Comunicado sobre las agresiones a la caravana del CIG

A los medios de comunicación,
A la sociedad civil nacional e internacional.

El día de hoy por la mañana la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio se encontró con la Comunidad Nahua de Santa María Ostula en territorio recuperado de las manos del crimen organizado, quien saqueaba las maderas preciosas y minerales dentro del territorio indígena. Durante el festivo y multitudinario encuentro nos dimos cuenta de que Ostula es una comunidad libre, segura, donde la policía comunitaria cuida al pueblo, creciendo la resistencia en contra del despojo capitalista.

Cuando la caravana se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana, donde se transportaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera, Cristian Rodríguez, mismos que han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente.

Denunciamos que se realiza este cobarde ataque en un territorio controlado por el crimen organizado, en el contexto de una guerra capitalista generalizada en el estado de Michoacán y en varios estados del territorio nacional en complicidad con el mal gobierno. Sabemos que la intención del crimen organizado en contubernio con el gobierno es crear un clima de miedo y terror.

Ante estas agresiones hacemos responsables del ataque a los tres niveles de gobierno, al federal representado por Enrique Peña Nieto, al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo, y al Municipal, así como las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del CNI, la Caravana del CIG, y periodistas que dan cobertura al caminar del CIG, debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos.

Reconocemos la labor que las y los periodistas independientes realizan, sobre todo quienes acompañan la caravana, ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores. Sabemos bien que ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo y que 40 periodistas han sido asesinados en nuestro país en el sexenio de Peña Nieto. Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa.

En esta construcción que busca el CIG, vamos juntos de la mano con las personas que extienden la palabra de los Pueblos indígenas en resistencia de manera honesta.

Comunidad Purépecha de Paracho, Michoacán, 21 de enero de 2018.
Nunca más un México sin nosotros
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

Domingo, 21 de enero de 2018. Hoy en la tarde, el Congreso Nacional Indígena reportó que un grupo de sujetos fuertemente armados en dos camionetas interceptaron a la caravana del Concejo Indígena de Gobierno y amenazaron y despojaron de celulares y equipo fotográfico a periodistas que acompañan el recorrido.

Esto sucedió en la carretera entre Tepalcatepec y Buenavista, Michacán, después de un encuentro con comunidades nahuas en Santa María Ostula, mientras la caravana se dirigía a la comunidad de Paracho, donde mañana, 22 de enero, tendrá lugar un encuentro con comunidades purépechas.

Aproximadamente dos horas después el CNI reportó en su cuenta de twitter que la caravana del CIG había llegado con bien a Paracho, y exigió seguridad para la caravana, para Marichuy y para los periodistas que cubren el recorrido, así como el esclarecimiento de los hechos.

Condenamos de la manera más enérgica esta agresión contra el Concejo Indígena de Gobierno, su vocera Marichuy y lxs periodistas que cubren el recorrido.

¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!

18 de mayo de 2017

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.

Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

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John Gibler (Texas, 1973) coge el teléfono en la Librería Libre de Santander, donde presenta su libro Fue el Estado (Pepitas de Calabaza, 2016), sobre la matanza de Iguala. Gibler vive en DF y trabaja en México: es, a todos los efectos, un periodista mexicano. En 2012 escribió Morir en México, un libro en el que escribe sobre los reporteros que se juegan la vida en el país. Uno de los protagonistas de ese libro, amigo suyo, murió asesinado el lunes en su ciudad, Culiacán.

Pregunta. ¿Cuándo vio por última vez a Javier Valdez?

Respuesta. En febrero grabé con él un programa de Al Jazeera. Conversamos mucho, pasamos dos días juntos. Estaba preocupado, pero él era un hombre tan generoso, tan chistoso, tan vivo. Llevaba el peso: cargaba el dolor de los años, de los muertos. Y quizá también sentía otro peso: el de estar fuera del Distrito Federal. En México el centro de atención siempre es el DF, y los reporteros que más se juegan son los que viven en los Estados. Él amaba Culiacán y nunca dijo nada de irse, pero sentía el dolor de ver cómo la maquinaria de violencia e impunidad se hacía con la sociedad. Quería retratar la muerte en vida, el miedo, el terror que provoca la violencia sin castigo.

P. El 90% de delitos contra periodistas y medios no se resuelve. Un periodista vive sabiendo que si le matan, al asesino no le va a ocurrir nada.

R. En México es infinitamente más peligroso investigar un asesinato que cometerlo. Publicar una nota sobre un asesinato que cometerlo. Hay más libertad de expresión para los asesinos que para los periodistas. Después de matar a Miroslava Breach [periodista asesinada delante de su casa en Chihuahua en marzo], su asesino siguió caminando por la calle tan tranquilo con un cartel debajo del brazo que era el supuesto narcomensaje.

P. Supuesto. (Continuar leyendo…)

Por Dante A. Saucedo y Regina López

El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».

En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.

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Te presentamos un especial de la Comunidad Santa María Ostula, la cual recuperó en el 2009 alrededor de 1200 hectáreas de tierra para fundar el pueblo de Xayakala. Estas tierras les habían sido arrebatadas por “pequeños propietarios” provenientes del estado de Colima y zonas aledañas, mismos que a la larga demostrarían estar aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios, el cual les asesinó a 32 comuneros y les desapareció a otros seis, entre 2008 y 2014. Todo ello ante la omisión de los gobiernos estatal y federal.

La infamia más reciente hacia este pueblo se presentó en los primeros días del mes de febrero del 2017. El día 8, la comunidad informó que tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron al grupo del crimen organizado de los Templarios, así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

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Foto: Enrique Castro (Proceso)

La comunidad indígena de Santa María Ostula informó que ayer, 8 de febrero de 2017, fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, secuestrados el 5 de febrero por miembros de la Marina y entregados al crimen organizado. La liberación se dio como resultado de operativos y negociaciones entre el Estado y el crimen organizado, cuyo contenido la comunidad ignora. Al mismo tiempo, la comunidad de Ostula denuncia la complicidad entre el Estado, la delincuencia organizada y el capital, sobre todo en la forma de las empresas mineras que operan en la región. En el comunicado hacen también un recuento de las graves agresiones sufridas a manos del Estado y de la delincuencia organizada a lo largo de este último año, y ennumeran una serie de exigencias para acabar con la impunidad, desmilitarizar la región, desmantelar los grupos del crimen organizado, permitir la construcción de la autonomía y crear las condiciones para el retorno de la paz social.

A continuación, el comunicado completo.

COMUNICADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICHOACAN: LIBERADOS LOS POLICÍAS COMUNITARIOS

8 DE FEBRERO DE 2017

A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El día de hoy a temprana hora y tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina.

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

Foto e información “Subversiones Agencia Autónoma de comunicación”

Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado.

Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.

La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.

Resulta alarmante que nuevamente se observe una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.