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Por Gozalo Armúa y Lautaro Rivara

La mayoría de los análisis recientes sobre la coyuntura electoral en el Perú coinciden en un punto: la extrañeza, la novedad y la improbabilidad de que un personaje “desconocido” como Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, haya accedido al balotage que el día 6 de junio lo enfrentará a la candidata de extrema derecha Keiko Fujimori en la disputa por la presidencia del país.

Pero más que de una realidad caprichosa, este desconcierto habla del desconocimiento propio sobre el proceso político y social en la nación andina, de “los ríos profundos” que corren en el país olvidado pero viviente, rezagado pero protagónico, de las serranías peruanas. Como reza el dicho: existen la ficción, la realidad y el Perú. Adentrémonos en él.

Las elecciones

El proceso político de los últimos años ha sido sinuoso. El Perú llegó a estas elecciones bajo un gobierno de emergencia, tras la destitución de Martín Vizcarra el 9 de noviembre del año 2020. Este, a su vez, había llegado a la máxima instancia ejecutiva tras la caída del también destituido Pedro Pablo Kuczynski (más conocido como PKK).

En los comicios se presentaron 18 candidaturas presidenciales, de las cuales se estimaba que al menos seis tenían posibilidades de superar la magra barrera del 10 por ciento de los votos. Verónika Mendoza asomaba como la candidata con mayores posibilidades en el campo del progresismo y la izquierda, dado que en las elecciones del año 2016 había quedado a poco más de dos puntos porcentuales de acceder a la segunda vuelta. Por su parte, las opciones de derecha más competitivas se dirimían entre dos variantes fujimoristas: la representada por el economista neoliberal Hernando de Soto -asesor económico de Alberto Fujimori e ideólogo del brutal programa de austeridad conocido como el “fujishock”- y aquella expresada en la figura de Keiko Fujimori, hija del dictador que, al menos para los y las peruanas, no necesita de mayores presentaciones.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a Pedro Castillo de Perú Libre un claro primer lugar, con 19 por ciento de los votos, y a Keiko Fujimori de Fuerza Popular un 13,35 por ciento. La diferencia, irremontable, dejaría por fuera de la segunda vuelta a De Soto. La contienda entre Castillo y Fujimori expresa, por tanto, el más polarizado de los escenarios posibles, al menos en lo que concierne a la elección presidencial.

Pero además Castillo ganaría en 16 de las 26 circunscripciones electorales, y su partido, en un hecho inédito, obtendría casi 30 escaños en el Parlamento, convirtiéndose en la fuerza más votada del país. Aun así, el escenario parlamentario se presenta muy fragmentado entre una variopinta paleta de colores y fuerzas políticas, que van desde la derecha de tintes fascistas hasta la izquierda radical, con variantes progresistas, confesionales, antivacunas, neoliberales y progresistas, en combinaciones no siempre esperadas.

La historia reciente

Perú atraviesa una crisis profunda en todos sus niveles, que es expresión del colapso del modelo liberal instaurado a sangre y fuego por el fujimorismo en los años ‘90, y justificado a través de la “estabilización” del país con la práctica desarticulación de Sendero Luminoso.

Ese espiral de descomposición tiene en particular una dimensión política, que se evidencia en las disputas intestinas entre distintas fracciones de los sectores dominantes. Estas luchas facciosas han generado en los últimos años la destitución de varios presidentes, el cierre del Congreso, el enfrentamiento frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo, la renuncia de numerosos jueces y de magistrados de la Corte Suprema, el procesamiento y encarcelamiento de varios ex presidentes por el Caso Odebrecht y hasta el suicidio del ex mandatario Alan García, por nombrar algunos de los hechos más notorios.

Entre los golpes palaciegos, la corrupción endémica y el total distanciamiento del Estado respecto de las necesidades populares, en los últimos años han emergido distintos procesos de movilización social que tienen como principales protagonistas a las comunidades enfrentadas contra los proyectos megamineros y a la lucha reivindicativa de los y las docentes. La capital, Lima, también se ha movilizado, quizás con más notoriedad internacional, contra la crisis política, el desgobierno y los recurrentes escándalos de corrupción.

