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resistencia
Con motivo de las contracelebraciones del 12 de octubre
En este video de 49 minutos, el Grupo de Trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias” aborda sentipensadamente, de mano de liderezas y pueblos en resistencia, los despojos y las luchas por la vida que se dan en diferentes geografías, tiempos y modos. De esta forma se suman a la Travesía por la Vida que los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, así como mujeres indígenas y afrodescentientes a la vez que diversidades sexo-genéricas, dan en estos momentos de crisis pandémica y colapso civilizatorio.
Escucha en este video las voces y análisis de mujeres mayas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, así como de mujeres mapuches del Wallmapu y arahuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A la vez, conoce los aportes de las y los trabajadores de las ciencias sociales que co-laboran con ellas.
Este 12 de octubre decimos SÍ a la VIDA, NO a los proyectos de muerte. Conoce cuáles son esos proyectos de muerte en los diferentes territorios-cuerpos-tierra.
Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13
- Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.
Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.
Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.
Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.
Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.
Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.
Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.
El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.
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