México, a 2 de octubre de 2024.

A quien corresponda:

Nosotras, como hijas de personas desaparecidas y ejecutadas durante la época contrainsurgente en México, hemos participado activamente de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH). Desde la primavera del 2022, cuando iniciaron las reuniones con comunidades de víctimas, las entonces cinco personas comisionadas anunciaron que investigarían diversas violencias perpetradas por agentes estatales, civiles y militares, en contra de militantes de organizaciones políticas armadas, de movimientos estudiantiles, movilizaciones sindicales, comunidades campesinas y afromexicanas, disidencias político-partidistas, movimientos urbano-populares, periodistas, comunidades LGBT+, personas criminalizadas y marginalizadas, víctimas de la lucha contra el narcotráfico, disidencias religiosas, personas refugiadas guatemaltecas, y personas y grupos que se opusieron a proyectos extractivistas.

Interesadas y comprometidas con el esclarecimiento histórico del período contrainsurgente, en agosto de este año recibimos la colección Fue el Estado,realizado por los equipos de investigación de los comisionados Abel Barrera, Carlos Pérez y David Fernández y de manera reciente conocimos del informe Verdades Innegables, por un México sin impunidad, de la comisionada Eugenia Allier. Verdades Innegables es el único texto proveniente del MEH que se integró al Informe 2024, un resumen que informa de los resultados de los cinco instrumentos (esclarecimiento histórico, búsqueda, justicia, memoria y atención a víctimas) de la COVEH.

Creemos un desacierto rechazar la colección Fue el Estado, de los comisionados Barrera, Pérez y Fernández, desconociendo con ello la mayoría de las comunidades violentadas por el Estado en el pasado reciente, debido a la imposición, desde la Secretaría de Gobernación, de una clasificación de víctimas “políticas” y a una supuesta infracción del mandato. La imposición de una categoría de víctima políticas desconoce las luchas y movilizaciones por la transformación del país que también fueron violentamente reprimidas, como comunidades indígenas, campesinas, obreras, de la diversidad sexual, y miles de comunidades sobre las que la violencia de Estado cayó para controlar y aniquilar cualquier atisbo de insurgencia y resistencia ante el poder autoritario. Desconocer esas luchas y vioencias, significa también borrar, una vez más desde el poder, la diversidad de las memorias.

Apelamos a que la Secretaría de Gobernación reconozca de manera integral los trabajos del MEH y que sea la Fiscalía General de la República, las fiscalías locales y tribunales quienes determinen la calidad de víctimas y de posibles responsables en las listas integradas a partir de las investigaciones testimoniales y documentales. Exhortamos a la Presidenta Claudia Sheinbaum a que retome y dé continuidad a este proceso para concretar los derechos a la verdad, la justicia, la no repetición y la reparación integral para toda víctima de las violaciones graves de derechos humanos del pasado y del presente.

Hoy honramos el recuerdo de nuestras madres y padres pensándoles como personas que lucharon organizadas con y para otras comunidades agraviadas. Y honrar ese recuerdo supone no permitir que se borren o desconozcan a otras personas o comunidades violentadas.

Agradecemos siempre la atención y la consideración. Jamás solos ni solas.

Alejandra Cartagena López, abogada feminista, hija de David Jiménez Sarmiento, ejecutado el 11 de agosto de 1976 y Leticia Galarza Campos, desaparecida el 5 de enero de 1978.

Irma Pineda Santiago, poeta y docente, hija de Victor Pineda Henestrosa, desaparecido el 11 de julio de 1978.

Marakorea Navarro Fierro, periodista, hija de Jorge Varela y Olga Navarro Fierro, desaparecidos el 8 de noviembre de 1977.

Alicia de los Rios Merino, historiadora, hija de Enrique Pérez Mora,, ejecutado el 16 de junio de 1976 y Alicia de los Rios Merino, desaparecida el 5 de enero de 1978.

26 de septiembre, 2024

A las madres y padres de los 43 compañeros estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por el Estado mexicano,

Al pueblo de México,

A los pueblos del mundo,

A la Sexta Nacional e Internacional,

Desde el corazón que somos, los pueblos, naciones, barrios y tribus del Congreso Nacional Indígena sumamos nuestro grito al de los padres y madres de Ayotzinapa para exigir: VERDAD, REPARACIÓN Y JUSTICIA.

A diez años de la injusticia perpetrada en contra de nuestros hermanos normalistas, el dolor y la rabia que nos une no han disminuido. Diez años en los que los gobiernos, en sus distintas administraciones, se han empeñado en enterrar la verdad bajo el manto de la impunidad.

Diez años de vergonzosa y descarada impunidad manchan la última década de este país, incluidos los últimos 6 años de la llamada Cuarta Transformación. Venimos a decirles que ninguna transformación es posible sin verdad para los padres y madres que buscan incansablemente; ninguna transformación es posible sin justicia ante estos hechos que han marcado nuestro país y ninguna transformación es posible siendo cómplices de toda la clase política, de todos los partidos, de todas las instituciones, y especialmente, sin que se admita y sancione la intervención y culpabilidad del Ejército al que en lugar de ello, se ha alabado y encumbrado.