Perú, como otros países del eje Pacífico, alberga una enorme fragmentación territorial y fuertes regionalismos. Allí conviven universos prácticamente diferenciados como los de la Costa, la Sierra y la Selva, diversos en sus economías, sus culturas, sus modos de vida y sus formas de articulación al modo de acumulación dominante. La región costera concentra las mayores riquezas del país y ha hegemonizado la idea misma de la peruanidad: cosmopolita, occidental y decididamente neoliberal.

En la Sierra, en los últimos años, las industrias extractivas se han abierto paso sobre la economía rural y campesina, lo que ha generado una convivencia -por lo general conflictiva- entre enclaves neoliberales hiper desiguales con una cosmovisión indígena y comunitaria de fuertes reminiscencias incaicas. Tanto en estas ciudades extractivistas como en el ámbito rural, los sectores populares tienen que hacer frente al racismo y al colonialismo interno de las clases dominantes criollas. La Selva, por su parte, aislada geográfica y económicamente, ha sido el teatro de operaciones de organizaciones guerrilleras desde los años ‘70, y ha sufrido de lleno las consecuencias de la “guerra sucia” del ejército peruano en los años ‘90 y también “la guerra contra las drogas” orquestada por la DEA y los Estados Unidos.

Es en estas regiones periféricas, alejadas del centro moderno y desigual que es Lima, en los contornos de una de las repúblicas más centralistas de todo nuestro continente que, una vez desarticulada la guerrilla Sendero Luminoso y finalizada la dictadura de Fujimori, empezaron a emerger porfiadamente nuevas formas organizativas campesinas, comunitarias y populares. Las luchas antimineras, en particular, han tenido una gran relevancia en lo que va del siglo XXI, y de su acción organizativa han emergido liderazgos indígenas y populares que incluso han accedido a gobiernos locales y regionales.

Así, por ejemplo, en el 2018 el referente ecologista aymara Walter Aduviri conquistó la gobernación de Puno; Zenón Cuevas hizo lo propio en el Departamento de Moquegua; mientras que Vladimir Cerrón -del mismo partido que Castillo- también se alzó con la gobernación de Junín. Además, las fuerzas populares accedieron al poder en varias provincias -circunscripciones locales, equivalentes a los municipios- a través de fuerzas políticas desconocidas en Lima y la Costa pero con una fuerte raigambre en los territorios.

Cabe destacar que en la zona selvática los docentes rurales han tenido una presencia única desde los años ‘60, y muchos de ellos aparecen como los referentes naturales de sus comunidades. En uno de los episodios de lawfare menos conocidos en la región, varios de estos liderazgos han sido perseguidos, encarcelados y/o inhabilitados para ejercer cargos públicos. Es el caso de Walter Aduviri, hoy encarcelado, y también el de Vladimir Cerrón, suspendido en su gobernación e imposibilitado de presentarse como candidato presidencial por su partido, Perú Libre.

La campaña

La victoria de Castillo, sorprendente pero no por eso azarosa, reconoce entonces tres factores principales. En primer lugar el proceso histórico que acabamos de describir, que explica el surgimiento de nuevas luchas, nuevas organizaciones y nuevos liderazgos en las zonas rurales del Perú. En segundo lugar, el dominio de una estructura con anclaje territorial, presencia institucional y recursos locales, que desbarata el estereotipo de una fuerza política precaria e improvisada. En tercer lugar, la irrupción de una suerte de oustsider de izquierda, identificado con e identificable por las masas indígenas, campesinas y populares. Un docente rural, mestizo, provinciano, alejado del centro institucional y del discurso liberal-urbano y políticamente correcto, capaz de interpelar y representar el hastío frente a la corrupción, la casta política y los poderes fácticos.

Por su mismo origen periférico, Perú Libre es un partido de escasos vínculos internacionales -si lo comparamos, por ejemplo, con Juntos por el Perú de Verónika Mendoza- y prácticamente desconocido hasta ayer para el conjunto de la opinión pública, de las corporaciones de prensa y hasta para parte de los movimientos y partidos progresistas y de izquierda del continente. Valga como como botón de muestra lo que sucedió en la cadena CNN, quien durante la cobertura del día domingo no contaba siquiera con una imagen de archivo para presentar al candidato que encabezaba el proceso electoral. Perú Libre, insistimos, es una fuerza militante, cohesionada, con arraigo territorial, y con presencia en gobiernos locales y regionales.

Es esta base logística y organizativa la que ha permitido el despliegue de una campaña, austera en apariencia, pero que ha asignado de forma eficiente sus recursos, por fuera de los circuitos “obligatorios” de la gran prensa y las redes sociales -quizás no tan obligatorios considerando que, por ejemplo, el 60 por ciento de los y las peruanas no tienen acceso a internet-. Perú Libre apostó, en cambio, por las radios comunitarias, los recorridos pueblo a pueblo, los eventos culturares y la incidencia en los medios locales.

Castillo, en Twitter, no tiene más de 3 mil seguidores, ni mayor presencia en las otras redes sociales. Fue omitido por la mayoría de los grandes medios hegemónicos, hasta que en la recta final algunos de ellos decidieron darle visibilidad para desbancar del balotage a Verónika Mendoza. Aunque esto no explica la cosecha electoral de Perú Libre, es evidente que el tiro les salió por la culata.

El candidato

Pedro Castillo es uno de los ocho candidatos presidenciales en Perú que no tiene ningún proceso judicial abierto. Los otros diez tienen o tuvieron procesos por corrupción, delitos electorales o irregularidades financieras.

Si bien no es una figura desconocida, el nivel de apoyo a su candidatura ha rebasado las expectativas de propios y extraños. Castillo es maestro rural, que ha marchado extensamente por los pueblos olvidados del Perú profundo, sin contar con que ha sido alcalde distrital de su pueblo en Cajamarca. También fue miembro activo de las Rondas Campesinas. Los “Ronderos” son una organización campesina y comunitaria con miles de integrantes y con presencia en gran parte del sur del Perú. Se la considera la organización con mayor capacidad de movilización de todo el país, aunque sus demostraciones de fuerza, lejanas a Lima, suelen pasar desapercibidas. La organización rondera ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años y se vincula con distintas fuerzas políticas populares y de izquierda. Pese a que recientemente han creado su propia herramienta política, para estos comicios decidieron brindar su apoyo a Castillo y a Perú Libre.

Además, Castillo es referente de un sector de oposición en el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) actualmente dirigido por el Partido Comunista del Perú-Patria Roja. La base más activa del sindicalista está asociada con profesores de extracción popular-campesina, y tiene gran ascendencia sobre sectores evangélicos de dentro y fuera del magisterio.

En el año 2017 ganó protagonismo nacional por su liderazgo en la gran huelga y movilización docente de aquel año, aunque luego terminó disputando la conducción del sindicato en un frente común con sectores conservadores.

Las bases de apoyo de Castillo dentro del mundo docente se componen de sectores populares y empobrecidos, con referencias políticas ideológicas diferenciadas y contradictorias: izquierdistas, conservadoras, laicas o confesionales. De ahí las posiciones esperpénticas que combinan propuestas soberanistas, latinoamericanistas, constituyentes y de transformación económica radical, en simultáneo con declaraciones conservadoras en lo social -incluso homófobas- aunque no de forma orgánica ni programática.

En declaraciones recientes, Castillo anunció que de llegar a la presidencia terminaría con el encarcelamiento a Antauro Humala, militar revolucionario del Movimiento Etnocacerista que encabezó el Levantamiento de Locumba contra la dictadura de Alberto Fujimori, y más tarde el “Andahuaylazo”, asonada militar que intentó forzar la renuncia del presidente neoliberal Alejandro Toledo. Antauro Humala cumplió su pena de prisión por este último hecho, pero sigue encerrado debido a una decisión política. El Movimiento Etnocacerista cuenta con una base popular y una militancia bien disciplinadas que fueron interpeladas por este gesto de Castillo.

Esta singular figura de a caballo -lo vimos ir a votar montado en una yegua encabritada- podrá parecer ridícula o retrógrada a ojos vista de las clases medias limeñas, los sectores pudientes y las fuerzas políticas de inspiración liberal, pero empalma de forma indudable con las aspiraciones de buena parte de las masas más postergadas del Perú.

La organización

El partido Perú Libre fue fundado en 2007, se amplió por la sumatoria de otras fuerzas políticas regionales en 2012, y es actualmente conducido por el dos veces gobernador de Junín -electo en 2010 y en 2018- Vladimir Cerrón, quien ocupa el cargo de Secretario General Nacional.

En su plataforma política se afirma que “Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista (…) y a partir de ese diagnóstico plantear criterios de solución que conlleven a la satisfacción de las mayorías. Asimismo, los postulados mariateguistas son de vital importancia respecto de nuestra realidad nacional, latinoamericana e inclusive mundial.”

Hay que destacar que, tanto Perú Libre como su referente Vladimir Cerrón, sostienen una concepción latinoamericanista, cultivan estrechos vínculos con Evo Morales, y no han cesado en su reivindicación de la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana de Venezuela. Algunos de los principales ejes de su programa de gobierno son: asamblea constituyente y nueva constitución, economía popular, Estado fuerte regulador, integración del Perú a la UNASUR y abandono de la OEA, nacionalización y estatización de recursos estratégicos, salud y educación pública. En su estatuto se promueve también “la participación de las mujeres en los espacios de decisión política” y el “aportar a la agenda de género e inclusión social de la mujer (…) para que cada mujer peruana tenga una participación activa en la construcción de la Patria”.

El balotage

La segunda vuelta electoral tendrá lugar el 6 de junio y será un choque de galaxias. Mientras el fujimorismo destila el odio de una prédica autoritaria, anticomunista, antichavista y antifeminista, caracteriza y criminaliza como “terruco” -terrorista- a las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, populares y comunitarias que luchan por transformar el Perú. Mientras tanto, Castillo no oculta su origen humilde y su identidad de izquierda, y enfatiza un discurso anti-dictatorial y anti-corrupción. Sin embargo, ambos candidatos, pese a estar en las antípodas ideológicas, cuentan con amplias bases populares. Las únicas figuras impávidas, expectantes, parecen ser las élites blancas limeñas, cultoras de los buenos modales y los valores liberales.

Para el progresismo peruano, la disyuntiva puede o arrojarlo al encuentro con las masas populares del Perú, para iniciar allí un mutuo proceso de educación y re-educación política, o condenarlo al ostracismo y liquidarlo como fuerza política. O se alía con Castillo y llama a votar por él -siquiera de forma crítica-, y se desprende de los sectores más liberales y colonizados de entre sus filas; o se posiciona por el voto nulo, ante la imperdonable posibilidad de allanar el terreno para que el trágico apellido Fujimori vuelva a gobernar con mano de hierro el Perú, desbaratando la primera posibilidad real de conquistar un gobierno popular desde la presidencia del militar nacionalista Velasco Alvarado.

Castillo tiene el desafío, en el plano nacional, de lograr coagular a los diferentes sectores sociales y democráticos que rechazan al fujimorismo pero aún ven con recelo su candidatura radical. Y en el plano internacional, el desafío de ampliar su marco de alianzas, para lograr blindarse contra las operaciones de los aparatos mediáticos, diplomáticos y judiciales que ya le han declarado la guerra. Y también para ponerse a resguardo de los sectores liberales que ya empiezan a agitar la peligrosa tesis de que en el Perú se enfrentan “dos conservadurismos”, poniendo en la misma bolsa a banqueros y ronderos, a oligarcas y maestros rurales, a dictadores en ciernes y a líderes antineoliberales.

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• Desmentimos la versión de accidente vehicular provocado por nuestros compañeros.

• Exigimos al Estado mexicano respetar, proteger y garantizar el trabajo de derechos humanos en Chiapas.

El día de hoy pasadas las 00:00 horas, fueron liberados nuestros compañeros defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez (Lázaro y Vico), quienes por más de 40 horas estuvieron privados arbitrariamente de la libertad. Ellos se encuentran en buen estado de salud, por ello celebramos la vida y reencuentro con sus familiares, sus seres queridos y con la comunidad Frayba.

Desmentimos categóricamente la información difundida por el estado de Chiapas, en donde se ha señalado que el motivo de la detención de Lázaro y Vico se debió a un accidente de tránsito, en Ocosingo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), preocupa este tipo de discursos porque minimizan el contexto de violencia en la región y por consiguiente el alto riesgo que vivimos las personas defensoras de derechos humanos, tergiversando las agresiones a que constantemente somos blanco, haciéndolas pasar por hechos ajenos a nuestra labor. Y aún más preocupante es que mantenga la política de simulación de la seria crisis de seguridad y derechos humanos, que sigue atentado contra la Vida de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y mestizas en las diferentes regiones de nuestro estado.

Sobre la situación vivida por nuestros compañeros, por ahora valoramos no hacer público los detalles de tales hechos porque les pone en riesgo y vulnera su seguridad y la de los que integramos el Frayba, sin embargo, reafirmamos que la privación de la libertad de nuestros compañeros se origina por nuestro trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos en Chiapas.

Lamentamos que ante hechos de denuncia realizados por el Frayba la actuación del Estado mexicano es inoperante, lenta y que generan actos que hace posible mantener el pacto de impunidad, ligado a la ineficacia del sistema judicial.

Las personas defensoras de derechos humanos en México realizamos nuestra labor en territorios donde las condiciones de inseguridad y violencia nos vulnera cada día más. Frente a este contexto se suma la omisión y acción del Estado mexicano aumentando con ello la grave crisis de derechos humanos.

Sabemos que esta lucha por la dignidad y la justicia molesta a actores, a ellos les incomoda nuestra presencia y palabra, por tal motivo nos preocupa que las agresiones, amenazas, desprestigio a nuestra labor e incluso del uso de la libertad personal como moneda de cambio para justificar una política de estado que propicia la confrontación y violencia institucional

Frente a esta situación, recordamos la misión que nos dejó jTatik Samuel Ruiz: Caminar al lado del Pueblo pobre y organizado, reafirmamos que seguiremos alzando nuestra voz para denunciar las injusticias, acompañando a los pueblos y a las personas víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Nuestra misión se hace cada vez más fuerte cuando nos acompáñanos en el camino, ahí nos encontramos en la humanidad que somos y en la queremos ser, por eso enviamos nuestro sincero y profundo agradecimiento a las personas, colectivos, pueblos, barrios y colonias, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, embajadas, familiares de víctimas y medios de comunicación, porque sus acciones de solidaridad e indignación hicieron posible la libertad de Lázaro y Vico.

No tenemos otra forma de retribuirles más que con nuestro agradecimiento que viene del corazón y el compromiso desde la resistencia y desde la una visión de derechos humanos que emerge desde los Pueblos, en donde la solidaridad es permanente con sus luchas, procesos y se sostiene con toda la fuerza de construcción de nuevos horizontes de vida más humanos y justos.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
14 de abril de 2021
Boletín No. 4

Descarga en PDF: Fueron liberados los defensores de derechos humanos Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victóricov Gálvez Pérez.

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Por Angel Huerta

El lunes (12) al conmemorarse 224 años de llegar al territorio hoy conocido como Honduras la comunidad Garífuna denunció que “no hay nada que celebrar.” El origen del Pueblo Garífuna data mucho antes de la invasión colonial, tiene sus raíces en los pueblos indígenas Arawako y Karina. De la unión de estos pueblos emergieron los Kariphunas (caribes), quienes también se mezclaron con ancestros de origen africano.

