EL CIPOG-EZ DENUNCIA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE GUERRERO POR SU INHUMANIDAD FRENTE A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS EN TODO EL ESTADO.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos

1 de marzo de 2022

Hermanos y hermanas, les informamos que se dio una reunión en la fiscalía del estado de Guerrero el pasado viernes 25 de febrero, acordada con Sandra Luz Valdovinos, fiscal del estado de Guerrero e integrantes del CIPOG-EZ, estando presentes familiares de las víctimas de desaparición forzada, Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, ambos desaparecidos por autoridades del municipio de Atlixtac el pasado 25 de enero. Además de la fiscal, se encontraba el fiscal especializado en desaparición forzada de Guerrero, así como delegados de la Comisión Estatal de Búsqueda Arturo Solís Felipe, por la secretaría de gobernación Nancy Decidierio, personal de la CNDH, así como Alan Cruz por la Comisión de Atención a Víctimas.

Nos convocaron sólo para entregar las carpetas de investigación a las familias de los desaparecidos y para hacernos saber las líneas de investigación, entre éstas. Pese a encontrarse toda la cantidad de autoridades ya mencionadas, éstas se negaron a comentar algún punto respecto a las recomendaciones que la ONU hizo al gobierno mexicano respecto a la desaparición forzada de Pablo Hilario y Samuel Hernández, no tienen plan de acción ni cronograma de búsqueda, se negaron a hacer investigación y búsquedas en el municipio de Atlixtac, aunque existe la información de que fue ahí donde desaparecieron.

Por si fuera poco, siguen manejando la información como un hecho aislado, no como parte de todo un contexto de violencia y muerte. Mucho menos consideran que la desaparición fue realizada por un servidor público, nadie asume ninguna responsabilidad, no dan fechas para nada, no hay información clara a la familia. No nombran a los culpables, no se nombra a “Los Ardillos” como los perpetradores de los hechos. Dicen que lo valorarán como una tercera línea de investigación.

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POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ FRENTE AL OPERATIVO FALLIDO DE LA SEDENA EN QUECHULTENANGO, UNO DE LOS BASTIONES DEL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

17 de febrero de 2022

Frente a la estrategia fallida del ejército el día de ayer miércoles 16 de febrero en Quechultenango, pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten. No concebimos que el ejército mexicano, con toda la capacidad técnica, logísitica, tecnológica, con todo eso que llaman “inteligencia militar”, no haya sido capaz de llevar a cabo las detenciones de los operadores del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en Quechultenango. No entendemos cómo entran a hacer un operativo y un grupo de 200 pobladores, cuya mayoría teme a “Los Ardillos” pero controlada por ellos, los amedrentan y expulsan de la comunidad.

Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de “Los Ardillos”, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias ¿a caso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de “Los Ardillos” y dirigidos por Bernardo Ortega, diputado local por el PRD en Chilpancingo? ¿A caso no hemos dicho hasta el cansancio y se ha comprobado que las policías municipales trabajan para el crimen organizado igual que muchos presidentes municipales incluyendo el de Quechultenango? ¡Firmaron una minuta con dirigentes de sicarios!

¿Para qué tanta palabrería y operativo, si al final terminan negociando con quienes tienen que detener, si al final se fortalecen los grupos narco-paramilitares a los que se tenía que desarticular?

En el registro de video que queda del “operativo”, una mujer, les dice en su cara a los militares que “ellos son ardillos”, en alusión a la gente que se manifestó para expulsar a los militares; con todo el cinismo que brinda la protección del estado. Ella no miente, efectivamente Quechultenango, así como Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco (base donde viven los Ardillos), son bastiones de “Los Ardillos”. Lo que no dijo, es que tanto en Quechultenango, como en sus demás bastiones, la mayoría de la población les teme, pues sufren extorsiones y el miedo de vivir algunas de las atrocidades que “Los Ardillos” han venido haciendo en el estado de Guerrero por más de 30 años, con la protección de los gobiernos del PRI, PRD y ahora Morena.

Que quede claro, que no denunciamos a la gente de Quechultenango que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de “Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón. Hacemos responsable al estado por lo que esta sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecemos al CIPOG-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pues si las fuerzas del estado no logran desarticular a los criminales Ardillos y Rojos, detener a sus cabezas, como es Bernardo Ortega (diputado), a Celso Ortega (llamado La Vela, brazo jefe del brazo armado de “Los Ardillos”), a Jorge Ivan Ortega y a Antonio Ortega, hermanos todos y jefes del grupo delincuencial, el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará.

Por eso exigimos:

• Que se mantengan los operativos en Quechultenango y en los territorios que ya hemos señalado nosotras y nosostros como CIPOG-EZ (Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco), pero no sólo, sino periodistas, otras organizaciones y personas que han sufrido la violencia de “Los Ardillos”.
• Que se depuren y desarticulen a “Los Ardillos” desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como lo es la policía municipal, presidentes municipales, fiscalía; no es posible que el ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos.
• Que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen de manera contundente, de tal forma que los hermanos Ortega Jiménez, empezando por el diputado Bernardo Ortega, Celso, Jorge y Antonio Ortega, sean detenidos, no puede ser que a mas de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda.
• También les exigimos a los comandantes y Capitanes y jefes de la Sedena, de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien ¡dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos!

Nosotras y nosotros por nuestra parte, como CIPOG-EZ, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, nuestra palabra es verdadera y nuestra lucha es honesta, por la vida y el territorio, por eso sabemos que la razón está de nuestro lado y no escatimaremos en esfuerzos para proteger la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!

El 25 de enero de 2022, los ciudadanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, originarios de la comunidad de Tula y Zapapexco, respectivamente; fueron detenidos por la policía municipal de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Ambos integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y del Congreso Nacional Indígena (CNI), de quienes se desconoce su paradero hasta el momento. Cinco días más tarde, comenzaron los ataques armados del grupo delincuencial conocido como “Los Ardillos”, contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco.

Sobre el paradero de Pablo Hilario y Samuel Hernández, las autoridades locales, estatales y federales, fingen demencia, negando información incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Los Ardillos”, son un grupo de la delincuencia organizada que funge como órgano de contrainsurgencia del Estado para frenar cualquier forma de organización popular independiente, pues en Guerrero, desde hace tres décadas, se viene gestando un fenómeno de milicias populares para defender la vida, conocidas como “Policías Comunitarias”, que han extendido su influencia en buena parte del estado, como respuesta a la delincuencia organizada, que no para de realizar secuestros, extorsiones, cobro de piso y asesinatos con métodos de guerra civil a lo largo y ancho del estado de Guerrero, tierra que vio nacer y morir a grandes luchadores como los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

A los ataques de los grupos narco-paramilitares, se suma la colaboración de las fuerzas policiacas oficiales, que trabajan como “madrinas” de estos asesinos, así como del Ejército Federal y la Guardia Nacional, que también fingen demencia en algunos casos, mientras que, en otros, actúan como los defensores del crimen organizado. A decir del CIPOG-EZ:

“No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.”

El estado de Guerrero es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, hija del nefasto Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y de colaborar con el cartel de los Beltran Leyva, según investigaciones bien documentadas de la periodista Anabel Hernández. En lo que va de su gobierno, Evelyn Salgado Pineda no ha hecho otra cosa que encubrir a la delincuencia organizada y hacer caso omiso de denuncias como la que están realizando los compañeros del CIPOG-EZ.

Como organizaciones sociales, colectivos e individu@s, nuestro llamado es claro y contundente:

¡Presentación con vida de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez!

¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!

¡Abajo el gobierno corrupto de los Salgado Macedonio en Guerrero! 

¡Por la conformación de un gobierno obrero, indígena y popular!

