En el quinto día de actividades en la Caravana por el Agua y la Vida se visitaron dos comunidades Poblanas en resistencia para defender su territorio: Santa María Malacatepec y San Isidro Huilotepec. En la primera, intereses capitalistas de la empresa inmobiliaria PROYECTA, ha impulsado la depredación del territorio acompañado de agresiones y amenazas a quienes no han querido abandonar sus tierras. En la segunda comunidad se ha organizado ante varias amenazas, una de ellas es el gasoducto, que como una bomba de tiempo, amenaza la región volcánica y junto a estas amenaza se suma la ambición inmobiliaria con la empresa COLA DE LAGARTO quienes han buscado dividir a la comunidad para arrebatarles su tierras de cultivo.
Santa Maria Malacatepec
Por la mañana los caravanistas llegaron a Santa Maria Malacatepec que ha sufrido diferentes agresiones por parte del corporativo PROYECTA. La cercanía a Angelopolis en Puebla pone en alto riesgo a esta comunidad indígena, por la ambición para convertir esa zona, después de despojar a sus legítimos dueños, en una zona de fraccionamiento de lujo para gente adinerada en la ciudad. En el constante y continuado despojo, los fraccionadores han hecho una guerra contra las comunidades en resistencia. Les han quemado sus casas, los han amenazado de muerte, les han encarcelado y les han despojado terrenos de forma arbitraria e ilegal. Uno de los mecanismos es la división de las comunidades, en este caso de ejidatarios, para enfrentarlos entre ellos. Desde la altura del cerro de La Sombra, una decena de casas se mantiene en resistencia en medio de un desastre ambiental que avanza al ritmo de una ciudad ambiciosa de ganancias por encima de los derechos humanos y el respeto a la naturaleza.
Uno de los hechos más graves realizados en contra de la comunidad de Malacatepec fue el ataque perpetrado el 22 de Septiembre de 2019 por 25 pistoleros en los que desplazaron e incendiaron las viviendas de los campesinos que mantenían un campamento en resistencia por la lucha y defensa de la tierra, Proyecta, ha acosado judicialmente llegando a encarcelar por nueve meses a uno de los ejidatarios en resistencia, denuncian que también han provocado incendios forestales y adquirido irregularmente terrenos sin que estos hayan sido vendidos. Proyecta en sus deseo de desplazar a los campesinos en resistencia ha deforestado para presentar los terrenos en las instituciones de gobiernos como ociosos y expandir el territorio para construcción de casas. A pesar del constante acoso con sobrevuelos de drones y amenazas de muerte los ejidatarios en resistencia han vuelto al campamento y se mantienen firmes en defender su tierra para siembra y vivienda de familiares.
San Isidro Huilotepec
Por la tarde, después de el intento de detener la caravana por policías, seguridad privada y gente que llevaron la empresa, la caravana pudo salir sin mayor problema. Ya en la comunidad de San Isidro Huilotepec recibió a la Caravana en su segunda parada para presentar la denuncia del riesgo en el que se encuentra su su tierra. El mayor riesgo es la instalación del gasoducto para el Proyecto Integral Morelos (PIM) para la Termoeléctrica en Huexca, donde informaron como SENER (la Secretaria de Energía) ha buscado de formas irregulares que la gente venda su tierras, valiéndose de dividir a la comunidad, de no respetar la opinión de la comunidad, apostando al individualismo y la avaricia. El gobierno federal ha simulado estar interesado en la opinión de la comunidad, sin embargo, el PIM que fue votado en contra por mayoría en esta comunidad fue instalado por tener mayores votos a favor de ciudades como Cuernavaca, Huilotepec tendrá exposición al gasoducto en una zona volcánica a pesar de haber votado en contra del mismo mientras Cuernavaca y otras ciudades lo validaron sin ponerse en ningún riesgo.
A nivel global, los países se encuentran en situaciones económicas complejas, exacerbadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, principales exportadores de commodities, que impulsarán graves consecuencias alimentarias sobre todo en los lugares con mayor nivel de pobreza.
Quienes pagan los platos rotos son los consumidores, señaló Jorge López Arévalo, economista y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas.
