Por: Aníbal Feymen | Fuente: Notas sin Pauta

A principio de la década de los años sesenta del siglo XX, los movimientos revolucionarios y de liberación nacional en los llamados países del “Tercer Mundo” iba en ascenso gracias a la influencia que sobre éstos ejercía la recién triunfante Revolución Cubana–que, por cierto, hace una semana cumplió 60 años de resistencia y lucha antiimperialista– y al heroico combate que los milicianos del Partido Comunista de Indochinaofrecían al poderoso ejército imperialista norteamericano en Vietnam. Esta situación se convirtió en una realidad intolerable para la administración Kennedy que rápidamente se aprestó a crear y desarrollar un marco institucional adecuado para hacer frente a la revolución de los países subdesarrollados y dependientes.

Apenas recobrado del fracaso que le representó la frustrada invasión mercenaria a Cuba desde Bahía de Cochinos, el presidente estadounidense John F. Kennedy habló sobre la “guerra subliminal” y la imperiosa necesidad de tomar medidas contrainsurgentes,en su mensaje de mayo de 1961 dirigido al Congreso acerca de las “urgentes necesidades nacionales”. Éstas no eran otra cosa que el acuciante establecimiento de prácticas antiguerrilleras en el entrenamiento del ejército de Estados Unidos. El interés de Kennedy en la guerra de guerrillas y la contrainsurgencia –aspectos que se confundían en un tiempo en el que aún no se creaba la doctrina de Guerra de Baja Intensidad(GBI)– se centraba fundamentalmente en superar la rudimentaria doctrina antiguerrillera del Pentágono y sustituirla por una estrategia político militar capaz de sofocar una lucha revolucionaria en términos ideológicos.

Así, el 18 de enero de 1962, a través del memorándum 124 de Seguridad Nacional (NSAM-124[1]), daba inicio un amplio esfuerzo gubernamental contrainsurgente y se asignaba al recién creado Grupo Especial Contraisurgentela implementación de dicho esfuerzo. Al mando de este grupo se encontraba el general Maxwell D. Taylor, presidente de los jefes del Estado Mayor.

En el mes de agosto de ese mismo año el Grupo Especial emitió un documento llamado Política de Defensa Interna Transoceánica(U.S. Overseas Internal Defense Policy, OIDP), el cual se convirtió en la guía básica en materia de contrainsurgencia. En éste se encuentra contenida la estrategia de “defensa interna” contra movimientos revolucionarios. Dice el texto: “El éxito en la prevención o el combate a estos movimientos depende de la identificación y comprensión de la naturaleza de la amenaza y de la lucha basada en acciones equilibradas”. Entre estas acciones se incluyen las siguientes: el mejoramiento de las destrezas militares y policíacas mediante el entrenamiento y la asesoría; el fomento del desarrollo a través de la ayuda económica; la presión para la realización de reformas sociales y políticas, así como el reforzamiento de sindicatos, agrupaciones juvenilesy partidos políticosno comunistas. Todas estas actividades deben entretejerse para producir un “enfoque coordinado e integrado” que debilite el atractivo de los movimientos radicales[2]. Además, el OIDP establece la necesidad de ampliar las tareas de inteligenciay los programas económicos y militares en los países-objetivo.

El pentágono decidió dar un paso más en sus programas de contrainsurgencia al reorientar su programa de ayuda militar, y en este aspecto fueron notables los aportes del general Maxwell D. Taylor quien subrayaba la importancia estratégica de la acción cívico-militar: “el empleo de las fuerzas armadas locales en proyectos que les permitan acercarse a la población como labores de alfabetización, vacunación, construcción de caminos e instalaciones sanitarias, auxilio en caso de desastre, etc.”. Taylor era un especialista en contrainsurgencia muy avispado y estaba convencido en que los ejércitos “tercermundistas” debían desempeñar un papel “constructivo” a fin de crear una “imagen positiva” que les permitiera ganar el apoyo de la población civil. Así, su idea de sacar al ejército de los cuarteles para insertarlo en la vida del pueblo trastocó la división existente entre autoridad civil y autoridad militar. Y si a esto sumamos, de acuerdo con los postulados de Taylor, la idea de una transformación socialmediante programas sociales de carácter asistencialistapara la población más empobrecida y de ciertas concesiones económicasa las clases medias urbanas para mejorar su situación mediante reformas tributarias y de combate a la delincuencia, entonces el apoyo popular a las medidas contrainsurgentes será absoluto y muy poco esfuerzo invertirá el Estado para aislar de la población a los movimientos radicales y revolucionarios.

El general Taylor estableció sus ideas contrainsurgentes veinte años antes de que la política contrarrevolucionaria estadounidense se transformara en la actual Guerra de Baja Intensidad (GBI) –doctrina totalizadora de la contrainsurgencia, política militar para sofocar cualquier tipo de resistencia popular o lucha revolucionaria conducida en términos ideológicos– durante el gobierno de Ronald Reagan; sin embargo, sus contribuciones fueron determinantes para la consolidación de la nueva doctrina represiva; doctrina que hoy día sigue inspirando a los gobiernos de los países dependientes, como México, para el control de su población, para el establecimiento de proyectos que buscan la acumulación capitalista mediante la desposesión,para el enriquecimiento de la gran burguesía oligárquica y para eliminar a las resistencias radicales o revolucionarias.

