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AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL C. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

Los que suscribimos este COMUNICADO PÚBLICO CONJUNTO, URIEL GUTIERREZ DE LA CRUZ, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán; HÉCTOR ALVAREZ SILVA, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena nahua de El Coire, municipio de Aquila, Michoacán; SALVADOR LOPEZ MARQUEZ, Presidente del Concejo Comunal Nahuatl de El Coire; y J. GUADALUPE SERRANO RAMOS, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES INTEGRANTES DEL PUEBLO NAHUA DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, MANIFESTAMOS:

Nuestro más profundo repudio y honda preocupación por el cobarde asesinato de nuestros hermanos LUCAS FLORES TOLENTINO y JERÓNIMO GARCÍA FLORES, el primero de ellos tesorero de bienes comunales de la Comunidad Indígena Nahua de Pómaro, municipio de Aquila, Michoacán, y el segundo asesor jurídico también de dicha comunidad; así como el asesinato de nuestro hermano profesor purépecha FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ y las lesiones causadas a la profesora también purépecha (se omite su nombre por seguridad), mismas que la tienen entre la vida y la muerte. Estos crímenes fueron perpetrados el día de ayer 28 de mayo de 2026 por un comando fuertemente armado que atacó a nuestros compañeros cuando se transportaban por la carretera federal número 200, a la altura del poblado de Colola, en el municipio de Aquila.

Expresamos nuestra más completa solidaridad a los familiares de quienes fueron asesinados y heridos; así como a la hermana Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha, puntualizando que el agravio cometido en contra de quienes fueron cobardemente asesinados y heridos, es un agravio que se hace a los pueblos originarios de Michoacán y de México.

Exigimos la investigación puntual de los hechos y el castigo a los culpables intelectuales y materiales de este múltiple homicidio que llena de luto y tristeza al pueblo nahua de la Costa-Sierra de Michoacán.

Frente a las acusaciones hechas en contra del presidente municipal de Aquila, el ING. JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, imputándole tan lamentable crimen, manifestamos que las mismas no hacen más que generar mayor inestabilidad en el municipio de Aquila, lo que contribuye al acrecentamiento de la deteriorada situación de inseguridad que existe en la región y el estado. Por lo que urgimos a las autoridades federales realicen la investigación a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Exigimos de todos los niveles de gobierno el compromiso serio para generar verdaderas condiciones de paz y seguridad en nuestro municipio, mediante la implementación de las acciones que insistentemente hemos solicitado a la Presidenta de la República y al Gobernador en el estado de Michoacán.

Aquila, Michoacán, a 29 de mayo de 2026.

ATENTAMENTE

El Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Aquila

URIEL GUTIERREZ DE LA CRUZ

Presidente

El Comisariado de Bienes Comunales de El Coire

HÉCTOR ALVAREZ SILVA

Presidente

El Presidente del Concejo Comunal Nahuatl El Coire

SALVADOR LOPEZ MARQUEZ

Presidente

El Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula

J. GUADALUPE SERRANO RAMOS

Presidente

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Frente a los lamentables acontecimientos ocurridos el día 28 de mayo de este año en la carretera costera número 200, en los que un comando de sicarios asesinó a los comuneros de la hermana Comunidad Indígena de Pómaro, LUCAS FLORES TOLENTINO, tesorero de bienes comunales, y JERÓNIMO GARCÍA FLORES, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ; y causó heridas graves a la profesora purépecha ADELAIDA ZACARÍAS PASCUAL, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, hacemos el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO.- Condenamos y nos llenamos de mucha tristeza por los múltiples asesinatos cometidos el día de ayer, mismos que están marcando profundamente no solo a la Comunidad de Pómaro, sino a los pueblos indígenas de Michoacán y, particularmente, a nuestra Comunidad, a la que la unen profundos e inmemoriales lazos históricos, culturales y familiares con la Comunidad de Pómaro.

Desde hace siglos Pómaro y Ostula han tenido la conciencia de pertenencia única y los homicidios del día de ayer son una nueva carga de sufrimiento para nuestra Comunidad, que de por sí ha sido tan acosada y dañada por el crimen organizado en los últimos 20 años.

