Fotografías: @Isaí Robledo

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.

Descripción de la situación:

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre las amenazas en contra de un grupo de 15 personas pertenecientes a la Red Ambiental del Valle de Jovel, una organización que defiende los derechos medioambientales en el Estado de Chiapas.

El 29 de diciembre de 2020, en horas de la mañana, los miembros de la Red Ambiental del Valle de Jovel fueron amenazados y agredidos verbalmente por un grupo de choque mientras llevaban a cabo una acción en defensa de los humedales de Montaña María Eugenia, un área natural de 115 hectáreas situada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas e incorporada en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional. En esta zona se está llevando a cabo la construcción de varios inmuebles que pondrían en peligro el ecosistema de los humedales.

El grupo de 15 personas se encontraba en el camino que une los humedales con la Colonia FSTSE 2001 realizando una zanja de infiltración para prevenir las inundaciones de las colonias y barrios adyacentes, dado que las dos anteriores habían sido destruidas por personas desconocidas. Los agresores instaron al grupo a dejar de hacer la zanja dado que era “su territorio” y les amenazaron diciendo que les “iban a amarrar y a partir la madre”.

Tras estos hechos, la membresía de la Red Ambiental se trasladó hacia el parque de los humedales y, posteriormente, el grupo de agresores cerró el acceso al camino a la Colonia FSTSE 2001. Ante la presencia de la policía municipal, que había acudido al lugar de los hechos para mediar entre los defensores de los humedales y el grupo de choque, un nuevo grupo de agresores vinculado al primero amenazó con “amarrar a los ambientalistas porque ya estaban hasta el gorro de que Manuel Lemus [director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas] los estuviera molestando”. Finalmente, el grupo de defensores se retiró del lugar y, posteriormente, los agresores taparon la zanja de infiltración. Estas agresiones fueron puestas en conocimiento tanto del gobierno federal como de la autoridad municipal con el objetivo de contar con su intervención.

El Observatorio destaca que el 2 de diciembre de 2020, la Red Ambiental del Valle de Jovel presentó una denuncia por ecocidio a la Fiscalía de Distrito Altos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por las actuaciones de una empresa constructora en los humedales de Montaña María Eugenia.

El Observatorio muestra su preocupación por las amenazas proferidas contra los integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel y hace un llamado a las autoridades de Chiapas y a las autoridades federales mexicanas a investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial las agresiones arriba mencionadas, así como a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de los y las integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel que defienden los humedales y territorio de San Cristóbal de Las Casas.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la membresía de la Red Ambiental del Valle de Jovel, así como la de todas las personas defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México;

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos ocurridos, con el fin de identificar a los responsables aplicando las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos del estado de Chiapas y, en general, de México;

iv. Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil.

Direcciones:

· Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Twitter: @lopezobrador_

· Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx

· Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

· Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-mail: canciller@sre.gob.mx

· Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: mdelgadop@sre.gob.mx

· Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx / correo@cndh.org.mx

· Sr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx

· Sr. Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno en Chiapas. E-mail: / secretariaparticular.sgg@gmail.com

· Sr. Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org

· Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: / sflores@sre.gob.mx

· Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx

· Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / jlomonaco@sre.gob.mx

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

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Ginebra-París, 8 de enero de 2021

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

● E-mail: Appeals@fidh-omct.org

● Tel. OMCT: + 41 22 809 49 39

● Tel. FIDH: + 33 1 43 55 25 18

México: Amenazas contra integrantes de la Red Ambiental del Valle de Jovel

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

MEX 001 / 0121 / OBS 004

Amenazas

México

Leer en la página de la OMCT

Agresiones y amenazas a la Red Ambiental del Valle de Jovel.

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

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A continuación; se presenta un trabajo que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes cada domingo.

