Nuestras comunidades están siendo afectadas por los derrames de hidrocarburos, el agua que nos queda para consumo humano ha sido contaminada, nuestros arroyos, y la tierra en la que sembramos.
Este derrame se localiza en la comunidad de Ojital Viejo en Papantla, Veracruz. Pero está afectando los alrededores.
Agradecemos a quienes nos leen compartan esta información, pues está siendo invisibilizada.
¡Exigimos que se las empresas responsables se hagan cargo de este escocido y daño socioambiental!
El día de hoy, 21 de septiembre a las 11:24 am arribaron a las inmediaciones del basurero de San Pedro cholula Unidades de la Comisión Federal de Electricidad, con una grúa para llevar a cabo la imposición de reconexión de energía eléctrica para las instalaciones del basurero de muerte, cabe mencionar que pese a ser colocados los sellos de clausura por parte de PROFEPA el pasado 21 de agosto y pese haber sido clausurado por decreto de los pueblos el pasado 21 de marzo, el basurero continúa contaminando con los lixiviados que emanan de la montaña de muerte generada por la empresa criminal Profaj Hidro Limpieza en complicidad con el gobierno estatal y municipal.
Tras ser cuestionados por los pueblos que resguardan el plantón contra el basurero, trabajadores de la CFE llegaron con elementos de la policía estatal, alrededor de 20 elementos antimotines, armados, a bordo de las patrullas 1059 y 1549 procedieron a intimidar y amenazar a las y los compañeros que realizan guardias en resguardo del plantón.
Gracias a la pronta respuesta de los pueblos y organizaciones solidarias, se retiraron aproximadamente a las 12:00 pm.
Ante estos actos ilegales y violentos la Unión de Pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del agua reiteramos que nuestra lucha es por la vida y contra los proyectos de muerte como es este basurero.
Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos solidarios a que hagan presencia y nos acompañen en el proceso de exigencia del plan de retiro y remediación que es el siguiente paso en nuestra lucha contra el basurero de muerte, así también, exigimos que sean cerradas todas las carpetas de investigación con las cuales el gobierno estatal criminaliza nuestra lucha.
Hacemos responsable al gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes y al secretario de gobernación Javier Aquino Limón de cualquier atentado en contra de los pueblos que defendemos la vida y el territorio.
Por último, invitamos a participar en la faena y reforestación en los al rededores del basurero que llevaremos a cabo el día de mañana domingo, 22 de septiembre a partir de las 10:00 am con la finalidad de ir sanando la tierra tan lastimada por los malos gobiernos y empresarios.
ATENTAMENTE
Autonomía, Agua, Tierra y Libertad
Unión de pueblos y fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del agua
LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR(O.C.S.S.) COYUCA DE BENITEZ SE SOLIDARIZA Y MANDA SALUDOS COMBATIVOS.
Ante los recientes hechos de violencia generados por un grupo de choque enviados por la alcaldía de Xochimilco este 5 de septiembre del 2024 cuando compañeros de diferentes ORGANIZACIONES DE APOYO AL (CNI-CIG) Y PUEBLOS pertenecientes al CONGRESO NACIONAL INDIGENA , CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO, se manifestaban pacíficamente en solidaridad a la compañera HORTENSIA TELESFORO miembro de la asamblea general permanente de la comunidad de san Gregorio Atlapulco que tiene orden de “aprensión” por su activismo en defensa de la vida y el territorio.
Ese día alrededor de unas 40 personas como a las 2 de la tarde vestidos de civil agredieron a nuestros compañer@s ante la vista de policías que no hicieron nada para detenerlos los agresores llegaron con armas punzo cortantes y palos atacaron y persiguieron a compañeros golpeando robando cámaras celulares, entre los compañeros hay gente de la tercera edad, jóvenes y mujeres.
Este mismo grupo de choque detuvo a 5 compañero (ANSELMA MARGARITO FRANCISCO DE LA COMUNIDAD OTOMI RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MUXICO, JORGE MANUEL CANCINO GARCIA, URIEL GARCIA ROJAS AMBOS DEL COLECTIVO CONCIENCIA Y LIBERTAD UNAM, ROBERTO RODRIGUEZ CONTRERAS QUE ES PARTE DE LA COORDINACION METROPOLITANA, Y PENELOPE ESTEFANIA GALICIA ARGUMEDO DE MEDIOS LIBRES RADIO ZAPOTE ) que luego entrego a la policía quien fue cómplice desde el primer momento negando información de su paradero por lo cual se denunció en calidad de desaparecidos por lo cual la comunidad otomí se manifestó y presiono para que fueran presentados, donde también fueron reprimidos, estos compañeros posteriormente fueron puestos a disposición de la fiscalía de la delegación Tlalpan que también fueron cómplice de la represión.
