AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A QUIENES INTEGRAN LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

A LA EUROPA INSUMISA

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

A LAS REDES Y RESISTENCIAS QUE VEMOS AL EJEMPLO ZAPATISTA COMO UN CAMINO POR DONDE CAMINAR JUNTOS

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, quienes sostenemos la vida frente al despojo, denunciamos la grave escalada de violencia armada contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán la cual está siendo bombardeada y agredida por el crimen organizado, bajo la mirada cómplice, omisa y criminal del Estado mexicano lo que evidencia una ofensiva continua y coordinada:

• Martes 19 de mayo de 2026: A las 9:00 de la mañana, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) iniciaron un ataque frontal con armas de alto poder, en la encargatura de la Cofradía de Ostula, obligando a una evacuación de emergencia de las escuelas de la zona para salvaguardar la vida de los niños, los habitantes tuvieron que buscar refugio para no ser blanco de los ataques mientras la guardia comunal repelió los ataques.

• Jueves 21 de mayo de 2026: Al amanecer, se registró una nueva incursión criminal violenta, cercando las inmediaciones del territorio comunitario bajo ráfagas incesantes de fuego captadas en video por los propios comuneros.

• Miércoles 27 de mayo de 2026: La ofensiva durante la mañana y la tarde escaló en gravedad con el uso de drones adaptados para lanzar artefactos explosivos directamente sobre las viviendas de la población, provocando diversos daños materiales en hogares y vehículos, y manteniendo a la comunidad bajo terror.

• Al mismo tiempo en que ocurría el bombardeo criminal de la mañana del 27 de mayo, elementos de la Marina pretendieron introducirse en las playas de la comunidad, a varios kilómetros del epicentro de los ataques. Lejos de cumplir con su obligación de proteger a la población civil y detener al grupo criminal, ejecutaron acciones de hostigamiento contra la comunidad.

Desde el año 2020, el CJNG ha avanzado con total impunidad en la región sierra-costa, ocupando poblaciones, asesinando y desapareciendo a comuneros provocando el desplazamiento forzado de familias enteras. Este avance criminal responde a pactos explícitos con empresas mineras y grupos que ambicionan el despojo del territorio y la destrucción de la Madre Tierra para su beneficio económico.

Estos hechos se suman a los recientes ataques en contra de las comunidades p’urhépechas de Acachuén (el 6 de mayo pasado) y Santa María Sevina (el 17 de mayo pasado) por parte del CJNG, en los cuales les fue arrebatada la vida a 4 comuneros. No conformes con estos agravios, el día 25 de mayo la comunidad de Santa María Sevina e integrantes de 32 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán fueron reprimidos en la Casa de Gobierno de Michoacán donde se manifestaban para exigir seguridad en sus pueblos. Cabe mencionar que en los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de Michoacán han sufrido ataques del crimen organizado, han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional.

Los ataques de los Ardillos a los pueblos nahuas de la montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG – EZ y en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero son muestra de la gravedad a la que puede llegar esta guerra de desplazamiento, exterminio y ocupación .

Hacemos un urgente llamado a levantar la voz y exigir que pare esta guerra abierta de exterminio contra los pueblos, no permitamos que la Costa-Sierra de Michoacán se convierta en el espejo de la Montaña Baja de Guerrero. No permitamos que se repita la tragedia de los pueblos originarios guerrerenses, donde el abandono gubernamental, la infiltración absoluta de las instituciones y el terror sembrado por los grupos narco-paramilitares desmantelaron el tejido social, aislaron a las comunidades, masacraron a sus policías comunitarios y desplazaron forzadamente a miles personas, convirtiendo pueblos enteros en zonas abandonadas.

Ya no caben dudas de que estos ataques no son aislados, forman parte de una estrategia articulada en contra de los pueblos originarios que no piden permiso para defenderse del crimen organizado ante la complicidad y omisión del Estado.

Por ello, desde esta Asamblea Nacional, EXIGIMOS:

1. Alto a los ataques armados con drones y armas de alto calibre contra la comunidad de Santa María Ostula y de todas las comunidades indígenas de Michoacán.

2. Alto al hostigamiento a la comunidad de Ostula por parte de la Marina.

3. El desmantelamiento real y efectivo del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel los funcionarios y mandos.

4. La presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo inmediato a los autores intelectuales y materiales de los 42 asesinatos de comuneros pertenecientes a Santa María Ostula.

5. Alto a la represión en contra de las comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán que exigen seguridad y justicia.

6. El alto total a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México.

Hacemos responsables directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de cualquier pérdida humana y de los daños materiales ocasionados por los ataques del grupo criminal.

Como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos mantenemos en alerta permanente y llamamos a los pueblos, organizaciones, colectivos y personas de conciencia y buen corazón a pronunciarse, en las formas en que les sean posibles desde sus distintos territorios en el mundo, en contra de estos cobardes ataques que buscan eliminar pueblos completos.

¡Si tocan a Ostula, nos tocan a todas y todos!

ATENTAMENTE

A 27 DE MAYO DEL 2026

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

#Ostula

#AlertaOstula

#AltoALaGuerraContraLosPueblos

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

A LA DOCTORA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A lo largo del día de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, HA SIDO ATACADA, EN DOS MOMENTOS DISTINTOS, POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE, CON DRONES Y EXPLOSIVOS, POR EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG), reportándose diversos daños materiales en viviendas y vehículos.

Llama la atención que PARALELAMENTE AL ATAQUE DE LA MAÑANA, ELEMENTOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO (SEMAR) PRETENDIERON INTRODUCIRSE EN LAS PLAYAS DE LA COMUNIDAD, A VARIOS KILÓMETROS DEL EPICENTRO DE LOS ATAQUES; lo que resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla justo en el momento en que sufre la embestida de un cártel que ha cometidos cuantiosos asesinatos, desaparaciones y daños en la región y el país.

Por lo anterior, como autoridades agrarias y civiles de la comunidad indígena de Santa María Ostula, queremos hacer del conocimiento público la siguiente exigencia ante los ataques recientes que hemos sufrido a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y la acción cómplice de la Marina Armada de México:

Al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región sierra-costa en el estado de Michoacán y progresivamente ha ocupado poblaciones y cabeceras municipales, obligando a muchas familias a desplazarse ante sus actos de violencia, desaparaciendo y asesinando a defensores del territorio. Pero el CJNG también ha hecho tratos con empresas mineras y con grupos que solo desean el despojo de nuestros territorios, con la consecuente destrucción de la Madre Tierra, para su beneficio económico y eso; lo decimos fuerte, no lo vamos a permitir nunca.

