Defensoría respalda privatización de Ley de Agua en Querétaro
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco
Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.
El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.
En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).
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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.
Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.
Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.
Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.
“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.
“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.
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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.
La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.
Agua como mercancía
El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.
Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).
El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.
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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.
De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.
Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.
Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.
CIPOG-EZ: El Narco Estado en todo su esplendor
Al EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
AL CONCEJO NACIONAL INDÍGENA
A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES.
A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MEXICO.
Precisamente el día de ayer que fue retirado el retén de seguridad por la Guardia Nacional, que fuera instalado después de las innumerables denuncias por los ataques perpetrados por parte del grupo local de narcotráfico “los Ardillos”, el cual utilizan practicas paramilitares, realizando ataques contra la población civil de las comunidades de Xicotlan y Tula Guerrero desde el cerro de Colotepec, con características de ser sistemáticos y generalizados, catalogados por la comunidad internacional como crímenes de Lesa Humanidad.
Siendo las once con cuarenta minutos comienzan de nuevo los ataques hacia las comunidades integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), ataques que se extendieron al día de hoy hasta las tres de la mañana, siendo repelida dicha agresión por la policía comunitaria de las comunidades, haciendo retroceder de sus trincheras y fortificaciones que mantienen dicho grupo criminal, de las cuales son conscientes de su existencia, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y las policías Estatales y municipales, así como el gobierno Estatal.
La policía comunitaria de las comunidades que integran y se organizan en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), tiene en estos momentos en posesión las trincheras y fortificaciones instaladas en el cerro de Colotepec, desde donde se realizaban ataques a las comunidades, y en estos momentos el grupo narco paramilitar trata de retomar, siendo alrededor de trescientos integrantes de dicho grupo criminal, destacados en dichos campamentos del crimen organizado, para intentar tomar el control del territorio de las comunidades que se niegan a ceder sus tierras.
En estos momentos la policía comunitaria de las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), se encuentran resistiendo la ofensiva por retomar el control de dichos campamentos, esto con el conocimiento de la posible intervención del Ejército y Guardia Nacional, para protección de dicho grupo criminal.
Hacemos la denuncia de que el Estado y todos los cuerpos de seguridad nunca han intervenido ante las denuncias múltiples de las comunidades y del apoyo mediático denunciando dichos ataques y el día de hoy que se han replegado de estos campamentos a los integrantes de “los Ardillos”, el Gobierno pretende actuar a favor de estos, argumentando una supuesta riña entre pobladores.
ATENTAMENTE
CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