En en siglo XVIII, fue desplazado, despojado y exiliado de su territorio original y espiritual, llegando el 12 de abril del mismo año a la Isla Roatán y de ahí se dispersaron a tierra firme en el territorio de lo que hoy es la costa norte hondureña y hacia la costa del Caribe de Guatemala, Nicaragua y Belice. De acuerdo a la tradición oral, el Garífuna nunca fue esclavizado, es el único pueblo negro en las Américas que mantiene una lengua propia diferente a las lenguas de la colonia.

Desde el 2009 la violencia se disparó en Honduras al mismo tiempo que el golpe de estado aniquiló cualquier resquicio de estado de derecho, dando lugar a una guerra silenciosa en los diversos territorios del país centroamericano, donde el crimen organizado aliado con las municipalidades se apoderaron de extensos territorios utilizados para el tráfico de estupefacientes, al mismo tiempo que impulsaron los monocultivos como el de la palma africana, promovidas por las últimas administraciones gubernamentales.

El pueblo Garífuna, hasta el 2018, logró mantenerse al margen de la violencia, apegándose a sus tradiciones e historia, en la que existe un enorme respeto tanto por la vida como a la madre tierra. Sin embargo en el año 2019, los asesinatos se recrudecieron siendo notorio el asesinato de mujeres que han asumido la defensa del territorio ancestral.

Tan solo en el año 2019 fue un año extremadamente violento para la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), durante ese periodo de tiempo fueron asesinados 16 personas, sostuvo, en una entrevista para Avispa Midia, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh. “En este mar de violencia en que está sumido Honduras, el pueblo Garífuna había sido un oasis de paz; hoy se encuentra consternado por la cantidad de personas Garífunas asesinadas sólo este año. Nunca en la historia había pasado eso. Nuestro pueblo enfrenta un plan de exterminio”.

En un comunicado publicado ese lunes, la Ofraneh puntualiza que a más de dos siglos está “presente la amenaza de un tercer destierro violento e intencional por medio de un plan de genocidio contra el pueblo garífuna perpetrado por parte del Estado de Honduras para favorecer intereses económicos de grupos de poder nacionales e internacionales”.

A su vez, el comunicado menciona que “en los últimos tres años más de 40 garífunas han sido asesinados y otra cantidad abandonaron sus comunidades por la violencia generalizada, amenazas, criminalización y persecución en su contra”.

Entre las exigencias de la Ofraneh está el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2015, a favor de las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. “Condenamos el incumplimiento de dicha sentencia después de más de cinco años, situación que ha incrementado la hostilidad en contra del pueblo garífuna”, señaló el comunicado oficial. Asimismo la Ofraneh rechazó la presencia militar en sus territorios y “la falsa política de lucha contra el narcotráfico”, que persigue la militarización del territorio Garífuna.

También exigieron “el retorno con vida del presidente del patronato de Triunfo de la Cruz y miembro de la Ofraneh, Snaider Centeno, así como de nuestros hermanos Suami Mejia, Milton Martinez y gerardo Trochez, quienes son víctimas de desaparición forzada, por miembros de la Dirección Policial de Investigación (DPI), desde el 18 de Julio de 2020.”

La Ofraneh reafirmó su derecho a defender y a permanecer en sus territorios “que son la vida y el sustento para nuestras comunidades. Nuestra lucha por la defensa de nuestros territorios ha estado presente desde el 12 de abril de 1797, mucho antes de la independencia de Honduras en 1821”, manifestó la misiva.

“Hoy más que nunca, reivindicamos nuestro derecho de pertenencia y propiedad colectiva de nuestros territorios ancestrales”, dijo la organización al manifestar que luchan y resisten al racismo estructural e institucional. “Este día recordamos nuestra historia que ha querido ser borrada de la memoria nacional, pero que continúa presente y viva en la lucha y resistencia de nuestro pueblo”, resaltó la Ofraneh.