El conflicto bélico impacta en el precio de materias primas con afectaciones y presiones inflacionarias que a su vez tienen efectos de desabasto en las cadenas de suministros, un problema que se arrastra desde antes de la pandemia del covid-19, dijo López Arévalo.
En el caso específico de los hidrocarburos, antes de la contingencia sanitaria —a finales de 2018— se tuvo la máxima producción mundial de petróleo que después bajó ligeramente. En 2020, con la pandemia, disminuyó por la falta de demanda; y volvió a subir, pero no recuperó su producción.
Combustibles fósiles, al alza
Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencia de la Universidad Autónoma de México (UNAM), explicó que se debe a una tendencia global porque cada vez es más difícil obtener petróleo y gas.
Y en el contexto de la guerra, “la demanda de petróleo no había alcanzado todavía el nivel de antes de la pandemia”. En primera instancia, por la explotación de los pozos pequeños, lejanos, profundos, o en aguas costa afuera o profundas, que incrementan los costos, “particularmente en las últimas décadas”.
En la pandemia, el precio del petróleo bajó por la demanda y las compañías dejaron de invertir en la exploración y producción; pero cuando repunta la demanda después de la pandemia, “no hay suficiente petróleo y gas, y los precios empiezan a subir otra vez”, explicó Ferrari.
Luego llega la invasión rusa y se agudiza la tendencia: por un lado, por el riesgo de que se interrumpan los flujos de gas y petróleo por las penas que aplicó Estados Unidos y, en parte Europa, al prohibir la importación de petróleo y gas de Rusia, uno de los tres principales productores de petróleo y gas del mundo.
Rusia tiene el 10 por ciento de la producción mundial, además de ser el mayor proveedor de gas de Europa, suministrando alrededor del 43 por ciento total.
“Entonces al imponer esas sanciones donde no se quiere utilizar el petróleo ruso, hay una escasez adicional en el mercado petrolero mundial y eso ha hecho que el petróleo suba a 120 dólares el barril”, dijo Ferrari.
En el 2020, con la pandemia, el barril se mantuvo entre 30 y 40 dólares, pero el año pasado (2021) subió y hasta el 25 de marzo se encontraba en 115 dólares el barril,
“Son cosas que afectan profundamente porque el petróleo no es solamente la gasolina, diesel o combustibles, es también un insumo para toda la petroquímica. El gas en particular es un insumo para los fertilizantes”, explicó el investigador Luca Ferrari.
En general si suben los precios de la gasolina, también todos los productos, incluso los minerales. Con las consecuencias en la inflación, los expertos coincidieron que será evidente e inevitable una nueva recesión económica por efecto de los aumentos en los precios del petróleo y el gas.
Al límite
El investigador Luca Ferrari explicó que las afectaciones para países en América Latina y Europa son distintas y similares, al mismo tiempo.
Europa depende críticamente de la importación —entre el 75 y 80 por ciento— de petróleo y gas del extranjero, una buena parte de Rusia. En el caso de América Latina depende de otros países.
Aunque Brasil y Venezuela son países petroleros, la situación es bastante crítica en su economía —principalmente en Venezuela— , añadió Luca Ferrari, “otros países de América Latina que son importadores de hidrocarburos, como en Europa, van a estar muy afectados, porque suben los precios de manera importante”.
El aumento de los costos del fertilizante que proceden del gas natural elevará el precio de la comida. En general, es una situación global, agregó Luca Ferrari, aunque, destacó que se debe considerar que América Latina tiene el mayor porcentaje de población que vive en pobreza, que están “al límite”.
“Entonces cualquier incremento de los precios de los alimentos, sobre todo, impactará más a los países que tienen los mayores índices de pobreza”; y el decrecimiento por el encarecimiento de las energías y demás, “en general, eso va a provocar conflictos sobre todos los territorios”, agregó el investigador.
El economista, López Arévalo dijo que urge una solución pacífica a la controversia, “en lugar de dar armas a los ucranianos para que la guerra civil de alguna manera se prolongue y para que la industria armamentística o el complejo industrial-militar tenga enormes utilidades”, pues, dijo que esa industria busca recuperarse de un año malo, en referencia al 2020.
Impactos en México
López Arévalo destacó que el comercio de México y Rusia es más importante que el que tiene con Ucrania. En el 2021, los lazos económicos con Rusia representaron 2,680 millones de dólares, mientras con Ucrania fue de apenas 232 millones.
