En la Red de la Diversidad nos planteamos el debate del Vivir Bien, no solamente para reflexionar en él como un nuevo horizonte de sentido, o simplemente para comprender mejor sus implicaciones, sino también porque nos interesa intervenir desde ahí. Nos planteamos este debate desde el contexto urbano, porque ese es el contexto en el que estamos, desde donde miramos el tema y desde donde vamos a intervenir, y cuando hablamos de lo urbano nos referimos a él en su estrecha relación con lo rural, porque la ciudad no puede ser concebida sino en sus vínculos y continuidades con el campo.
Crisis civilizatoria y el Vivir Bien como horizonte civilizatorio alternativo
El vivir bien nos coloca en un horizonte de sentido civilizatorio diferente, no se trata de un modelo societal acabado, un modelo ideal al que seguir, sino un horizonte que aporta sentidos de orientación diferentes que afectan todas las esferas de la vida, que atraviesan el todo de nuestras vidas, de nuestras cotidianidades, las formas de organizar el Estado, la política, la economía, la institucionalidad, el arte, la cultura, en fin, afecta las maneras de relacionarnos con el mundo, con la vida en su conjunto, es por eso que se plantea el vivir bien en términos civilizatorios, porque modifica las maneras de organizar la sociedad de reconstruir nuevos modos de vida, nos plantea una otra manera de organizar la civilización. No nos coloca un proyecto acabado, no nos plantea «esta es la sociedad del vivir bien», sino que plantea un horizonte de sentido en términos que nos da sentidos de orientación, posibles caminos, tendencias a construir y criar, es una noción en construcción, que toca construir y criar, y que la única posibilidad de construcción es a través de un proceso colectivo de diversos sujetos sociales y comunitarios. Es decir, no es un proyecto acabado, no partimos de un criterio en el cual el vivir bien está planteando un modelo societal final a ser conquistado.
El 24 de mayo de 2018 fue asesinado por la policía boliviana el estudiante Jhonatan Quispe Vila, de la Universidad Pública de El Alto UPEA, ubicada en la ciudad de El Alto en el Departamento de La Paz, en una movilización docente-estudiantil que exigía una modificación de la Ley 195 que otorgue una mayor asignación presupuestaria con la cual resolver verdadera y definitivamente la crisis financiera por la cual atraviesa la universidad. Este episodio nos acerca a la comprensión de las maneras en que el gobierno boliviano, en un contexto de grave declinación de legitimidad y de oposición cada vez más generalizada, viene confrontando las movilizaciones populares, pues no fueron solamente los estudiantes de esta universidad los que experimentaron las formas represivas del poder de un gobierno que, para la más cruel de la ironías, se autodenomina del pueblo, “de los movimientos sociales”.
Los estudiantes se miraban entre ellos y decían “nunca nos había pasado esto, ni con Goni”[1]. El velatorio del compañero muerto se realizó entre discursos adoloridos y cánticos guerreros –“a él le gustaba cantar el Achuhuete[2]” dice una de las estudiantes que lo vio morir-, y el llanto quiebra la voz de centenares de personas que acompañan las sencillas estrofas. Desde donde me encontraba no podía ver a la madre ni a los parientes, solo rostros cansados, ojos enrojecidos de llanto y voces que decían “está cansada”, “están furiosos, contra nosotros también por la declaración del ministro”, “claro, quién está preparado para que le digan que su hijo ha muerto”, “pero es una lucha justa y nosotros no hemos sido los que hemos disparado”, “murió como valiente”, “gobierno asesino” dice la gente en susurros. Para la Universidad Pública de El Alto (UPEA) este es el Mayo de Jhonatan Quispe Vila, estudiante de la Carrera de Comunicación Social, muerto por una acción de represión del gobierno boliviano que aún no está aclarada y cuyo arbitrario tratamiento ha generado indignación en la población boliviana.
Ubicada en Villa Esperanza de la ciudad de El Alto, la UPEA fue creada el año 2000 y el año 2003 consiguió su autonomía, todo ello tras largas jornadas de lucha de la población alteña, sobre todo de sus jóvenes habitantes. Esta universidad, a diferencia de otras, nace al empuje de la insurrección y movilización de una ciudad y no como una rancia escuela de elite. En 2015 ya se había establecido que la población estudiantil era mayoritariamente femenina[3], tendencia que hoy se mantiene. Las trayectorias de vida de sus estudiantes son predominantemente de migrantes, y aunque un gran porcentaje reside en El Alto, muchos mantienen contacto con sus comunidades de origen.
