Por Aldo Santiago | Avispa Midia

_{En portada: Extracción petrolera en Agua Fría, municipio de Venustiano Carranza, en la Sierra Norte de Puebla. Esta región forma parte del Paleocanal de Chicontepec, donde Pemex y empresas privadas han operado pozos con la técnica del fracking. Foto: Aldo Santiago.}

Tras el anuncio del pasado miércoles (8), cuando la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta al aprovechamiento de gas no convencional mediante el uso del fracturamiento hidráhulico (fracking), organizaciones ambientales y de derechos humanos han levantado la voz para cuestionar la ruptura de su promesa de campaña, en la que se comprometía a no permitir el uso de esta técnica debido a los documentados impactos ambientales y sociales que conlleva.

En ese escenario, organizaciones integrantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking cuestionan el papel del comité “técnico-científico”, anunciado por Sheinbaum, el cual estará encargado de deliberar sobre el uso de tecnologías calificadas como “sustentables” para la fracturación hidráulica en cuencas petroleras del noreste mexicano. La Alianza acusa que, el problema de fondo radica en si el gobierno busca deliberar sobre el futuro energético del país, “o si sólo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada”

Mediante comunicado difundido este lunes (13), las organizaciones detallan que será este próximo miércoles —fecha prevista para la presentación del comité—, cuando se pondrá a prueba la estrategia presentada por el Estado mexicano. La Alianza señala que, si el gobierno presenta un comité opaco y tecnocrático sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking, “no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada”, sostienen.

La Alianza argumenta que dicho comité deberá constituir un espacio serio de investigación y análisis, por lo que deberá incorporar el principio precautorio en su deliberación, es decir, respetar el marco jurídico ambiental y de salud que obliga a tomar medidas preventivas ante riesgos graves o irreversibles, incluso cuando no exista certeza científica absoluta sobre que dicho daño acontecerá, en este caso, con la ejecución masiva de fracking en territorios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Puebla.

A su vez, recomiendan que el comité deberá analizar los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, como sucede en países europeos como Francia, Alemania y España, así como en estados de la unión americana como Nueva York y Washington, además de Uruguay en América Latina, con el fin de evitar que la deliberación se limite a las promesas tecnológicas de la industria energética.

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La Alianza Mexicana Contra el Fracking califica como “inaceptable” el enfoque del gobierno federal al presentar la discusión como un asunto meramente técnico vinculado a la soberanía energética y a la extracción mediante nuevas tecnologías. Por el contrario, critican que se trata de una “decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Para las organizaciones, presentar la discusión limitada al debate técnico-científico, aislado de las consecuencias sociales y ambientales, “es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral”. Por lo tanto, la Alianza reitera que el fracking en México, lejos de regularse debe prohibirse. “No hay ‘fracking sustentable’, ni ‘fracking responsable’, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios. Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella”.

Simulación o credibilidad

Las organizaciones que integran la Alianza también plantean criterios que consideran fundamentales para que el comité científico, anunciado por Sheinbaum, pueda contar con credibilidad pública y, con ello, distinguir entre una “deliberación real de una simulación”.

Entre los diversos elementos, destacan que, si el comité es integrado para buscar cómo explotar los yacimientos de gas no convencional “con nuevas tecnologías”, se confirmaría una simulación desde su origen, ya que no evaluaría si México debe o no seguir la implementación del fracking, sino únicamente cómo adecuar su implementación.

Además, señalan que, los miembros para conformar el comité científico no pueden pertenecer a un “grupo de élite científica con visión tecnocrática”. Al contrario, su integración debe ser pública, así como cuáles son los criterios para su selección, la metodología, documentos de trabajo, conflictos de interés, así como insumos y deliberaciones.

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La Alianza enfatiza que el fracking no afecta no impacta únicamente los indicadores energéticos o balances de producción, sino que afecta directamente a territorios y comunidades, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo de combustibles fósiles. En ese sentido, advierten que, “cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla”.

Asimismo, las organizaciones ambientalistas plantean que la credibilidad del comité científico dependerá de su alineación con la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instrumento que establece estándares sobre cómo la crisis climática afecta los derechos humanos, incluyendo el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, el derecho a un clima sano y la inclusión del conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible. Emitida en julio del 2025, dicha opinión resulta vinculante para México al ser parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual está obligada a su cumplimiento.

“Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo”, sostiene la Alianza.

Por último, la organizaciones aseveran que la discusión sobre el uso del fracking para la explotación de gas en México, no debe limitarse a su viabilidad técnica, sino que debe abordar la cuestión central sobre si México necesita profundizar la extracción de hidrocarburos en el contexto de la crisis climática. “Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa”.