Adicionalmente, quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas que habitamos en este país, las instituciones de seguridad que operan bajo las órdenes del Estado mexicano, hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no han realizado acciones contundentes para lograr la desarticulación de esta peligrosa organización criminal en la región y en el resto del país. No lo han hecho ni las corporaciones castrenses (Marina Armada de México y Ejército Mexicano), ni las instancias avocadas a la seguridad (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional), ni mucho menos los cuerpos de seguridad estatales.

El CJNG continúa operando impunemente y prueba de ello son los ataques con explosivos que lanzan usando drones, los cientos de elementos que mandan para balacear las casas de nuestra población, el terror que siembran a cambio de una fuerte ganancia económica. Solo para tomarse la foto y decir que si hacen su trabajo algunos elementos de la SEMAR se hacen presentes en nuestras playas y afuera de nuestra jefatura de Tenencia, los más arriesgados se asoman a la Cofradía unos minutos, pero con toda la capacidad de fuego que tiene el Estado mexicano no hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales.

¿Acaso no somos ciudadanos de este país y no merecemos la atención que está obligado el gobierno a darnos? ¿Estas instituciones actúan en complicidad con el crimen organizado? ¿Es el gobierno de México un gobierno criminal que se beneficia de la violencia y la ilegalidad, del desojo y de la explotación de nuestros pueblos? ¿A quién tenemos que recurrir para que se detenga la violencia?

Nosotros estamos organizados como comunidad con nuestras propias instituciones de seguridad, como la Guardia Comunal, lo hacemos porque solo así hemos logrado sobrevivir. Para ello nos asiste el derecho, de acuerdo a disposiciones nacionales e internacionales; tenemos la legitimidad para hacerlo derivado de nuestra condición jurídica de ser pueblos indígenas. No estamos pidiendo permiso para defendernos, estamos señalando que la función de la seguridad es fundamentalmente una obligación del gobierno federal, como lo es también respetar los acuerdos a los que llega en las meses de negociación, en las mesas de trabajo donde llenan su boca con palabras bonitas y promesas huecas, haciendo una pobre representación de su papel.

A todos los gobiernos exigimos respeto a nuestras vidas y que realmente trabajen, porque esto no es un favor que nos hacen, es su obligación.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno:

1. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES INTEGRADA POR EL EJÉRCITO MEXICANO, LA GUARDIA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, TAL COMO SE HA SOLICITADO PUNTUALMENTE A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y FEDERAL POR PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS POLICIALES CORRUPTOS.

3. LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS COMUNEROS DESAPARECIDOS; ASÍ COMO EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DE LOS 42 ASESINATOS DE COMUNEROS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA.

4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

5. EL ALTO TOTAL A LA GUERRA DE EXTERMINIO EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO.

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 27 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Alrededor de las 7:30 de la mañana, nuevamente el #CJNG volvió a atacar l encargatura de la Cofradía y lanzó explosivos con drones sobre casas de población civil.

#OstulaVive #OstulaFlorece

ESTAMBUL — A medida que continúan saliendo a la luz los testimonios de los 428 participantes secuestrados ilegalmente por el régimen israelí, el papel crítico de Estados Unidos en los abusos y torturas infligidos a voluntarios humanitarios y periodistas se ha vuelto innegable. Este papel trasciende la protección diplomática brindada por el Departamento de Estado y la negativa de la Embajada de EE. UU. a asistir a las familias estadounidenses que buscaban información; abarca el propio buque en el que los voluntarios participantes fueron detenidos y torturados ilegalmente, así como las armas utilizadas para infligirles traumas potencialmente mortales.

El “Barco de la Tortura” Financiado por EE. UU.

La embarcación que se encuentra en el centro de numerosos abusos graves —incluyendo torturas sistemáticas y agresiones sexuales— era una lancha de desembarco naval reconvertida que los participantes han llegado a denominar “el barco de la tortura”. Se trata del INS Nahshon, construido por Bollinger Mississippi Shipbuilding (una subsidiaria de Bollinger Shipyards) y financiado en su totalidad a través del programa estadounidense de Financiamiento Militar Extranjero (FMF). Entregado a la marina de ocupación en 2023, este buque fue utilizado como prisión flotante durante las interceptaciones ilegales ocurridas los días 29 y 30 de abril frente a las costas de Creta, donde al menos 30 participantes sufrieron heridas de tal gravedad que debieron ser trasladados a un hospital.

Brutalidad dentro del “Contenedor de las Palizas”

Durante el despliegue de la embarcación, los humanitarios, médicos y periodistas detenidos fueron procesados ​​uno por uno a través de un oscuro contenedor de carga. En su interior, grupos de tres a cinco soldados agredían brutalmente y de manera sistemática a cada persona que cruzaba la puerta, mientras quienes esperaban afuera escuchaban los gritos.

“De repente oigo: ‘Bienvenido a Israel’. Y empiezo a recibir golpes: primero un golpe en la cabeza, luego otro en las costillas; caigo al suelo y entonces me patean”, relató el participante Yassine Benjelloun, quien también recibió múltiples descargas con una pistola eléctrica. “Lo que dura tal vez tres o cinco minutos parece una eternidad. No sabes si la puerta se va a abrir para que te echen fuera a patadas”.

Megan Marie Dominguez, una participante estadounidense, fue arrojada al interior del contenedor de las palizas y golpeada con la fuerza suficiente como para dejarla casi inconsciente; posteriormente, fue entregada a un segundo grupo de soldados armados con pistolas eléctricas y lo que ella describe como “otros juguetes para golpear a la gente”.

La Dra. Jihan, una médica malasia que se encontraba a bordo, describió una situación médica sin precedentes en toda su experiencia profesional. Documentó lo siguiente:

35 participantes con fracturas, incluyendo costillas rotas, dislocaciones de hombro y fracturas de húmero.
Lesiones craneales graves, conmociones cerebrales y traumatismos oculares y auditivos.
Al menos dos individuos a los que se les inyectaron por la fuerza sustancias no identificadas que los dejaron somnolientos y desorientados.
14 casos de agresión sexual, así como la retirada sistemática y deliberada de los hiyabs a las mujeres musulmanas.

“Como médica, mi objetivo principal es aliviar el sufrimiento de las personas”, afirmó la Dra. Jihan. “Pero cuando no podíamos hacer nada para ayudarlos, experimenté la peor y más horrible sensación que jamás haya tenido. Fue algo verdaderamente devastador”.