Modus operandi del “gobierno de los movimientos sociales”
En 12 años consecutivos de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ha quedado en evidencia algo del complejo modus operandi de la red de aparatos de inteligencia y represión del estado frente a las movilizaciones de los sectores que no son afines al partido de gobierno, que se ven forzados a plantear sus demandas en las calles por haber sido previamente ignorados, indignamente tratados e indebidamente atendidos por los “servidores” públicos. El estado boliviano emplea una lógica de guerra frente a las movilizaciones populares consistente en agotarlas, dividirlas, descalificarlas, amedrentarlas y reprimirlas. Utiliza varios tipos de estrategias y garrotes: laxas tratativas burocráticas con el sector demandante con planteamientos inamovibles y sin condiciones, llevando al sector a declararse en conflicto y a movilizarse en las calles; luego, una inflexible represión policial por un lado y, por el otro, una sistemática emisión de spots mediáticos destinados a desalentar el apoyo de otros sectores y del público en general y aislar al sector movilizado para que pierda fuerza y termine aceptando las migajas ofrecidas. Cuando hay un muerto de por medio la inteligencia gubernamental extrema sus recursos para eludir cualquier responsabilidad, poniéndolos en juego para urdir rápida y laboriosamente una estrategia de “esclarecimiento” que inculpe a los mismos movilizados, o que termine sin esclarecer nada.
Desde el año 2014 la UPEA protagonizó manifestaciones para exigir más presupuesto al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Cada año ocurría casi lo mismo, después de semanas de movilización y de producir un escenario de fuerzas que le fuera favorable, el gobierno cedía un apoyo económico que paliaba temporalmente el problema y luego el próximo año volvían las marchas –por eso la comunidad upeista siente que la tratan como a “un limosnero”-. Este 2018 es diferente, se quiere una solución definitiva y se retoma la bandera de la modificación de una ley –la 195-, para subsanar el problema de manera permanente. La muerte de Jhonatan Quispe hace que los universitarios abran los ojos y adquieran una convicción: “si con un muerto no nos hacen caso ¿qué pasará luego?, no queremos más muertos. Es ahora o nunca”.
La convocatoria a mesas de negociación con el gobierno ha servido como otra maniobra de desgaste, que dilata tiempos y se enreda en tecnicismos pretendiendo agotar a los movilizados. Si alguien quiere saber qué tanto se ha descolonizado el estado boliviano con un indígena al mando, puede hacer el seguimiento del desarrollo de las mesas de negociación de la UPEA y saldrá impresionado por la mezcla de autoritarismo, paternalismo y desprecio con que los operadores del gobierno tratan a su contraparte –basta con ver cómo fue expulsado el comité de negociaciones de la UPEA que se declaró en huelga de hambre en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, habiendo sufrido el corte de electricidad y la prohibición de que reciban asistencia médica o vituallas-[4]. Simultáneamente el gobierno recurre a un ataque mediático dirigido a desacreditar a los sectores no oficialistas que lo interpelan con sus demandas: andanada de spots difamatorios, esbirros informáticos contratados para sembrar confusión en los movilizados[5] y programas de “opinión” en los medios de comunicación que oficial o solapadamente le son funcionales y muestran para lo que han sido hechos. También están los oscuros personajes de contrainteligencia que se dedican al matonaje y el amedrentamiento –amenazas telefónicas, acoso y golpizas- de quienes se destacan en las movilizaciones, así como dirigencias mercenarias que se declaran en estado de apronte y amenazan con enfrentar físicamente a los estudiantes rebeldes. El chantaje de inducir a guardar silencio para no ser afrentados por el soso maniqueísmo de ser incluidos en el eje del mal, llamado “la derecha”, “la oposición”, “el imperialismo”, ha pretendido inútilmente callar a la UPEA pues ya se ha hecho de sentido común no creerle a un gobierno cuyas acciones represivas desmienten lo que demagógicamente declara.
La UPEA también se ha visto en sus movilizaciones bajo el embate de consignas estigmatizadoras –“flojos”, “borrachos”, “chupeas”, “violentos”, “aprendan a vestirse”, “mediocres”, “los de la UPEA abstenerse”, “la peor universidad”, “indios”, “váyanse a El Alto”- porque disputa un campo en el que los indígenas y las mujeres son vistos como arribistas y advenedizos, usurpadores de espacios de estudio universitario y competidores ilegítimos. La llamada educación superior fue pensada y bautizada con ese nombre para guardiar los privilegios de casta, clase y género de las élites económicas y políticas –desde sus puestos de poder hasta la irradiación de sus imaginarios- papel que sigue cumpliendo actualmente, por eso las dudas que el gobierno pretende sembrar en la población no tienen que ver con un debate serio sobre los fundamentos, medios y fines de la educación, sino con los supuestos selectivos que la rodean, a ver si los upeístas damos la talla para osar pedir más recursos y para considerarnos dignos de pertenecer a ese mundo donde cultura es sinónimo de superioridad racial.
La ampliación de la frontera extractivista en Bolivia empuja al despojo de territorios y formas de vida indígena campesinas. La lucha de las mujeres es la base de las resistencias que se despliegan.
El marco general de la lucha campesina en Tariquía es un escenario de profundización y expansión de la frontera extractivista en Bolivia, la cual avanza inexorablemente hacia zonas sobre todo de la Amazonía o tierras bajas. Los proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, de explotación minera y las políticas favorables al agronegocio, son acompañados por mega proyectos de infraestructura, como carreteras, hidroeléctricas además de un proyecto de tecnología nuclear ejecutado por la empresa rusa ROSATOM.
Los acuerdos para impulsar la producción de biocombustibles así como los anuncios sobre las “astronómicas” reservas de gas shale en Bolivia, representan una expansión de lo que podríamos llamar el régimen de acumulación extractivista, que recurre a técnicas intensivas, como el fracking, de arrasamiento y transformación de territorios a zonas “de sacrificio”, para capitales millonarios de empresas transnacionales que pueden pagar los costos de estas formas de extracción extremas.
La apuesta del gobierno boliviano y su régimen político y económico, por la maximización de la obtención del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías por explotación de recursos no renovables, implicó la expansión exponencial de la frontera petrolera en estos últimos doce años. Datos del Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, muestran que de 2.1 millones de hectáreas destinadas a actividades petroleras e hidrocarburíferas el año 2006, se pasa 29 millones de hectáreas el 2017.(1)
Continua vulneración de derechos indígenas en Bolivia: balance de años
El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera, elaboró una sistematización sobre vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia del 2006 al 2017, titulada “Mapa de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en Bolivia”, cuyo resultado final fue presentado el segundo semestre del año 2017.
A 12 años del gobierno del Movimiento Al Socialismo y 8 de la creación del Estado Plurinacional, resulta fundamental para todxs saber datos sustentados, y debatir sobre esa base, respecto la situación de pueblos indígenas, territorios indígenas y áreas protegidas que están superpuestas a éstos. En este marco, difundimos, con previa coordinación con el autor, la investigación completa en formato PDF de descarga libre, con el ánimo de impulsar el debate sobre cuestiones de fondo que están señaladas en todo el documento.
Foto de parte de la sistematización presentada en la investigación
Sobre la base de una amplia revisión de datos, testimonios y hemerografía, Ribera identifica que durante 11 años de gobierno del MAS, existieron 65 violaciones de derechos indígenas, varias de ellas revisten mucha gravedad. Así como señala nueve situaciones estructurales relacionadas a la aprobación de normas legales que afectan seriamente a los pueblos indígenas. Aunque la lista está abierta a ampliarse, como señala el autor, la cronología, formas y detalles de las sucesivas normativas y acciones impulsadas desde el estado que se muestran en la investigación, nos permiten establecer por lo menos tres puntos centrales que proponemos:
Los derechos de pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente en el país así como las normas internacionales, han sido desconocidos y vulnerados de manera continua desde los primeros años de gobierno. A pesar de la retórica estatal sobre la Asamblea Constituyente y la plurinacionalidad, fue la época en que el gobierno realizó las primeras concesiones petroleras inconsultas en territorios indígenas, a empresas transnacionales asociadas con YPFB. Situación que no ha hecho más que agravarse. También es importante incluir los casos de comunidades campesinas como es el caso de Tariquía, (Tarija), donde existen proyectos de exploración hidrocarburífera que se están concretando ahora.
Esta ola de vulneraciones están profundamente relacionadas con la destrucción de organizaciones indígenas, en las cuales empresas mineras o petroleras y el estado han impulsado el divisionismo, la creación de organizaciones paralelas afines al gobierno, situaciones de violencia entre comunidades y por correlato la desintegración comunitaria. Lo cual es una agudización y continuación del proceso colonialista de desestructuración de matrices comunitarias.
La sistemática agresión contra territorios indígenas, derechos y desconocimiento de las propias formas de producción y vida de las comunidades, ha significado una nueva fase de transformación de territorios como la amazonía, el Chaco y áreas protegidas, en zonas para la explotación del capitalismo extractivista, donde el empresariado nacional, agrupado en entes como CAINCO, y transnacional, se han visto ampliamente beneficiados.