SEGUNDO.- En consecuencia, acompañamos el dolor de los deudos de quienes fueron cobardemente asesinados el día de ayer; acompañamos, desde nuestro corazón y desde la generosa cultura que compartimos, a la Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha.

TERCERO.- Exigimos que los hechos sangrientos antes descritos sean investigados y esclarecidos escrupulosamente con el fin de que se haga justicia y se castigue a quien se tenga que castigar, sea quien sea.

CUARTO.- En esta hora de dolor pedimos que tan terrible crimen no sea utilizado con fines políticos: ni para criminalizar a nuestra estructura de seguridad comunitaria, ni para otorgar protagonismo a quienes históricamente han dañado a nuestra Comunidad, tampoco para generar mayor inestabilidad en la región, acusando del crimen señalado, sin pruebas de ningún tipo, a integrantes de las comunidades vecinas.

Por el contrario, llamamos a las comunidades indígenas y a la población en general del municipio a hacer un solo frente para exigir condiciones de seguridad efectivas y duraderas para que crímenes como el ocurrido ayer no se repitan.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno para que se frene la guerra de exterminio en contra de nuestra Comunidad y en contra de los pueblos indígenas de México.

¡CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE LUCAS FLORES TOLENTINO, JERÓNIMO GARCÍA FLORES Y FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

SANTA MARÍA OSTULA, A 29 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

_{En portada: Mujeres acompañan la marcha fúnebre de los tres policías de la CRAC-PC Pueblos Fundadores que fueron sepultados el 20 de mayo en el panteón de Alcozacán, en medio de la violencia contra comunidades nahuas de Chilapa. Foto: Lenin Ocampo Torres.}

Integrantes de la Misión de Observación Sexta (MCO Sexta) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que comunidades nahuas en el estado de Guerrero enfrentan desplazamiento forzado y destrucción de viviendas, cultivos y espacios comunitarios tras los ataques armados atribuidos al grupo criminal de “Los Ardillos”, suscitados desde los primeros días de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa.

Este miércoles (27), mediante conferencia de prensa titulada “Criminalización, exterminio y graves violaciones a los derechos humanos en las comunidades de la montaña baja de Guerrero”, la Misión presentó los primeros hallazgos tras las agresiones contra los pueblos indígenas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).

Acorde a la documentación y testimonios recogidos por la Misión, los ataques fueron realizados con drones y armas de alto poder que destruyeron cultivos y viviendas. En su recorrido registraron municiones de distintos calibres, incluso de armamento de uso exclusivo del ejército; casas y milpas quemadas, animales muertos y comunidades, como Tula, completamente vacías por el miedo de sus habitantes frente a las agresiones armadas. En dicha comunidad, resaltaron que no existen condiciones para el retorno inmediato, “no hay ni un habitante. No hay condiciones, quemaron todo”, afirmaron durante la conferencia.

“Entraban y destruían todo lo que poseían las familias en la comunidad. Era una saña impresionante por aniquilar y que nunca más esto se pudiera poblar nuevamente, su objetivo estaba muy claro”, detalló Malinalli Vega, integrante de la Misión. Integrantes del CNI, que también participaron de la Misión, denunciaron que fueron testigos de un ataque sistemático contra el territorio de los pueblos originarios, agresiones contra “lo que nos hace ser como pueblos, nuestra historia, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo”.

Por su parte, la abogada Karla Zamora denunció que el trabajo de la Misión evidencia que no existe por parte del Estado ningún seguimiento a la violencia generalizada contra las comunidades nahuas. Zamora destacó que, pese a la gravedad de las agresiones que calificó como “crímenes de lesa humanidad”, a la fecha no existen investigaciones por parte de las autoridades de ningún tipo, “no hay carpetas de investigación, no hay periciales, no hay detenidos”.

Además, cuestionó la postura del gobierno federal, el cual ha difundido que se trata de un conflicto entre comunidades y que por ello realizará mesas de diálogo. “¿Diálogo con quién? ¿diálogo con los grupos narcoparamilitares?, ¿de qué clase de gobierno estamos hablando, cuando están hablando de de negociar con los grupos del narco?”, inquirió la abogada, para quien la versión oficial es una mentira.