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PARTE I

Violencia Paramilitar en Sectores Económicos Claves en Honduras: El Brazo Violento del ‘Desarrollo’

Honduras ha sido clasificado en repetidas ocasiones entre los diez países con mayores tasas de homicidio del mundo durante la última década, así como el país con una de las tasas de feminicidios más altas del mundo. Académicos, analistas y líderes políticos tradicionalmente han atribuido esta violencia a las pandillas o maras y al crimen organizado, particularmente al narcotráfico (Cantor y Rodríguez, 2015; Moncada, 2013).

No obstante, detrás de los cárteles de la droga y las pandillas se esconde un tipo de violencia diferente. Global Witness ha denominado reiteradamente a Honduras como el país más mortífero per cápita para los defensores de la tierra y el medio ambiente (Orsi y DiLorenzo, 2018; Defensores en Linea, 2016). Es uno de los países con la expresión más aguda de una tendencia global caracterizada por la violencia y represión contra defensores de la tierra y el medio ambiente en el marco de proyectos agroindustriales y de minería e infraestructura en expansión (Hristov, 2020).

Además, Honduras ha sido descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “uno de los países más hostiles y peligrosos para los defensores de derechos humanos” (Human Rights Watch, 2018).Detrás de la reputación de que el peligro de Honduras son las pandillas, existe una realidad invisibilizada; el país enfrenta una ola de violencia política sin precedentes, que apunta a movimientos, organizaciones e individuos que buscan una alternativa al modelo mercantil que puede describirse como neoliberalismo con esteroides.

“La gente fuera de Honduras cree que Honduras es un país peligroso debido a las pandillas… Que este es el principal problema del país, pero no saben que la imposición de un modelo que nos empobrece y nos despoja de nuestras tierras, y que es violento en sí mismo, es más problemático”, cuantan en entrevista los miembros del Movimiento Independiente Indigena Lenca de la Paz (MILPA).

Claramente, reducir toda la violencia a la actividad criminal no sólo es inexacto sino que también daña profundamente cualquier esfuerzo que busque abordar las causas. Debido a que los discursos dominantes son incapaces de definir cualquier otro tipo de violencia que no sea criminal, el enfoque se ha centrado en tratar los síntomas (en oposición a las causas fundamentales), y el remedio ha consistido en fortalecer la seguridad invirtiendo fondos en el ejército y aparatos de la policía del Estado – los mismos organismos responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Entonces, ¿quiénes son los perpetradores de la violencia política en Honduras? Tanto actores estatales como no estatales se involucran en la violencia al servicio del capital. Durante los últimos diez años, el país ha exhibido una proliferación de la violencia paramilitar junto con la violencia dirigida por el Estado.

La violencia paramilitar en este caso ha sido ejercida por una variedad de actores: guardias de seguridad privada, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participa en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios (pistoleros a sueldo), pandilleros y grupos armados al estilo paramilitar. Si bien la violencia paramilitar definitivamente tiene lugar en Honduras, a diferencia de países como Colombia y México, los grupos paramilitares todavía se encuentran en las primeras etapas de formación.

En este artículo presentamos dos argumentos principales: (1) La violencia paramilitar ha sido instrumental para la expansión y consolidación de operaciones capitalistas a gran escala en los sectores de la agroindustria, el turismo, la minería y la energía, así como la imposición de reformas neoliberales en la gestión territorial, la educación y los sectores de la salud; todos contra la resistencia de las poblaciones afectadas.

(2) La violencia paramilitar al servicio de corporaciones locales y extranjeras casi siempre ha tenido lugar en un entorno altamente militarizado, caracterizado por la violencia estatal, la represión y la criminalización de los movimientos sociales, donde colaboran actores estatales y no estatales directamente o al menos facilitan las operaciones. De hecho, existe una correlación entre los altos niveles de violencia y de criminalización, y Honduras es uno de los cuatro países de América Latina que ocupan el primer lugar en ambos.