Sin embargo, frente a un panorama desolador también se evidencia que existen núcleos de resistencia que están cuestionando las formas de imponer los proyectos extractivos y de mega infraestructura en los territorios, así como a las ideas de “desarrollo” y “progreso” a nombre de las cuales se pretende arrasar a comunidades y regiones biodiversas enteras.
Invitamos a su revisión, lectura, debate y acciones.
El pasado 18 de julio cinco pueblos indígenas concluyeron la “Caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área de bosque de Tsimanes”, tras 13 días de recorrido y reconocimiento del Bosque, su territorio, que ahora ha sido declarado área fiscal por el Instituto de Reforma Agraria (INRA).
La Caminata devela lo que, en perspectiva nacional, enfrentan varios pueblos indígenas afectados por proyectos extractivos, o por otras acciones del estado y sus instituciones. Pero también señala la respuesta desde las comunidades indígenas, las cuales alarmadas por las continuas agresiones a sus territorios, se movilizan desde sus propios espacios para proteger sus lugares de vida, que por centenares de años han ocupado.
Testimonio de Paulina Nosa, Presidenta de la Organización de Mujeres del TIM:
Tariquía: reserva natural frente a la ofensiva petrolera
El despojo a comunidades indígenas y campesinas que viven en medio o cerca de actividades petroleras, es un proceso que se ha expandido y profundizado en el país los últimos años. La agudización del modelo extractivista y un modelo energético basado en la explotacion de combustibles fosiles, implica para poblaciones enteras, invasión neocolonial que devasta territorios y los transforma en espacios para el negocio petrolero.
Tariquía, es una reserva natural que está atravesada por cuatro bloques concesionados a empresas como PETROBRAS y BG. Muchos de sus pobladores enfrentan y resisten ahora a una maquinaria estatal, la cual ha permitido no solo abrir legalmente áreas protegidas a actividades hidrocarburíferas, sino que actualmente está tratando de convencer a las comunidades sobre los beneficios que hipotéticamente llegarían con dichas actividades: dinero = progreso = desarrollo.
Este supuesto desarrollo que traen las regalías petroleras a las ciudades y otros lugares, por lo general en forma de cemento o canchas de fútbol con césped sintético, tiene su origen en la sed de otras comunidades, la sequía, la muerte trágica y dolorosa de bosques y especies enteras en otros territorios.
Tariquía: reserva estratégica y protectora de las fuentes de agua
En declaraciones a la prensa, el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, afirmó que los ambientalistas que se movilizan contra las exploraciones petroleras en Tariquía lo harían por “intereses políticos” y, más allá, sin un “mínimo de conocimiento técnico”. Aseguró que dicho lugar no era una zona de evaporación, uno de los argumentos de las/os defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT). Estas declaraciones desconocen en todo caso hechos fundamentales señalados desde fines de los 80, por instituciones de investigación: que la Reserva fue creada como tal por su importancia hídricay su ecosistema único existente en el país.
DATOS. La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el extremo sur del departamento de Tarija, fue creada por Decreto Supremo 22277, el 1º de agosto de 1989. Decreto elevado a rango de Ley, No 1328, en abril de 1992.
Cuenta con una superficie de 246.870 ha, entre las provincias Arce, Gran Chaco, O´Connor y Avilez.
Impulsada por grupos ecologistas y campesinos que viven en lugar, preocupados todos por la tala indiscriminada en la zona realizada por ajenos a las comunidades, la RNFFT se encuentra entre Bolivia y Argentina, abarcando dos ecoregiones: el Bosque Tucumano Boliviano y el Chaco serrano, ecosistema de Yungas Andina, que se extiende hasta Argentina. “Es la única reserva de Bolivia dentro de este ecosistema”, señalaba en 1998, la investigación impulsada por Protección del Medioambiente Tarija (PROMETA), institución que co-administró la reserva hasta 2002. Si bien hay otras formaciones en la Reserva, la selva montana, que cubre casi el 90% de ésta, es húmeda y con la mayor diversidad (Ayala Bluske, Ibíd.: 55-56).
Como parte del gran sistema hidrográfico de La Plata, la Reserva, según los estudios de PROMETA y del Plan de Manejo del 2000- 2004[1], es catalogada como zona estratégica:
Se instalan vigilias de resistencia: ¡no a las hidroeléctricas en El Bala y Chepete!
Por Pukarara, desde la Vigilia
Hoy donde miles de antenas ya están desplegadas y en alerta se respiró distinto…todo esto de lo que tanto se viene hablando por estos lados los últimos días. Que maquinaria, que GEODATA, que siguen, que están subiendo, que bajaron en pontón, Chepete, Bala, GEODATA de vuelta, y de vuelta también están subiendo o están bajando.