También notamos con la saña que fueron reprimidos nuestros compañeros por parte de la 4T eso deja ver que el desprecio a los pueblos indígenas sigue más notable como hace más de 500 años, cada 6 años cambian al capataz, pero siguen mandando los finqueros (los señores del dinero neoliberalistas, capitalistas, patriarcales)
¿Por qué la 4T no da respuesta a los compañeros otomís que se encuentran en resistencia?
¿Por qué los hostigan diario con su vigilancia y cortándoles la luz donde se encuentran resistiendo, en el edificio mal llamado inpi y renombrado por los compañeros CASA DE LOS PUEBLOS SAMIR FLORES SOBERANES?
¿Por qué la 4t no hace nada para parar la violencia de la delincuencia organizada que amenaza, desplaza y mata en cada comunidad indígena, ciudad colonia y barrios?
¿Por qué no hay respuestas de justicia al dolor de los padres de los normalistas desaparecidos que ya van a cumplir 10 años de no encontrarlos, porque no hay justicia para los tres muertos de la noche trágica de iguala, y los que a matado el narco gobierno después?
¿Por qué en lugar de promulgar leyes vacías para los pueblos originarios, no se aprueban los acuerdos de San Andrés impulsados por los compañeros del EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL?
¿Por qué los tres niveles de gobierno dejan que la delincuencia organizada se aproveche de los beneficios de la naturaleza que tienen las sierras, bosques y selvas para sostener sus guerras?
¿Qué hace realmente el ejército, marina, y guardia nacional en las calles si el crimen organizado sigue haciendo de las suyas ante sus ojos y en casos en complicidad?
Después de todo lo dicho mandamos un caluroso saludo a los compañeros zapatistas que siguen dando ejemplo de organización, ante la violencia que se avecina seguiremos tratado de organizarnos en la medida de nuestras posibilidades DESDE GUERRERO, SIERRA, COSTA GRANDE QUEREMOS DECIRLES NO ESTAN SOLOS.
¡ALTO A LAS AGRESIONES A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!
¡AGUA, AIRE, TIERRA Y BOSQUES SIN VENENOS NI CONTAMINANTES, ES UN DERECHO DE TODOS!
¡PRESENTACION CON VIDA DE BENITO BAHENA MALDONADO, GILBERTO ROMERO, ¡MAURO BAHENA MALDONADO Y GABRIEL BAHENA BAHENA!
Castigo a Rubén Figueroa, responsable de la masacre de Aguas Blancas.
Alto a las agresiones a los compañeros de CIPOG-EZ en las comunidades de la región de la Montaña en Guerrero.
Alto a los desplazamientos de familias y comunidades por la delincuencia, en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas.
No a la minera en Mexico.
¡Presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa y castigo a los culpables! ¡Ni un muerto más en el país!¡La masacre de Aguas Blancas no se olvida!
¡POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDIGENAS Y CAMPESINOS!
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 19 de septiembre de 2024
Boletín No. 22
Denunciamos el incremento de la violencia a integrantes del Frayba
• Allanamiento, amenaza de muerte, difamaciones, seguimiento como los actos más frecuentes.
• Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) tiene 35 años de promover y defender los derechos humanos en Chiapas. En esta travesía por la defensa de derechos, ha documentado y acompañado a víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos que buscan acceso a la justicia frente a la impunidad, principalmente en el marco del Conflicto Armado Interno que aún no se ha resuelto.
Desde su inicio, el Frayba ha sido objeto de constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano, así como pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios, por realizar el trabajo de defensa de los derechos humanos, el cual ha molestado los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen. El común denominador es la falta de investigación, identificación y castigo a los responsables.
Desde 2021, hemos alertado el incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas.
Desde el mes de enero en Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales.
En los meses de julio, agosto y septiembre hemos documentado amenazas de muerte y recientemente el allanamiento a la casa de un integrante del Frayba como un modo de intimidación y de amenaza. Los comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio a nuestro trabajo sigue siendo una constante. Se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal.
A pesar de que el Frayba cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba. Las omisiones del Estado al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario, tiene un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, porque sabe de facto que existe un pacto de impunidad.
En el marco de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, es fundamental destacar que, toda persona tiene derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales en los planos nacional e internacional. Además, cada Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por tanto, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y proteger a toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos.
Lo anterior reflejan el compromiso de la comunidad internacional para asegurar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todas las circunstancias, y que los Estados desempeñen un papel activo en la promoción y protección de estos derechos.
Es claro que el Gobierno no cumple a cabalidad con la protección en el territorio mexicano, hoy estamos en medio en una crisis profunda de los derechos humanos y una violencia generalizada y criminal que se decanta en todas las esferas de la vida, el gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos tal como es en Chiapas.
A pesar de la ineptitud gubernamental, desde el Frayba, reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para pronunciarse y sumar la voz de exigencia por el respeto al trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos para seguir construyendo la paz. Nos solidarizamos con los pueblos, organizaciones y colectivos que han sido reprimidos y criminalizados por defender sus derechos, su tierra y territorio, estamos convencidos que desde abajo y a la izquierda estas las alternativas para seguir tejiendo organización y comunidad.
