En portada: Richardson en el Campamento Sabalu. Afganistán, 2013

Este miércoles (11), el senado de los Estados Unidos (EEUU), con el visto bueno del Pentágono, dio luz verde para que la General Laura Richardson se convierta en la primera mujer en comandar el Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés). Compuesto por más de 1,200 militares y civiles, esta unidad está encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. También es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

Richardson reemplazará al almirante Craig Faller, quien estuvo al mando desde el año 2018 y quien implementó diversas estrategias, entre ellas, la Estrategia del Teatro 2017-2027 y continuó la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación por las Américas”. Las justificaciones eran asegurar el suministro de petróleo y gas natural, así mismo, utilizar la ayuda humanitaria ante los desastres naturales para aumentar su presencia en la región latinoamericana.

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Richardson, desde 2019 ya era comandante del Ejército Norte de los Estados Unidos y, con el nuevo cargo, recibe su cuarta estrella. En un comunicado, Hugh W. Howard III, comandante del Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos, dijo que el nuevo puesto de la General es “un logro extraordinario”.

Richardson piloteo helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y sirvió en las guerras de Irak y Afganistán, además fue asesora militar del ex vicepresidente Al Gore (1993-2001). Ella también recibió entrenamiento especial para operaciones de guerra, lo que la Marina llama como operaciones de “inserción y extracción encubiertas”.

Richardson, de 57 años de edad, asume su nuevo cargo en un escenario convulsionado por la pandemia de la Covid-19, donde el Comando Sur ha realizado diversas operaciones en medio de este contexto de crisis, como el aumento de su presencia en la región de la Amazonía. También en octubre del 2020, junto con el gobierno de Brasil, el USSOUTHCOM realizó un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela.

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Aunque aún no se sabe si la comandante va a continuar con las estrategias implementadas hasta el día de hoy por el Comando Sur, lo que si se sabe es que, el Comando Sur ha expresado su preocupación por el avance de capitales de China en la región latinoamericana, por ello ha redoblado sus esfuerzos para mantener su presencia.

En uno de sus últimos viajes, Faller visitó a Uruguay y Argentina, y expresó que le preocupaba que China “había desplegado 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica”. Esto ha implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostuvo el entonces comandante del USSOUTHCOM.

Este es el teatro de operaciones dónde Richardson tendrá que ejecutar sus estrategias para defender los intereses de los Estados Unidos en la región latinoamericana y pondrá en práctica su experiencia adquirida por más de 30 años que lleva en las Fuerzas Armadas de EEUU.

En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro

Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.

Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.

Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los  llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.

En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.

Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.

También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.

Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.

Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.

Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.

Después de cuatro meses de campamento de toma de la planta Bonafont, en el día del natalicio de Emiliano Zapata, los Pueblos Unidos del municipio de Juan C. Bonilla y otros 17 pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, junto con el pueblo Otomí migrante en resistencia y el movimiento Mexicali Resiste, decidieron juzgar al gobierno y a las empresas que con engaños les han despojado de la tierra, sobreexplotado el agua y los mantos freáticos de la región.

La consecuencia de ello ha sido el secamiento de sus pozos, y manantiales, al punto de generar hace poco más de un mes un gran socavón, el cual a la fecha las autoridades no pueden explicar su origen. Mientras, los pueblos lo dicen claramente: “es la sobreexplotación por las empresas como Bonafont, Volkswagen, Carol, Audi entre otras”.

Por cuatro meses se mantuvo el campamento de toma de la planta Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, que se encuentra a las faldas de los cerros Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Esta es una región abundante en agua, la cual proviene justo de los cerros que la rodean y que han sido resguardados por los pueblos nahuas originarios de esta región.

No obstante, después de 29 años del robo de su agua a través de la extracción diaria de  1,600,000 litros de agua en la planta ocupada, había provocado que los pozos artesianos de la región se secaran, además de una sequía generalizada y la imposibilidad de que los pueblos campesinos e indígenas que allí habitan para poder continuar con su modo de vida, que es a partir de la agricultura campesina de pequeña escala y autoconsumo.

En estos cuatro meses de cierre de operaciones de la planta, dicen los habitantes de estos pueblos, “los pozos han vuelto a tener agua”.