Municiones estadounidenses utilizadas contra civiles

Las armas desplegadas a bordo eran también de fabricación estadounidense. Las granadas aturdidoras y los proyectiles con núcleo metálico fueron identificados, mediante las marcas del fabricante, como productos de Combined Tactical Systems (CTS), una marca del fabricante de armas Combined Systems Inc. (CSI), con sede en Jamestown, Pensilvania. Estas armas fueron disparadas a corta distancia, en espacios cerrados, contra participantes que se encontraban sentados o intentando dormir; una violación directa de las propias pautas de uso del fabricante.

Una política estructural de complicidad

Las armas. El barco. El silencio diplomático. Nada de esto fue accidental. Josh Paul, exfuncionario del Departamento de Estado que dimitió en protesta por las transferencias de armas de EE. UU. a Israel, es inequívoco:

«Según la legislación estadounidense, las transferencias de armas solo deben realizarse con fines autorizados por la ley. El uso del INS Nahshon por parte de Israel para llevar a cabo una incautación ilegal en aguas internacionales —y, posteriormente, para servir de base para la tortura y la agresión sexual de civiles extranjeros (incluidos ciudadanos estadounidenses) que no habían infringido ninguna ley y que actuaban por motivos de conciencia para atender una necesidad humanitaria urgente— viola de manera flagrante y grave dichos términos. Cuando se autorizó esta venta, los funcionarios estadounidenses debieron de preguntarse cómo podría utilizar Israel esta plataforma. Los fundamentos por los que deberían haber denegado esta transferencia han existido al menos desde el incidente del Mavi Marmara en 2011; sin embargo, ahora resultan más evidentes que nunca. La lección que aquí se extrae es sencilla: cualquier material que transfiramos a Israel, Israel encontrará la manera de utilizarlo indebidamente, ya se trate de una bomba, una excavadora o un barco».

Este no es un incidente aislado ni el fracaso de una sola administración; es un compromiso estructural y bipartidista por parte del gobierno de los Estados Unidos de priorizar sus relaciones estratégicas por encima de la protección de sus propios ciudadanos y de sus propias leyes. Al utilizar un proceso de verificación construido de manera independiente y “defectuoso”, el Departamento de Estado elude sistemáticamente la Ley Leahy de 1997, la cual prohíbe estrictamente la asistencia militar estadounidense a unidades extranjeras acusadas de manera creíble de violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura y la violación.

Si bien el derecho internacional ha sido violado de manera flagrante y actualmente existen procesos judiciales en curso en Turquía, Italia y España —donde fiscales italianos han abierto una investigación por secuestro y agresión sexual—, el gobierno de los Estados Unidos continúa mirando hacia otro lado.

Demandas al Gobierno de los Estados Unidos

El régimen israelí continúa cometiendo genocidio utilizando buques construidos en los EE. UU. y armas de fabricación estadounidense. La tortura de ciudadanos estadounidenses y voluntarios humanitarios mediante herramientas de fabricación estadounidense no constituye una anomalía; es el resultado directo del apoyo incondicional de los Estados Unidos a un régimen que comete de manera continua crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Lo que los participantes de la GSF lograron sobrevivir durante unos días es algo que muchos palestinos padecen indefinidamente, sin abogados ni acceso consular.

La Flotilla Global Sumud insta al Gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas inmediatas:

Abrir audiencias inmediatas sobre el despliegue de activos militares financiados por el FMF —incluido el INS Nahshon— contra ciudadanos estadounidenses.
Suspender todas las transferencias de armas al régimen israelí a la espera de dicha investigación.
Hacer cumplir la Ley Leahy sin exenciones ni procesos especiales para el régimen.
Proporcionar un informe exhaustivo de cada solicitud consular y de asistencia presentada por las familias de los participantes detenidos que haya sido desestimada o ignorada.
Investigar el uso de municiones CTS —producidas bajo contratos del Departamento de Defensa (DOD)— contra civiles humanitarios desarmados.
Poner fin al apoyo militar y diplomático incondicional a un régimen que está cometiendo genocidio.

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A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 26 de mayo de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

El día 25 de mayo, la comunidad indígena de Santa María Sevina y una representación de 32 comunidades del CSIM que se manifestaban en la Casa de Gobierno de Michoacán en exigencia de seguridad, justicia y paz para las comunidades originarias y en particular, para Sevina, fueron reprimidos por los granaderos y las fuerzas policiales, previamente, el pasado 11 de mayo, compañeros del CSIM que apoyaban con manifestaciones a la comunidad de Acachuén, también en exigencia de justicia, fueron reprimidos en la caseta de cobro de Zirahuén. ¡Alto a la represión y criminalización de las comunidades que luchan por el derecho a vivir en paz!.

En los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de la entidad han sufrido ataques armados por el crimen organizado, en 4 años han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional o Ronda Comunal, la última agresión fue perpetrada en contra de la comunidad de Santa María Sevina, donde dos compañeros de la ronda fueron asesinados y uno resultó gravemente herido, recordamos también que previamente en marzo de 2025 ya habían sufrido una incursión armada. Exigimos seguridad y paz para Sevina y para las comunidades indígenas.

Desde hace más de dos años el CSIM ha venido denunciando la crisis de inseguridad que se vive en las regiones donde habitan comunidades originarias, se han tenido múltiples mesas de trabajo con el Gobierno Federal y Estatal, se han firmado sendas minutas de trabajo, pero pese a ello, el Estado mexicano no cumple con los acuerdos y la inseguridad, la injusticia y la impunidad se expanden como un cáncer en las comunidades. El gobierno no es capaz de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad y paz para los mexicanos, las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental.

Los ataques a las comunidades indígenas, forman parte de una táctica de control de territorio, de saqueo de recursos naturales y en contra de las formas de organización y gobierno de las comunidades indígenas, en este contexto, los funcionarios federales, estatales y municipales se encuentran más preocupados por hacer campañas electorales que por resolver los problemas de seguridad.

Hoy por hoy, el principal problema que sufren las comunidades es la inseguridad, los pueblos indígenas estamos hartos de tanta impunidad, por lo que categóricamente exigimos al Estado mexicano: el incremento del fondo de seguridad, no a la reducción de FORTAPAZ que lo recortaron un 20%, seguro de vida para todos los integrantes de las Rondas Comunales y Consejeros de Honor y Justicia, la dotación pronta de ambulancias para las comunidades y el establecimiento de una estrategia de seguridad para 450 comunidades que no tienen autogobierno y que se encuentran en total estado de indefensión.

¿De qué sirven 5 “Planes de Justicia” en Michoacán si la inseguridad rapaz continúa en todo el estado?

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

#CeremoniaPorSamir y #TorneoDeResistenciayRebeldías

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», y en el marco de las «Jornadas Antimundialistas», que el gran capital y la FIFA imponen con Explotación, Despojo, Represión y Desprecio en contra de nuestros pueblos. Nosotr@s les decimos, que MIENTRAS USTEDES CELEBRAN ARRIBA, NOSTR@S ACÁ ABAJO, RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS CONTRA LA TORMENTA.