Solidariamente

La Marx México; La Voz del Anáhuac; Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta; Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y Seguridad Social; La Marx Colombia, La Marx Brasil, Nuevo PST – Argentina, Martha Lechuga (Profesora jubilada, Sección IX CNTE); LEF. Ariel Segura, Sección 56 SNTE-CNTE; José Antonio Santana (estudiante UAM Azcapotzalco); Plantón de la Resistencia en Huexca, Morelos; Plantón de ASURCO, Morelos; Okupa Casa ChiaPaz; Movimiento social en defensa del agua, el territorio, la cultura y la vida de Ixtapaluca; Plantón en resistencia del Fraccionamiento José de la Mora, Ixtapaluca; Agrupación de Lucha Socialista, Radio Zapote; Miguel Castillo Soriano, Profesor Jubilado. San Sebastián Atlatelco, Zumpango Estado de México; Andrea Navarro, El Refugio, Edo.Mex.; Marciano Sebastián Astudillo egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores (MAMUT); Mexicali Resiste; Mauricio Villa (Mexicali Resiste); León Fierro (Mexicali Resiste); Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan; Red Binacional de Mujeres Que Luchan; La Resistencia Los Angeles; Jesús Galaz (Mexicali Resiste); Colectivo Zapatista Neza; Grace Serrano, Socorro Trejos, Adrián Jaén y David Morera, por Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Costa Rica; Gisele Sifroni – profesora e investigadora de la Universidad Federal de Amazonas – Brasil; Alejandro Benedetti periodista y militante del Nuevo PST y La Marx de Argentina; Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos; Profr. Heriberto Magariño López, sección 22 del SNTE- CNTE; Edén Alcíbar, colectivo Rebelión; Carla Torres / Izquierda Revolucionaria; Silvia Reséndiz Flores; Cassandra Cárdenas Pimentel / Las Sureñas en Resistencia y Rebeldía; Mauro Espínola/ Alternativa Socialista; Emilio Téllez/ CSR; Honorable Casa Nacional del Estudiante José Yves Limantour; Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq; Grupo de Trabajo No Estamos Todxs; Sociologo Fernando Alan López Bonifacio profesor de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; Mtra. en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez profesora de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; José Ángel Garrido, profesor de lenguas, Panamá; Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; CNI-Totonacapan; Teresa Ruiz Olvera, Facultad de Ciencias; Patricia Jiménez Naranjo AJP de la Sección X CNTE; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco; Odilón González, profesor CCH Oriente; Facundo Jiménez Pérez, CCH-UNAM, SITTAUNAM; Oriente Rojo (Egresados, trabajadores académicos y administrativos de CCH oriente); La Otra Salud, organización adherente a la Sexta. Confederación General del Trabajo (Estado español); Colectivo Tierra y Libertad de Cuautla, Morelos; Dorados de Villa de Ayotoxco, Puebla; La Otra Cultura D.F.; Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-I), Desplazados de Tierra Blanca, Copala; Red Bicis Tierra y Libertad; Rodadas Defensa Madre Tierra; Lorena Zayas Cruz, Sección 22 CNTE/SNTE; Dr. Olivo García (La Marx México); David Velasco, Sección 22 CNTE/SNTE; Ana Laura Hernández, Sección IX CNTE / La Marx México; Jesús Valdez, editor de @Revolución/La Marx México; Alejandro López López, Sección 22 CNTE/SNTE; Alejandra Guadalupe López Aquino, defensora de los derechos humanos de los indígenas mixe-zapoteca; Pedro Gabriel García González. Asamblea de Coordinación de las Secciones 10 y 11 de la CNTE. Ciudad de México; Coordinación de pueblos y barrios originarios y colonias de xochimilco (CPBOyCX); Red de Resistencia y Rebeldía Puerto Vallarta;

Febrero de 2022

A Andrés Manuel López Obrador
A los estudiantes de Ayotzinapa
A los padres y madres y los estudiantes de Ayotzinapa
Al pueblo de México

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) condena enérgicamente la represión que la Guardia Nacional y la policía del Estado de Guerrero ejercieron en contra de nuestros compañeros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el día viernes 4 de febrero, de la que resultaron presos 5 compañeros (ya en libertad) y algunos más heridos. Esta represión se dio por segundo viernes consecutivo, después de que los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaban pacíficamente en la caseta de la carretera de Palo Blanco, Guerrero, para exigir la presentación con vida de nuestros compañeros, sus compañeros de clases y lucha, desaparecidos desde hace ya más de 7 años. Los videos de la represión documentan claramente la criminalización de la protesta social de la que son nuevamente víctimas nuestros compañeros: durante la protesta en la caseta, decenas de elementos de la Guardia Nacional encapsularon a los estudiantes, amenazándolos con avanzar en su contra con toletes, escudos y gases por delante.

¿Cuándo veremos al Estado actuar de forma tan decidida para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos? ¿Cuándo veremos a la Guardia Nacional avanzar para capturar a los criminales que perpetraron su desaparición y el asesinato de algunos de ellos? ¿Cuándo veremos que Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam o Tomás Zerón pisen las cárceles y le rindan cuentas a los padres y madres de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados? ¿Cuándo veremos justicia para Julio César Mondragón y para los demás compañeros asesinados y heridos? ¿Cuándo veremos el fin de la criminalización de la protesta social y de la exigencia de verdad y justicia? Las acciones de nuestros compañeros de Ayotzinapa, desde la protesta pacifica en las casetas de carretera hasta cualquier otra que sea necesaria para romper el cerco de la policía cuando la represión amenaza, no pueden juzgarse sin tener en cuenta estas preguntas, cuyas respuestas no parecen llegar nunca. Las acciones de nuestros compañeros corresponden a un escenario en el que todavía impera la impunidad de la que gozan los verdaderos criminales, y en el que se impone la falta de verdad y justicia en el caso. La continuidad de este escenario es lo que debe indignarnos, y nunca las acciones de nuestros compañeros que exigen su fin; la represión en su contra es lo que debe señalarse, y nunca lo que ellos hacen para responder a su amenaza.