Este gobierno ahora se va sin cumplir su palabra, por el contrario, ha encubierto y defendido a los políticos y militares implicados, mientras calumnia y le cierra las puertas a las madres y padres de Ayotzinapa y a su exigencia de verdad y justicia.

La administración actual, así como las anteriores, ha optado por proteger a quienes son sus cómplices: el crimen organizado, la clase política corrupta y las fuerzas militares que han silenciado a los que luchan por justicia. La siguiente administración de Claudia Sheinbaum, al igual que la de López Obrador, deja en claro que el tema Ayotzinapa no es prioridad, cerrando la puerta a la verdad y perpetuando el ciclo de impunidad.

El pasado ha sido un constante recordar que el Estado no sólo desapareció a 43 jóvenes, sino que también ha buscado borrar la memoria de su lucha y la de quienes, en cada movilización, replican sus voces. No permitiremos que continúe esta estrategia de olvidar y despreciar la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos.

La luz de nuestros compañeros sigue viva en la lucha de sus familias y en cada rincón donde se resiste al olvido.

Por todos los ausentes, por cada nombre que se suma a las filas de la descomposición social en la que ellos han convertido a este país, reiteramos que seguimos y seguiremos gritando “Hasta encontrarlos” “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

Nuestra exigencia de justicia y verdad no se detendrá.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos,

Nunca Más un México sin Nosotros.

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena

Fuente: Tlachinollan.org

Ciudad de México, a 25 de septiembre del 2024. A 10 años, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no saben dónde están sus hijos; dijeron que los policías municipales, estatales, federales y el ejército desaparecieron a los jóvenes. Ellos saben porque los mandaron para desaparecer.

Al filo de las 11 de la mañana empezó el mitin en el antimonumento a los 43, después de que los estudiantes llegaran en 22 autobuses de la escuela normal de Ayotzinapa y cerraran los carriles de la avenida Reforma. Isidoro Vicario, uno de los abogados de las familias, empezó con las declaraciones que hizo en su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la segunda parte del informe que había prometido a las madres y padres. Este 24 de septiembre, a través de los funcionarios, trataron de hacerlo llegar, pero no han podido hasta el cierre de esta publicación. Sin embargo, doña María Ma. Magdalena Maestro Olivares, madre del estudiante desaparecido Antonio Santana Maestro, agregó que el documento “en realidad no tiene nada, no hay respuesta alguna hasta el momento”.

“El informe de siete páginas dirigido a las familias no ha sido recibido. Se sabe que los Agentes del gobierno federal llevaban como 8 o 9 ejemplares y los fueron a aventar donde estaban los padres y madres de los 43, pero que aun así pedían que se firmara de recibido. En la última reunión Andrés Manuel López Obrador dijo: si es que ya no tendremos reunión porque no hay información novedosa de todos modos les haré llegar el informe. Es lamentable que un caso emblemático como la desaparición de los 43 estudiantes, aun en estos últimos días, no se toma con seriedad. Para nosotros es una falta de respeto a los padres y madres de los 43”, afirmó Isidoro Vicario.

La molestia de las familias es que el contenido del informe no aporta información sobre el paradero de sus hijos, ni sobre lo que ocurrió verdaderamente la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Más bien, “reitera lo que ha dicho en las últimas reuniones y mañaneras, donde el caso Ayotzinapa se complicó porque los propios abogados, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones internacionales son quienes obstaculizaron las investigaciones. También dice que estas organizaciones tienen un interés, y el mismo presidente decía que el movimiento de los padres era boicotear las elecciones, pero no es cierto. Por eso reiteramos que esta lucha de los padres y madres de los 43, a diez años han caminado con la frente en alto porque el interés que persigue es saber la verdad y saber el paradero de sus hijos. No tienen otro interés”, señaló Isidoro Vicario.

Durante 10 años han caminado y aquí se mantienen, y lo han reiterado una y otra vez que el único interés es el de sus hijos. Por eso la insistencia de que se entreguen esos 800 folios del ejército mexicano y el regreso de Tomás Zerón para que lo detengan y aporte información, y que se profundicen algunas líneas de investigación.

En el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que un grupo de 17 estudiantes fueron llevados a barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre y luego fueron llevados a alguna colonia periférica.

“Por eso la exigencia de los padres que se tenga profundizar esa línea de los 17 estudiantes para que sepamos el paradero. No hay otro interés de manchar la imagen de las instituciones como nos ha querido decir el presidente más que encontrarlos. Los padres y madres no quieren pelear con el ejército, lo que piden es que entregue la información porque el sexto informe del GIEI indica que hubo participación de militares. Hace un año Alejandro Encinas tuvo que reconocer que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado porque hubo colusión y participación de las diferentes corporaciones policiacas y de los tres niveles de gobierno”, finalizó el abogado Isidoro Vicario.

Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, habló de los años que llevan buscando a sus hijos. “Seguimos sin saber dónde están, pero sí sabemos que el ejército los detuvo, así como los policías estatales, municipales. Peña Nieto los mandó a desaparecer y no hay una señal de él, sigue libre. Por eso nos seguimos manifestando hasta encontrar a nuestros hijos”.