En el marco del X Aniversario de la Desaparición forzada de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa, la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX y la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, hacemos atenta #INVITACION, para que este lunes 23 de septiembre a las 16:00 Hrs. Nos acompañen para que junt@s recibamos a las Madres y Padres de Ayotzinapa.
Con ell@s tendremos un “ENCUENTRO DE DOLOR Y RABIA”, abracemos la esperanza, caminemos sus dignos paso y exijamos tod@s, verdad y justicia para nuestros 43 y miles más.
Se acabó el Sexenio de la mal llamada #CuartaTransformación y #LópezObrador no cumplió con su palabra. Encubrió al #Ejército, a la #ClasePolítica, al #CrimenOrganizado, a la #GuardiaNacional, a la #Marina, a la #PolicíaEstatalyMunicipal, no toco ni investigó a #PeñaNieto; es decir, cumplió al pie de la letra con su #PactoDeIMOUNIDAD.
Con la entrante administración que encabeza #ClaudiaSheinbaum, no solamente NO dará continuidad a las “investigaciones”, concluirá el caso, pues el tema #Ayotzinapa, nunca lo tuvo en su agenda.
Este es el #DolorylaRabia de la que debemos hablar.
Porqué olvidar a 43 ausentes?, Porqué celebrar el cierre de una administración, si no fueron capaces de encontrarlos?, Porqué se impuso el poder económico, político y sobretodo, el militar, a la Verdad y la Justicia para nuestros 43?, Porqué Andrés Manuel prefirió la Impunidad y el Olvido a la Verdad y la Justicia?, Qué hace pensar que con Claudia Sheinbaum, las cosas serán diferentes?
Herman@s tod@s.
El Compañero y Artista Gráfico, #GranOm aporta a esta causa de digna resistencia un #CartelConmemorativo de los #10AñosDeAyotzinapa. Así que está disponible en la #CasadelosPueblosyComunidadesIndígenas y en el #CaféZapataVive para que puedas pasar por un ejemplar y con el, puedas sumarte este 26 de septiembre a las 16:00 hrs. a la marcha a la que han convocado las madres y padres de Ayotzinapa, la cita es en el Ángel de le independencia al Zócalo de la #CDMX.
También habrá actividades por Ayotzinapa, acá en la CDMX los días 23, 24 y 25 de septiembre, por lo que invitamos a sumarse y participar.
Finalmente por acá dejamos la liga del cartel para que quien guste y pueda imprimirlo y/o reproducirlo. La idea es que inundemos la marcha de Ayotzinapa con este cartel.
Hace semanas, los grupos de jóvenes zapatistas tuvieron reuniones para ver cómo podían promover el tema del común entre ellos y con los jóvenes partidistas.
Tuvieron entonces la idea de un maratón (de 23 kilómetros) en caminos de terracería con pendientes pronunciadas (es decir, “lomas” -como les decimos acá-).
En su plan se trataba de que no hubiera premios de beneficio personal entre los que ganaran. En cambio, el objetivo era que el premio fuera una base productiva para empezar primero con los colectivos de sus pueblos. De ahí el siguiente paso es que se puedan crear proyectos del común, donde se involucren a los jóvenes partidistas.
Los premios fueron entonces animales de pie de cría de pelibuey y de animales de granja. Aunque las parejas de pelibuey serían para los primeros lugares, todas y todos los participantes tendrían la paga para comprar pollos e iniciar sus proyectos para granjas colectivas. El GAL (Gobierno Autónomo Local) de cada pueblo, va a cuidar que se cumpla el compromiso y va a pedir informes.
Esto fue lo que me explicaron que harían y (son zapatistas pues), así lo hicieron.
Eligieron la fecha del 16 de septiembre para así celebrar el inicio de la guerra de independencia y el lugar que en ese proceso -y a lo largo de toda la historia de esta geografía llamada “México”-, tuvieron y tienen los pueblos originarios.
Según me cuentan los Tercios Compas de la zona (Nota: los “Tercios Compas” son grupos de jóvenes zapatistas que hacen el trabajo de medios de comunicación: desde tomar videos, editarlos, hacer grabaciones, programas de radio y sonidistas; hasta “cubrir” lo que acontece en sus pueblos, regiones y zonas), el maratón inició a las 3 de la mañana hora nacional (4 de la mañana hora zapatista suroriental), y, desde dos puntos de partida, convergerían en el Puy (o “caracol”) de Dolores Hidalgo. Habría categoría de “jóvenas” y de jóvenes, es decir, de mujeres y varones.
Aunque no había límite de edad, se inscribieron unos 200 jóvenes y “jóvenas” zapatistas. Su edad promedio andaba por debajo de los 20 años, pero la mayoría son jovencitas y jovencitos de entre 12 y 16 años.