Contexto Económico y Político

La historia de Honduras, como la de muchos de sus vecinos latinoamericanos, se ha caracterizado por profundas desigualdades raciales y de clase, un proceso continuo de despojo de tierras y violencia empleada por quienes tienen poder económico y político contra la mayoría social – trabajadores y pobres -, con el propósito de mantener el control sobre los recursos y la mano de obra, y eliminar o reprimir la disidencia.

En 1960, la implementación y expansión de las protecciones sociales, así como la distribución de tierras a comunidades empobrecidas de las zonas rurales, se vieron como una forma de “evitar el contagio revolucionario” en Honduras, particularmente con la victoria de la revolución cubana en 1959 (FIAN, 2017). Por ejemplo, una ley firmada en 1961 promovió la conquista de la frontera agrícola, como las tierras estatales en el Valle del Aguán, por campesinos y trabajadores sin tierra y se promovió la creación de empresas campesinas cooperativas.

En las décadas de 1970 y 1980, la política exterior del gobierno de Estados Unidos hacia Centroamérica cambió a medida que crecía la preocupación por el aumento de la influencia de la Unión Soviética, en el contexto global de la Guerra Fría y a medida que los conflictos armados amenazaban el estatus quo y el poder de Estados Unidos en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Durante la década de los 80, Estados Unidos buscó una solución militar a la amenaza de la izquierda de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, convirtiendo a Honduras en una base regional de actores armados estatales y no estatales para llevar a cabo tácticas de contrainsurgencia y esfuerzos de desestabilización contra las fuerzas revolucionarias en estos países vecinos (CONADEH, 2002).

Fue en este clima autoritario cuando el enfoque previo de sostenibilidad alimentaria y redistribución de la tierra, que caracterizó las décadas de 1960 y 1970, llegó a su fin. La mitad de la década de 1980 marcó el inicio de las reformas neoliberales en Honduras bajo el gobierno de José Azcona (Loperena, 2017). Como en otras partes de América Latina, el Banco Mundial y el FMI ofrecieron una reestructuración de la deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales agresivas orientadas a la apertura de territorios, recursos y mano de obra, al capital global. La receta del Banco Mundial para Honduras tenía un claro énfasis en un “marco macroeconómico estable” que garantizaría “certeza para la inversión privada” (Banco Mundial, 2001).

Las consecuencias para la mayoría social han sido devastadoras. En la actualidad, Honduras es el segundo país más desigual de América Latina, después de Colombia, y el sexto país más desigual del mundo, según el BM (World Politics Review, 2017), con un coeficiente de Gini de 50,4 (Banco Mundial, 2018). Desde el golpe de Estado de 2009, la pobreza y la desigualdad han ido aumentando. El 20 por ciento más enriquecido vio aumentar sus ingresos en más del 8 por ciento, mientras que el 20 por ciento más empobrecido sufrió una disminución del 7,4 por ciento. Según estadísticas conservadoras del Instituto Nacional de Estadística de Honduras, en 2017 el 64 por ciento de la población de Honduras vivía en la pobreza y el 40 por ciento en la extrema pobreza (Mejía, 2017), pero otros, como dijo en entrevista Bartolo Fuentes, “las cifras son incluso superiores”.

Como ha demostrado la historia los oprimidos no son víctimas pasivas y Honduras no es una excepción. Más de 30 años de despojo, asaltos al tejido asociativo de las comunidades, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes.

Por Nelton Rivera

En el municipio de Barillas, al norte de Huehuetenango, las comunidades que en su mayoría son habitadas por q’anjob’ales y mestizos se organizan y participan en el Movimiento de la Sociedad Civil, que el pasado 19 de diciembre realizaron una actividad para conmemorar el primer aniversario del desistimiento de prisión y persecución política contra Palas Luín, coordinador del movimiento y fundador de Prensa Comunitaria.