Lamentamos que ese escenario continúe después de mas de 7 años, tiempo que incluye a su presidencia. Y nos llena de rabia que ahora se les reprima también. Por ello, le demandamos que haga lo necesario para que Evelyn Salgado, gobernadora del Estado de Guerrero, detenga inmediatamente la represión que ella ha iniciado contra los estudiantes de Ayotzinapa desde que asumió el cargo. Para que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, intervenga de inmediato para que se detenga la represión hacia nuestros compañeros. Todavía más: para que Alejandro Encinas, como responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cumpla ya con el compromiso que usted como presidente le hizo a los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa y al propio pueblo de México para alcanzar definitivamente la verdad y la justicia.

El tiempo pasa y la noche de Iguala no parece terminar. Por el contrario, la injusticia se extiende. No es tiempo de “dar detalles de los avances”; es tiempo de acabar ya con la impunidad y dar paso a la verdad y a la justicia. En la medida en la que ello no ocurra, nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres que luchan por sus hijos normalistas desaparecidos y asesinados, tienen todo el derecho de protestar. Y advertimos: corren el peligro de ser víctimas de nuevas injusticias. Y de todo ello seguirá siendo responsabilidad del Estado.

El FPDT reitera su compromiso con la lucha por verdad y justicia para nuestros compañeros de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados. Para nuestros compañeros y compañeras normalistas, todo nuestro respaldo y solidaridad. Y reiteramos que mantendremos el machete en alto hasta no ver que cese la represión en su contra y que los verdaderos criminales estén en la cárcel. ¡Hasta no ver a nuestros compañeros desaparecidos vivos y de regreso!

¡Alto a la represión a los estudiantes de Ayotzinapa!
¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!
¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

Por Ñaní Pinto

Al pueblo de México y a los pueblos del mundo,
A los medios de comunicación,
A la Sexta Nacional e Internacional.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, alerta que nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denunciaron que desde el amanecer del domingo 30 de enero, estaban siendo atacados por el grupo narco paramilitar Los Ardillos, cuyos sicarios abrieron fuego contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco durante alrededor de 2 horas, sin que los gobiernos hicieran algo para detener el ataque a las comunidades miembros del CIPOG-EZ.

Los cuerpos de seguridad y castrenses del gobierno, teniendo la capacidad de repeler los ataques, particularmente el Centro de Operaciones Mixtas ubicado en la comunidad de Tula, no protegieron a la comunidad, sino que permitieron que los paramilitares atentaran contra la vida de las y los compañer@s; siendo los gobiernos en todos sus niveles, cómplices también de la desaparición forzada de los compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez a manos de la policía municipal de Atlixtac el pasado 25 de enero.

Denunciamos la impunidad y corrupción con la que el grupo delictivo Los Rojos mantienen una guerra en contra las comunidades que luchan y se organizan en el CIPOG- EZ, para defender, con autonomía, la paz y su territorio indígena.

Hacemos responsables a los tres niveles del mal gobierno de la integridad de l@s compañer@s del Conejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata, así como de cualquier nueva agresión a las comunidades que lo integran.

Hacemos un llamado a las organizaciones solidarias y medios de comunicación libres, para estar atentos ante nuevos ataques narco paramilitares.

Atentamente
Febrero de 2022
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

30 de enero de 2022

Hermanos y hermanas, como pueblos nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al CNI-CIG, estamos atravesando por momentos difíciles, pues por un lado el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” ha desatado una nueva escalada de violencia, con desapariciones e incursiones, como las de esta mañana en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en las que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera, hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una Base de operaciones Mixtas en la comunidad de Tula, no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dicen la parte gubernamental en un  comunicado.

También dejamos claro que en el comunicado del gobierno no aclaran que son “Los Ardillos” quienes nos atacaron, lo cual nos deja mucho que pensar, vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar. Dicen también que intervinieron para “evitar que los pobladores continúen agrediéndose entre sí”, lo cual resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar “Los Ardillos”.  Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial “Los Ardillos”.

Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas solidarias, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos y demás compañeros y compañeras, que estén atentos a lo que pueda suceder, pues aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional y otras autoridades, éstas no permanecen en el lugar para protegernos y no dudamos que “Los Ardillos” vuelvan a atacarnos. Como CIPOG-EZ, mantendremos las denuncias y la defensa de la vida, por lo que sabemos que nuestras vidas corren peligro, frente a lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda suceder, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

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Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities

To the Zapatista Army of National Liberation

To the National Indigenous Congress

To the Indigenous Governing Council

To the National and International Sixth

To the Networks of Resistance and Rebellion

To the Network Against Repression and for Solidarity

To the Human Rights Organizations

January 27, 2022

Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.

As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.

It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.

What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.

The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.

For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.

• We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
• We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
• We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.

We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.

Sincerely,

Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata