Reporte mensual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas. Este reporte relata las violaciones a derechos humanos y la prisión arbitraria cometida por el gobierno de Chiapas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva.

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Monthly report by the Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center. This report narrates the human rights violations and arbitrary prison committed by the Chiapas state government in the rural city of Nuevo Juan del Grijalva.[podcast]https://radiozapatista.org/Audios/frayba/Frayba_2011_06.mp3[/podcast]

El 4 de noviembre de 2007, en Juan del Grijalva ocurrió un “desastre natural”, por lo que debido a los hechos los y las sobrevivientes fueron reubicadas en la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva y el gobierno de Chiapas se comprometió a pagar sus tierras.

Tras el “desastre natural”, en la zona conocida como “el tapón del Grijalva”, la CFE construye dos obras públicas, y una de éstas ha sido concesionada al Grupo México, la cual es una empresa transnacional y uno de los principales productores de cobre a nivel mundial.

El 17 de marzo de 2011, durante una manifestación pacífica en el ejido Juan del Grijalva municipio de Ostauacán fueron detenidos de manera arbitraria y bajo engaño los Sres. Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz y Teodoro Sánchez Morales, por elementos de la Policía Ministerial, de la Fiscalía de Distrito Norte a cargo de  José Luis Gómez Santaella y del Fiscal del Ministerio Público en Ostuacán Esgar Benjamín Estrada Cervantes, con el apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

El 15 de abril, al salir del CERSS No. 10, después de visitar a los cinco campesinos, fueron detenidos los Sres. Pascacio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot, así como Juan José Narváez Bautista, abogado defensor, quien se encontraba en el lugar para asistir a los detenidos. El 25 de mayo en el municipio de Ostuacán fue detenido el Sr. Héctor Díaz Castellanos.

Cabe mencionar que el Fiscal de Distrito Norte José Luis Gómez Santaella, está relacionado con violaciones a derechos humanos en los casos de la defensora de derechos humanos Margarita Martínez Martínez y del feminicidio de Tatiana Trujillo Rodríguez, casos denunciados con anterioridad por este Centro de Derechos Humanos; además está involucrado en la obstrucción, en el proceso de esclarecimiento de los hechos de la Masacre de Viejo Velasco, para encontrar el paradero de las personas desaparecidas forzadamente el 13 de noviembre de 2006.

Hace unos días el Gobierno de Chiapas llegó a la ciudad rural Nuevo Juan del Grijalva con el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, sin embargo los funcionarios estatales se encontraron con un grupo de mujeres que con pancartas que exigían la libertad de los presos políticos aquí compartimos en voz de las afectadas las exigencias de libertad

Decidieron manifestarse en sus propias tierras de los señores y les ponen una demanda Comisión y ¿sabe qué dice Comisión, señor?… no nos han pagado lo justo… Lo que dice Comisión es que el dinero ya se lo dio al gobierno del estado y que él ya se deslinda de todo el problema. Y el gobierno se resiste a pagar a las comunidades afectadas: Playa Larga 3, Loma Bonita, Cuauhtémoc y Juan del Grijalva, donde se perdieron vidas humanas, ésas son las comunidades que están afectadas de la cota 100, por lo que tienen a las personas en el Cereso, por lo que los están persiguiendo la judicial aquí en Ciudad Rural y en donde quiera que se van. También son las tierras que serán afectadas donde va a subir el agua y esas son las tierras que exigimos que se nos paguen por el trabajo de 20 años atrás, exigimos que se nos pague nuestros trabajos, se perdieron casas, bienes distintos a las tierras y terreros, así que queremos que todo se pague señor, si usted es jefe de Ciudad rural haga las cosas como son.

Cabe mencionar que la empresa que supuestamente los demando se desistió de la demanda por lo que los nueve presos debería salir de prisión, lo cual no ha sucedido, por lo que el Gobierno del Estado los retiene de forma arbitraria y violentando sus derechos humanos.

Como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas nos preocupa que el Gobierno de Chiapas utiliza el hostigamiento, la represión, el engaño, la fabricación de delitos, el arraigo, la cárcel en contra de hombres y mujeres que ejercen sus derechos humanos y más aun cuando exigen el cumplimiento de promesas hechas por las mismas autoridades.

On November 4, 2007, a “natural disaster” took place in Juan del Grijalva. As a result, the survivors were relocated to the new rural city of Nuevo Juan del Grijalva, and the Chiapas government promised to pay for their lands.

After this presumably natural disaster, in the region known as “tapón del Grijalva”, the Federal Electric Commission is building two public works. One of them was concessioned to Grupo México, a transnational corporation and one of the largest copper producers in the world.

On March 17, 2011, during a peaceful demonstration in the ejido of Juan del Grijalva, municipality of Ostuacán, officers of the Ministerial Police of the Northern District’s Attorney’s Office, led by José Luis Gómez Santaella and the Ostuacán District Attorney Esgar Benjamín Estrada Cervantez, together with members of the state police, arbitrarily and deceitfully detained Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cabos, José Francisco López Díaz, and Teodoro Sánchez Morales.

On April 15, as they left the CERESO 10 prison after visiting the five campesinos are held prisoner there, the residents of the rural city Pascacio López Álvarez and Andrés Díaz Bouchot were also detained, as well as the defense lawyer Juan José Narváez Bautista, who was there to provide legal support to the prisoners. On May 25, in the municipality of Ostuacán, Héctor Díaz Castellanos was also detained.

It’s worth noting that the district attorney José Luis Gómez Santaella is related to human rights violations in the cases of the human rights activist Margarita Martínez Martínez and the feminicide of Tatiana Trujillo Rodríguez, both of which have been previously denounced by this human rights center. In addition, he is also involved in obstruction of justice in the case of the Massacre of Viejo Velasco, where he has hindered investigations to determine the fate of the people forcefully disappeared on November 13, 2006.

A few days ago the Chiapas Government arrived at the rural city of Nuevo Juan del Grijalva with the United Nation’s Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter. However, the state officers were met there by a group of women with banners demanding the freedom of the political prisoners. Here are some of the demands in the words of the women affected:

The demonstrated in their own lands, and the Federal Electric Commission sues them, and you know what the Commission says, sir?… They haven’t paid us… You know what they say? That they already gave the money to the state government and they no longer have anything to do with the problem. And the government refuses to pay the affected communities, Playa Larga 3, Loma Bonita, Cuauhtémoc, and Juan del Grijalva, where human lives were lost. These are the communities affected by Cota 100, and for this reason they have people prisoner at Cereso, the judicial police is persecuting them here in the rural city and anywhere they go. These are also the lands that will be affected by the rising water level, and these are the lands we demand they pay us for our work of 20 years, we demand that they pay for our work, we lost homes, goods other than the lands, so we want all of that to be paid, sir, if you are the chief of the Rural Cities, do things the right way.

We should mention that the company which supposedly sued has withdrawn the lawsuit, and therefore the prisoners should be released. This has not happened, and therefore government of Chiapas keeps them under arbitrary detention and violates their human rights.

The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center is preoccupied by the use of harassment, repression, deceit, fabrication of crimes, provisional confinement, and prison against men and women who exercise their human rights, especially when they demand that the authorities comply with their own commitments.