Esa actividad se realizó en Poza Verde, uno de los lugares importantes y ceremoniales para el pueblo q’anjob’al y lugar donde la resistencia pacífica integrada por la población, se estableció contra las hidroeléctricas en la región. Si bien el 19 de diciembre se cumplió un año de la detención de Palas Luín sobre la carretera entre Santa Eulalia y San Mateo Ixtatán, varios representantes del movimiento y los líderes comunitarios también conmemoraron el cuarto año del cierre de las operaciones de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, que en 2016 cerraron sus oficinas, pararon la construcción de las hidroeléctricas y se retiraron del lugar. Barillas: después de un sinfín de violaciones a derechos humanos Hidro Santa Cruz anuncia posible retiro del país

Durante la actividad de conmemoración del 19 de diciembre, a las 7 de la mañana se realizó una ceremonia espiritual maya, a pocos metros de la finca en dónde se ubicaron las instalaciones de la empresa Hidro Santa Cruz SA, en ese lugar aún se pueden ver una construcción de dos niveles completamente abandonada y en su interior los restos de maquinaria pesada que nadie retiró desde el 2011.

Poza Verde también es el lugar del asesinato de Andrés Francisco Miguel, un comunitario que se opuso a la construcción de varias centrales hidroeléctricas de la empresa española, este crimen ocurrió el 1 de mayo de 2012 durante la feria del municipio y hasta la fecha continúa en la impunidad. Dinámicas del despojo en Guatemala. Comunidades, Estado y empresas.

Durante la conmemoración, la explosión de los morteros de fiesta, sirvieron de llamado para el inicio de las actividades, mientras una de las autoridades ancestrales maya q’anjob’al realizaba la ceremonia, también se instalaba todo el equipo de sonido de la Marimba Maya Santa Cruz, que por primera vez hizo su aparición pública junto a la resistencia pacífica.

Palas Luin condujo parte del evento, precisamente por su papel como coordinador del Movimiento de la Sociedad Civil de Barillas, además como uno de los fundadores de Prensa Comunitaria junto a Daniel Pedro Mateo (QDP). Palas Luin junto a unas trescientas personas que llegaron de distintas comunidades del municipio, recordaron la memoria de sus mártires y también reafirmaron que la defensa por el agua y por los ríos continuará.

Proceso de detención

Palas Luín fue detenido en diciembre de 2019 y encarcelado por su oposición en contra de la empresa española Ecoener Hidralia Energía, cuya empresa en Guatemala, Hidro Santa Cruz SA, pretendía desde el 2011 la construcción de una serie de hidroeléctricas en cascada, utilizando el caudal del río q’anbalam en el norte de Huehuetenango.

Palas Luin permaneció varios meses encarcelado en el Centro Preventivo para Hombres en la zona 18, en la ciudad de Guatemala, la presión social y la defensa de sus abogados lograron en enero de 2020 que uno de los jueces en la capital resolviera cerrar el caso y dejarlo en libertad.

La actividad duro toda la mañana, quienes asistieron compartieron un tamal, tortillas y una limonada, otras personas bailaron al ritmo de los sones y ritmos q’anjob’ales de la marimba. Los accesos a Poza Verde se dañaron por las dos tormentas tropicales, al mismo tiempo de la conmemoración, otro grupo de comunitarios trabaja junto a una retroexcavadora en uno de los deslaves de la carretera comunitaria, misma que permanece cerrada para el paso de cualquier maquinaria relacionada con actividades extractivas.

Se cumplieron doce años de la llegada de la empresa española a Barillas en el 2008 y el 19 de diciembre pasado se conmemoró el primer año de la detención y posterior liberación de Palas Luin.

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.

Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.

Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.

A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.

Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.

Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.

A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.

Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.

Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de diciembre de 2020

Boletín No. 20

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Descarga: La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad. 

 Escucha NotiFrayba: Masacres Nunca Más

Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.

Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.

Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 21 de Diciembre del 2020.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

En junio del 2019 dimos a conocer que nuestro territorio quedaba cerrado para evitar una serie de masacres, ante el terror que siembra el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» y ante la ausencia del Estado mexicano, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG. Después de un año del cerco narco-paramilitar que no has ha sofocado hasta el límite, decidimos romperlo el pasado 18 de Noviembre del 2020. Un mes después reinician los asesinatos, y la impunidad de la que gozan «Los Ardillos» como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque que le estorbamos.