Desprotección

Durante su intervención, la abogada también exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas restituir las medidas a promotores comunitarios de las poblaciones atacadas, así como atender solicitudes pendientes, debido a que la falta de respuesta institucional ya ha derivado en asesinatos, como en el caso de Isaías,promotor comunitario de Tula.

“A él lo asesinaron cuando había solicitado también la incorporación al mecanismo y no se la dieron argumentando que eso era lo que se vivía diariamente en Guerrero; la violencia, una violencia que ya es estandarizada para ellos”, denunció Zamora.

Aunado a estos casos, los integrantes de la Misión también evidenciaron que, pese haber solicitado acompañamiento oficial para ingresar a las comunidades atacadas, conforme a los requisitos del protocolo del Mecanismo de Protección, la respuesta negativa les fue comunicada apenas un día antes del recorrido. Aún cumpliendo con la entrega de la solicitud, con cinco días de anticipación para que las autoridades del estado de Guerrero coordinara con fuerzas de seguridad para el acompañamiento de la Misión, finalmente no se otorgó la protección a los observadores.

Incluso, el profesor Jesús Cuéllar denunció que la Secretaría de Gobernación difundió la versión de que la Misión negó el acompañamiento, al publicar un video editado en el que se les presenta como si hubieran rechazado las medidas de seguridad. Según Cuéllar, lo que pidieron fue que militares y elementos de seguridad se retiraran de la cancha comunitaria de Alcozacán porque habría una asamblea y niñas y niños estaban usando ese espacio, fragmento que fue recortado y difundido sin contexto por parte del gobierno federal para hacer creer que la Misión rechazo las medidas de seguridad.

Pese a los alegatos del gobierno estatal, que argumentó que no contaban con los elementos de seguridad, integrantes de la Misión registraron una fuerte presencia del ejército, Guardia Nacional y policías en la cancha y la comisaría de Alcozacán, así como a la salida de Tula donde atestiguaron un despliegue de más de 40 camionetas de militares pese a que previamente se les había negado el acompañamiento. “Nos dimos cuenta que no querían que entráramos”, sostuvo Cuéllar.

Narcoparamilitares

Ante el cuestionamiento de reporteros sobre por qué calificar al grupo de “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, la Misión aseveró que se debe a factores como el tipo de armamento utilizado, la forma de atacar, así como la planeación y estrategia utilizada durante las agresiones que incluyó la quema de cerros para causar terror y provocar la huida de la población.

Según la Misión, hace más de una década desde que “Los Ardillos” han presionado a las comunidades organizadas de la montaña baja de Guerrero para permitir la siembra de amapola, establecer rutas de tránsito de estupefacientes y otras actividades delictivas. Pero las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, afirmaron, se negaron a integrarse a esa estructura criminal.

Debido al rechazo, aunado a su pertenencia a la CRAC-PC Pueblos Fundadores y su defensa del territorio, colocó a las comunidades como opositores del crimen organizado en la región. “Terminan chocando con todo lo que representa el crimen organizado, en tanto que son comunidades que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y de la vida”, aseveraron durante la conferencia de prensa.

Otro punto que resaltó la Misión es el impacto en el acceso a la educación, pues en las comunidades del CIPOG-EZ no existen condiciones para que maestros lleguen con seguridad, por lo que una de las demandas es garantizar el retorno de docentes y la apertura de un bachillerato. También señalaron que, ante el riesgo de viajar a Chilapa, controlada por “Los Ardillos”, algunas familias prefieren que niñas, niños y jóvenes no estudien o se desplacen hacia otras ciudades.

Integrantes de la Misión denunciaron además simulación gubernamental en la entrega de apoyos. Según lo documentado, las autoridades estatales difunden visitas y apoyos a comunidades afectadas, pero parte de esa ayuda se entrega en localidades vinculadas a la estructura criminal de “Los Ardillos”, cuando se presenta públicamente como atención a Alcozacán y otras comunidades atacadas por el grupo narcoparamilitar.

