CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.
Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.
La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.
Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.
Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.
Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.
En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por os estamos luchando”.
Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.
Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.
Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.
Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.