Los grupos juveniles que no participan corriendo en el maratón, se organizaron de modo que unos cubran la salida con consignas de animación; otros de la llegada con porras y dianas; otros van en camiones animándolos en el camino por si alguien se desmaya, y con música y palabras del común a su paso por las comunidades; y otros se encargan de las pláticas sobre la independencia, la entrega de los premios a quienes participaron, y el baile del final.
Quienes llegaron primero lo hicieron unas 3 horas después de la salida. Pero la mayoría todavía estaba a un tercio o la mitad del camino. Se consultaron entre quienes eran coordinadores sobre si ya se recogía y se trasladaba en los camiones a los faltantes. Se acordó que les fueron preguntando a quienes estaban en camino.
Según me cuentan, las compañeras a las que se les ofreció que se subieran al camión, lo rechazaron respondiendo, palabras más, palabras menos, algo como “Claro que no. De por sí vamos a llegar a donde hay que llegar, de repente dilata, pero vamos a llegar, aunque sea arrastrándonos”. Al saber de esa respuesta, los varones tuvieron que negarse también a ser “rescatados”.
Y, en efecto, todas y todos fueron llegando. En la noche bailaron. Y así fue como transcurrió el festejo del 16 de septiembre… en las montañas del Sureste Mexicano.
Doy Fe.
El Capitán. México, septiembre del 2024.
P.D. DE MORALEJA FRENTE A LA TORMENTA. – Hubo varones y compañeras que mantuvieron el paso y el ritmo, y completaron el desafío en los primeros lugares. Los demás explicaban: “es que se prepararon con tiempo porque ya sabían lo que iban a enfrentar”.
P.D. CHISMOSA DE AUTOGOL DE GÉNERO. – El enviado especial zapatista en el lugar de los hechos me cuenta: “Los varones llegaron a la meta y se derrumbaron agotados. Con calambres y cubiertos de tierra, tirados en la explanada del caracol, sólo escuchaban las consignas y la bulla. Uno de los corredores confesó: “uh compa, acaso estoy pensando de baile, ahorita me duele hasta la gorra”. En cambio, las compañeras sólo tomaron agua y preguntaron a qué hora iba a ser el baile. Mientras un grupo de jovencitas reía y bromeaba entre sí sobre cómo habían terminado, una de ellas declaró: “Preguntamos de la hora del baile para ver si alcanzamos a bañarnos, o nos bailamos así como estamos de por sí, que ya somos del color de la tierra”. Todas sonreían contentas. Habían completado 23 kilómetros de una ruta ingrata, en cuyas lomas hasta los vehículos automotores batallan.
Mmh, creo que esto no lo voy a poner. Sería reconocer que las compañeras tienen más resistencia que los compañeros, y la solidaridad de género me impide hacerlo. Así que borren esta parte.
P.D. AL CHISME. – Y tal cual, a la hora que empezó el baile, sólo las jóvenas levantaban el polvo al ritmo de las cumbias. Sólo después de un buen rato, y en lo que se llama “orgullo de género”, los varones se incorporaron. Renqueando y haciendo muecas de dolor, pero sin perder la compostura, decían: “Estamos bien, es sólo un nuevo modo de bailar que acabamos de inventar y que se llama “Cumbia de Esto te pasa por no prepararte para lo que viene”.
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Ecos de un baile lejano y un teclado compiten con grillos desentonados. Un chispazo y el olor de tabaco apenas delinean una figura en el dintel de la champa. La noche es ya reina y señora en las montañas del sureste mexicano. Arriba la madrugada, con una nagua de estrellas y una luna de borde mellado como medalla en el pecho, mueve las caderas al ritmo de la “cumbia del Común”.
De nuevo doy fe. El Capitán.
Imágenes y videos grabados por Los tercios Compas Audio «En la noche», Amparanoia y Manu Chao
En portada: Juan López comparte sobre la lucha para detener la extracción minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras y otros megaproyectos que amenazan las tierras y bienes comunes en valle del Bajo Aguán. Octubre, 2016. Foto: Santiago Navarro F.
Juan López, reconocido líder social y defensor del territorio en la región del valle del Bajo Aguán, norte de Honduras, fue asesinado a balazos la noche del sábado (14) cuando salía de la parroquia de San Isidro Labrador en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
López participó en la defensa de la montaña Botaderos, el Parque Nacional Carlos Escaleras y los ríos Guapinol y San Pedro, amenazados por la implementación de una serie de megaproyectos donde destaca la empresa minera Inversiones Los Pinares de la familia Facussé, y su proyecto de extracción de óxido de hierro dentro de un área natural protegida.
Además de participar en la iglesia católica como coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, Juan López se integró a la lucha popular desde el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y también se desempeñaba como regidor en dicha municipalidad desde enero del año 2022.
El crimen contra el defensor ambiental aconteció días después que organizaciones sociales alertaran de que, a 11 meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la medida cautelar 137-2023 en beneficio de 30 integrantes del CMDBCPT y del Bufete Justicia para los Pueblos, el Estado hondureño había fallado en su cumplimiento.
