Por Marcela Libera
Fotos: SubVersiones/Avispa Midia

Independientemente de cómo y por qué haya sido organizada la salida de los migrantes el pasado 13 de octubre desde San Pedro Sula en Honduras, es cierto que el proceder de la caravana ha desbordado cualquier previsión y expectativa.

Miles de personas han ido sumándose a lo largo del camino, desde Honduras, Guatemala, El Salvador y México, conscientes de la especial protección que les proporciona caminar todos juntos en el intento de atravesar las fronteras que se interponen entre su lugar de residencia y Estados Unidos. De hecho, así es, ya que ni las autoridades guatemaltecas ni las mexicanas han logrado parar su rápido paso hasta ahora.

Desde la llegada a la orilla del rio Suchiate, que separa físicamente México y Guatemala, hasta la entrada en el estado de Oaxaca, las instituciones federales han adoptado diferentes estrategias de contención y represión, fundamentalmente con el fin de detener y debilitar la gran masa de personas decididas a llegar a la frontera norte de México.

El 27 de octubre, en el km 32 de la carretera federal 200, tramo Arriaga–Juchitán de Zaragoza, 200 efectivos antimotines de la Gendarmería de la Policía Federal bloquearon el paso a la caravana justo en la entrada del estado de Oaxaca. Este despliegue de fuerzas antimotines fue una réplica del realizado en la frontera entre Chiapas y Guatemala y durante el primer día de camino rumbo a Tapachula. En esos primeros momentos en Chiapas, las amenazas de represión física estaban vinculadas al caso de no aceptar las opciones de regularización migratoria ofrecidas por el gobierno mexicano; en Oaxaca, la presión estaba relacionada al plan “Estás en tu casa”, divulgado por el presidente saliente Enrique Peña Nieto el día anterior.

Como ya fue denunciado por organizaciones de derechos humanos, este programa es una farsa, ya que restringe a los estados de Chiapas y Oaxaca el derecho universal a solicitar refugio en cualquier lugar del país, además de condicionar la ayuda en materia de trabajo, educación y salud a la regularización. El resultado de esta farsa ha sido generar mayor tensión en la población migrante, ya muy cansada y desgastada, al tener que enfrentar nuevamente la hostilidad de los antimotines que bloqueaban su paso en la carretera.

También ha habido una gran circulación mediática de la propuesta unilateral hecha por parte del líder del Movimiento de Pueblos Sin Fronteras: llegar a negociar en la Ciudad de México con el nuevo presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Óptima ocasión política para el nuevo gobierno, en términos de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y de solución “democrática” frente a la nueva urgencia migratoria.  De hecho, la opción de quedarse en México contrasta con la intención de ingresar a los Estados Unidos, perseguida originaria y masivamente por las personas en marcha, lo cual podría generar una fragmentación de la población migrante y una mayor vulnerabilidad de los que quieran seguir su camino hacia la frontera norte.

El presidente estadounidense Trump está sacando notable provecho político de la marcha de los migrantes, ya que ésta constituye una excelente razón para fortalecer su propaganda de seguridad y política antimigratoria, en vista de las elecciones de medio período que tendrán lugar el próximo seis de noviembre. La aceleración del proceso de militarización de la frontera sur de México es un resultado seguramente conseguido hasta ahora, exactamente como lo ocurrido en la frontera sur del Mediterráneo, en Europa, con la externalización de los controles fronterizos a varios países africanos, entre ellos Libia y Níger (Proceso de Khartoum y Migration Compact).

El 26 de octubre, 450 personas fueron víctimas de una redada operada por parte de cuatro camionetas del Instituto Nacional de Migración (INM) y policía federal en el recorrido entre Ciudad Hidalgo y Tapachula; posteriormente, el domingo 28 un migrante hondureño falleció por una herida en la cabeza provocada por una bala de goma luego de disturbios entre policías guatemaltecos y mexicanos con migrantes en el puente sobre el río Suchiate. Las organizaciones de derechos humanos activas en la frontera sur de México reportan un incremento de la presencia de oficiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) en lanchas y de la Policía Federal, acompañados por agentes de migración en los puntos de cruce, donde la revisión de documentos migratorios a las personas que transitan se realiza sin observación de derechos y sin acceso a información sobre procedimientos de regularización o refugio.

De momento se anuncia la llegada de nuevas caravanas a la frontera sur de México, mientras los migrantes que ya están en el estado de Oaxaca siguen rumbo al norte, conscientes de que la verdadera fuerza del éxodo depende de ser miles y de proceder juntos.