Los normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) reiteraron el apoyo hacia las familias hasta encontrar la verdad y que el caso pudo haberse resuelto en 72 horas. “Sin embargo, funcionarios políticos culparon a quienes no fueron los verdaderos culpables, mediante violaciones de derechos humanos y extorsiones para que dijeran lo que ellos quisieran. Así actúan los gobiernos para no manchar sus propias manos, diciendo que los normalistas vandalizan, pero no se dan cuenta que sus propios actos hacen que nos manifestemos. Como federación nunca dejaremos de protestar por las injusticias que hace el gobierno. Nos llama delincuentes, pero no traemos armas. Las únicas armas son nuestras consignas que gritamos con coraje a estos burgueses que sólo velan por su bien, no se fijan en la gente marginada que sólo quiere sobresalir”.

“Es un hecho de gravedad y es casi imposible que a 10 años no se pueda dar una verdad, no se pueda dar una respuesta. Cada integrante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tenemos un objetivo en común: llevar la educación a aquellos lugares más recónditos del país. Nuestro objetivo es ser aquellos portadores de la educación. No somos delincuentes, somos estudiantes. Cada uno está aquí levantando la voz, haciéndose escuchar y exigiendo justicia por todas aquellas personas que han sido violentadas, reprimidas y desaparecidas por el Estado”, reclamó una normalista.

Lamentaron que México sea un país lleno de violencia y que la prensa amarillista quiera ocultarlo. Llamaron a crear conciencia en un país corrupto como México, que desaparece estudiantes por estar contra de todos aquellos actos que violentan nuestros derechos. Criticaron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y adelantaron la exigencia de presentación con vida de los jóvenes para Claudia, la presidenta electa.

El mitin terminó cerca de las 2 de la tarde con el himno venceremos y otras consignas con el puño en alto. Las madres y padres se enfilaron al autobús para llevarlos al Centro Prodh. Los normalistas se quedaron un rato más coreando sus consignas. Después se subieron a los buses y quitaron el bloqueo que mantenían en el antimonumento, mientras duró el mitin. El silencio que quedó en la ciudad dejaba un vacío como en las familias de los 43 estudiantes. La vida continúa para las personas en México, pero para las madres y padres cada segundo repite las horas cruentas en que desaparecieron a sus hijos.

Mañana, 26 de septiembre se cumplen 10 años de impunidad. A las 4 de la tarde las familias realizarán una marcha del Ángel de la Independencia al zócalo de la Ciudad de México. Invitan a la población en general para que acudan a la marcha que tiene el rostro de los 43.

Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org

Por Carlos Martín Beristáin

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace un recuento de los hechos, los obstáculos y los pendientes de la investigación, subraya la responsabilidad del Estado y reconoce la lucha sin tregua de las familias para obtener verdad y justicia. Texto especial para A dónde van los desaparecidos

Hay un mapa que nació de esta tragedia. El que recorrimos en los lugares donde todo pasó, en esas calles de Iguala que se convirtieron en una trampa humana para detener, para llevárselos y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando llegamos a los lugares donde todo eso sucedió, parecía un milagro que algunos hubieran sobrevivido a los disparos de la cacería de la policía. Hay sitios en los que tomas conciencia no de lo que sucedió, sino de lo vivido. También llegamos al basurero de Cocula, donde la historia que escuchamos no cuadraba con la geografía ni con las declaraciones forzadas con el tormento. Todo aquello se tumbó con investigaciones independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, a contrapelo de instituciones empeñadas en mantener una verdad insostenible.

Durante estos años hemos acompañado y escrito los avances y revelaciones de una investigación plagada de obstáculos durante el primer año, donde investigar lo que pasó era tratar de escudriñar entre versiones, mentiras y medias verdades para avanzar un poco más en la revelación de los hechos. Cómo detrás del caso estaba el tráfico de heroína desde Iguala a EEUU y el estigma contrainsurgente de los normalistas como factor facilitador de una violencia contra los que no importan. Escribir los informes del GIEI, acompañar a los familiares y representantes, no ha sido fácil y ha dolido darse cuenta de tanta crueldad e infamia. También ha llevado esa tarea cuidadosa de medir las palabras y los hallazgos. Frente a quienes trataron de tergiversar tantas veces nuestro trabajo, les dijimos siempre: no ataquen al mensajero, discutan los informes. Siempre trataron de ponernos a favor o en contra de alguien, pero nosotros estamos a favor de la verdad que revelan los hechos.

Diez años, y en medio muchos pasos y promesas de esclarecer la verdad y sus responsables. En los últimos años se avanzó en el esclarecimiento, a pesar de que hubo que reiniciar la investigación casi desde cero porque todo el proceso fue anulado por las torturas a que fueron sometidos muchos detenidos y que pervierten no solo a quien las practica, sino también la verdad de lo sucedido, porque con la tortura ya no sabes qué es verdad y mentira. La PGR hizo mal una buena parte de las consignaciones, en las que les señalamos que había que corregir muchos errores, pero se prefirió negarlo de nuevo. De aquellas acciones, estos lodos.