Por ello, tras el alza en los precios del crudo a raíz del ataque de Rusia en Ucrania, y por la importación de gasolina y diésel de Estados Unidos, México aplicó una medida para evitar alzas en el crudo, pero López Arévalo, consideró que no podrá hacerlo por mucho tiempo.
A un mes de la guerra, el litro de gasolina Magna sigue con un descuento a su cuota del impuesto IEPS ( Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) de 100%.
Para Luca Ferrari, aunque existen medidas paliativas a corto plazo, la situación requiere pensar a largo plazo. Por ejemplo, analizó que México debe orientar el gasto público hacia cosas más útiles para la población, “independientemente de la guerra, estábamos ya en una situación de energía cara”, que traerá como consecuencia una disminución del turismo internacional y de los intercambios comerciales.
Ferrari, explicó que es equivocado apostar en megaproyectos, en lugar de proyectos rentables, manejados de una manera descentralizada, con cooperativas y comunidades. “La solución no está en seguir con estos grandes proyectos controlados por el Estado”.
El investigador de la UNAM, ejemplificó como megaproyectos el aeropuerto en Texcoco, al igual que en Santa Lucía y el Tren Maya, porque en este contexto, incluso el tráfico aéreo disminuirá y, en consecuencia, el turismo. “Igual el Corredor Transístmico, que está basado otra vez en una idea de aumento de los intercambios internacionales, de bienes, etcétera”.
Luca Ferrari está convencido de que la solución está en una desglobalización, “que ya está ocurriendo, pero tendríamos que pensar en ser más independiente como país, incluso desarrollar economías regionales, producir y consumir localmente”, porque implica menor uso de energía, contaminación e impacto ambiental.
Hambre
En este tenor, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), reconoció que los conflictos son uno de los principales impulsores del hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo.
En un comunicado de prensa informó que en actualidad son 283 millones personas “empujadas hacia el hambre” y 45 millones “tocando a la puerta de la hambruna”. “La cuenca del Mar Negro es una de las áreas más importantes del mundo para la producción agrícola y de cereales, y es probable que el impacto del conflicto en la seguridad alimentaria se sienta más allá de la frontera de Ucrania, especialmente en los más pobres entre los pobres”.
Por su lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), se dijo profundamente preocupada por la situación de la seguridad alimentaria; también precisó que los costos base de los fertilizantes a nivel global aumentarán hasta 13 por ciento, “afectaría a los costos de producción en la temporada 2022/23″.
La semana pasada ministros de Agricultura de las Américas, de 34 países, pidieron coordinación y unidad regional ante el impacto de la guerra sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
A su participación, el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, expresó preocupación ante el peligro el abastecimiento de insumos, los riesgos en los canales al comercio y aunado a los efectos de La Niña.
Los representantes de Guatemala propusieron reducir el uso de fertilizantes para tener una menor dependencia, “es tiempo de que el mundo reconozca el rol de los agricultores en la estabilidad mundial”, dijo el ministro José Ángel López en la citada reunión convocada por Brasil.
El pasado 24 de marzo, a un mes exacto del inicio del conflicto bélico, Amnistía Internacional consideró que la magnitud y el impacto de esta guerra en Europa no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.
Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.
Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).
Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.
“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.
Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México
Entrega de firmas y conferencia de prensa
Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.
Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.
Suspensión, en vilo
Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún
contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.
“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.
Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.
La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.
Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.
“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.
Infancia en defensa del ambiente
Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.
Manifestación de niñez de Homún para exigir el cierre de las fábricas de cerdos.
“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.
A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.
Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales: también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.
A 432 kilómetros de la capital de Chiapas se encuentra Benemérito de las Américas, un territorio fronterizo avasallado por los megaproyectos, el crimen organizado, los feminicidios y el olvido institucional que afecta la vida de la mitad de la población: las mujeres.
El 49.9% de los 23 mil 603 habitantes son mujeres que enfrentan diferentes violencias, una de las más graves viene del personal del Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar (IMSS-Bienestar), en Benemérito, que ofrece servicios de salud a otros seis municipios – Márques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Chilón, Salto de Agua y Tumbalá -, donde están los pueblos chol, tzeltal, maya, lacandón y zoque.