Esto derivó de una alerta temprana realizada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) quien señaló la inacción institucional por parte del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General del Sistema Nacional de Protección, Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigación (DPI) de Tocoa y la Secretaría de Desarrollo Social.
Apenas el 12 de septiembre, tras una reunión con la Procuraduría General de la República, y el Mecanismo de Protección para las y los Defensores, López compartía para medios locales que la excesiva burocracia impedía la implementación de las medidas dictadas por la CIDH. “Viene en buen momento esta alerta temprana del Conadeh, dados los últimos acontecimientos que surgen en el territorio y de cómo han venido moviéndose los grandes capitales sobre la vida de las comunidades y eso aumenta el riesgo en el territorio”, detallaba el defensor.
Tras el asesinato, la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) enfatizaron en comunicado que ninguna autoridad le había brindado medidas de protección a López. Además, subrayaron la labor del defensor en denunciar los “múltiples actos de corrupción realizados por el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez”.
Defensores en riesgo
El homicidio de López ocurrió días después que exigiera la renuncia del alcalde, Adán Fúnez del partido Libre quien es señalado por Devis Rivera Maradiaga, -criminal líder del grupo “Los Cachiros” sentenciado por tráfico de drogas en Estados Unidos y quien testificó contra el ex presidente Juan Orlando Hernández- de haber recibido dinero del narcotráfico.
Fue el pasado martes (10) cuando López solicitó la dimisión voluntaria del alcalde de Tocoa tras la exposición de un video por el medio Insigth Crime en el que se muestra a Fúnez, junto a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, para obtener financiamiento de los delincuentes que se encauzó en las elecciones del año 2013. En aquel momento Fúnez también presidía la alcaldía de Tocoa, epicentro de la actividad criminal del grupo “Los Cachiros”.
El alcalde de Tocoa, Adán Funez, miembro del Partido Libre. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
“En caso contrario debe ser la fuerza popular que lo obligue a renunciar porque ya no es bajo estos términos la persona indicada para guiar los destinos del municipio”, sostuvo López, quien había denunciado múltiples amenazas de parte del mismo alcalde, así como de Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek, empresas involucradas en la extracción minera al interior del Parque Nacional Carlos Escaleras.
López fue un férreo defensor del medio ambiente frente a lo que pobladores de Tocoa denominan “el Monstruo de Siete Cabezas”, es decir, siete megaproyectos entre los cuales se encuentran dos minas de óxido de hierro; una termoeléctrica -operada con cóque de petróleo- para alimentar una planta peletizadora; así como tres pozos de agua para mantener todas estas operaciones industriales.
Por su parte, Esly Banegas, miembro de COPA, relató para el medio Contracorriente que Juan, junto a otros defensores de la región del Aguán, recibió amenazas después de la realización cabildos, a finales del 2023 e inicios del 2024, donde el alcalde Fúnez impuso la instalación del proyecto termoeléctrico de la empresa grupo EMCO, el cual también recibió respaldo de funcionarios como Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras.
Cifras de la Conadeh señalan que durante el año 2023 se registraron los asesinatos de 15 defensores del medio ambiente. De ellos, siete ocurrieron en el departamento de Colón. Entre las víctimas se encuentran tres defensores del río Guapinol: Alí Domínguez, Jairo Bonilla y Óscar Oquelí Domínguez.
Condena
El asesinato de López despertó la condena de organizaciones sociales de Honduras, Centroamérica y del mundo. La iglesia católica, a quien López dedicó parte de su labor dentro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús también se sumó a las exigencias por justicia. “La Iglesia responsabiliza a don Adán Fúnez y a sus secuaces que cobardemente le han quitado la vida, Juan era una piedra en el zapato de la corporación municipal”, fueron las palabras del padre Carlos Orellana, párroco de la Iglesia de San Isidro Labrador.
A su vez, Edy Tábora, abogado coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, enfatizó que Juan López murió criminalizado y “sin que se investigaran las amenazas que recibía constantemente, muere sin que el Estado cumpliera la medida cautelar de la CIDH que ordenaba proteger su vida”.
Las protestas del 13 de junio del 2024 en Tocoa debido al pleno municipal organizado ilegalmente por el alcalde para aprobar la termoeléctrica. Foto: Erick Pineda/Radio Progreso.
En pronunciamiento, el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) subraya que el crimen contra López ocurrió sin que las autoridades hicieran nada para impedirlo. “Su muerte acontece en medio del dolor que viven decenas de familias que han visto la muerte posarse sobre las y los líderes que han luchado en favor de la defensa de sus ríos, bosques, tierras y territorios”, recalca.
Organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), a través de sus coordinadoras, también exigieron justicia por el asesinato del defensor ambiental.
Desde el exterior, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (OACNUDH) se sumó a la exigencia por realizar una investigación urgente en el asesinato de Juan López, además de adoptar medidas urgentes para proteger a su familia y a los miembros del CMDBCPT.