En el nuevo rumbo con un nuevo gobierno se dieron pasos importantes adelante, nos convocó la invitación a un nuevo aire de esperanza. Se creó una fiscalía especial independiente y una comisión de la verdad con carácter extrajudicial. Acompañamos a las instituciones para quebrar los pactos de silencio, que fue la primera puerta para contar con nuevas informaciones, contrastarlas, también evitar nuevos intentos de manipulación.

Algunos testigos protegidos empezaron a hablar y romper esos pactos con los que se teje tantas veces la impunidad. Un testigo de Huitzuco señaló que al día siguiente de los hechos se oyó un cuchicheo en la comandancia de policía: Aquí ningún cabrón se raja, nadie va a hablar.

El pegamento de los pactos de silencio es no solo la complicidad sino el miedo, a veces por ti, por tu familia. Y no solo afectan a los perpetradores directos y sus cómplices, muchos de los cuales siguen ocultando lo que hicieron. Como me dijo un alto cargo de la PGR en 2016 cuando le cuestioné por las mentiras que ellos habían ayudado a cimentar en la llamada “verdad histórica”: Don Carlos, ellos son implacables.

Otros testigos de los hechos que vieron o supieron partes de la historia se acercaron porque tuvieron confianza, que es la energía que permitió avanzar. Conforme la investigación fue dando pasos adelante, nuevas cosas fueron reveladas. Todo ello lo hemos publicado en seis informes, cuyo contenido no ha podido ser cuestionado, a pesar de que ha habido tanta gente que sigue intentando manipular la historia para no mirarse en el espejo. No solo participaron policías de dos municipios, sino de cinco. La policía estatal, que dijo que se había ido a proteger una cárcel y encerrarse en el cuartel, estuvo en la escena de los hechos. Lo mismo que la policía federal y ministerial. Cada quien cumplió una parte de la acción que llevó finalmente a la desaparición. Por supuesto, responsable de la desaparición es toda la estructura de Guerreros Unidos, en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado que atacaron, detuvieron y les entregaron a los muchachos. Las autoridades de Guerrero dijeron que llegaron tarde, pero estuvieron al tanto desde el inicio y algunos de los responsables estaban bajo su mando. El ejército en Iguala dijo que salió cuando supo lo que ocurría, supuestamente cuando casi todo había pasado, aunque la desaparición siguió sucediendo hasta la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba allí. El análisis de la telefonía de muchos miembros de policías y militares del 27 batallón es una prueba de que mintieron en reiteradas ocasiones, de eso que Hannah Arendt dice en su libro Verdad y política: “Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira”.  Cuando preguntamos a un jefe del narco detenido en la cárcel cómo fue posible la desaparición de 43 estudiantes y el ataque durante cinco horas en medio de la ciudad de Iguala con tantas fuerzas de seguridad y dos batallones del ejército, nos dijo: Nosotros teníamos el poder.

Ayotzinapa es un mapa para entender la crisis humanitaria y de violencia que vive el país. El problema estructural en México pasa por la frontera con EEUU, donde las drogas suben hacia el norte y las armas bajan y financian la guerra en el sur. Pero como señaló la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que formé parte, en su informe final —un país que ha sufrido como nadie el impacto del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico—, el narco no solo es una industria o una serie de grupos armados criminales, para funcionar penetra en la estructura del Estado. Es más, no empieza a funcionar si no tiene unas bases de control político y territorial, y es parte de la propia economía. Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene.

Pero no es este el mapa que nos ha guiado. Hay otro tiempo en este caso, y en el de los miles y miles de familias de personas desaparecidas. Es el tiempo suspendido en el que viven los familiares, el dolor de la ausencia que pesa como el primer día, la lucha por levantarse una y otra vez mientras el tiempo pasa, los otros hijos e hijas y familiares que preguntan, la urgencia que quema por saber, la necesidad de que les miren a los ojos y que tantas veces escuchamos en nuestras reuniones con las familias y el Estado: Pónganse en nuestro lugar, piensen que uno de los desaparecidos es un hijo suyo. Esa empatía ha convocado a la gente en las calles desde hace 10 años. También la rabia de la dignidad de los nadie en sus manifestaciones pacíficas, que reivindicó el escritor y amigo Eduardo Galeano, quien en sus últimos días de su inmensa vida, cuando ya se le escapaba entre las manos, fue a una manifestación por Ayotzinapa en Montevideo. Las demandas de verdad y justicia de las familias son parte del impulso de los procesos democráticos, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) de Guatemala, Pro-Búsqueda en El Salvador, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y las organizaciones de familiares de desaparecidos de Colombia. También lo son las organizaciones de familiares de todo México. Los familiares han sido considerados tantas veces como parte del enemigo, y son en cambio el diamante de la conciencia colectiva.