Un año y siete meses de estar enterrando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sin justicia, y los asesinos impunemente se ríen de nosotros bajo la tutela de los tres niveles de gobierno. Hoy anunciamos que nuestra resistencia continua, pero no podemos volver a encerrarnos, y nuestra Policía Comunitaria no se da abasto. Pues no solo se trata de combatir algunos grupos delincuenciales, ahora que vemos claramente como desde el gobierno Federal y Estatal se tiende una línea de complicidades.

No estamos enfrentando a la vieja delincuencia organizada, sino a una nueva forma de gobierno que realmente está transformando el país, pero no para beneficio de los pueblos, sino que ahora entrega aeropuertos a los militares y les da responsabilidades civiles. Mientras en Chiapas los ataques contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas continúan en la impunidad. Y aquí en Guerrero, para poder pasar encima de nosotros, dan libertad absoluta a los narco-paramilitares, para que el asesinato vil, sea el ejemplo contra quienes criticamos las políticas del supremo gobierno.

Desde hoy y en estos próximos meses iniciaremos una reflexión colectiva en las comunidades del CIPOG-EZ, CNI-CIG de la región Montaña Baja, para definir los siguientes pasos que daremos en nuestro territorio, porque definidamente no queremos volver a ser esclavos de los grupos narco-paramilitares, el Estado mexicano ya mostró claramente de qué lado está su compromiso y no es con nosotros y nuestra Policía Comunitaria está rebasada bajo estas circunstancias.

Por lo pronto de inicio nuestra Policía Comunitaria será apoyada por la población en general, estableceremos filtros y puntos de vigilancia donde nos sea posible. Y nuestras autoridades y promotores locales y regionales se encargarán de convocar y realizar reuniones para ir acordando nuestros siguientes pasos. Continuaremos realizando movilizaciones, cierres carreteros, tomas de casetas y las acciones que consideremos necesarias para exigir justicia.

Hoy sembramos y devolvemos a la tierra a nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y a nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Honramos la memoria de nuestros caídos y seguimos exigiendo justicia para: José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías Tendón, José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio Mendoza Tolentino, Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino Fiscaleño Chautla.

ATENTAMENTE:

Desde el corazón de la resistencia del territorio comunitario de la Montaña Baja de Guerrero, por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ): Comisarios municipales, Comisariados Comunales y Ejidales, Coordinadores Municipales, Concejos de Vigilancia, Coordinadores Municipales, Delegados Municipales y asambleas de: Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahueuetlan, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa, Mexcaltepec 1.

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja en Resistencia.

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

En portada: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en reunión con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos para hablar sobre la entrada en vigor del T-MEC. FOTO: Cuartoscuro.

Por Eugenia López

Con una inversión inicial de 3 mil 300 millones de dólares proveniente de National Standard Finance a través de Caxxor Group, además del apoyo de los gobiernos de Sinaloa y Durango, así como del gobierno federal mexicano, se pretende desarrollar el “Corredor Logístico e Industrial T-MEC”, que conectaría a México con Estados Unidos y Canadá por vía ferroviaria y marítima.

La ruta conectaría a un nuevo puerto en Mazatlán, Sinaloa con el Centro Logístico en Winnipeg, Canadá, pasando por Durango y Monterrey, y con conexiones posibles con Kansas City, Tulsa y Chicago, entre otras.

El proyecto también pretende integrar a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, así como los estados sureños de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, los cuales crearían una conexión para el tránsito de mercancías con el Caribe y Centroamérica.

Además del corredor, se establecerían parques industriales para transferir los productos de la agricultura, la minería y la industria energética, además de parques industriales automotrices y, en el caso de Sinaloa, aeroespaciales, que también contendrán un aeropuerto de carga.

