Por Renata Bessi
Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, un estado al norte de México. Una zona alta, 2800 metros sobre el nivel del mar, cercada por bosques de pinos. Una zona baja, con selva mediana caducifolia, localizada al fondo del cañón de Bolaños. En estas localidades, donde impera una diversidad de climas y vegetación, viven desde hace siglos los pueblos Wixárika y Tepehuana, que hace ocho años consolidaron la Comunidad Autónoma Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán.
Son dos pueblos hermanados en una misma comunidad. Los Wixárikas están concentrados en la parte alta, principalmente en las localidades de San Antonio, Cerro del Medio, Los Carretones y Los Valles. Los Tepehuanas están principalmente pegados al rio Bolaños, en las localidades de Azqueltán, de Izolta, La Guacima.
Entre sus cultivos resalta la pitaya y el orégano en la parte baja, y los hongos comestibles en la parte alta, donde también nacen los manantiales que abastecen la comunidad. Además viven de la pesca que obtienen en el rio Bolaños.
Cada localidad se organiza por asambleas y posee un comisario que ejerce el gobierno local. Además existe un gobierno tradicional para toda la comunidad, con una asamblea general.
Justamente el 10 de noviembre la comunidad Wixárica-Tepehuana conmemora el hecho de haberse declarado formalmente una comunidad autónoma. En aquella ocasión, en 2014, el Congreso Nacional Indígena se dio cita en la comunidad y reconoció mediante un acta sus autoridades comunitarias, el gobernador tradicional, los jueces, la guardia comunitaria, su comandancia comunitaria y el comisariado agrario autónomo.
“Esto está conmemorando la comunidad en estos días, la consolidación de su autonomía como una institución comunitaria para la defensa del territorio”, explicó Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.
La comunidad tomó este fin de semana, del 5 a 7 de noviembre, para celebrar una amplia agenda conmemorativa. Entre las actividades estuvo la inauguración de la clínica autónoma de los pueblos, completamente gestionada por la comunidad, con la solidaridad de colectivos y organizaciones de muchas partes del mundo.
La ayuda no vino solamente de la donación de recursos económicos. Se conformó una brigada de salud multidisciplinaria en herbolaria, partería, en medicina alópata, para formar promotores de salud comunitarios, inspirados en las clínicas autónomas de las comunidades indígenas zapatistas. La clínica ya está lista y los promotores ya están listos para recibir la capacitación de la brigada.
Chávez puntualiza que en estos días no se realizaron solamente actividades conmemorativas, sino también una “asamblea profunda con sus deidades, con sus dioses, con la madre tierra para determinar los pasos que siguen, con la solidaridad de los colectivos y de las organizaciones que, no solamente se han identificado con nuestra lucha, la han apoyado determinantemente, entre ellos el Congreso Nacional Indígena y el EZLN”, dijo Chávez.
Agresiones y violencia
Por estas mismas fechas también fue el punto de cierre de la Campaña por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, iniciada por la comunidad en abril de este año 2021.
Esta campaña se inició después de que la comunidad concluyera una serie de trabajos tradicionales sagrados en su territorio. Estos trabajos fueron hechos por la comunidad “por mandato de sus deidades en ceremonias tradicionales”, explica Chávez. “Se señalaba que era necesario reconocer las mojoneras antiguas de la comunidad. Las mojoneras son lugares sagrados donde se hace ceremonia de los varios pueblos de la región y que delimitan el territorio. En cada lugar, las cuatro esquinas de la comunidad y el centro, en cada lugar se hicieron sacrificios de animales”, cuenta.
“Hay personas con una economía pudiente que agarran tierras de manera ilegal y con violencia, como el cacique Fabio Flores Sánchez, que intentó asesinar a varias autoridades, que estuvieron al borde de la muerte. Los compañeros están vivos pero con muchas secuelas de estos ataques”, sostiene Chávez.
Ha habido impunidad. “Los jueces han respondido criminalizando la lucha de la comunidad. No hay justicia o acción legal contra los que perpetran ataques armados, golpean, amenazan de muerte”, dijo.
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La cuestión de la tierra
Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.
Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.
“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica el asesor jurídico.
El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.
El abogado explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.
En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.
Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.
De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.
En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.
El abogado sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.
Ataque institucionalizado
Según la ley en México, existen tres tipos de propiedad. La pequeña propiedad, la ejidal y la comunal. Si una tierra no está en ninguna de estas tres categorías, se considera que son bienes nacionales. La ley de bienes nacionales le otorga facultades al gobierno federal y a los gobiernos de los Estados para entregar títulos de propiedad sobre estos terrenos. En el caso de Jalisco hay el Programa de Reglamentación de Predios Rústicos, con el cual el Estado empezó a promover la necesidad de que las tierras tuvieran escrituras en esta zona.
“Pues entonces quienes tienen el dinero, los abogados, con los huecos de la corrupción del estado – porque no se puede hacer de otra manera más que por la corrupción por ser tierras indígenas -, logran títulos de propiedades”, explica el asesor jurídico. La comunidad ha interpuesto recursos de amparos, para que se nulifiquen estos presuntos títulos de propiedad que están dentro de las 38 mil hectáreas.
En pie de lucha
Pese a las agresiones múltiples que ha recibido la comunidad por parte de los tres niveles de gobierno, por parte de los magistrados agrarios y de los jueces penales, de los intentos de homicidios, de las amenazas de muerte, “la comunidad está de pie, está con la determinación de no permitir más despojos territoriales y ni violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales”, añade Chávez.