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Tiempo de lectura: 7 minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.

La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y  en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.

Por Nelton Rivera

Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.

Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.

En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.

“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.

La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.

La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas,  Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.

“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud,  sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.

La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos  buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I

Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.

Antecedentes históricos de la tierra en disputa

La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.

La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.

Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.

A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.

En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.

Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.

La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.

¿Qué sucedió con la finca 4274?

En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.

El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.

La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.

Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.

“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.

“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.

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Por Angel Huerta

A seis meses de la toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Ciudad de México, Otomíes exigieron en este lunes (12) a las instancias locales y federales que se cumplan los acuerdos firmados en las mesas de trabajo realizadas.

En un comunicado que leyeron frente a la instancia tomada señalaron que “el 24 de noviembre del año pasado, el Lic. Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el oficio No. SG/826/2020, se comprometió a ‘concluir el 15 de diciembre’ del mismo año, y con base en la ‘normatividad aplicable, la publicación del decreto expropiatorio del inmueble referido”.

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Además que “mediante el oficio No. SG/824/2020 el gobierno local se comprometió para que mediante la gestión correspondiente se lleve a cabo, para el mes de agosto una “Expropiación Federal” en beneficio de los ocupantes del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 y/o Roma 18, en la Col,. Juárez; mediante los oficios No. SG/827/2020 y SG/825/2020 se comprometieron a atender la gestión para llevar a cabo las expropiaciones correspondientes a los inmuebles ubicados en la calle de Zaragoza 1434 y Guanajuato 200”. Sin embargo, nada de estos acuerdos se han cumplido.

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• Actualización de Acción Urgente
  

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, quienes refieren una intensificación en la detonación de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha (municipio de Chenalhó), dirigidas en contra de poblados de Aldama. Esta situación ha causado un estado de alerta y precariedad en la región, además de que implica un riesgo a la vida e integridad física y psicológica de los habitantes de la región.

Durante el sábado 10 de abril se reportó que los disparos provenientes de Santa Martha, eran prácticamente cada minuto; y que las agresiones se extienden a lo largo de 11 kilómetros que limitan a Aldama con el territorio de Santa Martha, dirigiendo los disparos contra “todas las personas que ven”. El día de hoy se continúan reportando disparos provenientes del territorio de Santa Martha.

Por lo anterior urgimos la intervención del Estado, a fin de evitar que más personas sean asesinadas o lesionadas por la violencia cometida por grupos armados, de corte paramiltiar que operan en la región, así como para asegurar un ambiente de paz necesario para el desarrollo pleno de los habitantes de ambas poblaciones.

Invitamos a la sociedad civil nacional e internacional a firmar la acción urgente y urgir al Estado mexicano intervenga en el presente caso.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

11 de abril de 2021
Acción Urgente No. 02 / actualización 1

Descargar PDF: Se intensifican agresiones armadas en contra de pobladores de Aldama durante este fin de semana

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El pasado miércoles 7 de abril, el Juzgado de Garantía de Quillota, realizó de manera virtual la audiencia que trataría el acuerdo reparatorio establecido entre las 5 compañeras de Justicia por Nicole con sus defensas y el Ministerio Público, en el caso de la criminalización de estas por su participación en la toma de la Fiscalía de Quillota.

Este acuerdo reparatorio establecía una salida alternativa, que consistiría en la realización de un acto conmemorativo por Nicole Saavedra, más un mural en las dependencias del Ministerio Público de la Fiscalía de Quillota. Sin embargo, debido a la negación de este último de cumplir con su parte, este miércoles se concretó definitivamente la ruptura de dicho acuerdo.

El desconocimiento del acuerdo por parte de los persecutores, vuelve a remover el sentimiento de injusticia generalizado socialmente, demostrando una vez más que los aparatos judiciales destinan recursos y energía en la persecusión de las luchas sociales y no contra la detención y reproducción de los crimenes de odio.