Hoy una victoria de los indígenas de esta selva se ha escrito.
Flechas y dignidad para defender el territorio. ¡Mujeres en lucha! (Foto: Ruth Alípaz)
Defensoras y defensores (de todas las edades) de las comunidades de Asunción y San Miguel del Bala, reunidxs hoy viernes 11 de noviembre, tercer día de la vigilia permanente instalada en el estrecho de El Bala alrededor de las 10.30 am, han evitado de manera pacífica el paso de dos embarcaciones que se dirigían al Chepete con trípodes de topografía y alrededor de un equipo de 12 personas, cuatro de los cuales se estima, eran ingenieros.
No fue fácil, el personal de SERVICONS (servicios de construcción) empresa subcontratada por GEODATA[1], puso más de una excusa, por ejemplo no haber estado informados acerca de la vigilia.
Ya no es tiempo de informarse y ¡más claro, agua!. Se están violando abierta y cínicamente los derechos de los pueblos, el gobierno esta pisoteando luchas y generaciones de enseñanzas, al no haber preguntado a las y los hijos del río Beni qué piensan respecto a la construcción de las mega represas Chepete – Bala.
Qué nefasto error no preguntar, no escuchar a las y los maestros de estos senderos y sonidos, qué maravillas pueden hacerse con semejante dineral, más aún cuando hay un presente real de alternativas menos nocivas de generar recursos y grandes recursos, sin destruir este verdor.
Queremos inversión que construya y no destruya, y en ese contexto no está demás mencionar que es una enorme falta de respeto que, los que dicen gobernar por y para nosotrxs, se llenen la boca anunciando proyectos así de millonarios cuando por el tema de servicios básicos y salud en estas tierras da ganas de llorar. Cuando hay que ser rico para enfermarse porque si no, grave la cosa, imposible que le hagas caso al médico de turno que te dice “va a tener que salir a La Paz señora, o a Trinidad”.
¿Por qué tenemos que salir de los pueblos que habitamos para ser atendidos ? ¿Por qué no contamos con médicos especializados en enfermedades tropicales que tanto nos afligen? ¿Por qué tenemos que acarrear agua? ¿por qué el servicio de tuberías de hace 20 años no abastece a todo el pueblo? Y ¿por qué los señores gobernantes pueden hablar de 7 mil millones de dólares sin antes pensar en cubrir nuestro derecho a los servicios básicos?.
Los Pueblos que habitan toda la cuenca del río Beni, los pueblos Tacanas y Mosetenes NO QUIEREN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEGAREPRESA CHEPETE – BALA. Y no por el desgastado discurso del gobierno: “que se oponen al desarrollo”, “que están financiados por el imperialismo y la derecha…”. NO señoras y señores, se oponen porque sus comunidades, sus tierras habitadas ancestralmente, serán inundadas, serán desplazados, los peces desaparecerán, los frutales se pudrirán metros bajo agua y muy probablemente los mosquitos reinarán.
Y ¿dónde serán desplazados?, ¡¿POR QUÉ?!
Poco o nada se han escuchado sus demandas, hablan de hacer una consulta previa posterior al estudio previo a diseño final, para el cual la empresa GEODATA fue contratada. Estudio del cual no se socializa en absoluto con los pueblos, y si se lo hace es para desinformar.
Enorme sinsentido, el gobierno debió haber hecho la consulta previa antes de pagar millones de dólares para un estudio cuyo consentimiento ¡¡NO EXISTE!!
La consulta previa no se realizó, ya se violó ese derecho de los pueblos indígenas establecido en la Constitución Política del Estado. No se procedió de la manera adecuada y sin embargo máquinas y campamentos de ingenieros están entrando como a su casa, cuando lxs dueños de casa no les han dado permiso de entrar. ¡NO LES HAN DADO PERMISO DE ENTRAR!!
Por lo mismo el 17 de octubre se convocó a asamblea en el Estrecho de El Bala, donde las voces se unieron al solo de NO A LAS MEGAREPRESAS CHEPETE – BALA, dándole al gobierno un plazo de 72 horas para retirar absolutamente toda la maquinaria que ya venía trabajando en el Chepete…
Ninguna máquina fue retirada.
El lunes 24 una comisión de la mancomunidad del río Beni se dirigió al Chepete corroborando que el campamento de la sub contratada SERVICONS está aún instalado, además de las perforaciones a diamantina, según uno de los trabajadores, perforaciones realizadas para determinar el tipo y resistencia del suelo.