En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al municipio con el director del IMSS, Zoé Robledo, que se comprometió a brindar atención de calidad. En esta misma visita, los directivos dijeron que en los primeros seis meses de 2019 habían atendido 400 partos.
En 2020, después de un embarazo mal atendido y una cesárea llena de negligencias, Gabina Mar Pérez, de 37 años, dedicó un año a buscar las causas de constantes y fuertes dolencias, también, mal diagnosticadas por el médico Marco “M”.
En agosto de 2020, Gabina acudió al servicio médico del IMSS-Bienestar con síntomas de parto. Primero le dijeron que su hija nacería en parto normal y después que sería cesárea. “Me pusieron anestesia general, cuando desperté me sentía débil y miraba manchas de colores”, dijo a Avispa Midia.
Desde el primer momento Gabina sintió una anormalidad en su cuerpo. “Le dije a las enfermeras”, y cuenta que el médico le puso una inyección, “nadie se quería hacer cargo de mí”, a pesar del cambio de turno del personal médico.
Los malestares incrementaron tras el efecto de los medicamentos. Los médicos de guardia la obligaron a caminar soportando los dolores, aun cuando no tenía fuerza en las piernas.
“El doctor me decía: ‘es que tienes que caminar, eso es normal, es la anestesia que está trabajando; apenas se está quitando’. Le dije, no doctor, lo que yo siento no es normal. Sí, me dice él, ‘así son todas las mujeres’”.
Gabina fue dada de alta tres días después de la cesárea. Aunque estaba en casa, no tenía fuerzas ni para cargar a su bebé, a quien tampoco pudo amamantar, “mi esposo se hizo cargo porque me sentía muy mal”. Para entonces la tuvieron que regresar al hospital donde el mismo doctor la recibió. “‘¿Y ahora qué le pasó?’, me preguntó”, y al escuchar los reclamos del esposo de Yesica agregó el médico, según relato de Yesica: “‘no les puse una pistola para que aceptaran la cesárea’”.
Estuvo internada por varios días sin un diagnóstico certero. Le dijeron que tenía una infección en el estómago, retención de líquidos, perforación de intestinos y luego la programaron para otra operación que no aceptaron por falta de argumentos médicos.
Gabina entró y salió varias veces del mismo hospital. Le sacaron innumerables estudios, incluso fue atendida en Palenque y Villahermosa, Tabasco. Tras un año de calvario para la familia, en agosto de 2021 descubrieron que en la cesárea olvidaron sacar una compresa del cuerpo de Gabina.
“‘Es una compresa’. ¡Cómo que una compresa! ‘La bola estaba así’, me dijo una enfermera. ‘Estaba enorme’, dice”, pero el objeto que sacaron del cuerpo de Gabina no le fue entregado.
Acudió a Derechos Humanos municipal para ser atendida a cabalidad en la institución de salud pública responsable de su condición médica. La Fiscalía tomó el registró de atención 0042-114-0903-2021, pero a la fecha no hay respuestas.
Gabina y su esposo dejaron de trabajar como comerciantes, “él me acompañaba a mis estudios y cuando estuve internada”, vendieron la mayoría de sus bienes materiales y animales de traspatio.
Ahora pide al Instituto Mexicano del Seguro Social que haga responsable al médico Marco “M” y le regresen el dinero que gastó por un año de atención médica por su negligencia.
“El tiempo con mi bebé no me lo pueden devolver, pero sí un poco de tranquilidad porque esa situación nos dejó sin nada”.
Denuncias
El caso de Gabina se suma a otros casos de negligencia médica en Benemérito, como de otra mujer, cuya identidad se reserva por seguridad, que tuvo su parto en la jardinera del mismo IMSS, además de cobros por servicios que los médicos no deberían cobrar.
Las autoridades ejidales de Benemérito enviaron varios escritos al presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar la situación, pero hasta hoy no tienen respuestas diferentes al discurso de ‘no pasa nada’.
“Actualmente sufrimos un déficit de atención médica y negligencias”, señalan autoridades ejidales de Benemérito, en entrevista a Avispa Midia.