En medio de la guerra, la militarización, el despojo del agua, el territorio, la madre tierra y la vida, es el crimen organizado, el aliado e instrumento más eficaz que, gozando de toda impunidad, no solo desmantela la autonomía y la organización de nuestros pueblos, sino que secuestra, asesina, desaparece, desplaza forzadamente para quienes luchan por una vivienda digna y en contra de la gentrificación; para quienes como las Madres Buscadoras que dan una lección de vida para encontrar verdad y justicia para l@s más de 130,000 desaparecid@s; para las madres y padres de Ayotzinapa que en la víspera de cumplir 12 años del crimen de Estado, y sin importar el color del gobierno en turno, tampoco hay verdad y justicia; para l@s Pres@s Polític@s, que los muros de las prisiones son la respuesta a sus legitimas demandas; para los pueblos originarios que en la geografía del México de abajo, solo encuentran muerte y destrucción en la mal llamada Cuarta Transformación y porque a más de 7 años del impune asesinato de nuestro hermano «Samir Flores Soberanes», en donde también, al igual que el caso Ayotzinapa, se cometió un crimen de Estado.

Por todo ello, y porque mientras arriba celebran su Fiesta Mundialista, la #CopaMundialFIFA2026, y los malos gobiernos nos tratan de convencer que hay «Juego Limpio y Sociedad Justa», nosotros decimos que «NO HAY JUEGO LIMPIO Y SOCIEDAD JUSTA, SIN VERDAD Y SIN JUSTICIA». También nos dicen que «La pelota vuelve a casa», nosotros preguntamos, «¿LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA Y LOS MÁS DE 130, 000 DESAPARECID@S, CUÁNDO VUELVEN A CASA?»

Heman@s tod@s, porque nuestra lucha es en Común y por la Vida, Convocamos a la…

*JORNADA ANTIMUNDIALISTA CONTRA EL DESPOJO Y POR LA VIDA, «SAMIR VIVE»*

Que, se llevará a cabo en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», el día sábado 6 de junio, en lo siguientes horarios:

11:00 a 18:00 Hrs.

Mercadita del Común y la Resistencia

– Invitamos a muy diversas colectividades para que se sumen y participen en la venta de sus productos.

– Si quieres tallerear, también se puede

11:00 a 14:00 Hrs.

Ceremonia por la Vida, la Lucha y la Resistencia de nuestro hermano «Samir Flores Soberanes». En esta Ceremonia, la Comunidad Otomí residente en la CDMX, hará entrega de un regalo que la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN le hizo llegar (por nuestro conducto), a la Familia del Compañero Samir Flores Soberanes

– Nos acompaña la Familia del Compa Samir

– Nos acompañan colectivos, organizaciones, pueblos y comunidades

– Nos acompañan compañeros del Frente de Pueblos, Morelos Puebla y Tlaxcala.

14:00 Hrs. 17:00 Hrs.

Torneo Antimundialista de Resistencia y Rebeldías contra el Mundial del Despojo y la Guerra.

– Invitamos a que las muy distintas luchas, resistencia y rebeldías se apunten para armar su reta. (mandar mensaje al siguiente correo: comunicacionotomi@gmail.com

– Al término del Torneo Antimundialista, se entregará un presente al 1o y 2o lugar.

17:00 a 18:00 Hrs. Comida y musica con alegre rebeldía

Cita: Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Alcaldía Benito Juárez

Atentamente

Comunidad Indígena Otomí en Resistencia y Rebeldía

Por La Tizza Cuba

I.

Si algo valioso tiene el lenguaje de Donald Trump es que es desnudo. No se esconde en eufemismos ni se demora en circunloquios diplomáticos. Su amenaza de enviar un portaaviones a tomar Cuba una vez terminado el trabajo en Irán no es una hipérbole de campaña, ni una pieza más de su caótico estilo negociador, ni una broma de una improbable sobremesa imperial. Es la confesión textual de una política que nunca fue otra cosa que la preparación del golpe final.

Durante décadas, amplios sectores se debatieron anacrónicamente entre reformas sí y reformas no, entre concesiones tácticas y gestos de buena voluntad, entre la esperanza de una negociación razonable y el cálculo de cuánto ceder para que la bestia calmara su retórica. Trump ha destruido de un plumazo toda fe en ese supuesto escenario, y nos ayuda — hay que reconocerlo — a descorrer el velo de esa absurda hojarasca. Todos los que han creído con ingenuidad extrema en los últimos meses que era posible algún escenario razonable de negociación, salieron trasquilados. A Trump nunca le interesó negociar; solo ganar tiempo. Su lenguaje descarnado nos ha ahorrado el trabajo de la hermenéutica: ya no es necesario leer entre líneas; ahora podemos leer la cubierta de un buque de guerra.

Mientras menos tiempo perdamos tratando de desentrañar la dinámica alocada de sus idas y vueltas, intentando poner paréntesis entre su retórica y nuestra capacidad real de interlocución, o debatiéndonos obsesivamente en qué podemos conceder para modificar la política del enemigo hacia Cuba, menos tiempo estaremos regalándole a quien ya ha decidido. El único escenario posible y realista hoy es prepararse sin demora y con absoluta responsabilidad para una guerra asimétrica integral.

Cuba ha hecho todos los esfuerzos posibles para evitar la guerra, sin que alcanzar el silencio de los cañones implique hundirse en el cieno de la vergüenza.

II.

Pero la desnudez del lenguaje imperial revela algo aún más profundo y definitivo. No es que el presidente de turno desprecie el orden internacional; es que ese orden que supuestamente garantizaba condiciones mínimas de seguridad a países y pueblos ha muerto. Y algunos se empeñan — también dentro de nuestras filas — a seguirle midiendo los signos vitales a un cadáver que hace tiempo se pudre.

Cuba es miembro de los BRICS, signataria de la gran mayoría de los acuerdos que la inscriben dentro de la arquitectura global de Naciones Unidas, y ha desplegado durante décadas una ayuda humanitaria desinteresada al Sur Global que la hace acreedora moral de cualquier orden que pretenda llamarse civilizado. Y sin embargo, un portaaviones anunciado para tomar La Habana no provoca la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad, ni sanciones preventivas, ni siquiera la amenaza creíble de un aislamiento diplomático multilateral. Provoca silencios. Provoca cálculos mezquinos de potencias que se creen a salvo. Provoca, en el mejor de los casos, comunicados tibios que nadie teme y que nadie cumplirá.

Habría que ir más lejos: lo que Trump hace no es decretar la defunción del sistema, sino desnudar la impudicia de su funcionamiento real. Lo que ha muerto no es el sistema, sino la precaria armonía entre sus partes fuertes. Junto a las vidas prescindibles de siempre, el hegemón clásico ha sacrificado también a los teloneros del sistema y a ese andamiaje llamado «orden internacional», porque ahora le estorban en su ofensiva geopolítica contra competidores que ya no son externos al capitalismo sino que emergen de su propio marco cultural, racional e ideológico. Cuando la competencia se planteaba contra lo que se percibía como «antisistémico» — aunque tal oposición fuese más imaginada que cierta, como terminó sucediendo en el caso de la URSS— , el sistema necesitó contrapesos, equilibrios, un telón de fondo para su hegemonía. Hoy, cuando el desafío se plantea en términos abiertamente intercapitalistas y proviene de potencias que han minado el pacto de Breton Woods — mediante el cual Washington emergió incuestionado urbi et orbi — , ese orden internacional se ha vuelto un obstáculo. Ocurre con el orden internacional lo mismo que con el liberalismo clásico: cuando la elasticidad del Estado dejó de ser útil para absorber la energía de las luchas y reivindicaciones populares, el capital gestó el Consenso de Washington y la recomposición neoliberal de las dictaduras latinoamericanas. La criatura sacrifica ahora el andamiaje de su autoría, por insuficiente.

Gastemos, entonces, menos tiempo en convocar la reacción de un orden ya muerto y empleemos todas las fuerzas posibles en construir uno nuevo a punta de fusil. Un orden donde la garantía de seguridad no sea un papel depositado en Ginebra, sino la certeza de que cada palmo de tierra será defendido, y de que esa defensa será el hecho fundante de una legalidad internacional insurgente, nacida de los cañones de la dignidad y no de las actas notariales del imperio o los chistes semanales delirantes de un poseso. Pero no es la locura el rasgo fundamental de Trump, sino un orden capitalista que necesitó darse tamaña arquitectura delirante para sostenerse a toda costa y a cualquier costo.

III.

Que nadie espere, sin embargo, un decimoséptimo Estado que venga a rescatarnos. La amarga realidad ha confirmado que la ayuda energética rusa fue una ventana temporal, colegiada y negociada con el propio imperio previamente. No existe hoy un bloque geopolítico con la voluntad real y la capacidad estructural de desobedecer a Washington y modificar la arquitectura de excepción impuesta sobre Cuba. Ese es el dato desnudo de nuestra soledad táctica, y asumirlo no es derrotismo: es el primer acto de la verdadera estrategia.

Pero hay un dato que Estados Unidos, Trump y su selecto grupo de fascistas en el poder intentan ignorar con la arrogancia de quien solo sabe leer kilotones y cabezas nucleares: la enorme lección de Irán y el Eje de la Resistencia, de las fuerzas movilizadas iraquíes, de los yemenitas que doblegaron la logística saudí, de Hezbolá que resiste los persistentes ataques de las tropas israelíes en el sur del Líbano, en medio incluso de — evitemos reírnos ante tal dramatismo de los hechos — un «alto del fuego» que como siempre solo cumplieron las víctimas. Esos pueblos no tenían portaaviones, ni un Consejo de Seguridad que los amparara, ni un bloque geopolítico que los salvase. Tienen una doctrina. Una auténtica y genuina pedagogía de la resistencia que el imperio nunca ha sabido descifrar.

El imperialismo puede capitalizar golpes «quirúrgicos», asesinar generales, destruir infraestructuras y administrar el espectáculo de su poder aéreo. Pero hay una variable que escapa a todos sus algoritmos: la resistencia de desgaste. La guerra asimétrica prolongada desangra presupuestos, quiebra consensos domésticos, devora mayorías parlamentarias y convierte cada victoria táctica en una derrota política. La resistencia es, ciertamente, más costosa en vidas y es infinitamente más eficaz políticamente que someterse para conservar una vida que, sin soberanía, ya no lo es o tiene mínimas garantías de serlo. Elegir la resistencia no es un acto de heroísmo suicida; es el cálculo racional de quien ha entendido que la vida bajo ocupación es una muerte diferida, y que la única moneda que el imperio respeta es el costo inaceptable que un pueblo está dispuesto a infligirle y asumir. No llegamos a este punto de la historia por poetas; una y otra vez, a las malas y a las malas, nos han obligado a escribir con sangre para soñar y tener patria, bandera, pueblo, «la tierra, el agua, el aire… el fuego».

IV.

La reciente orden ejecutiva firmada por Trump es la expresión material de ese nuevo estado de cosas. No se trata de una vuelta de tuerca más al bloqueo: es la formalización escrita de un estado de excepción total sobre Cuba. Cualquier gesto hacia la Isla, incluso el solidario o el humanitario, queda totalmente prohibido bajo su articulado.

Buscan precipitar el colapso interno por asfixia, sin testigos incómodos, sin cooperantes, sin alimentos, sin medicinas. Es la guerra por otros medios, codificada en lenguaje de decreto.

Para justificarla, el imperio mantiene un juego permanente de narrativa doble que merece ser desmontada con urgencia y precisión. Por un lado, «Cuba está a punto de caer», «es la próxima», «es un Estado fallido» que no requiere sino un empujón final. Por otro, Cuba es una «amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos», a tal punto que se le destina un portaaviones.

¿En qué quedamos? Si somos una amenaza capaz de infligir daños de semejante magnitud, ¿cómo es que estamos a punto de caer? Si estamos a punto de caer, ¿para qué necesitan un estado de excepción total y el despliegue de su poder naval?

La respuesta es simple: ninguna de las dos afirmaciones es verdadera. Son piezas intercambiables de una maquinaria de propaganda diseñada para justificar lo que no tiene justificación. Y nosotros… ¿Qué haremos? ¿Volvernos especialistas en discursos de fondo y subrepticios, no visibles?

Todo está en la superficie, quien no desee verlo, que no espere curar su presbicia con un portaviones a cien yardas de las costas de Cuba.

Pero tomemos en serio, por un instante, la lógica del adversario. Si Cuba, este primero de mayo, obligó a quinientas mil personas a marchar frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana en medio de esta crisis, si forzó a más de seis millones de cubanos a firmar una declaración contra las políticas del imperio, entonces estamos ante un régimen con un poder de coacción sobrehumano, capaz de movilizar voluntades en una escala que el propio imperio no puede igualar. Si ese poder es real, deberían pensarlo dos veces antes de atacar: ¿cómo lidiar con un país que controla de tal modo a su población?