Aún con lluvia, la Vigilia está firme! (Foto: Ruth Alípaz)
El día 6 de noviembre en una Asamblea realizada en Rurrenabaque, -con la presencia del CIPTA Central Indígena de Pueblos Tacana, la Mancomunidad del río Beni, la OPIM Organización del Pueblo Indígena Mosetén, y la Coordinadora por la Defensa de la Amazonía (CODA, movimiento cívico social conformado por habitantes de Rurrenabaque y San Buenaventura)-, los pueblos de la amazonia vulnerados con este monstruo-proyecto determinan hacerse respetar y se resuelve la instalación de una VIGILIA PERMANENTE en el Estrecho de El Bala, que comenzó el miércoles 9 a las 0 hrs.
Serán los mismos pueblos, AUTOGESTIONADXS, las y los guardianes de la cuenca del río Beni, niños, niñas mujeres y hombres quienes vigilarán junto a sus botes, que ninguna embarcación con maquinaria y personal suba al Chepete.
¡¡NI UNA máquina más al Chepete y al Bala!!
Las y los indígenas, dueñas y dueños de este territorio están vigilando, que los jefes sean informados al respecto y retiren lo antes posible campamentos y maquinaria…y que se eviten la fatiga, porque la vigilia está más firme que nunca.
[1] Empresa encargada de realizar estudio a diseño final de la Represa.
Las mujeres paramos y nos organizamos frente a la violencia patriarcal
Nota COLECTIVA: AquelarreSubversivA
Miércoles negro. Octubre negro. Todas de negro…. una vez más… enojadas, furiosas, indignadas…Todas….la tierra tiembla, el empute es mundial!!![1] ¡¡¡PARAMOS!!! Del trabajo, de la universidad, de la escuela, del internet, del ocio, PARAMOS!!! lo paramos todo y PARAMOS TODAS. Todas porque la violencia es estructural (desde el estado hasta la cama). Todas en paro a la Marcha, aquí, allá y más allá. Estamos cuantiosamente acompañadas. Tu dolor, hermana, es el mío, nuestro dolor es bronca y nuestra bronca ahora es calle, ahora es organización, ahora es negro, ahora es paro amplificado contra el feminicidio… Ahora es Marcha, otra vez, por la vida y la dignidad.
En Bolivia nos sumamos al Paro Internacional de Mujeres convocado en Argentina, después del brutal feminicidio de Lucía Pérez.
Aquelarre Subversivo , convoca
Indignadas por los crímenes de violencia machista ocurridos en América Latina y el mundo, por los más de 50 feminicidios ocurridos en nuestro país en lo que va de año, por las nulas respuestas por parte del gobierno y la complicidad de la (in)justicia boliviana, el Aquelarre Subversivo[2] lanzó una autoconvocatoria para el 19 de octubre haciendo énfasis en la necesidad de que sea una movilización desde las bases y que no tenga relación con partidos políticos, ONGs o instituciones que lucran con la temática de “género”. En la misma participaron muchas mujeres y hombres movidos por las ganas de manifestarse contra la violencia machista y la impunidad, pero también, una vez más, una acción independiente y autónoma fue aprovechada por “autoridades” que asistieron para la foto y las entrevistas que, lamentablemente, los medios de comunicación realizan, invisibilizando la lucha de las mujeres de a pie, de las estudiantes, trabajadoras y activistas.
Cochabamba: Rabiar y organizar
Sólo en Cochabamba, Aidé Salazar, Albertina Alanoca, América Quina, Ana María Quispe, Ana Nava, Basilia Soto, Bertha Saenz, Esther Candelaria Arce, Ligia Torrez, Lilian Dayana Galindo, María Cristina Salazar, María del Carmen Carvallo, Marina Marzana, Marlene Guarayo, Máxima Rodríguez, NN (mujer no identificada), Nemesia Yapura, Nilvia Rodríguez, Roxana Salvatierra, Tania Mamani, Viviana Reque y Roxana Salvatierra han sido asesinadas brutalmente por machos violentos. Las nombramos, las recordamos, nos acompañan.
Municipio de Salto del Agua, Valle de Tulijá, Chiapas, México, Territorio Chol
DECLARACIÓN DE TULIJÁ
A los medios de comunicación libres, comunitarios y autónomos
A las autoridades del gobierno
A las ciudadanas y los ciudadanos del mundo
Hoy, 2 de octubre, comenzamos por recordar la represión que sufrieron las y los estudiantes en la ciudad de México en 1968 por decir su palabra y oponerse al autoritarismo. Desafortunadamente, estos crímenes de estado no dejan de repetirse como es el caso de los compañeros normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años. Nuestra memoria está viva.
Del 30 de septiembre al 2 de octubre, convocados a participar en el Encuentro Previo a la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena, celebrado en el Ejido Francisco I. Madero, Municipio Salto de Agua, Chiapas, México, nos hemos reunido 147 personas de Guatemala, Chile, Argentina, Polonia, Alemania y México, con la participación de mujeres, hombres, niñas y niños de los pueblos Maya Chol, Tseltal, Tzotzil, Zapoteco, Mixteco, Ikoot, Maya Yucateco, Nahuatl, Purhépecha, Mankeme, Maya Kich’e, representantes de comunidades, comunicadoras, comunicadores e integrantes organizaciones, redes y colectivos, para encontrarnos, reconocernos, expresar nuestra palabra y escuchar las de otras y otros. Dialogamos en torno a las fortalezas, retos y luchas que tienen nuestros pueblos en torno a la comunicación comunitaria e indígena en estos tiempos de defensa del territorio y la vida.
Nuestros intercambios, experiencias, discusiones y análisis nos llevaron a reconocer lo que nos une y nos llama a caminar juntas y juntos, buscando hacer fuerte un movimiento local, regional, nacional y continental.
A los diversos niveles de gobierno municipales, estatales y federales, tanto en México como en el resto del continente, demandamos y exigimos lo siguiente:
Denunciamos enérgicamente a los proyectos extractivistas, gubernamentales y megaproyectos que se imponen en nuestros territorios, sin consultarnos, llevándonos solamente mentiras, engaños y buscando acallar.
Demandamos un alto a la ampliación de la carretera San Cristobal – Palenque que afecta negativamente a nuestras comunidades del Valle de Tulijá y otras regiones de Chiapas.
Exigimos se detenga la siembra de los monocultivos de la palma africana que envenena a nuestras tierras con agroquímicos y destruyen nuestra selva.
A pesar de que el Gobierno y las empresas nos lo quiere ocultar, sabemos de los proyectos para construir 13 presas hidroeléctricas en el Estado, dos de las cuales están planeadas para nuestro territorio del Valle del Tulijá. Exigimos un alto a estos y todos los megaproyectos que se nos imponen sin consultarnos previamente y contar con nuestra autorización colectiva.
Con la vergonzosa reputación de vivir en el país con más asesinatos a comunicadoras, comunicadores y periodistas, demandamos un alto a la criminalización de luchadoras y luchadores sociales. Ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión no debe ser motivo de persecución ni castigado con persecución y con la muerte.
Denunciamos que los programas de gobierno usan a las mujeres para meterse a las comunidades, para manipular y para que no se organicen desde su propia fuerza.
Reconocemos y defendemos nuestro territorio, sabiendo que éste va más allá de la tierra en su superficie, sino que también se extiende al subsuelo y al espacio aéreo, cultural y espiritual.
Declaramos que el espacio radioeléctrico forma parte de nuestro territorio, por ende, las señales de radio, la televisión y demás transmisiones también deben cumplir con lo que determinemos desde adentro de nuestras comunidades.
En el Valle de Tulijá, como en muchas otras regiones indígenas, carecemos de medios de comunicación propios, que responden a nuestras necesidades de expresarnos y de estar informadas e informados. El gobierno debe garantizar la aplicación de los mandatos constitucionales y convenios internacionales para la instalación de más radios comunitarias en esta región, sin violentar en nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos y como pueblos indígenas.
Exigimos la ampliación de la cobertura de Radio Lak Lumal, la cual nos representa dignamente y responde a lo que queremos saber y comunicar.
Cuando nuestras comunidades asumen decisiones y tomamos acuerdos internos, éstos deben ser reconocidos y respetados por los tres niveles de gobierno.
También sabemos que las y los ciudadanos del estado de Chiapas no conocemos la forma en que el Gobierno utiliza nuestros impuestos para promover sus programas y sus campañas con los medios de comunicación. Demandamos que el Gobierno del Estado transparente el manejo de estos recursos ante toda la ciudadanía.
Además de estas demandas hacia los gobiernos, hacemos del conocimiento público los acuerdos que hemos asumido:
Declaramos una cercana colaboración entre nuestros medios de comunicación y las autoridades comunitarias, comenzando por fortalecer los mecanismos para que las mujeres, jóvenes, niños y niñas, participen expresando su sentir y en conjunto seamos capaces de construir propuestas más sólidas, incluyentes y respetuosas de la diversidad.
Cultivemos el amor a nuestros territorios por medio del fortalecimiento cultural. Nuestro problema no sólo se vive en México sino en el mundo entero.
Nos corresponde crear nuestras propias instituciones y leyes. La verdadera ley es la que construimos nosotras y nosotros. Viene y se hace desde abajo, desde la organización, el diálogo y el trabajo colectivo. Es nuestra tradición la que se hace ley, la ley natural, la ley del bien.