En la inauguración del IMSS en Benemérito representantes del Estado se comprometieron a crear el Centro Médico de la Selva Lacandona, con equipos modernos, personal capacitado y especialistas de forma permanente. Pero nunca se concretó.
Las autoridades agregan que, al igual que el crimen organizado en la zona, la mafia del personal médico no permite la renovación de trabajadores que señalan, incluso, de sustraer el equipo del hospital.
En un acta de acuerdos firmada por los Comisariados Ejidales que componen el municipio de Benemérito, “porque el Ayuntamiento no está con el pueblo”, dicen las autoridades ejidales, exigieron el cambio inmediato del personal involucrado en actos negligentes.
Denunciaron instalaciones insalubres, mala atención de algunos trabajadores, seguridad incompetente e irresponsable, cobros extras y excesivos por servicios que deberían ser gratuitos.
“Exigimos que los médicos, que tengan farmacias o laboratorios, no trabajen en el hospital IMSS Bienestar porque elevan los precios de los medicamentos que no encontramos en la derechohabiencia [los derechos a los servicios de la institución de salud]”, sostienen las autoridades.
La violencia obstétrica puede darse de manera psicológica por medio de burlas, humillaciones, discriminación, mal información o comentarios alusivos a la sexualidad de las mujeres; y de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se suministran medicamentos injustificadamente, se niega la atención, se maltrata físicamente o se realizan esterilizaciones forzadas.
La Fiscalía General de Chiapas sólo tiene registro de tres casos de violencia obstétrica denunciados desde el 2019, a pesar de ser una violencia recurrente que no solo deja secuelas físicas, también emocionales.
Más allá
En el 2012, en el Hospital Zona 2 del IMSS, ubicado en la capital de Chiapas, Diana acudió el 6 de diciembre con dolores de parto. El médico de la guardia nocturna la mandó a caminar y a que regresara al siguiente día.
Diana regresó el viernes y tampoco la ingresaron hasta las 23 horas con dolores insoportables que se prolongaron hasta el amanecer del sábado 8 de diciembre. Antes del cambio de guardia llegó el médico a inducir la salida del líquido amniótico y se fue.
La enfermera del siguiente turno le preguntó si el médico avisó del contenido del líquido, “respondí que no”. Había meconio (la primera evacuación de un bebé) y nadie se hizo responsable, “el médico de guardia se fue sin decirme nada aun cuando sabe lo que podía pasarle a mi hijo”.
Ese mismo día, Diana recuerda que los médicos internos se quedaron a cargo de las mujeres en labor de parto, “a una señora que tenía 8 centímetros de dilatación, de tanto que un joven le hizo el tacto, sacó el cordón umbilical de su bebé, a ella también la tuvieron que operar”.
En el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 44 recomendaciones fueron dirigidas al IMSS en 2021. La institución también encabeza la lista de 132 recomendaciones en trámite.
En las 217 quejas en expedientes relacionados con violencia de género, la CNDH sólo tiene el registro de seis que corresponden a violencia obstétrica a nivel nacional.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en Chiapas, no proporcionó información y respondió que por ahora atienden el informe de actividades y no pueden atender solicitudes de medios de comunicación.
El pasado 17 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. Ahora se esperan sus efectos constitucionales.
En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.
“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.
El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.
Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.
De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).
Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.
Los pinos y eucaliptos consumen entre 20 a 40 litros diarios de agua. Cada vez que las plantaciones de las forestales se acercan a zonas habitadas acaban con el agua produciendo sequía. Fotografía: Santiago Navarro F
“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.
En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.
“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.
20 años después del primer estudio
El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.
En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.
Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.
En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.
“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.
“Más verdes” que el petróleo
“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.
Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.
“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.
El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.
Fiscalización autónoma de la Tierra Indígena Munduruku para detener la deforestación por la industria minera. Foto: Equipo de comunicación Munduruku
Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.
“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.
Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.
Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.
El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.
“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.
Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.
Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.
A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.
Décadas de negaciones
Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.
Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.
En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.
En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.
De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.
Uno de los motores de la deforestación de la amazonía es la industria minera
El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.
Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.
En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.
“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.
Informe sobre tortura y Pueblos Indígenas en América Latina revela actos de tortura sistemáticos en su contra.
Cada día los pueblos indígenas en América Latina son sometidos a distintas formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, así se señala en el informe de recién publicación el dia de hoy por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), junto al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y 7 organizaciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Tortura y Pueblos Indígenas en la región del Abya Yala.
El informe “¡…Pues Es Tortura!. La tortura contra los pueblos indígenas: una realidad invisibilizada”: Análisis de las violencias constitutivas de tortura y malos tratos de los pueblos indígenas en América Latina, es el primero que se realiza sobre esta temática en la región. Con ejemplos desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua, el informe muestra situaciones que atraviesan a toda la región: la criminalización o la privación de la libertad de lideresas y líderes indígenas; las masacres y los asesinatos; la militarización y el despojo de sus tierras; el desplazamiento forzado y la necesidad de abordar estas vulneraciones de derechos humanos desde una mirada colectiva que ponga énfasis en los efectos colectivos que tienen en los pueblos indígenas, visibilizando el daño y sufrimiento que producen, los cuales pueden ser considerados actos constitutivos de tortura.
A pesar de que los derechos de las personas indígenas se hayan reconocido en casi todas las Constituciones latinoamericanas, un común denominador regional sigue siendo la falta de materialización en la práctica de este reconocimiento. Las personas y comunidades indígenas ven vulnerada su integridad personal y colectiva de forma rutinaria y con total impunidad, especialmente en los cinco patrones identificados en el informe: 1) en el contexto de los desalojos y el desplazamiento forzado, 2) en el contexto de la protesta social pacífica, 3) a través de la criminalización y las amenazas, 4) durante la privación de libertad y 5) con violencia sexual y en base al género.
El informe presenta una sección con testimonios de personas indígenas sobre su visión y sus experiencias de tortura. Algunos de las y los participantes entrevistados manifestaron en relación a la criminalización de los líderes y lideresas y las condiciones de detención en los siete países: “como seres humanos, en la medida que nos están martirizando paulatinamente eso es tortura, al ver que no nos damos por vencidas y vencidos, ordenan girar orden de captura una y otra vez, a líderes y lideresas que alzan la voz para denunciar todo atropello en contra de los derechos colectivos como lo es la defensa del territorio… pues es tortura”.
En definitiva, el informe pone el foco en la importancia de abordar la tortura respecto a los sujetos colectivos y sostiene que el derecho internacional de los derechos humanos aún debe desarrollar e interpretar la prohibición absoluta de la tortura de tal manera que se incorporen las experiencias, significados e impactos colectivos que los malos tratos desencadenan en contra de los pueblos indígenas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de marzo de 2022 Acción urgente No. 04
Niña de 9 años resulta herida durante los ataques con arma de fuego hacia las comunidades del municipio de Aldama
Se intensifica el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tsotsiles de las comunidades de Aldama.
Estado mexicano cómplice del exterminio.
El día de hoy 25 de marzo de 2022, alrededor de las 15:25 horas fue herida una niña de 9 años de edad por un impacto de arma de fuego en la cabeza ; originaria de la comunidad de Tabac, municipio de Aldama, Chiapas, actualmente se debate entre la vida y la muerte. Los disparos se realizaron desde algunos puntos de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó. En lo que va del mes de marzo, se han registrado 291 ataques dirigidos hacia las comunidades de Aldama.
El pasado 03 de marzo de 2022, los tres niveles de gobierno del Estado mexicano anunciaban la entrega de tierras para las comunidades de Aldama, una medida que simula la paz. El Estado mexicano olvida los puntos de atención que ha puesto sobre la mesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 23 de abril de 2021.
En dicha resolución la CIDH reconoció el ciclo de violencia que viven las comunidades de Aldama por los constantes ataques armados, mencionó la importancia de la delimitación de los territorios indígenas que den certeza a sus habitantes; el desarme y la desarticulación del grupo agresor; abordar la conformación, estructura y financiamiento de las personas armadas mediante procesos de investigación, sanción, reparación y justicia.
El Estado mexicano solamente reconoce una disputa agraria, sin atender los otros elementos del conflicto, lo que ha impedido soluciones integrales que atiendan realmente la problemática y generen una paz verdadera. Las instancias gubernamentales atienden a los heridos pero no toman medidas preventivas para salvaguardar sus vidas, su integridad física y psicológica, además no han tomado ninguna medida eficaz para evitar estas situaciones.
