Fuente: Festivales Media

Acá una conclusión anticipada: en el otoño de 2026, desde las protestas por la vivienda en España hasta los bloqueos de institutos en Francia, pasando por las concentraciones prodemocráticas de estudiantes en Brasil, tres movimientos juveniles aparentemente aislados dibujan juntos un panorama claro: cuando el neofascismo se expande globalmente bajo una forma compuesta de elecciones, capital y gobernanza autoritaria, la línea de defensa de la democracia se está desplazando desde las urnas hacia las calles.

Que el desalojo forzoso de Maricarmen se haya convertido en un acontecimiento simbólico se debe precisamente a que expone la fragilidad del “sistema democrático” ante la lógica del capital: una mujer de 87 años con discapacidad fue expulsada de la casa en la que vivió durante setenta años, no porque violara la ley, sino porque la ley misma fue redactada para favorecer a los “fondos buitre”.

Al mismo tiempo, estudiantes de secundaria en Lyon, Francia levantan carteles que dicen “Juventud enfadada, no facha” (Jeunesse fâchée, pas facho), y universitarios en Recife, Brasil gritan en defensa de la democracia y la educación pública tras las elecciones. Lo que estos actos tienen en común es que rechazan reducir la “democracia” a un ritual periódico de votación, y la redefinen como una práctica política viva que debe defenderse cada día en las calles, los campus y las comunidades.

España, cuando el “derecho a la vivienda” se convierte en piedra de toque de la democracia

A principios de octubre de 2026, más de 50 ciudades españolas fueron escenario de las protestas por el derecho a la vivienda más masivas en décadas. El detonante fue el rechazo del Congreso a dos decretos de vivienda, pero la ira más profunda procedía de un mercado sistemáticamente distorsionado por los “fondos buitre” y los especuladores inmobiliarios. Entre los manifestantes aparecieron numerosos jóvenes con títulos universitarios y empleo que descubrieron que su “patrimonio neto” era de “cero habitaciones”, según rezaba textualmente un cartel en la manifestación de Cádiz.

El caso de Maricarmen materializa esa violencia estructural. Esta mujer de 87 años vivió más de setenta años en un piso del distrito madrileño de Retiro. La vivienda cambió de manos varias veces hasta acabar en poder de la SOCIMI (Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario) Urbagestión. La empresa le exigió un alquiler mensual de 1.650 euros, cuando su única fuente de ingresos era una pensión de 1.450 euros. Un juez ordenó el desalojo y el 23 de septiembre de 2026, fue sacada de su casa en camilla y trasladada a un hospital.

La carga simbólica de este episodio desborda con creces la tragedia individual. La modificación de 1994 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) española eliminó ciertas protecciones de subrogación para inquilinos de larga duración, y Maricarmen fue precisamente una víctima de ese cambio legal. Su abogado señaló que Urbagestión “nunca quiso negociar”, ni siquiera cuando ella se ofreció a pagar la renta exigida. El Defensor del Pueblo español calificó públicamente el caso como “el símbolo de algo que nunca debería haber ocurrido” y señaló que expone “deficiencias en el plano legal”.