Por eso, debemos estar organizados. Es la única manera para poder enfrentar la situación futura.
Tejeremos redes de articulación y vincularnos con otras organizaciones y comunidades para nunca más estar aislados.
Instalaremos y activaremos un Observatorio para la defensa de los medios indígenas, comunitarios y ciudadanos, vinculado a nuestras autoridades, medios de comunicación, en alianza con organismos internacionales. El observatorio actuará en defensa ante los abusos, agresiones, decomisos de nuestros medios y los atentados contra nuestra libre expresión.
Reafirmamos nuestro compromiso, como medios comunitarios para continuar y fortalecer nuestro trabajo para la defensa y el respeto a nuestra Madre Tierra, y reconocer la tradición, la lengua materna y la espiritualidad de nuestros pueblos originarios, haciendo tejidos adentro y entre nuestras comunidades.
Para que podamos sobrevivir como comunidades es importante que lo hagamos tanto mujeres como hombres en unidad y colaboración. Necesitamos organizarnos las mujeres mejor porque la organización es la fuerza del pueblo.
Integraremos en las Asambleas a las mujeres y jóvenes.
Identificar lo que tenemos todos en común y desde ahí construir siendo respetuosos de nuestras diferencias de religiones o posiciones políticas. Trabajemos por la unidad.
Reafirmamos nuestro ejercicio de la libre expresión y celebramos el carácter comunitario de nuestros pueblos y de la comunicación indígena que nos permite sembrar semillas de esperanza y rebeldía.
Dado en el Ejido Francisco I. Madero, Municipio Salto del Agua, Chiapas, México, Territorio Chol, 2 de octubre 2016.
COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES FIRMANTES:
TRAPICHE
POTIOJA 2a. SECCIÓN.
ARROYO ENCANTO
TEANIJA
SAN JUAN BARTOLOME
CHIVALTIC CHICO
CHUNAL
FLOR DE RÍO
CONFORMIDAD
MADERO
SANTA MARÍA PALENQUE
SUELUMPA
ARROYO PALENQUE
SANTA MARÍA SALTO DE AGUA
CENOBIO AGUILAR
JUQUILA
SAN MANUEL
CHIVALTIC NUEVO
LA UNIÓN
TORO
BABILONIA 1a. SECCIÓN
SAN JUAN CHIVALITO
EL NARANJO
LA PRECIOSA
TIO’QUIPA
PANHUITZ TIÁNIJA TILA
NUEVA ESPERANZA SALTO
RANCHERÍA PALMAR
NAZARET
ADOLFO RUIZ CORTINES
JERUSALEM
TORTUGUERO 2a. SECCIÓN
SAN MIGUEL
ARROYO SHANABIL
AMPLIACIÓN PUNTA BRAVA
BUENAVISTA
BABILONIA 2a. SECCIÓN.
PREPARATORIA AUTOGESTIVA JOSÉ MARTÍ, OAXACA
COLECTIVO IK’TA KOP, ABASOLO, CHIAPAS
RED DE COMUNICADORES BOCA DE POLEN, CHIAPAS
NUEVA CONSTITUYENTE,
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES D ELA EDUCACIÓN
SERAPAZ
OLCA
REGENERACIÓN RADIO
LAK LUMAL RADIO 91.9
CLACPI MEXICO
REDES POR LA DIVERSIDAD, EQUIDAD Y SUSTENTABILIDAD A.C.
CIEDERAD
OJO DE AGUA COMUNICACIÓN, OAXACA
OJO DE TIGRE COMUNICACIÓN COMUNITARIA, GUERRERO
RED DE RADIOS INDÍGENAS DE MICHOACAN
COMITE REGIONAL DE CULTURA MAYA CHOOL
PROMEDIOS COMUNICACIÓN COMUNITARIA
HUIZTZILOPOCHTLI
RADIO REPTIL
RADIO YU’UYUM
TRAGAME LUZ
TINTA VERDE
LA CARACOLA
NSSR
RADIO COMUNITARIA ÑUU KAAN
COMITE PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LA VIDA “SAMUEL RUIZ”
MOVIMIENTO RADIO
FRENTE DE PUEBLOS MORELOS – PUEBLA – TLAXCALA
LIBERALIA COLECTIVO ITINERANTE
ARTICULO 19
PROYECTO VIDEOASTAS INDÍGENAS DE LA FRONTERA SUR (PVIFS)
UNITIERRA OAXACA
RADIO “JUCHARI UINAPEKUA” 98.5 FM, SANTA FE DE LA LAGUNA, MICHOACÁN