En cualquiera de los dos casos, la conclusión es la misma: invadir Cuba sería el error más costoso y prolongado de la historia imperial norteamericana.

Y como dijo antes de morir nuestro Fernando Martínez Heredia: «Que se les ocurra a los americanos, como si es con un energúmeno de presidente; a nosotros nos da igual, lo mismo si es un tipo simpático que si es un energúmeno, los dos nos dan igual».

Pero si, por el contrario, esas marchas y esas firmas no fueron producto de coacción alguna, si nacieron de un auténtico deseo de defender a Cuba más allá de cualquier amenaza, si fueron el gesto libre de una nación que no necesita ser obligada para defender lo suyo, entonces deberían pensarlo aún más. Porque lo que tienen enfrente no es un Estado fallido ni una población que los recibirá con flores, sino un pueblo cohesionado, dispuesto a resistir a cualquier costo y por cualquier medio.

V.

Pero no hemos llegado hasta aquí por generación espontánea. El ataque a las Torres Gemelas fue el pretexto para la instalación del estado de excepción interno que se instauró con la Ley Patriota dentro de los Estados Unidos, rompiendo aquel pacto de no irrupción en las vidas privadas que supuestamente defiende el capitalismo. Ese orden de excepción fue trasladado luego al mundo con las guerras de Afganistán e Irak: dejó de importar cualquier marco jurídico. Las necesidades internas de un orden mundial definido y delimitado por Washington pasaron a ser lo esencial .

Trump no es una anomalía ni un accidente; es el producto del retorno de aquel proyecto neoconservador que quedó incompleto.

Pero no se engañe nadie, no habríamos llegado hasta aquí sin el episodio de Gaza. Allí, en aquel genocidio transmitido en directo, se inauguró este nuevo orden de excepción global. La comunidad internacional aceptó la comisión de un genocidio sobre vidas prescindibles, vidas matables sin consecuencia jurídica ni política.

No comprendimos en aquel momento que en Gaza no se estaba violando el derecho internacional; se estaba fundando un nuevo orden, uno donde la barbarie es pública, consentida y televisada. Y ese es el orden bajo el cual un portaaviones amenaza hoy a Cuba.

Irán es en esta época lo que fue el Ejército Soviético en la suya: el único poder con voluntad real de no ceder y de modificar contra el imperialismo la actual correlación de fuerzas. Pero la pregunta que arde en Nuestra América es otra: ¿dónde está el Eje de la Resistencia en América Latina? Es urgente constituirlo, y para ello las lógicas de Estado no nos van a servir de mucho. De ellas solo provienen llamados al diálogo, al respeto de un orden internacional muerto y la apelación a un multilateralismo que huele a muerte antes incluso de haber nacido.

La guerra en el Golfo Pérsico ha mostrado que en un escenario asimétrico es decisivo el control sobre vías y recursos estratégicos. Por tanto, es necesario advertir con toda claridad: todas las bases de Estados Unidos en América Latina se convertirán de facto en objetivos legítimos. Cada país del Caribe que preste su territorio para movimientos de tropas contra Cuba, o que deje libres sus vías navegables para el tránsito de portaaviones, o su espacio aéreo para el paso de aeronaves y drones norteamericanos, se colocará a sí mismo en el campo de batalla. Todas las bases en Florida y en el territorio costero norteamericano que puedan servir de abastecimiento serán también objetivos legítimos, así como las zonas de tránsito de mercancías usadas por los Estados Unidos.

Esta no es una amenaza ni una bravata de trinchera. Es la descripción técnica de lo que significaría una guerra asimétrica prolongada contra un imperio logísticamente dependiente de una red hemisférica de bases, rutas marítimas y puntos de apoyo. El enemigo nos obliga a pensar en términos de guerra total. Lo debemos hacer con la frialdad y la calentura del que defiende su existencia, que en realidad no es solo la suya.

Todos los grupos de solidaridad con Cuba, todos los movimientos dispuestos al máximo internacionalismo posible, deben prepararse para desencadenar escenarios de resistencia dentro de sus propios países que incluyan las bases norteamericanas como objetivos legítimos, dentro y fuera de Estados Unidos. Solo una resistencia organizada y regional podrá permitirnos modificar la correlación de fuerzas. No se trata únicamente de derrotar este nuevo escenario de agresión que el imperio impone a Cuba y a toda la región. Se trata de eliminar de una vez al imperialismo norteamericano de Nuestra América.

Trump, sin saberlo, nos da la posibilidad histórica de desatar la verdadera lucha por la independencia de nuestros pueblos y cerrar ese nefasto capítulo de nuestra historia que es el imperio norteamericano. Lo que él ofrece como amenaza de muerte, nosotros lo recibimos como la oportunidad, largamente postergada, de completar la independencia inconclusa.

No pedimos permiso para defendernos. No convocamos a un orden que ya no existe. No solicitamos el amparo de instituciones que validaron el genocidio. Le decimos al imperio, con la calma de quien se juega cosas mucho más sagradas que permisos para recibir una inversión, que cada portaaviones desplegado, cada base utilizada, cada dron lanzado, cada barco de abastecimiento, tendrá una respuesta en tiempos, lugares y formas que nosotros elegiremos.

Y le decimos al pueblo de los Estados Unidos que estamos a tiempo de evitar que sean arrastrados a una confrontación, urdida en los cómodos salones de Washington, por los mismos que dan la espalda a los graves problemas sociales que les aqueja como pueblo. Una confrontación a la que sabrán con precisión el minuto en que entran, pero no podrán afirmar el momento en que saldrán ni a qué costos. A los pueblos de América Latina y el Caribe, les decimos que ha llegado la hora de decidir.

No habrá neutralidad posible en esta hora. Será la resistencia organizada o será la complicidad cobarde. Será la independencia definitiva o será la servidumbre permanente.

Nosotros ya hemos elegido.

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Por JAvier Bedía Prado

_{En portada: Policías enfrentándose a manifestantes en la ciudad de La Paz, el lunes 18 de mayo. Foto: Juan Karit.}

La movilización masiva de organizaciones campesinas, indígenas, mineras y de trabajadores en Bolivia demanda la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, a medio año de que asuma el cargo.

En la crisis convergen una serie de factores: defensa de las tierras agrícolas comunitarias, alza de precios de combustibles, opacidad en torno a la explotación de litio, la injerencia de intereses privados vinculados a Estados Unidos y la ultraderecha regional. Lo anterior, en un contexto de inflación y devaluación salarial, en el que los gremios piden 20% de aumento de sueldos, mientras que el mandatario eliminó el impuesto a la riqueza.