Previo a la toma del 22 de marzo de este año y durante los cuatro meses que duró el campamento de resistencia, se dio un proceso de asambleas y consulta entre los pueblos que habitan esta región, en donde además se informó sobre el despojo y las intenciones de abrir nuevos pozos para continuar con el robo de agua, por lo que 14 pueblos, hartos del despojo y la sequía, se articularon en “Pueblos Unidos” para defender el agua e impedir que continúe el saqueo.

Entre los pueblos imperó la misma voz: “ya era demasiado el robo, estamos hartos, y si no actuamos ya, nos seguirán despojando. Queremos justicia.”

Juicio de los pueblos

Dicen que siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero ni las autoridades del gobierno, ni la empresa se acercaron para dialogar. Los pueblos evidenciaron que a las autoridades se les llamó a través de los cauces formales y se les invitó a tomar la palabra en el evento de festejo del aniversario de Emiliano Zapata, pero ellos no llegaron.

Se les estuvo esperando, y simplemente no llegaron. Ante la ausencia del gobierno, los pueblos decidieron hacer del evento un espacio de denuncia. Ahí, los 20 pueblos presentes denunciaron los diferentes atropellos que han vivido en la defensa del agua frente a la sobreexplotación y contaminación de los ríos.

Un ejemplo es el caso del río Metlapanapa, el cual ha sido explotado por años por empresas como Volkswagen, Audi, Bonafont, Junghans, Coca-Cola, granjas Carol, Hylsa, y otras, además de los parques industriales y el creciente desarrollo inmobiliario, e incluso ante un nuevo complejo industrial llamado “Ciudad téxtil” que se pretende instalar en la región.

Todas estas empresas usan grandes cantidades de agua. Por ejemplo, señalaron que la empresa automovilistica Volkswagen, contra la cual también hubo resistencia que en su momento fue reprimida, producen 20 carros por minuto y para la fabricación de cada carro se usan hasta 4,000 litros de agua.

Las empresas además contaminan los ríos, arroyos y mantos freáticos al verter los desechos tóxicos de sus procesos industriales. Denunciaron que en el río Metlapanapa corren las aguas negras y fecales de las empresas, pues en él se descargan sustancias tóxicas como plomo, cadmio, aluminio y arsenio provenientes de las fábricas que operan en la región.

El espacio de denuncia sirvió para que también se señalaran otros megaproyectos que atentan contra la vida de los pueblos, como el gasoducto que corre en toda esta región entre Puebla y Morelos y que forma parte del PIM (Proyecto Integral Morelos) el cual incluye además super autopistas y termoeléctricas de ciclo combinado y que ante la resistencia al proyecto, ya ha habido diferentes actos de represión que han ido desde la detención arbitraria y por razones políticas, hasta el asesinato de quienes se han resistido, como el caso de Samir Flores, el cual ya fue denunciado.

Ante la explotación y robo permanente de las empresas legitimado por el gobierno, los “Pueblos Unidos” de esta región del estado de Puebla exigieron justicia, una justicia que ellos mismos se han encargado de procurar, pues como dijeron algunos de los jóvenes que participaron de la toma: “Del gobierno no esperamos nada bueno, nuestra lucha es por la autonomía y la libre determinación”. Es por ello que decretaron la reapropiación de lo que fue arrebatado bajo engaños y corrupción y convertirlo en una Casa de los Pueblos.

De ser una sede para el robo, hoy será una Casa de los Pueblos

Los entrevistados (de los cuales resguardamos su identidad por seguridad) señalaron que durante las diferentes asambleas que se realizaron en los cuatro meses de toma, se decidió primero cerrar la planta y los pozos para acabar con el despojo y parte de los abusos. Después surgieron diferentes propuestas de cómo usar el espacio, entre las que señalaron estan: para casa de salud, como espacio deportivo y educativo, para la comunicación desde los pueblos y para la formación de los pueblos para la agricultura orgánica.

Aún faltará que este lunes (9) tras una rueda de prensa se continúe con el proceso asambleario para que los pueblos decidan por sí mismos qué uso darán a las instalaciones. Por ahora, los pozos han sido clausurados de forma permanente, y se espera que esta batalla sea el inicio de muchas batallas por la defensa del agua y de la vida, para que los pueblos puedan continuar viviendo como pueblos campesinos que manejan desde sí mismos el uso respetuoso del agua, como de por sí ya lo hacían.