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En entrevistas con distintos medios, así como en una conferencia de prensa virtual organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) el pasado 14 de diciembre, el director general de Caxxor Group, Carlos Ortiz, reveló una serie de detalles acerca del megaproyecto transnacional.

“Lo que principalmente nosotros vemos es que la parte centro de Estados Unidos necesita mejores condiciones de conectividad hacia el Pacífico; hemos estado desarrollando un portafolio portuario muy ambicioso, nosotros hemos estado proyectando que en el Pacífico mexicano se puede construir alguno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Es lo que estamos comenzando a trabajar, hay buena empatía por este tipo de desarrollo y por transformación”, detalló el ejecutivo.

De acuerdo al empresario, esta iniciativa responde al incremento de carga que se prevé con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque lo justificó como un objetivo histórico “que se ha tratado de desarrollar desde hace más de 100 años con Porfirio Díaz”, pero que en la actualidad se inserta como la consolidación del intercambio comercial entre México, el área Asia-Pacífico y Norteamérica.

La continuidad del neoliberalismo

El nuevo corredor tiene el objetivo de aprovechar la implementación del T-MEC y de hecho se presenta como la primera gran obra de infraestructura tras el reemplazo del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, la cual arrancó el 1 de julio pasado.

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Caxxor group, el principal financiador del corredor T-MEC es quien maneja inversiones con valor de hasta 40 mil millones de dólares que operan en 60 países, con un fuerte enfoque en proyectos energéticos y de infraestructura en América, Asia, Oriente Medio y África.

“Desde México se ha venido desarrollando la estructura de inversión para Ecuador, por ejemplo, en sectores marítimo, carretero y de servicios públicos principalmente. En Centroamérica tenemos un proyecto relevante con COESSA que es también una constructora o eléctrico… también estamos involucrados en el proyecto del Canal Seco en Costa Rica, un gran proyecto Eólico en República Dominicana, Argentina en Oil and Gas, y Colombia, Perú, Chile, Bolivia también son países en donde estamos estructurando importantes iniciativas de infraestructura”, detalló Carlos Ortiz sobre su cartera de negocios en una entrevista publicada en 2018.

El año pasado, CaxxorGroup invirtió 944 millones de dólares en tres proyectos portuarios mexicanos en los estados de Chiapas, Veracruz y Tamaulipas con lo cual busca conectar las exportaciones mexicanas hacia “mercados poco explorados como Emiratos Árabes Unidos y Rusia”, así como dar una salida al sector minero y energético con Estados Unidos.

Desde la entrada en vigor del T-MEC el primeo de julio de este año, distintas voces de comunidades y organizaciones en México han criticado el reforzamiento de la actual política extractiva minera que prevén un aumento en el despojo hacia los territorios.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el T-MEC “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, quien ahora da luz verde a proyectos como el corredor T-MEC.

T-mec busca reconfigurar norte de México y frontera sur 

Como parte de la primera fase del Corredor T-MEC, la firma mexicana Caxxor Group prevé construir un nuevo puerto de carga en Mazatlán, Sinaloa, llamado SI-PORT, con una inversión de 900 millones de dólares. Además, planea la rehabilitación de 167 km de ferrocarriles mexicanos y la construcción de otros 180 km de vías hasta Durango por un monto de entre 650 y 700 millones de dólares.

El proyecto comenzará con la construcción del puerto, cuya ubicación precisa se dará a conocer a finales de enero. Los estudios ambientales y permisos se comenzarán a tramitar en 2021, con el objetivo de operar un primer puerto de transferencia en 2024.

“Más o menos se calcula que para 2024 esté la terminal de contenedores, una terminal de transferencia, porque se espera de alguna manera resolver con esto la viabilidad del ferrocarril”, explicó Ortiz, quien prevé que en un plazo de 15 años el puerto se convierta en “el más importante” de México.