Hacemos un enérgico llamado urgente al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones e intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tsotsiles de las comunidades de Aldama e implemente las medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.
Llamamos a la solidaridad y convocamos a la comunidad nacional e internacional que envíen sus expresiones de repudio frente a la omisión del Estado mexicano y el aumento de la violencia en el municipio de Aldama, Chiapas, a:
– Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México.
Palacio Nacional-Plaza de la Constitución s/n. – 2° Piso. Col. Centro. Delegación Cuauhtémoc. Cd. de México CP: 06066. Fax. (+52) 55 5093-4800, 55 5093-5300 Exts. 4103/4882.800-080-1127 Atención Ciudadana. Correo: amlo@presidencia.gob.mx y gobmx@funcionpublica.gob.mx
Twitter: @lopezobrador_
– Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México.
Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad de México. C.P.06600. Fax: (+52) 55 5093 34 14. Correo: secretario@segob.gob.mx
– Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
Bucareli 99, Edificio Cobian. 1er. piso. Col. Juárez. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México. Fax: (+52) 55 5128-0000 Ext. 33077Correo: ajencinas@segob.gob.mx y projasm@segob.gob.mx
Twiter: @A_Encinas_R
– Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso. Col. Tlacopac San Ángel.Delegación Álvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 01040. Fax: (+52) 0155 36 68 07 67. Correo: correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH.
– Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P.29009. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Fax: +52 961 61 88088, + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122.Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @RutilioEscandon
– Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas. Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conmutador: (961) 61 8 7460 Ext. 20003.Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
– Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Avenida 1 Sur Oriente S/N, Edificio Plaza, 3er y 4to piso, Barrio San Roque C.P. 29000 TuxtlaGutiérrez,Chiapas. Conmutador: (961) 602 89 80; 961-60289-81 Ext. 206; Lada sin costo 01800-55-282-42Fax:(961) 60 2 57 84.Correo: presidencia@cedh-chiapas.org
– Dr. Alejandro Gertz Manero. Fiscal General de la República. Av. Insurgentes 20 de la Glorieta de Insurgentes, Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México. Correo: atencionfgr@fgr.org.mx
– Dr. Olaf Gómez Hernández. Fiscal General del estado de Chiapas. Libramiento Norte y Rosa del Oriente número 2010 colonia El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29049, (961) 61-72-300, Ext. 17258. Twiter: @FGEChiapas Correo: staff_secretarial@fge.chiapas.gob.mx
En el cuarto día del recorrido por la región de los volcanes en Puebla, seguimos documentando con asombro la devastación ambiental que capitalistas y malos gobiernos han generado en la zona. La cita ahora fue primero en el basurero tóxico en San Juan Tlautla, actualmente mal gobernado por el PAN, esta empresa privada tiene el permiso del gobierno y que a través de procesos irregulares se impuso en medio de milpas fértiles afectando a los campesinos y habitantes de la región. La calidad de la tierra de temporal ha ido perdiéndose, el mal olor inunda la zona y los escurrimientos de agua contaminada generada por los desechos se vierte por los campos de cultivo. La obra es un ejemplo de como el mal gobierno trabaja para el capital, despojando y despreciando a las comunidades. Pues si bien la basura es un problema que generamos todas y todos, hay unos más culpables que otros por la responsabilidad y de un sistema injusto que no consulta ni toma en cuenta la opinión de las comunidades afectadas.
La caravana por el Agua y la Vida arribo a la ciudad de Puebla desde la región Cholulteca para encontrarse con la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, conjuntamente fueron tomadas las calles del centro para reclamar la complicidad por parte de las autoridades del Estado, en especial de Miguel Barbosa, quien se ha posicionado en contra de los intereses de los pobladores y negando la autodeterminación de los Pueblos Nahuas. En el tercer día de Caravana, se realizo esta marcha para después asistir al emblemático mercado Hidalgo donde hubo música, baile, denuncias y palabras de reflexión y esperanza.
La caravana avanzó nutrida con contingentes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales para realizar un mitín en la Casa Aguayo (sede del gobierno Estatal) donde les negaron escucha y atención, además policías del estado bloquearon el paso de los manifestantes. Los Pueblos Unidos de la región de los volcanes insistieron en la denuncia de la devastación ambiental y el saqueo del agua, así como la desatención de gobierno a esas comunidades. Denunciaron el doble discurso del gobierno de MORENA (partido en el poder) quienes han ocupado un discurso donde se dicen preocupados por las comunidades pero ha sido una continuidad del desprecio del los malos gobiernos con los pueblos. A pesar de la tensión entre policías y manifestantes las actividades se realizaron con normalidad enfatizando la contradicción en la que vive actualmente la humanidad bajo el sistema capitalista: La necesidad de ganancias y poder por la propiedad privada con la consecuencia de depredación, sobreexplotación, contaminación que destruyen los ecosistemas y el medio ambiente generando una situación precaria para la sobrevivencia de los humanos y el planeta. La situación planteada es tan grave que nos pone en una encrucijada de vida o muerte: o el sistema nos asesina a todos o nosotros liquidamos al sistema, desde la raíz.
En el mercado Hidalgo, los gritos de exigencia por justicia en el caso del feminicidio de Meztli Omixochitl, también se hicieron presentes durante todo el recorrido de la caravana, recalcando que no se ha hecho un debido proceso en su caso, la falta de una sentencia y las irregularidades por parte de las instituciones que podría poner en libertad al feminicida lo que sería una doble injusticia para las y los compañeros de la UPVA 28 de Octubre.
Exigimos al Estado mexicano el cumplimiento de la opinión 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU
Libertad inmediata a Marcelino, Abraham y Germán, indígenas tsotsiles.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) desde hace tres años ha conocido las situaciones de injusticia de los señores Marcelino Ruíz Gómez (Marcelino), Abraham López Montejo (Abraham) y Germán López Montejo (Germán), quienes se encuentran recluidos de manera arbitraria en las cárceles de Chiapas. Ellos son parte de la lucha digna y legítima que junto a Juan de la Cruz Ruiz (Juan) y Adrián Gómez Jiménez (Adrián) -ambos en libertad por su persistente lucha y la de sus madres y hermanas- decidieron enfrentar al sistema de justicia mexicano que les ha robado su proyecto de vida.
En el Frayba somos testigos de la acción radical donde estuvieron al borde la muerte los señores: Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián, al irse a huelga de hambre por 130 días en búsqueda de la libertad; a través de su palabra han sustentado su exigencia de justicia, denunciado a sus perpetradores. La respuesta de los gobiernos federal y estatal ha sido la de administrar las peticiones y mantener el pacto de impunidad.
Después de que realizamos desde el Frayba una revisión escrupulosa de los expedientes penales, podemos argumentar que los procedimientos están cubiertos de violaciones al debido proceso, consistente en las lamentables diligencias judiciales que van desde la falta de traductor, presunción de inocencia, defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura, discriminación, donde se constituye las actuaciones de impunidad, bajo la consideración de tratarse de personas que son parte de un pueblo originario. Así también se suma un retardo judicial injustificable.
A la par, los presos injustamente presos han padecido el sistema carcelario que representa el lugar de exterminio social, zonas de constante riesgo a la integridad personal y a la vida, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que son incontables y que Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián han sufrido y sufren las personas que aun se encuentran injustamente privadas de su libertad con el acompañamiento incansable de sus familias en estos largos años de agonía, pero con gran esperanza por obtener la libertad de sus compañeros en lucha.
Por tal razón nos sumamos a la exigencia de los presos injustamente y de sus familiares para que el Estado mexicano cumpla con la opinión 43/2021 que emitió el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas quien refiere que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria, exigiendo una investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos. Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado e invitamos a todas las personas, colectivos, organizaciones a sumarse por el clamor de libertad, así también a escuchar la propia palabra de Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián, la voz que desde su alta dignidad exigen Libertad y Justicia.
Por último, en este marco internacional del derecho a la Verdad, evocamos a quienes con su persistente lucha y defensa radical de los derechos humanos continúan obstinadamente por la Memoria, Verdad y Justicia.
Verdad y Justicia para Acteal,
Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona Norte de Chiapas,
Verdad y Justicia por las víctimas de la Masacre de Viejo Velasco,
Verdad y Justicia para los miles de personas desaparecidas de este país,
Verdad y Justicia por las presas y presos en resistencia…