En portada: Ejidatario de San Antonio Calpulalpan, Tlaxcala, integrante del Colectivo 16 de Octubre, organización que defiende tierras de propiedad social frente a proyectos industriales, de generación energética y fábricas en uno de los ejidos más deforestados de la región. Foto: Elizabeth Díaz.
Dentro del paquete de iniciativas de reformas constitucionales llevado acabo en los últimos meses, como cierre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (Amlo), se encuentra la reforma al Artículo 27 constitucional, que regula la propiedad social de la tierra – de las comunidades y ejidos en el país.
“Es una reforma importante que está siendo realizada, como otras, de forma silenciosa. El Artículo 27 es donde están justamente los grandes intereses con relación a la minería y con relación a los bienes del subsuelo”, sostiene Armando de la Cruz, abogado en defensa del territorio de la organización Tequio Jurídico.
Las propiedades sociales representan el 50.7% de la superficie del territorio nacional, es decir, 99,759,455 hectáreas, de acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN). Gran parte de los recursos naturales se encuentra dentro del régimen de propiedad social. El 70% de los bosques y dos terceras partes de los recursos hídricos se localizan en ella. Sesenta y ocho pueblos indígenas viven en estas tierras.
La iniciativa fue presentada por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, además de diversos diputados del partido Morena, y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en abril de 2024. Desde entonces ha avanzado de manera silenciosa en el Congreso de la Unión. Ahora está pendiente de ser enviada al pleno de la Cámara de Diputados.
Por un lado, en los debates públicos promovidos por Morena, se busca sostener que las modificaciones y adiciones a dicho artículo representan un avance en la defensa de los derechos agrarios, de campesinos e indígenas, al contrario de la reforma al mismo artículo promovida en 1992, en la cual se impulsó y garantizó las condiciones para la entrada de la propiedad social al mercado de tierras.
En la exposición de motivos de la iniciativa se invoca tratados y convenios internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas y hasta el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas, el 1 de enero de 1994, que “marcaría el inicio de una nueva etapa en la vida nacional (…), que tuvo como uno de sus resultados más importantes la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre ‘Derechos y Cultura Indígena’”, el día 16 de febrero de 1996, de acuerdo al texto de la iniciativa de Morena.
Por otro lado, las organizaciones reunidas en el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca, alertan que efectivamente los cambios y adiciones al Artículo 27 no son coherentes con la exposición de motivos de la iniciativa.
Durante movilización en febrero del 2022, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán -organización que trabaja para la construcción y ejercicio de la autonomía de los pueblos e la región- derrumban el monumento “Los constructores” ubicado en Morelia, Michoacán. La razón de la acción, argumentan, es que dicho símbolo representa el racismo y despojo contra las comunidades indígenas del estado.
Representan, al contrario de lo que se ha difundido, una “profundización de la reforma neoliberal”, alertan las organizaciones, y del proceso de transferencia de la propiedad social al mercado de tierras, iniciada en 1992.
Aumentan el poder de jurisdicción del Estado mexicano sobre la propiedad social, disminuyendo la autonomía y autodeterminación de las comunidades y ejidos sobre sus territorios. “Nos despoja de nuestros derechos fundamentales, otorgándole a la nación la propiedad de todo lo que hemos logrado a través de las luchas históricas (…), y los recursos naturales que están en nuestros territorios”, sostienen en un pronunciamiento público.
Abogados de diferentes organizaciones que componen el Foro de Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Oaxaca conformaron un comité para analizar las entrelineas de los cambios y adiciones al artículo. En el siguiente apartado recuperamos las interpretaciones de algunos de los cambios y adiciones presentadas por el equipo de abogados durante el Foro: riesgos y desafíos para los pueblos originarios.
En el primer párrafo se amplia el dominio del Estado mexicano sobre la propiedad social. Se adiciona al texto constitucional las frases en negrita:
“La propiedad de las tierras, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico, y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada y, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, constituyendo la propiedad social”.
El texto original establece que las tierras y aguas son propiedad de la nación. “Ahora, lo que pretenden agregar es que también son propiedad de la nación la biodiversidad, el valor intrínseco del subsuelo y el espectro radioeléctrico”, sostiene la abogada Egla Pérez Cabrera.
Además, la iniciativa propone que el dominio de estos elementos (las tierras, las aguas, la biodiversidad, el valor intrínseco de los bienes del subsuelo, el espectro radioeléctrico) puede ser transmitido no solo a los particulares, para constituir la propiedad privada, pero también a los ejidos, a las comunidades y pueblos indígenas, para constituir la propiedad social; lo que presupone que los pueblos y comunidades originarias tendrían que pedir permiso o una concesión al Estado para el uso de estos elementos (incluyendo la tierra, el agua o el espectro para sus radios comunitarias).
“Esta reforma, en caso de que fuera aprobada, estaría restringido a los pueblos estos elementos que conforman ya la propiedad social. Porque para que las comunidades pudieran aprovechar estos recursos, tendrían que pedir una concesión o autorización al Estado mexicano”, explica la abogada.
En relación al subsuelo, “sería con esta reforma propiedad de la nación; las comunidades ya no tendrían por qué intervenir [en casos de que haya concesiones o proyectos de explotación en sus territorios]. Esta es una interpretación que queda sobre la mesa”.
También “consideramos el hecho de que se incluya el espectro radioeléctrico como parte de la propiedad de la nación en territorios de las comunidades, generaría una afectación para las radios comunitarias, que de por sí han sido criminalizadas”, analiza la abogada.
“Interés público”
En el tercer párrafo pone en el rango constitucional el “interés público” por encima del derecho colectivo de los ejidos y comunidades. Considerando que, de facto, los procesos extractivos mineros o grandes emprendimientos de desarrollo son considerados de “interés público”. Así que en el siguiente párrafo la reforma propuesta adiciona la palabra en negrita:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada y social las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centro de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico”.
Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra se manifiesta contra explotación minera en la región norte de Chiapas.
“La nación podrá imponer a las comunidades las modalidades que dicte de ‘interés público’ en beneficio social. Suena bonito, sin embargo, sabemos que, con los discursos demagógicos de la clase en el poder, estos discursos de interés público, de progreso, de beneficio social se han cometido múltiples atropellos a los derechos de los pueblos y comunidades”, analiza la abogada.
Dos ejemplos, citados por ella, son los megaproyectos del Tren Maya y Corredor Interoceánico. “En el decreto de fecha de 18 de mayo de 2023, se declara que estos megaproyectos son de ‘seguridad nacional’ e ‘interés público’. Antepone lo que consideran ‘interés público’ a los intereses de los pueblos”.
¿Transferencia o robo?
Se adiciona el siguiente párrafo, en el cual se pretende “transferir” al Estado todos los bienes tangibles e intangibles de los pueblos:
“Son propiedad de la nación: los vestigios, construcciones, monumentos arquitectónicos, albarradas, cerámicas, estatuillas, utensilios, herramientas, semillas y especies originarias del territorio nacional, osamentas, diseños y tejido de ropa, conocimientos ancestrales, idiomas, escrituras, códices, pinturas, esquelas, murales, manuscritos, planos, mapas, sistemas numéricos, astronómicos, centros ceremoniales, ceremonias, música, danza, cantos, instrumentos musicales, el arte en todas sus manifestaciones de los pueblos originarios que habitaron el territorio nacional”.
La abogada Pérez Cabrera se refiere a ello como si “pareciera una broma. Consideramos que estamos ante una amenaza de despojo, de acaparamiento, ante un robo por parte del Estado mexicano contra nuestros pueblos. Está arrebatando a los pueblos todo lo que vienen creando de manera ancestral, a lo largo de toda su existencia”.
Patentes
Además, si es aprobada la reforma, se ampliará la jurisdicción del Estado en la propiedad de patentes de semillas y plantas medicinales. De tal forma que se adiciona al párrafo cuarto las palabras en negrita; se fortifica el dominio del Estado sobre el germoplasma – término utilizado para describir las semillas, plantas o partes de plantas que son útiles en la mejora de cultivos, la investigación y la conservación- de la biodiversidad:
“Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, del germoplasma de la biodiversidad endémica, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su exploración necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materiales susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales solidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno solidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional; en la extensión y términos que fue el derecho internacional”.
“El Estado toma posesión o fortifica su derecho sobre las plantas, sobre las semillas de las comunidades. Será propietario del material genético de las plantas endémicas en sus territorios, muchas de ellas utilizadas como plantas medicinales, habiendo la posibilidad de otorgar a particulares en concesión, incluso vender patentes a farmacéuticas”, analiza el abogado Isaí Jiménez García, de la organización Flor y Canto.
Extranjeros
Adición al párrafo décimo, que define cómo los mexicanos o empresas mexicanas pueden adquirir el dominio de las tierras:
“I. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la secretaria de relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus, gobiernos por lo que se refiere a aquellos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo, en una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas y en toda la región Istmo de Tehuantepec, en ambos lados de las vías centrales del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec de los Estados libres y soberanos de Oaxaca y Veracruz, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo tierras y aguas”.
“Se está ampliando la cláusula de restricción de adquisición de tierras por parte de personas extranjeras. Ya no solamente serán las costas o las fronteras, sino también en esta región de Istmo de Tehuantepec que es una zona estratégica, donde circulará mucha mercancía y se piensa como una zona estratégica. Seguramente se añade esta restricción, pensando en la seguridad nacional”, explica el abogado Abel Sánchez Martínez, de Tequio Jurídico.
Pobladores del Istmo de Tehuantepec se manifiestan en contra de la instalación de un parque industrial del Corredor Interoceánico.