Miembros del Congreso Nacional Indígena enfatizaron que lo ocurrido en Guerrero forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos organizados en México, tal como ocurre en Ostula y Sevina en Michoacán, San José Chiapa en Puebla y El Salto, Jalisco. “El mensaje que vemos del capital es que cualquiera que se niegue a ser esclavo va a padecer esta injusticia desde arriba”, sostuvieron.

Actualmente la Misión prepara un informe amplio con entrevistas, testimonios y documentación derivada de su labor, mientras las comunidades exigen la implementación de medidas de seguridad para su retorno, la investigación de los ataques y la restitución de las medidas de protección frente a la estructura criminal que acecha sus territorios.

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A QUIENES INTEGRAN LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

A LA EUROPA INSUMISA

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

A LAS REDES Y RESISTENCIAS QUE VEMOS AL EJEMPLO ZAPATISTA COMO UN CAMINO POR DONDE CAMINAR JUNTOS

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, quienes sostenemos la vida frente al despojo, denunciamos la grave escalada de violencia armada contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán la cual está siendo bombardeada y agredida por el crimen organizado, bajo la mirada cómplice, omisa y criminal del Estado mexicano lo que evidencia una ofensiva continua y coordinada:

• Martes 19 de mayo de 2026: A las 9:00 de la mañana, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) iniciaron un ataque frontal con armas de alto poder, en la encargatura de la Cofradía de Ostula, obligando a una evacuación de emergencia de las escuelas de la zona para salvaguardar la vida de los niños, los habitantes tuvieron que buscar refugio para no ser blanco de los ataques mientras la guardia comunal repelió los ataques.

• Jueves 21 de mayo de 2026: Al amanecer, se registró una nueva incursión criminal violenta, cercando las inmediaciones del territorio comunitario bajo ráfagas incesantes de fuego captadas en video por los propios comuneros.

• Miércoles 27 de mayo de 2026: La ofensiva durante la mañana y la tarde escaló en gravedad con el uso de drones adaptados para lanzar artefactos explosivos directamente sobre las viviendas de la población, provocando diversos daños materiales en hogares y vehículos, y manteniendo a la comunidad bajo terror.

• Al mismo tiempo en que ocurría el bombardeo criminal de la mañana del 27 de mayo, elementos de la Marina pretendieron introducirse en las playas de la comunidad, a varios kilómetros del epicentro de los ataques. Lejos de cumplir con su obligación de proteger a la población civil y detener al grupo criminal, ejecutaron acciones de hostigamiento contra la comunidad.

Desde el año 2020, el CJNG ha avanzado con total impunidad en la región sierra-costa, ocupando poblaciones, asesinando y desapareciendo a comuneros provocando el desplazamiento forzado de familias enteras. Este avance criminal responde a pactos explícitos con empresas mineras y grupos que ambicionan el despojo del territorio y la destrucción de la Madre Tierra para su beneficio económico.

Estos hechos se suman a los recientes ataques en contra de las comunidades p’urhépechas de Acachuén (el 6 de mayo pasado) y Santa María Sevina (el 17 de mayo pasado) por parte del CJNG, en los cuales les fue arrebatada la vida a 4 comuneros. No conformes con estos agravios, el día 25 de mayo la comunidad de Santa María Sevina e integrantes de 32 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán fueron reprimidos en la Casa de Gobierno de Michoacán donde se manifestaban para exigir seguridad en sus pueblos. Cabe mencionar que en los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de Michoacán han sufrido ataques del crimen organizado, han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional.

Los ataques de los Ardillos a los pueblos nahuas de la montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG – EZ y en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero son muestra de la gravedad a la que puede llegar esta guerra de desplazamiento, exterminio y ocupación .

Hacemos un urgente llamado a levantar la voz y exigir que pare esta guerra abierta de exterminio contra los pueblos, no permitamos que la Costa-Sierra de Michoacán se convierta en el espejo de la Montaña Baja de Guerrero. No permitamos que se repita la tragedia de los pueblos originarios guerrerenses, donde el abandono gubernamental, la infiltración absoluta de las instituciones y el terror sembrado por los grupos narco-paramilitares desmantelaron el tejido social, aislaron a las comunidades, masacraron a sus policías comunitarios y desplazaron forzadamente a miles personas, convirtiendo pueblos enteros en zonas abandonadas.