La investigación del caso Ayotzinapa avanzó grandes pasos, la comisión de la verdad gubernamental reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero cuando llegó la judicialización encontró de nuevo obstáculos que dijeron: hasta aquí. Ninguna razón asiste a estos obstáculos, ninguna aguanta un debate serio. Diez años, y también oportunidades perdidas y acciones descarriladas. Siempre planteamos que no hay que tenerle miedo a la verdad. Hoy estamos en un aniversario que es un día de dolor para las familias, el peso de la ausencia de los que no están y a la vez el tiempo de la movilización, de estar de nuevo juntos, en un asombro maravillado que nos hace mejores, de este sentimiento compartido y la esperanza de algo mejor. Un nuevo punto de partida. La nueva presidenta electa de México dijo a los familiares, en su primera reunión, que el caso no estaba cerrado: hablemos de metodología. La metodología es un buen punto de partida, porque de eso ha ido esta investigación. No hay atajos para la búsqueda del destino y paradero de los normalistas sin tener en cuenta la verdad. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo por encontrar restos óseos que puedan corresponder a los estudiantes, pero esa búsqueda no puede separarse de la verdad que proporcionen testigos protegidos, que pueda comprobarse, y de la investigación con toda la documentación existente y a la que aún se necesita tener acceso como reclaman los padres y madres.

Hay momentos reveladores que no son los de los perpetradores y sus secuaces. Son el otro mapa, el que hemos vivido con los papás y mamás de Ayotzinapa, que han acompañado los representantes legales de organizaciones de derechos humanos  y funcionarios comprometidos con la verdad. Del desafío que nos plantearon en la primera reunión, en el salón de la escuela de Ayotzinapa, en las sillas que tenían que estar ocupadas por sus hijos desaparecidos, cada una con su nombre: Ustedes son los únicos en que confiamos, dígannos la verdad, y por favor no se vendan. Ese es un tatuaje invisible en nuestra piel, con él seguimos siempre en la vida. Y creo que no es solo nuestro, es el de tanta gente en México que se ha movilizado o ha mantenido esa distancia de versiones oficiales, a veces en silencio, esa insumisión de los de abajo. Los familiares de Ayotzinapa son parte de ese pueblo condolido, que busca la verdad y requiere justicia.

El mapa de Ayotzinapa son esos lugares emocionales que hemos recorrido con ellos y ellas, gracias a ellas y ellos, y algunos de los que compartimos también con otras víctimas, familiares de los otros normalistas y personas asesinadas, con el equipo de fútbol de Los Avispones, heridos y sobrevivientes. Nos han dolido y nos han conmocionado, y han puesto la luz en el camino cuando todas las puertas estaban cerradas, son los lugares que nos han unido en medio de las dificultades e insultos, y los intentos de quebrar el proceso colectivo de los familiares —un viejo recurso en la historia de México—. Los familiares nos han convocado una y otra vez, y han sido en toda esta lucha la fuente de sentido. Hay una suspensión de la conciencia que hace el horror posible, como ha escrito el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero este aniversario es un momento para juntar esos pedazos que nos duelen y para sentir el compromiso ético que moviliza a las familias y la sociedad.  México se juega aquí muchas cosas, y de la acción que en esto tomemos todos y todas dependerá su destino. Los familiares mantienen una conciencia clara y una reivindicación con todo su sentido, y no van a dejar de movilizarse y de tener razón en sus demandas de diálogo y documentación. La historia de las transiciones y cambios políticos en el mundo muestra que la desaparición forzada es un delito permanente y un dolor insoportable, pero también una fuerza persistente que impide el olvido. Mi segunda mamá, Fabiola Lalinde, cuyo hijo Luis Fernando fue desaparecido por el ejército en Colombia, y que fue detenida y acusada de narcoterrorista para tratar de desprestigiarla, llamó a su lucha por la verdad y por su hijo Operación Cirirí. El cirirí es un pequeño pájaro chillón, que sigue al gavilán que se lleva sus polluelos hasta que lo obliga a soltarlos. Traer a sus hijos hasta hoy es el trabajo de la memoria y la lucha por los desaparecidos, les damos las gracias por la confianza y porque así, quienes trataron de ser silenciados, nos hablan del camino para su búsqueda y de lo que hoy México sigue necesitando. Los familiares de Ayotzinapa son parte de esa Operación Cirirí de la persistencia de la dignidad. De nuestra parte, este es el mensaje para los familiares: estamos con ustedes.

Texto especial para A dónde van los desaparecidos

*Foto de portada: El médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la presentación del sexto informe en julio de 2023. (Emiliano Molina/ObturadorMX)

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Carlos M. Beristain

Es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y actualmente es Comisionado de la Paz en Colombia.

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En el marco del X Aniversario de la Desaparición forzada de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX y la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, hacemos atenta #INVITACION, para que este lunes 23 de septiembre a las 16:00 Hrs. Nos acompañen para que junt@s recibamos a las Madres y Padres de Ayotzinapa.

Con ell@s tendremos un “ENCUENTRO DE DOLOR Y RABIA”, abracemos la esperanza, caminemos sus dignos paso y exijamos tod@s, verdad y justicia para nuestros 43 y miles más.

Se acabó el Sexenio de la mal llamada #CuartaTransformación y #LópezObrador no cumplió con su palabra. Encubrió al #Ejército, a la #ClasePolítica, al #CrimenOrganizado, a la #GuardiaNacional, a la #Marina, a la #PolicíaEstatalyMunicipal, no toco ni investigó a #PeñaNieto; es decir, cumplió al pie de la letra con su #PactoDeIMOUNIDAD.

Con la entrante administración que encabeza #ClaudiaSheinbaum, no solamente NO dará continuidad a las “investigaciones”, concluirá el caso, pues el tema #Ayotzinapa, nunca lo tuvo en su agenda.

Este es el #DolorylaRabia de la que debemos hablar.

Porqué olvidar a 43 ausentes?, Porqué celebrar el cierre de una administración, si no fueron capaces de encontrarlos?, Porqué se impuso el poder económico, político y sobretodo, el militar, a la Verdad y la Justicia para nuestros 43?, Porqué Andrés Manuel prefirió la Impunidad y el Olvido a la Verdad y la Justicia?, Qué hace pensar que con Claudia Sheinbaum, las cosas serán diferentes?

Herman@s tod@s.

El Compañero y Artista Gráfico, #GranOm aporta a esta causa de digna resistencia un #CartelConmemorativo de los #10AñosDeAyotzinapa. Así que está disponible en la #CasadelosPueblosyComunidadesIndígenas y en el #CaféZapataVive para que puedas pasar por un ejemplar y con el, puedas sumarte este 26 de septiembre a las 16:00 hrs. a la marcha a la que han convocado las madres y padres de Ayotzinapa, la cita es en el Ángel de le independencia al Zócalo de la #CDMX.

También habrá actividades por Ayotzinapa, acá en la CDMX los días 23, 24 y 25 de septiembre, por lo que invitamos a sumarse y participar.

Finalmente por acá dejamos la liga del cartel para que quien guste y pueda imprimirlo y/o reproducirlo. La idea es que inundemos la marcha de Ayotzinapa con este cartel.

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Ayotzinapa Vive, la Lucha Sigue!

Fue el Ejército!

https://www.dropbox.com/scl/fi/kfs6gmavgv57xpvddl11n/147-Arte-Al-Servicio-147-Cartel-Ayotzinapa-10-A-os-Gran-OM-Co-Digital-Ago-24.jpg?rlkey=coykohim8dggiizn58mszkh8m&st=ilwoy9sx&dl=0

A los medios de comunicación, organizaciones sociales y de derechos humanos

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos indígenas de México y del mundo

Y a la sociedad en general

Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera Hernández y responsabilizamos al Estado mexicano.

El 23 de agosto de 2018, Sergio Rivera Hernández, defensor del agua y del territorio, activista indígena nahua, fue víctima de desaparición forzada en la Sierra Negra de Puebla. Sergio, padre de familia y mecánico de profesión, dedicó su vida a la defensa del agua y el medio ambiente, enfrentando el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan, impulsado por la empresa minera Autlán, el cual representa una grave amenaza para los ríos y ecosistemas de la región.

Sergio Rivera Hernández no solo luchaba por su comunidad, sino por el derecho de todos los pueblos indígenas a decidir sobre el uso de sus tierras y recursos naturales. Su desaparición es un trágico ejemplo de la violencia sistemática que enfrentan los defensores de derechos humanos y del medio ambiente en México, donde intereses económicos suelen imponerse sobre la vida y los derechos de las personas.

Ante esta situación, exigimos:

1. La inmediata presentación con vida de Sergio Rivera Hernández. Responsabilizamos al Estado mexicano por su desaparición y demandamos justicia ante la evidente falta de imparcialidad y corrupción que han permitido que sus captores permanezcan impunes. Exigimos su localización y el castigo de los responsables.

2. La protección efectiva de todos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.Es indispensable garantizar la seguridad de quienes, como Sergio, arriesgan sus vidas para proteger sus territorios y recursos ante el constante acoso y amenaza de megaproyectos destructivos en todo el país.

3. El cese total de la criminalización y represión de los movimientos sociales que se oponen a proyectos extractivos. Exigimos también un alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas y el respeto irrestricto a los derechos de las comunidades indígenas ante cualquier amenaza.

4. El fin de la impunidad en casos de desaparición forzada en México. El Estado mexicano debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, investigando y sancionando a los responsables de estos crímenes con todo el rigor de la ley.

Sergio Rivera Hernández es una víctima de la guerra contra los pueblos indígenas y de los intereses económicos que prevalecen en nuestro país. Exigimos justicia y la presentación con vida de nuestro hermano.

¡Porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!

Atentamente,

Movimiento Agrario Indígena Zapatista

30 de agosto de 2024

¡LOS ÚNICOS DERROTADOS SON LOS QUE DEJAN DE LUCHAR!

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

¡Lucha por los que ya no pueden luchar!

¡Resiste por quienes ya no pueden resistir!

¡Exige memoria, verdad y justicia por los desaparecidos!

Comunidades originarias de Michoacán a 30 de agosto de 2024.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, por medio del presente, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada , que no es un día de conmemoración, sino de lucha, declaramos conjuntamente lo siguiente:

México vive una crisis de derechos humanos, es el país de las desapariciones, oficialmente existen más de 115,570 desaparecidos (Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas 30/Ago/24), la República Mexicana es el país de la injusticia e impunidad, empezando por las instituciones gubernamentales que históricamente son las principales responsables de las desapariciones forzadas, entre ellos el Ejército Mexicano y las Fuerzas de Seguridad (Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico).

En este contexto, en la denominada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, en 1974 fueron detenidos, torturados y desaparecidos 7 compañeros habitantes de los pueblos originarios, José de Jesús Guzmán Jiménez, y sus hijos Amafer, Armando, Solón Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz, así como José Luis Cruz Flores, todos originarios de la comunidad de Tarejero, al igual que Rafael Chávez Rosas de la comunidad de Caltzontzin y Doroteo Santiago Ramírez de la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetio.

Las desapariciones forzadas de la familia Guzmán Cruz, fueron denunciadas ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante medio siglo esta familia p’urhépecha, ha luchado contra la desmemoria, la impunidad y la injusticia, actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH, donde presentaron el caso en octubre del 2006, fue declarado admitido en julio de 2013, se realizaron las audiencias finales en julio del 2017, pero a la fecha, aún se espera el dictamen de fondo.

Por ello, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales que conforman el #CSIM, realizamos el día de hoy la Jornada de Lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para los Desaparecidos P’urhépecha, tomando 6 carreteras federales:

1) Carretera Cheran-Zamora en Acachuén.

2) Carretera Cheran-Uruapan en Aranza.

3) Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.

4) Carretera Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.

5) Carretera Pátzcuaro-Uruapan en San Juan Tumbio.

6) Carretera Uruapan-Los Reyes en Nuevo Zirosto.

Pliego petitorio:

▪️Exigimos que la CIDH emita el dictamen de fondo del caso de la familia Guzmán Cruz; Que se cumpla cabalmente la sentencia del Juicio de amparo 565/2018-I del Juzgado Noveno de Distrito del caso del compañero Rosendo Radilla Pacheco y que la Secretaria de la Defensa Nacional abra sus archivos sobre la guerra sucia.

▪️Demandamos una mesa de trabajo con el Gobernador de la entidad, toda vez que el Gobierno de Michoacán miente, discrimina y no resuelve los problemas de los pueblos indígenas, manteniendo múltiples pendientes en materia de seguridad, educación, obra pública, justicia, salud y transporte.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Este martes 27 de agosto se llevó acabo la última reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014. Tras este encuentro los padres y madres decidieron romper el diálogo y han resumido que la búsqueda de sus hijos ha sido un “total fracaso”. “La posición de los padres es que ésta ya es la última reunión, no vemos condiciones de una próxima reunión”, puntualizó el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales.

A pesar de la desilusión y el cansancio, los familiares de los estudiantes no dejarán de luchar. Este 26 de septiembre están llamado a una protesta masiva en la ciudad de México, para recordar que, a pesar del paso del tiempo, la exigencia de justicia sigue viva. Mario César González, padre de uno de los estudiantes, invita a la sociedad a unirse en esta marcha, enfatizando la necesidad de mantener la sensibilidad hacia el caso de Ayotzinapa.

“Esperemos que la marcha sea grande, para que vean que todavía hay sensibilidad hacia el caso”, concluye Mario César, con la esperanza de que, algún día, puedan conocer la verdad sobre el paradero de sus hijos.

¿Dónde se quedó el caso?

Era el invierno del año 2018 cuando AMLO se había reunido con los familiares de los 43 estudiantes, también participaron organizaciones de derechos humanos de México y extranjeros. En ese momento el mandatario informaba que, mediante un decreto, se había creado la Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa). “Les aseguro que no habrá impunidad. Ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, afirmó con toda seguridad el presidente de México, a quien le resta casi un mes para concluir su mandato. 

Lo que reflejan los familiares es una total frustración, ya que lo que AMLO llamó de “justicia”, solo se convirtió en una falsa promesa. César González, con una mezcla de dolor y amargura, expresa que, aunque se abrieron varias líneas de investigación, todo se estancó al momento en que las investigaciones se inclinaron hacia la participación del Ejército.

“El caso iba caminando, pero cuando se llegó al Ejército, ahí se estancó todo.  El presidente de la República lo que hizo fue darle todo el apoyo al Ejército”, remarca el padre del estudiante.

Incluso, menciona Mario César al equipo de Avispa Mídia, el presidente les pidió pruebas “y eso no nos corresponde, son ellos quienes tiene que investigar”, agrega, aún así, “le presentábamos las pruebas, pero él solo las descalificó,” comenta.

Las familias de los estudiantes no solo están frustradas, sino enojadas, porque el compromiso del presidente se ha desvanecido. Además de ello, “se han convertido en cómplices al defender a quienes participaron en los hechos y al desacreditar a los equipos de investigación independientes”, menciona el padre de Gonzáles Fernández.

Es así que, más de una decena de militares relacionados con el caso, ya han sido puestos en libertad, como el general José Rodríguez Pérez, acusado en informes de la CoVAJ-Ayotzinapa de haber dado la orden de desaparición de los estudiantes y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Hoy goza de libertad condicional. Esta orden fue dada en julio pasado por la jueza Raquel Duarte Cedillo, del distrito en materia penal con sede en Toluca, Estado de México.

Parte de la acusación sobre el general se fundamenta en las declaraciones de un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), uno de los líderes de Guerreros Unidos. El que lo hayan liberado “es una burla para todos los que hemos buscado a nuestros hijos,” afirma con indignación Mario César.

El sello del gobierno del cambio

Las familias habían exigido la presentación de más de 800 expedientes, pero el gobierno nunca les dio una respuesta certera. “El presidente dice que no existen. La Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] dice que ya los entregó”.

Además, los familiares de los estudiantes han denunciado que el gobierno ha manipulado a una fracción de los padres y ha intentado dividir su organización. “Hay un líder que antes andaba con nosotros que ha manipulado a cuatro padres, luego los presentan en la mesa de la comisión de búsqueda. A ellos nosotros los desconocemos. Para nosotros esta es una estrategia de divisionismo por parte del gobierno para debilitarnos y que dejemos de buscar a nuestros hijos”, dice Mario Cesar.

Así, el sello de aquel gobierno que prometió justicia para el caso Ayotzinapa, hoy concluye como un “gran fracaso y, peor aun, termina diciendo mentiras porque no tiene la forma de cerrar el caso de los 43 estudiantes”.

Mario Cesar concluye diciendo, “nosotros vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos, por ello seguimos llamando a la solidaridad; este gobierno ha sido igual que el anterior”.

23 agosto, 2024 0

Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Sergio Rivera Hernández, llevada a cabo por operadores vinculados a José Antonio Rivero Larrea, dueño de la minera Autlán, quienes intentaban imponer el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Azalan en la Sierra Negra de Puebla.

Sergio Rivera Hernández es, sin lugar a dudas, una víctima de la guerra contra los pueblos y de los intereses económicos que prevalecen en este país. Como defensor del agua y del territorio, su presencia ha sido constante a lo largo de la resistencia y la lucha digna en México.

Exigimos la localización, ubicación y presentación con vida de nuestro hermano. Demandamos su retorno seguro a casa.

Sergio Rivera Hernández:
PRESENTE.
Porque vivo se lo llevaron, y vivo lo queremos.

Ciudad de México 26 de julio de 2024

Señor Presidente, quienes abajo firmamos, padres y madres de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, nos dirigimos a usted respetuosamente para dejar constancia escrita de nuestra respuesta al reporte del 8 de julio de 2024, publicado hace unos días.

Aunque el documento no nos fue entregado personalmente en nuestro domicilio, como se había anunciado, sino en un proceso poco cuidadoso, al punto de que muchas familias no recibieron su correspondiente copia, ya todos y todas hemos podido conocer el documento, al menos en la versión que se publicó el sábado 20 de julio en el periódico La Jornada.

Después de revisar el reporte y analizar su contenido junto con nuestro equipo de asesores queremos compartir nuestras valoraciones, junto con las razones y pruebas que lo sustentan.

Somos los primeros en reconocer que al inicio de su Gobierno, su voluntad de reabrir la investigación en el caso de nuestros hijos se tradujo en avances que no se habían logrado sin su voluntad. Sin embargo, nuestra exigencia principal de saber qué pasó con nuestros hijos mediante el esclarecimiento pleno de lo ocurrido y la sanción a todos los responsables no ha sido aún satisfecha.

Como padres y madres esto nos causa dolor y sufrimiento en esta tortura de no saber sobre nuestros hijos, lo que nos ha impulsado a seguir movilizándonos para exigir la verdad y justicia, y siempre lo hemos hecho con dignidad: un caso de desaparición forzada no puede considerarse resuelto mientras no se esclarezca el paradero de los desaparecidos.

Nunca ha sido nuestro interés señalar al Ejército para debilitarlo como institución, ni para servir a intereses ajenos a nuestra única prioridad, que es saber qué pasó con nuestros hijos. Los señalamientos sobre la necesidad de investigar el papel de los militares tiene que ver con la propia investigación, pues en esta aparición poco a poco preguntan sobre la actuación de integrantes del Ejército antes, durante y después de los hechos.

Antes de los hechos, porque se acreditó la infiltración ilegal en la escuela normal Raúl Isidro Burgos y los vínculos militares con las organizaciones delictivas en Iguala.

Durante los hechos, porque esa noche los militares presenciaron completamente la desaparición de nuestros hijos y luego lo ocultaron de modo sospechoso en sus declaraciones iniciales.

Y después de los hechos, porque la Sedena actuó y actúa con opacidad frente a la investigación, al no entregar toda la información, pese a que así instruyó desde el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018.

Además, la indagatoria arrojó al menos otros dos elementos adicionales que pensamos son relevantes: el dicho de los testigos protegidos que hablan de una posible participación activa en la desaparición y los mensajes de teléfono de celular que gracias a sus gestiones se recuperaron de los Estados Unidos, que muestran cómo los militares tenían vínculos con los criminales.

Frente a esos hechos lo único que hemos pedido es que esta línea de investigación se agote y que se actúe en consecuencia.