Sin embargo, “en la práctica, se sabe que utilizan artimañas, incluso jurídicas, para traer sus empresas, constituirlas como mexicanas, y así poder utilizar estas costas, estas fronteras y seguramente este corredor interoceánico. El propio gobierno mexicano está incentivando inversión extranjera en este corredor”, sostiene el abogado.
Estado, en dominio de la propiedad social
En el mismo párrafo décimo, en su fracción séptima, se reconocen los derechos de los pueblos originarios, pero en la propuesta se reafirma que estos derechos quedan sujetos a lo que establece este primer párrafo, “que dice que la nación es dueña de todo y también le corresponde el dominio directo de la propiedad social”, explica Sánchez Martínez.
“Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Se reconoce la relación especial de los pueblos indígenas con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, así como sus costumbres y sistemas de tenencia de la tierra, por lo que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la propiedad de sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, en sintonía con el párrafo primero de este artículo”, dice la fracción modificada.
Alerta
Las organizaciones reunidas en el Foro llaman a la sociedad a encender los focos de alerta a lo que “constituye una amenaza de despojo a los pueblos originarios de sus territorios, de sus recursos naturales, de su patrimonio cultural tangible e intangible; por eso hay que estar muy pendiente de lo que puede pasar”, señala la abogada Cabrera.
Piden, en su pronunciamiento público, que se retire la iniciativa de reforma al Artículo 27 constitucional y que “defendamos verdaderamente la propiedad social agraria, la identidad de los pueblos y comunidades que integramos la nación mexicana, a preservar la propiedad colectiva”.
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Opinión Publica
Hermanas y hermanos:
Hoy nos encontramos para unir nuestras voces en un solo grito, el grito urgente de la ¡PAZ! Desde 1997 hasta este año 2024, cada mes denunciamos la impunidad que vivimos por la masacre de Acteal, exigiendo la no repetición, pero las masacres se han multiplicado a lo largo y ancho de nuestro estado, sin embargo, estamos aprendiendo de nuestros mártires representados en las cruces, signo de la entrega no violenta de Jesús, a dar luz con su palabra. “Ustedes son luz para el mundo, no se puede esconder una ciudad construida sobre un cerro. Ni tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. (Mt. 5, 14-15) Estamos aquí, porque creemos que en medio de las tinieblas tenemos que dar razones de la luz que guíen nuestros pasos hacia la paz.
Porque nos preguntamos ¿Cómo llegamos en nuestro estado, a ser controlados por los señores de la muerte? Controlados por las empresas que saquean nuestros recursos naturales, controlados por el crimen organizado, y controlados por el gobierno estatal, y los presidentes municipales, sospechosos de ser cómplices de los grupos armados, ¿será qué por eso operan y controlan los pueblos con el poder del dinero y de las armas, detrás del poder político?
Ya no sabemos quién gobierna el estado, quién informa con otros datos al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, que afirma, que la violencia es propaganda de los conservadores, negándose a creer en la verdad de nuestra palabra y sufrimiento.
Sentimos que las autoridades caminan al revés, como lo muestran los hechos que se vive en los diferentes Municipios: El ejército, detiene a la gente, y no a los criminales, el pueblo pone los muertos y la Guardia Nacional protege a los sicarios. Las autoridades locales esconden su irresponsabilidad en los gobiernos estatal y federal, mientras el crimen organizado, actúa con impunidad: obligan a los jóvenes a trabajar para ellos, en los enfrentamientos los ponen al frente como carne de cañón, bloquean caminos, controlan la circulación, saquean las casas, desplazan comunidades, disparan armas de alto calibre, detonan bombas con drones, sembrando el miedo y el terror por donde pasan… porque saben que no habrá consecuencias, porque no les importamos. A las familias y personas que se niegan a tomar partido, las amenazan y/o asesinan, sin que los defienda quienes tienen la obligación por ley, de proteger sus derechos más elementales.
Las Abejas no podemos callar la verdad ni quedarnos al margen de la realidad que vivimos, la violencia continuúa su proceso de deshumanización, de pueblo en pueblo y de comunidad en comunidad, pero tenemos la esperanza, en que los caminos de la verdad, del amor, la justicia que nos llevan a la paz siempre han ganado. Pareciera que el mal es invencible, pero al final, sabemos que fue vencido por el Resucitado, esta es nuestra verdad y nuestro camino.
“Y por eso nosotras y nosotros, hoy, estamos llamados a ser actores de esperanza”.
Jtotik Samuel Ruiz
A todas nuestras hermanas y hermanos que les han robado LA PAZ y la tranquilidad Nuestra oración y nuestra solidaridad
Y porque la paz es una necesidad humana, que necesitamos, para vivir en armonía,
EXIGIMOS a los tres niveles de gobierno:
• Una LEY RETORNO que de seguridad a todos los desplazados para el regreso a sus respectivas comunidades.
• DESARMEN a los grupos armados y,
• GARANTIAS de SEGURIDAD a todos los habitantes de Chiapas
¡VIVA LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.
Atentamente,
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