Ya no caben dudas de que estos ataques no son aislados, forman parte de una estrategia articulada en contra de los pueblos originarios que no piden permiso para defenderse del crimen organizado ante la complicidad y omisión del Estado.

Por ello, desde esta Asamblea Nacional, EXIGIMOS:

1. Alto a los ataques armados con drones y armas de alto calibre contra la comunidad de Santa María Ostula y de todas las comunidades indígenas de Michoacán.

2. Alto al hostigamiento a la comunidad de Ostula por parte de la Marina.

3. El desmantelamiento real y efectivo del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel los funcionarios y mandos.

4. La presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo inmediato a los autores intelectuales y materiales de los 42 asesinatos de comuneros pertenecientes a Santa María Ostula.

5. Alto a la represión en contra de las comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán que exigen seguridad y justicia.

6. El alto total a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México.

Hacemos responsables directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de cualquier pérdida humana y de los daños materiales ocasionados por los ataques del grupo criminal.

Como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos mantenemos en alerta permanente y llamamos a los pueblos, organizaciones, colectivos y personas de conciencia y buen corazón a pronunciarse, en las formas en que les sean posibles desde sus distintos territorios en el mundo, en contra de estos cobardes ataques que buscan eliminar pueblos completos.

¡Si tocan a Ostula, nos tocan a todas y todos!

ATENTAMENTE

A 27 DE MAYO DEL 2026

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

#Ostula

#AlertaOstula

#AltoALaGuerraContraLosPueblos

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

A LA DOCTORA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A lo largo del día de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, HA SIDO ATACADA, EN DOS MOMENTOS DISTINTOS, POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE, CON DRONES Y EXPLOSIVOS, POR EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG), reportándose diversos daños materiales en viviendas y vehículos.

Llama la atención que PARALELAMENTE AL ATAQUE DE LA MAÑANA, ELEMENTOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO (SEMAR) PRETENDIERON INTRODUCIRSE EN LAS PLAYAS DE LA COMUNIDAD, A VARIOS KILÓMETROS DEL EPICENTRO DE LOS ATAQUES; lo que resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla justo en el momento en que sufre la embestida de un cártel que ha cometidos cuantiosos asesinatos, desaparaciones y daños en la región y el país.

Por lo anterior, como autoridades agrarias y civiles de la comunidad indígena de Santa María Ostula, queremos hacer del conocimiento público la siguiente exigencia ante los ataques recientes que hemos sufrido a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y la acción cómplice de la Marina Armada de México:

Al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región sierra-costa en el estado de Michoacán y progresivamente ha ocupado poblaciones y cabeceras municipales, obligando a muchas familias a desplazarse ante sus actos de violencia, desaparaciendo y asesinando a defensores del territorio. Pero el CJNG también ha hecho tratos con empresas mineras y con grupos que solo desean el despojo de nuestros territorios, con la consecuente destrucción de la Madre Tierra, para su beneficio económico y eso; lo decimos fuerte, no lo vamos a permitir nunca.

Adicionalmente, quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas que habitamos en este país, las instituciones de seguridad que operan bajo las órdenes del Estado mexicano, hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no han realizado acciones contundentes para lograr la desarticulación de esta peligrosa organización criminal en la región y en el resto del país. No lo han hecho ni las corporaciones castrenses (Marina Armada de México y Ejército Mexicano), ni las instancias avocadas a la seguridad (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional), ni mucho menos los cuerpos de seguridad estatales.

El CJNG continúa operando impunemente y prueba de ello son los ataques con explosivos que lanzan usando drones, los cientos de elementos que mandan para balacear las casas de nuestra población, el terror que siembran a cambio de una fuerte ganancia económica. Solo para tomarse la foto y decir que si hacen su trabajo algunos elementos de la SEMAR se hacen presentes en nuestras playas y afuera de nuestra jefatura de Tenencia, los más arriesgados se asoman a la Cofradía unos minutos, pero con toda la capacidad de fuego que tiene el Estado mexicano no hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales.