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La política de GBI prácticamente se institucionalizó en México desde principios de la década de los noventa del siglo XX. No podía ser de otra forma: el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas al inicio de 1994 se mostró como un movimiento desafiante al modelo capitalista neoliberal que condenaba al aniquilamiento a las comunidades autóctonas del sureste mexicano. Producto de años de trabajo, el EZLN surgió como la expresión organizada de diversas comunidades mayenses y como síntesis de la lucha y la organización de movimientos indígenas independientes que históricamente han enfrentado la extrema pobreza y la marginación.

Desde su aparición, el EZLN ha enfrentado a la GBI y al Terrorismo de Estadode manera casi cotidiana. En los primeros meses de 1994 tuvo que hacer frente a los ataques frontales del Ejército Mexicano y a sus asesores estadounidenses quienes buscaban la destrucción total del grupo insurrecto. Gracias a su trabajo político, a su proyección mediática y a su táctica, el EZLN logró acogerse en la sociedad que logró detener la masacre que preparaba el gobierno criminal de Carlos Salinas de Gortari. Un año después, en febrero de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo lanzó un operativo con la finalidad de aprehender a la comandancia zapatista, iniciativa que nuevamente fracasó. Después vinieron las nefastas masacres a las bases zapatistas en Acteal y El Bosque.

Sin duda el EZLN ha padecido cotidianamente la GBI. La presencia militar en la selva chiapaneca ha aumentado sistemáticamente de manera cuantitativa y cualitativa desde la aparición pública del Ejército Zapatista. Cercos militares, acoso de grupos paramilitares, retenes, operaciones encubiertas y campañas de calumnias y linchamiento mediático han sido la constante en las zonas de asentamiento zapatista. Pero lo más grave de todo es que la presencia militar en la zona dirige su fuerza fundamentalmente contra la población civil que forman la base de apoyo del EZLN. La GBI busca destruir social y culturalmente a las comunidades indígenas mediante la introducción de la prostitución, el alcoholismo, la depauperación y el desplazamiento forzado. A todo esto ha hecho frente el movimiento mayense-zapatista logrando impedir su eliminación.

Podemos decir que el EZLN y sus bases han resistido los embates coercitivos que el Estado ha implementado contra ellos prácticamente desde hace 25 años. Empero hoy, bajo la rectoría estatal de un nuevo régimen de gobierno que se presume democrático, el EZLN enfrenta una nueva cara de la guerra contrainsurgente: la sombra de los postulados del general Maxwell D. Taylor.

Durante la conmemoración del 25 Aniversario del levantamiento armado zapatista en Chiapas, el EZLN se manifestó en contra de los megaproyectos anunciados por el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. En una dura alocución, los zapatistas mostraron discursivamente el carácter antipopular y demagógico de la denominada “Cuarta Transformación”. Denunciaron el carácter clasista de los proyectos de infraestructura del obradorismo, evidenciaron el nulo interés ecológico y cultural de los planes del nuevo gobierno e, igualmente, acusaron con justeza el carácter servil del gobierno federal hacia la gran burguesía oligárquica y sus proyectos explotación y despojo para el incremento de sus utilidades.

El EZLN ha evidenciado certeramente lo que debía denunciarse: que los proyectos impulsados por el nuevo gobierno no son otra cosa que las políticas contrainsurgentes de retirar a los soldados de sus cuarteles para insertarlos en el pueblo con la finalidad de ganar simpatía popular ante la militarización; de implementar programas sociales clientelares y de establecer los megaproyectos de opresión, despojo y muerte bajo la fachada de “progreso” y “modernidad” que en realidad buscan impulsar los planes geoestratégicos del imperialismo anglosajón; políticas obradoristasque desde los años sesenta fueran planteadas por el general Taylor.

Después de que los zapatistas cimbraron la política nacional con sus denuncias vino el linchamiento injurioso, racista y contrainsurgente. Un linchamiento atroz orquestado por el Estado (aunque jocosamente López Obrador se desmarque ofreciendo su respetoal EZLN) que siempre funcionará como antesala de la represión y del aniquilamiento político.

El movimiento mayense-zapatista es una fuerza viva con una presencia indiscutible en la vida política del país desde hace 25 años. Muchos profesionales de la contrainsurgenciaque desde el pasado han impulsado e implementado la política represiva en México, y en particular en Chiapas, hoy se encuentran aportando su “experiencia” en el nuevo gobierno. Hemos insistido en el carácter clasista del Estado y por ello sostenemos que éste es responsable de la campaña de linchamiento mediático contra el EZLN; no porque redacte los insolentes e injuriosos comentarios de los opinadores de ocasióndel Facebook o Twitter, sino por el impulso a proyectos de devastación y despojo que son de necesidad estratégica para la gran burguesía en detrimento de las comunidades allí asentadas.

Con sus actuales declaraciones los zapatistas han abierto –más allá de la procaz campaña de difamaciones y calumnias– una importante discusión sobre la significación de la autodenominada “Cuarta Transformación”, de sus medidas contrainsurgentes y su verdadero contenido de clase.

[1]      National Security Action Memoranda–124 (NSAM-124), firmado el 18 de enero de 1962. Se puede consultar en este enlace: https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKNSF/333/JFKNSF-333-016

[2]      Cfr. National Security Action Memoranda–182 (NSAM-182), firmado el 24 de agosto de 1962. pp. 2, 11. Se puede consultar el NSAM-182 completo en este enlace: https://www.jfklibrary.org/asset-viewer/archives/JFKNSF/338/JFKNSF-338-010