Cabe recordar que la toma de la Fiscalía de Quillota, fue realizada en forma de protesta pacífica el año 2019, para exigir respuestas y resultados en el caso del crimen de lesboodio de Nicole Saavedra Bahamondes, asesinada el año 2015, y que hasta ese momento no tenía ningún avance. El caso que ya contaba con varios cambios de fiscal y masivas críticas a la investigación, no avanzó sino hasta la realización de este acto de protesta, que fue determinante en la agilización de las diligencias, para dar con el paradero de Víctor Pulgar, único imputado hasta ahora por el lesbicidio de Nicole.

Las compañeras Emperatriz Godoy, Maria Bahamondes, Karen Vergara, Jael Bosquez y Caterina Muñoz fueron citadas a una nueva audiencia para el próximo 23 de junio a las 09:30 hrs, fecha que coincide con la conmemoración del crimen de lesboodio de Nicole.

La abogada Silvana de Valle, manifestó mediante un video resumen que el acuerdo se habría roto tras la negación del ministerio Público de poner a disposición un muro de la Fiscalía de Quillota, para la realización del mural, acuerdo al que sólo le faltaba la autorización de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Audio resumen de la nota:

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Por Ñaní Pinto

Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.

Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.

El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.

La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque.
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Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.

La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.

El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.

La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.

La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.

Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.

Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.

No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.

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ABRIL 8, 2021 ~ COLECTIVALAZARZAMORA

Comunidades de Arica y Parinacota mediante un comunicado Publico denuncian graves daños y consecuencias de la extracción de relaves mineros altamente tóxicos, que atentan contra el medio ambiente y la salud pública de todos los pueblos de la región.

COMUNICADO PÚBLICO

Las personas y organizaciones abajo firmantes denunciamos a la opinión pública nacional y  regional, la extracción ilegal de los residuos (relaves) mineros de la explotación minera de la mina  Choquelimpie ubicados en Alto Copaquilla (ex planta PROMEL), en las comuna de Arica y la comuna de Putre, ejecutado por la empresa REMAVESA S.A. y BOGADO SPA , que sin ninguna autorización ambiental y sectorial, han trasladado y removido residuos altamente contaminantes  al sector de Quebrada Cardones (Monumento Natural Protegido), actualmente en vías de ser  declarado Parque Nacional.

La empresa REMAVESA S.A. y BOGADO SPA se adjudicó la licitación entre los tramos Km 76 hasta el Km 88, para conservar el camino internacional Ruta 11CH, en el sector límite entre la comuna de Arica y la comuna de Putre hasta la Cuesta Quebrada Cardones, siendo la Dirección de Vialidad y de la Secretaria Ministerial Regional de Obras Públicas, como órganos supervisores y mandantes de la obra. A esta obra NO se le exige una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), siendo que están en una zona protegida en un ecosistema endémico y único del planeta que el Estado de Chile se comprometió a resguardar y proteger, y sin embargo lo impacta y vulnera con este tipo de proyectos.

La gravedad del hecho consistió en extraer los relaves mineros altamente tóxicos, destruyendo los acopios, removiéndolos con maquinaria pesada, exponiendo los polimetales al aire y activando esas partículas, cargando además, apróximadamente 10 camionadas en camiones tolva con estos residuos mineros tóxicos, sin contar con ninguna medida de seguridad en su traslado, contaminando todo y a todos a su paso, incluyendo a sus propios trabajadores y a la comunidad adyacente, vulnerando e impactando negativamente la SALUD PÚBLICA, tanto en la comuna de Arica como en la comuna de Putre, solo con el fin de ocupar estos relaves mineros como parte de la puesta de una nueva carpeta asfáltica de la carretera internacional 11CH. Se desconoce si la utilización de estos relaves mineros tóxicos era parte de las condiciones de la licitación. Este hecho ocurrió el día miércoles 24 de marzo del 2021 durante todo el día.

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