mensaje a las mujeres que están en una situación similar y enfatizó que “busquemos la justicia en Guatemala, porque si no se demanda, todas las violaciones que se cometen en nuestra contra, nunca se va a saber cuánto hemos sufrido”, manifestó.

Según dijo, la búsqueda de justicia es un proceso doloroso y agotador, pero hay que buscar fuerzas para lograrlo.

Impunidad en el caso

En abril de 2017, Padilla Gonzáles fue dejado en libertad por la jueza Ana Leticia Peña Ayala, del juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente de Izabal.

El Ministerio Público y los querellantes en el caso interpusieron una solicitud de antejuicio en contra de la jueza por el fallo.

En este caso también fue querellante la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que junto al Ministerio Público presentaron pruebas de la participación de CGN en la planificación de los ataques en contra de personas mayas q’eqchi’ quienes fueron afectados por las operaciones de la mina en Izabal.

Los hechos

En septiembre de 2009, el profesor Adolfo Ich, quien era parte de la comunidad Lote 8 y quien junto a otras comunidades defendían sus tierras ante las operaciones de la empresa canadiense Hudbay Minerales, propietaria de CGN, fue asesinado por la seguridad privada de esa compañía, a inmediaciones de la mina.

Otros campesinos también sufrieron heridas por arma de fuego por personal de seguridad de la minera, entre ellos German Chub, quién sobrevivió al ataque pero quedó paralítico.

*Con información de Sandra Cuffe

Por Nelton Rivera

En el municipio de Barillas, al norte de Huehuetenango, las comunidades que en su mayoría son habitadas por q’anjob’ales y mestizos se organizan y participan en el Movimiento de la Sociedad Civil, que el pasado 19 de diciembre realizaron una actividad para conmemorar el primer aniversario del desistimiento de prisión y persecución política contra Palas Luín, coordinador del movimiento y fundador de Prensa Comunitaria.

Esa actividad se realizó en Poza Verde, uno de los lugares importantes y ceremoniales para el pueblo q’anjob’al y lugar donde la resistencia pacífica integrada por la población, se estableció contra las hidroeléctricas en la región. Si bien el 19 de diciembre se cumplió un año de la detención de Palas Luín sobre la carretera entre Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, varios representantes del movimiento y los líderes comunitarios también conmemoraron el cuarto año del cierre de las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que en 2016 cerraron sus oficinas, pararon la construcción de las hidroeléctricas y se retiraron del lugar. Barillas: después de un sinfín de violaciones a derechos humanos Hidro Santa Cruz anuncia posible retiro del país

Durante la actividad de conmemoración del 19 de diciembre, a las 7 de la mañana se realizó una ceremonia espiritual maya, a pocos metros de la finca en dónde se ubicaron las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz SA, en ese lugar aún se pueden ver una construcción de dos niveles completamente abandonada y en su interior los restos de maquinaria pesada que nadie retiró desde el 2011.

Poza Verde también es el lugar del asesinato de Andrés Francisco Miguel, un comunitario que se opuso a la construcción de varias centrales hidroeléctricas de la empresa española, este crimen ocurrió el 1 de mayo de 2012 durante la feria del municipio y hasta la fecha continúa en la impunidad. Dinámicas del despojo en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.

Durante la conmemoración, la explosión de los morteros de fiesta, sirvieron de llamado para el inicio de las actividades, mientras una de las autoridades ancestrales maya q’anjob’al realizaba la ceremonia, también se instalaba todo el equipo de sonido de la Marimba Maya Santa Cruz, que por primera vez hizo su aparición pública junto a la resistencia pacífica.

Palas Luin condujo parte del evento, precisamente por su papel como coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, además como uno de los fundadores de Prensa Comunitaria junto a Daniel Pedro Mateo (QDP). Palas Luin junto a unas trescientas personas que llegaron de distintas comunidades del municipio, recordaron la memoria de sus mártires y también reafirmaron que la defensa por el agua y por los ríos continuará.

Proceso de detención

Palas Luín fue detenido en diciembre de 2019 y encarcelado por su oposición en contra de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, cuya empresa en Guatemala, Hidro Santa Cruz SA, pretendía desde el 2011 la construcción de una serie de hidroeléctricas en cascada, utilizando el caudal del río q’anbalam en el norte de Huehuetenango.

Palas Luin permaneció varios meses encarcelado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, la presión social y la defensa de sus abogados lograron en enero de 2020 que uno de los jueces en la capital resolviera cerrar el caso y dejarlo en libertad.

La actividad duro toda la mañana, quienes asistieron compartieron un tamal, tortillas y una limonada, otras personas bailaron al ritmo de los sones y ritmos q’anjob’ales de la marimba. Los accesos a Poza Verde se dañaron por las dos tormentas tropicales, al mismo tiempo de la conmemoración, otro grupo de comunitarios trabaja junto a una retroexcavadora en uno de los deslaves de la carretera comunitaria, misma que permanece cerrada para el paso de cualquier maquinaria relacionada con actividades extractivas.

Se cumplieron doce años de la llegada de la empresa española a Barillas en el 2008 y el 19 de diciembre pasado se conmemoró el primer año de la detención y posterior liberación de Palas Luin.

“Persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile”, señala su vocero.

Wallmapu, territorio mapuche ocupado, 30 diciembre 2020.

Luego de varias semanas desde la acusación y secuestro en prisión de parte de la familia Queipul Pallaleo de Temucuicui, se observan graves consecuencias para su derecho a la salud, ya que la cárcel ha generado incluso que una de sus integrantes haya sido contagiada en el recinto estatal con el virus COVID19, además de sufrir crisis de angustia y otras afecciones psicológicas, a partir de su paso por las traumáticas condiciones carcelarias, las cuales eran totalmente desconocidas para la afectada Luz Marisel Pallaleo Catrío, esposa y madre respectivamente de Sebastián Queipul Marillán (Chacha) y Daniel Queipul Pallaleo. Todos ellos enfrentan acusaciones judiciales que, de acuerdo a lo señalado por voceros mapuche, tienen como objetivo acallar las reivindicaciones mapuche, más aún considerando que Sebastián Queipul es un reconocido dirigente, quien lideró parte de las movilizaciones para la recuperación del territorio mapuche desde la dictadura militar, siendo uno de los frutos de esta ardua tarea la recuperación del ex fundo Alaska, terreno que forma parte del territorio ancestral de Temucuicui.

Al mismo tiempo ha sido objeto de grave afección a su derecho a la salud Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul, quien, mientras se encontraba siendo atendido en un hospital de Talcahuano, fue detenido y acusado de homicidio frustrado contra Carabineros, porte ilegal de arma y disparo, a pesar de encontrarse a más de 220 kms de donde supuestamente ocurrieron estos hechos. De acuerdo al vocero de los afectados, Mijael Carbone Queipul,  “es condenable la acusación referida a un supuesto ataque armado, siendo que el único herido es el detenido Quelentaro Aníbal Figueroa Queipul”, enfatizando que  “esto solo puede entenderse en un contexto de persecución de un lofmapu que realiza actos políticos para apoyar la recuperación de los derechos de la Nación Mapuche en el contexto de la ocupación militar y dictadura plutocrática que gobierna Chile y los territorios anexados por la fuerza en WallMapu”. La gente de Temucuicui destaca también que la mano ejecutora de todo este proceso represivo es el fiscal Enrique Vásquez de la Fiscalía de Collipulli, quien se dedica a criminalizar toda expresión de legítima lucha social en la zona, además del encargado de la seguridad del gobierno, subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien ha declarado culpables “con pruebas” a los detenidos antes de que se haya iniciado la investigación judicial y se haya activado el derecho a la defensa.

Por todo ello se hace un llamado a difundir estos hechos y que la acción movilizada por los derechos, colabore con la exigencia de fin de la persecución y reparación a estas familias y jóvenes del territorio mapuche de Temucuicui. Al mismo tiempo se convoca a todas las instancias internacionales de derechos humanos, aún a las que pretenden que la violación a los DDHH en Chile no es sistemática, a acercarse y dar cuenta de esta realidad.

Por Comunicaciones PuLofMapuXawün 

Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.

En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.

El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.

POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!

Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.

Por Hernán González Gómez

El inicio de un año es el momento propicio donde las familias hacen sus listas de propósitos y metas, el entusiasmo se siente en el ambiente por empezar desde cero nuevamente, en el caso de la sociedad guatemalteca es distinto, es el inicio de nuevo año pero con los mismos problemas de siempre, desempleo, violencia, analfabetismo, desnutrición, corrupción y la lista de los males de de este país parecen no tener fin, el problema no es nada nuevo, la corrupción es la peor Pandemia que ha tenido durante toda su historia y parece que no hay ninguna medicina para esta enfermedad endémica que tiene de rodillas a toda la población.

El país y su crisis política, social e histórica, parece que ha llegado al punto máximo de inflexión donde la sociedad empieza a abrir sus ojos, las protestas se han incrementado durante los últimos meses del año 2020, por indignación, cansancio de las mismas autoridades que solo buscan jugar con la población, por la búsqueda de una sociedad más igualitaria y un Estado incluyente con la participación de todos los sectores de la sociedad.

Inicia un 2021 sin expectativas, en medio de la incertidumbre, donde aún el Gobierno de Alejandro Giamattei Falla no responde a las demandas de la población, como la destitución del Ministro de Gobernación Grendi Reyes que ha sido uno de los personajes más oscuros de todo el gabinete de Gobierno, uno de los más polémicos que dio órdenes de reprimir las protestas con toda la brutalidad posible. Por si fuera poco, todavía nos enfrentamos a una crisis económica mundial sin precedentes.

No será un año nuevo, tampoco próspero 2021 si vamos a tener a la misma clase política que se sigue burlando de la población, aunque es un momento propicio para que la población tome conciencia y empiece a fiscalizar y exigir transparencia a los funcionarios públicos.