¿Acaso no somos ciudadanos de este país y no merecemos la atención que está obligado el gobierno a darnos? ¿Estas instituciones actúan en complicidad con el crimen organizado? ¿Es el gobierno de México un gobierno criminal que se beneficia de la violencia y la ilegalidad, del desojo y de la explotación de nuestros pueblos? ¿A quién tenemos que recurrir para que se detenga la violencia?

Nosotros estamos organizados como comunidad con nuestras propias instituciones de seguridad, como la Guardia Comunal, lo hacemos porque solo así hemos logrado sobrevivir. Para ello nos asiste el derecho, de acuerdo a disposiciones nacionales e internacionales; tenemos la legitimidad para hacerlo derivado de nuestra condición jurídica de ser pueblos indígenas. No estamos pidiendo permiso para defendernos, estamos señalando que la función de la seguridad es fundamentalmente una obligación del gobierno federal, como lo es también respetar los acuerdos a los que llega en las meses de negociación, en las mesas de trabajo donde llenan su boca con palabras bonitas y promesas huecas, haciendo una pobre representación de su papel.

A todos los gobiernos exigimos respeto a nuestras vidas y que realmente trabajen, porque esto no es un favor que nos hacen, es su obligación.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno:

1. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES INTEGRADA POR EL EJÉRCITO MEXICANO, LA GUARDIA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, TAL COMO SE HA SOLICITADO PUNTUALMENTE A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y FEDERAL POR PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS POLICIALES CORRUPTOS.

3. LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS COMUNEROS DESAPARECIDOS; ASÍ COMO EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DE LOS 42 ASESINATOS DE COMUNEROS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA.

4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

5. EL ALTO TOTAL A LA GUERRA DE EXTERMINIO EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO.

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 27 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Alrededor de las 7:30 de la mañana, nuevamente el #CJNG volvió a atacar l encargatura de la Cofradía y lanzó explosivos con drones sobre casas de población civil.

#OstulaVive #OstulaFlorece

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 26 de mayo de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

El día 25 de mayo, la comunidad indígena de Santa María Sevina y una representación de 32 comunidades del CSIM que se manifestaban en la Casa de Gobierno de Michoacán en exigencia de seguridad, justicia y paz para las comunidades originarias y en particular, para Sevina, fueron reprimidos por los granaderos y las fuerzas policiales, previamente, el pasado 11 de mayo, compañeros del CSIM que apoyaban con manifestaciones a la comunidad de Acachuén, también en exigencia de justicia, fueron reprimidos en la caseta de cobro de Zirahuén. ¡Alto a la represión y criminalización de las comunidades que luchan por el derecho a vivir en paz!.

En los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de la entidad han sufrido ataques armados por el crimen organizado, en 4 años han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional o Ronda Comunal, la última agresión fue perpetrada en contra de la comunidad de Santa María Sevina, donde dos compañeros de la ronda fueron asesinados y uno resultó gravemente herido, recordamos también que previamente en marzo de 2025 ya habían sufrido una incursión armada. Exigimos seguridad y paz para Sevina y para las comunidades indígenas.

Desde hace más de dos años el CSIM ha venido denunciando la crisis de inseguridad que se vive en las regiones donde habitan comunidades originarias, se han tenido múltiples mesas de trabajo con el Gobierno Federal y Estatal, se han firmado sendas minutas de trabajo, pero pese a ello, el Estado mexicano no cumple con los acuerdos y la inseguridad, la injusticia y la impunidad se expanden como un cáncer en las comunidades. El gobierno no es capaz de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad y paz para los mexicanos, las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental.

Los ataques a las comunidades indígenas, forman parte de una táctica de control de territorio, de saqueo de recursos naturales y en contra de las formas de organización y gobierno de las comunidades indígenas, en este contexto, los funcionarios federales, estatales y municipales se encuentran más preocupados por hacer campañas electorales que por resolver los problemas de seguridad.

Hoy por hoy, el principal problema que sufren las comunidades es la inseguridad, los pueblos indígenas estamos hartos de tanta impunidad, por lo que categóricamente exigimos al Estado mexicano: el incremento del fondo de seguridad, no a la reducción de FORTAPAZ que lo recortaron un 20%, seguro de vida para todos los integrantes de las Rondas Comunales y Consejeros de Honor y Justicia, la dotación pronta de ambulancias para las comunidades y el establecimiento de una estrategia de seguridad para 450 comunidades que no tienen autogobierno y que se encuentran en total estado de indefensión.

¿De qué sirven 5 “Planes de Justicia” en Michoacán si la inseguridad rapaz continúa en todo el estado?

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

#CeremoniaPorSamir y #TorneoDeResistenciayRebeldías

Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», y en el marco de las «Jornadas Antimundialistas», que el gran capital y la FIFA imponen con Explotación, Despojo, Represión y Desprecio en contra de nuestros pueblos. Nosotr@s les decimos, que MIENTRAS USTEDES CELEBRAN ARRIBA, NOSTR@S ACÁ ABAJO, RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS CONTRA LA TORMENTA.

En medio de la guerra, la militarización, el despojo del agua, el territorio, la madre tierra y la vida, es el crimen organizado, el aliado e instrumento más eficaz que, gozando de toda impunidad, no solo desmantela la autonomía y la organización de nuestros pueblos, sino que secuestra, asesina, desaparece, desplaza forzadamente para quienes luchan por una vivienda digna y en contra de la gentrificación; para quienes como las Madres Buscadoras que dan una lección de vida para encontrar verdad y justicia para l@s más de 130,000 desaparecid@s; para las madres y padres de Ayotzinapa que en la víspera de cumplir 12 años del crimen de Estado, y sin importar el color del gobierno en turno, tampoco hay verdad y justicia; para l@s Pres@s Polític@s, que los muros de las prisiones son la respuesta a sus legitimas demandas; para los pueblos originarios que en la geografía del México de abajo, solo encuentran muerte y destrucción en la mal llamada Cuarta Transformación y porque a más de 7 años del impune asesinato de nuestro hermano «Samir Flores Soberanes», en donde también, al igual que el caso Ayotzinapa, se cometió un crimen de Estado.

Por todo ello, y porque mientras arriba celebran su Fiesta Mundialista, la #CopaMundialFIFA2026, y los malos gobiernos nos tratan de convencer que hay «Juego Limpio y Sociedad Justa», nosotros decimos que «NO HAY JUEGO LIMPIO Y SOCIEDAD JUSTA, SIN VERDAD Y SIN JUSTICIA». También nos dicen que «La pelota vuelve a casa», nosotros preguntamos, «¿LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA Y LOS MÁS DE 130, 000 DESAPARECID@S, CUÁNDO VUELVEN A CASA?»

Heman@s tod@s, porque nuestra lucha es en Común y por la Vida, Convocamos a la…

*JORNADA ANTIMUNDIALISTA CONTRA EL DESPOJO Y POR LA VIDA, «SAMIR VIVE»*

Que, se llevará a cabo en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes», el día sábado 6 de junio, en lo siguientes horarios:

11:00 a 18:00 Hrs.

Mercadita del Común y la Resistencia

– Invitamos a muy diversas colectividades para que se sumen y participen en la venta de sus productos.

– Si quieres tallerear, también se puede

11:00 a 14:00 Hrs.

Ceremonia por la Vida, la Lucha y la Resistencia de nuestro hermano «Samir Flores Soberanes». En esta Ceremonia, la Comunidad Otomí residente en la CDMX, hará entrega de un regalo que la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN le hizo llegar (por nuestro conducto), a la Familia del Compañero Samir Flores Soberanes

– Nos acompaña la Familia del Compa Samir

– Nos acompañan colectivos, organizaciones, pueblos y comunidades

– Nos acompañan compañeros del Frente de Pueblos, Morelos Puebla y Tlaxcala.

14:00 Hrs. 17:00 Hrs.

Torneo Antimundialista de Resistencia y Rebeldías contra el Mundial del Despojo y la Guerra.

– Invitamos a que las muy distintas luchas, resistencia y rebeldías se apunten para armar su reta. (mandar mensaje al siguiente correo: comunicacionotomi@gmail.com

– Al término del Torneo Antimundialista, se entregará un presente al 1o y 2o lugar.

17:00 a 18:00 Hrs. Comida y musica con alegre rebeldía

Cita: Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Alcaldía Benito Juárez

Atentamente

Comunidad Indígena Otomí en Resistencia y Rebeldía

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2026

Boletín no. 07

Fiscalía y Jueces en Chiapas criminalizan a integrantes del Congreso Nacional Indígena de la Comunidad de Jotolá, mediante la fábrica de culpables

• Ni las graves inconsistencias de los peritajes impidieron que el estado de Chiapas avanzara contra personas del pueblo maya tseltal, adultas mayores en condición de vulnerabilidad

• La justicia federal debe decidir si detiene esta persecución o permite que continúe la violación de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado interno

El 21 de mayo de 2026, nueve personas de la familia Moreno Hernández, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), comparecieron ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, en la que se les acusa injustamente del delito de despojo agravado. A pesar de que durante la audiencia la Fiscalía presentó peritajes con graves inconsistencias, el Juez de Control Agustín López decidió vincular a proceso a todas las personas imputadas, incluidas dos adultas mayores, una mujer y un hombre de 73 y 85 años, respectivamente, con debilidad auditiva y quien no sabe leer ni escribir. Asimismo, fueron vinculadas a proceso tres mujeres indígenas, madres responsables del cuidado de 12 hijas e hijos menores de edad.

En esta audiencia no se impuso ninguna medida cautelar, como detención o firma periódica, gracias al amparo promovido por abogados del CNI. Sin embargo, el proceso de judicialización continúa y persiste el riesgo de que, una vez que el Juez federal emita su resolución, el Juez de Control de Yajalón imponga medidas cautelares.

Preocupa la parcialidad y la arbitrariedad con las que se ha conducido el proceso jurídico, así como la actitud tendenciosa del Ministerio Público, orientada a imponer las medidas más lesivas contra las personas imputadas, como ya ocurrió con Francisco Moreno Hernández, quien continúa privado de su libertad de manera injusta por la fábrica de culpables. Lo anterior constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, al debido proceso y a la seguridad jurídica, así como a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales y regionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.

Cabe señalar que las nueve personas imputadas, más Francisco Moreno Hernández, junto con otras 25 personas, incluidas niñas, niños y adolescentes, son víctimas de desplazamiento forzado tras las acciones represivas ocurridas el 12 de febrero de 2026, en el ejido de Jotolá, municipio de Chilón, hechos perpetrados en tierras recuperadas legítimamente en el contexto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Desde entonces, esas tierras fueron ocupadas de forma pacífica, continua y pública durante 30 años por la familia Hernández Moreno.

En el operativo mencionado se incurrió en prácticas estatales orientadas a intimidar, silenciar y coaccionar a la población, -mediante actos de tortura y uso excesivo de la fuerza pública. En estos hechos participaron la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia Indígena, el Tribunal Agrario y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. También se vulneró el derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas, reconocido en normas internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anterior, exhortamos: a los jueces federales a tomar en cuenta las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso y resolver a favor de las 35 personas víctimas de desplazamiento forzado interno, incluidas niñas, niños y adolescentes; al Juzgado de Control a abstenerse de ejecutar cualquier acto de detención o reaprehensión en contra de las nueve personas.

Llamamos con urgencia a la solidaridad nacional e internacional para acompañar a las familias tseltales criminalizadas y desplazadas, exigiendo el cese inmediato de la persecución judicial. Es necesario que organizaciones, colectivos, comunidades, medios libres, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil se mantengan atentas, se pronuncien públicamente y actúen para impedir que la represión y la impunidad sigan avanzando contra los pueblos que están en la defensa de su territorio.

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Mensaje solidario de la autoridad de la comunidad náhuatl de Cuentepec, Morelos, a los compañeros del CIPOG-EZ

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