La población se opone, también, a otras políticas neoliberales como la negociación de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), institución a la que Paz aseguró que no recurriría. Asimismo, generan desconfianza el retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al país tras 17 años de ausencia, el contrato con Starlink, compañía de internet satelital de Elon Musk, y las relaciones reestablecidas con Israel.

Todo esto en medio de una situación económica crítica heredada de la administración anterior, con las reservas nacionales en números de emergencia.

En abril empezaron las protestas que desencadenaron la inestabilidad política que llevó a Paz, quien alcanzó la presidencia mediante una alianza centroderechista, a abandonar el país durante unos días en esta última semana. Al cierre de esta edición, debido a los bloqueos de vías, se reportan cinco personas fallecidas por falta de asistencia médica, más de cien detenidos y denuncias de violenta represión estatal.

En principio, poblaciones de los departamentos amazónicos Beni y Pando marcharon hacia la ciudad capital, La Paz, en rechazo de la Reforma Agraria aprobada sin consulta previa por el gobierno. La Ley 1720 planteaba autorizar al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de pequeños predios rurales titulados en medianas propiedades, para integrarlas a la Función Económica Social (FES). Según el Ejecutivo, se facilitaba el acceso a préstamos bancarios para los pequeños productores, con sus terrenos como garantía.

Los movimientos campesinos cuestionaron la posibilidad de reconcentración de tierras por parte de sectores privados, así como riesgos de hipotecas o acumulación de territorios en beneficio de la agroindustria. De fondo, advertían un ataque a la tradición de proteger la pequeña propiedad rural en Bolivia. Finalmente, la Asamblea Legislativa derogó la norma ante la presión en las calles.

La manifestación indígena coincidió con un paro nacional de transportistas contra la escasez y el aumento del costo de los hidrocarburos, que llegaron a duplicarse. Hacia 2025, Bolivia, entre los principales productores de gas natural de Latinoamérica, pasó a importar el 80% de diésel de consumo interno. A estas protestas se sumaron la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones históricamente cercanas al Movimiento al Socialismo (MAS).

“No ha habido respuestas claras a la población, nos han criminalizado, no hay voluntad de solucionar los problemas del país. Hay un espíritu revolucionario de luchar por nuestra población, no solo de la COB, también de los autoconvocados, porque sufren día a día el encarecimiento de la canasta familiar, el combustible de mala calidad. Los bloqueos están creciendo, es una lucha por las reivindicaciones de la población, no es un conflicto político”, declaró desde la clandestinidad el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

La COB declaró “emergencia permanente” por la posible réplica de reformas laborales de Argentina y la soberanía económica nacional comprometida a causa de los préstamos. Mientras, el gobierno excluyó al sindicato del diálogo al que convocó a las organizaciones campesinas.

Nepotismo y soberanía digital

El crecimiento económico de Bolivia entre 2006 y 2018 se sostuvo por el gas natural. Al reducirse a la mitad la producción, los precios internacionales cayeron y este modelo colapsó. La deuda externa en diciembre de 2025 equivalía al 25% del PIB. El Estado boliviano tiene condenas de pagos por 480 millones de dólares en 26 arbitrajes internacionales perdidos -de 28 procesos abiertos-.

En una débil posición financiera y política, en minoría dentro de la Asamblea Legislativa, el gobierno de Paz emitió decretos ejecutivos que pasaron sobre el debate parlamentario y público.

El nepotismo apunta, principalmente, a la presencia del asesor personal de Paz, Fernando Cerimedo, consultor argentino cercano al entorno de Donald Trump y las cúpulas de la ultraderecha regional. Las críticas indican que este y otros personajes influyen en decisiones de la administración pública, sin cargos oficiales ni rendición de cuentas.

Cerimedo asesoró la estrategia digital de Javier Milei en 2023 y fue el segundo aportante individual de la campaña de La Libertad Avanza en Argentina. En Chile, su empresa Numen SpA fue señalada de desplegar campañas de desinformación sobre el plebiscito constitucional. Los vínculos de Cerimedo también alcanzan a empresas de tecnología cuya presencia en el país es cuestionada.

En diciembre de 2025, en el segundo mes de gestión, el gobierno promulgó un decreto supremo que autorizó las operaciones de la compañía de internet satelital de órbita baja, entre ellas Starlink, prohibida durante años por razones de soberanía digital. La firma de Elon Musk, operadora del polo digital de El Alto, conforma un ecosistema de poder tecnológico-gubernamental junto a plataformas de análisis de datos como Palantir.

El riesgo de establecer la infraestructura de conexión de Starlink radica, de acuerdo a la experiencia en Estados Unidos y Ucrania, en la consiguiente aplicación de sistemas de inteligencia artificial para implementar políticas de seguridad, migración o fiscalización. Así como en la disposición de datos del Estado por parte de privados extranjeros, relacionados a Trump y agencias de inteligencias de Estados Unidos.

A pesar de las implicancias, el gobierno decidió el ingreso de Starlink sin mayor debate parlamentario. Entre tanto, la Asamblea Legislativa posterga el debate de tres proyectos que regulan las operaciones de sistemas de inteligencia artificial, su uso en vigilancia masiva y decisiones sobre empleo de fuerza letal.

En América Latina, Ecuador es el primer país que firmó un contrato con Palantir para emplear sistemas de análisis de seguridad.

EEUU en disputa por litio

El 28 de abril de 2026, Estados Unidos y Bolivia firmaron un memorando de entendimiento sobre minerales críticos, incluyendo el litio, con el objetivo de asegurar sus cadenas de suministro. El contenido del acuerdo no fue publicado íntegro.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Bolivia tiene 23 millones de toneladas de recursos de litio, el mayor depósito del mundo. No obstante, en 2025 produjo 2,400 toneladas, frente a las 56,000 de Chile.

Un problema es la falta de inversión en exploración, por lo que el país no tiene ni una tonelada de litio en reservas certificadas. Otro, la forma de extracción de acuerdo a la composición del litio boliviano. El gobierno de Paz no ha informado si realizó estudios de viabilidad ni quién los financió.

La parálisis del litio de Bolivia encuentra otro obstáculo en la exigencia jurídica del 100% de participación estatal, bajo principios de soberanía energética. La empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) fue declarada al borde de la quiebra en el último febrero.

Al respecto, el Comité Cívico Potosinista advirtió que no se extraerá litio del departamento sin un contrato que beneficie a la población.

China controla el 80% del refinamiento de litio global y el 70% de la manufactura de baterías. En la administración del MAS, Bolivia firmó contratos con dos empresas chinas, los cuales nunca fueron ratificados por la Asamblea Legislativa. Ahora, con Estados Unidos a la caza del mineral y el Estado necesitado de dólares, el litio boliviano ingresa a otra fase de disputa entre las potencias mundiales.

La tercera semana de bloqueos y paralizaciones en Bolivia determinará la gobernabilidad de la nación. Los movimientos sociales se encuentran en alerta ante las injerencias extranjeras en la criminalización de las protestas.

Destaca que, el último domingo (24), el Senado aprobó un proyecto para derogar la Ley del Estado de Excepción, que regula la aplicación de medidas de seguridad y control por parte de las fuerzas estatales en situaciones de emergencia. La propuesta pasará a debate y votación en la Cámara de Diputados.

Sirte, Libia — Diez civiles que participaban en el Convoy Terrestre Global Sumud fueron detenidos por las Fuerzas Armadas Árabes Libias (FAAL) y las autoridades del este de Libia (Gobierno de Salvación Nacional) tras cruzar la línea 5+5 cerca de Sirte de buena fe para llevar a cabo negociaciones pacíficas en nombre del convoy y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. La Flotilla Global Sumud insta a los gobiernos de todo el mundo a exigir su liberación inmediata.

Los participantes detenidos, entre ellos dos médicos, son: Alicia Armesto Núñez (España), Laura Kwoczała (Polonia), Jenelle Jones (EE. UU.), la Dra. María Paula Giménez (Argentina), el Dr. Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Ashraf Khoja (Túnez), Domenico Centrone (Italia) y Leonarda Alberizia (Italia).

Los diez delegados se ofrecieron como voluntarios para cruzar a la zona de seguridad 5+5 y negociar el paso de la misión humanitaria. La última comunicación del grupo se recibió a las 15:22 hora local del 24 de mayo, cuando un delegado informó que estaban siendo trasladados a tres furgonetas blancas. Desde entonces no se ha establecido contacto directo. Comunicaciones extraoficiales indican que las autoridades del este de Libia han alegado que los participantes entraron en la zona sin autorización y están siendo procesados ​​para su deportación.

La detención se enmarca en un patrón de coordinación fallida por parte de las autoridades del este de Libia. Antes de la entrada de la delegación, el convoy intentó en dos ocasiones negociaciones formales: el primer intento fue recibido con calidez y promesas de una reunión posterior que nunca se concretó; el segundo terminó con un oficial militar ordenando a los delegados del convoy que se marcharan de inmediato. Ante la ineficacia de los canales oficiales y los procesos reconocidos internacionalmente, el convoy se dirigió hacia el cruce fronterizo para intentar negociaciones directas de buena fe.

Los delegados son civiles desarmados en una misión humanitaria. Su detención carece de fundamento legal.

El Convoy Terrestre Global Sumud zarpó el 15 de mayo de 2026 (Día de la Nakba) con 7 ambulancias, 20 casas móviles, 10 camiones de ayuda humanitaria y más de 200 participantes de más de 25 países, entre ellos profesionales médicos, ingenieros, educadores y observadores jurídicos. Su mandato: entregar ayuda humanitaria, establecer un corredor de solidaridad y brindar apoyo especializado para la reconstrucción de la infraestructura civil de Gaza, liderada por los palestinos.

El Gobierno de Seguridad Nacional (GNS), que ejerce un control político efectivo sobre el este de Libia, donde ocurrió el incidente, tiene la responsabilidad de asegurar la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes y garantizar su regreso seguro.

Instamos a los gobiernos de España, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Portugal, Túnez e Italia a que se pongan en contacto urgentemente con las autoridades del este de Libia en Bengasi y exijan la liberación incondicional de sus nacionales y la garantía de un paso seguro para esta misión humanitaria.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2026

Boletín no. 07

Fiscalía y Jueces en Chiapas criminalizan a integrantes del Congreso Nacional Indígena de la Comunidad de Jotolá, mediante la fábrica de culpables

• Ni las graves inconsistencias de los peritajes impidieron que el estado de Chiapas avanzara contra personas del pueblo maya tseltal, adultas mayores en condición de vulnerabilidad

• La justicia federal debe decidir si detiene esta persecución o permite que continúe la violación de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno

El 21 de mayo de 2026, nueve personas de la familia Moreno Hernández, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), comparecieron ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, en la que se les acusa injustamente del delito de despojo agravado. A pesar de que durante la audiencia la Fiscalía presentó peritajes con graves inconsistencias, el Juez de Control Agustín López decidió vincular a proceso a todas las personas imputadas, incluidas dos adultas mayores, una mujer y un hombre de 73 y 85 años, respectivamente, con debilidad auditiva y quien no sabe leer ni escribir. Asimismo, fueron vinculadas a proceso tres mujeres indígenas, madres responsables del cuidado de 12 hijas e hijos menores de edad.

En esta audiencia no se impuso ninguna medida cautelar, como detención o firma periódica, gracias al amparo promovido por abogados del CNI. Sin embargo, el proceso de judicialización continúa y persiste el riesgo de que, una vez que el Juez federal emita su resolución, el Juez de Control de Yajalón imponga medidas cautelares.

Preocupa la parcialidad y la arbitrariedad con las que se ha conducido el proceso jurídico, así como la actitud tendenciosa del Ministerio Público, orientada a imponer las medidas más lesivas contra las personas imputadas, como ya ocurrió con Francisco Moreno Hernández, quien continúa privado de su libertad de manera injusta por la fábrica de culpables. Lo anterior constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, así como a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Cabe señalar que las nueve personas imputadas, más Francisco Moreno Hernández, junto con otras 25 personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, son víctimas de desplazamiento forzado tras las acciones represivas ocurridas el 12 de febrero de 2026, en el ejido de Jotolá, municipio de Chilón, hechos perpetrados en tierras recuperadas legítimamente en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Desde entonces, esas tierras fueron ocupadas de forma pacífica, continua y pública durante 30 años por la familia Hernández Moreno.

En el operativo mencionado se incurrió en prácticas estatales orientadas a intimidar, silenciar y coaccionar a la población, -mediante actos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública. En estos hechos participaron la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia Indígena, el Tribunal Agrario y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También se vulneró el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas, reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, exhortamos: a los jueces federales a tomar en cuenta las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso y resolver a favor de las 35 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, incluidas niñas, niños y adolescentes; al Juzgado de Control a abstenerse de ejecutar cualquier acto de detención o reaprehensión en contra de las nueve personas.

Llamamos con urgencia a la solidaridad nacional e internacional para acompañar a las familias tseltales criminalizadas y desplazadas, exigiendo el cese inmediato de la persecución judicial. Es necesario que organizaciones, colectivos, comunidades, medios libres, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil se mantengan atentas, se pronuncien públicamente y actúen para impedir que la represión y la impunidad sigan avanzando contra los pueblos que están en la defensa de su territorio.

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