A las infraestructuras del norte del país, se contempla agregar otras inversiones en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en lo que sería denominado el Corredor T-MEC Frontera Sur.

En entrevista con Milenio, Carlos Ortíz, comentó que en la Frontera Sur se contemplan proyectos “de menor tamaño” comparado con los previstos en el Norte.

El mayor proyecto del Corredor T-MEC Frontera Sur se ubicaría en Puerto Chiapas, con la construcción de una terminal marítima de usos múltiples, para el que se anticipa una inversión de 250 millones de dólares.

El puerto sería destinado a ser un espacio para industrias como la automotriz, para el ensamble de partes, que se exportarían al Caribe y hacía Belice, Puerto Cortés en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala. En Puerto Chiapas se contempla también la construcción de un centro de carga para las navieras asiáticas, así como inversiones para el sector agrícola de exportación.

En Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevé la creación de parques industriales y terminales portuarias para rutas de tráfico local entre puertos mexicanos, cuyo principal papel será recibir y distribuir mercancías, en especial autopartes que se generen tanto en industrias norteamericanas como en los parques industriales que contempla el corredor.

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En la zona sur de Quintana Roo, ya hay planes de construcción de un puerto, centro logístico y zona turística, inspirado en Puerto Chiapas. Según compartió El Economista, estos planes ya se presentaron al gobierno de Quintana Roo a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos, que encabeza Eduardo Ortiz Jasso, con quien han buscado apoyo para adquirir los terrenos para el nuevo puerto, así como el resto de la infraestructura logística y hotelera.

“Varias empresas de Texas nos han pedido el desarrollo de algunas terminales; el Caribe mexicano se puede volver un centro estratégico para todas esas compañías que les ayuden a la distribución de sus mercancías en toda la región centroamericana”, explicó el directivo.

Hasta ahora, según Ortiz, los capitales para llevar a cabo este proyecto están respaldados por 50 inversionistas de Estados Unidos y se está considerando la posibilidad de incorporar como inversionistas a los operadores.

El empresario también precisó que la inversión es 100% privada y que ha habido mucho interés por parte de las empresas, aunque por confidencialidad todavía no puede dar nombre de las compañías participantes.

National Standard se define a sí misma como una entidad independiente de inversiones a largo plazo, basada en activos y globalmente integrada. Desarrolla, financia, adquiere y es propietaria de bienes raíces y activos de infraestructura económica y social con un volumen que va desde 20 millones hasta más de 500 millones de dólares.

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

                                                                                                     19 de diciembre del 2020

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos.

Queremos invitarles a la conmemoración del XXIII aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y los XXVIII años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía, que se llevará a cabo los días 21- 22 de diciembre del presente año, en la sede de nuestra organización, Tierra sagrada de los mártires de Acteal.

 Esperamos a que nos puedan acompañar en estos días y así poder también exigir juntos el informe de fondo de la CIDH en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

 En caso de que no puedan asistir en esos días, pueden apoyarnos con ver nuestro programa en vivo, http://espora.org:8000/acteal.mp3

  https://www.facebook.com/Las-Abejas-de-Acteal-170569689632465

Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

Nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que somos los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicano y Mestizo, del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz, con rabia y dolor. El día de ayer 19 de Diciembre del 2020, al medio día fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Todas y todos indígenas Nahua de la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 de Diciembre. Ayer al medio día sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa – Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado «Tiro de gracia».

Justamente se cumple un mes que rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de Noviembre, miles de indígenas Nahua volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos.

Nos atrevimos a denunciar al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la 4T, Alejandro Encinas. Quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacan donde el 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de Guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI, ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir.

Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la Montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animal. Sin que nadie escucha, sin que nadie hace nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.

Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado.

Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de «Los Ardillos» y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político, la policía ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar solo están espiando nuestra organización en vez  de desmantelar la delincuencia organizada.

Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades, solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares, por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a los Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narco-paramilitar.

Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del «progreso», que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados.

ATENTAMENTE:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí