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Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán

Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.

Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.

The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.

Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.

Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.

We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.

• Burguete, Cal y Mayor, Araceli. “Aldama-Santa Marta, Chenalho: Las Aristas de un Conflicto.” Chiapas Paralelo. 2019. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/01/aldama-santa-marta-chenalho-las-aristas-de-un-conflicto/
• Hernandez Navarro, Luís. “Noviembre en Aldama.” La Jornada. 2020.  https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/026a2pol
• Hernández Navarro, Luís. “Los Demonios Chiapanecos.” La Jornada. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/04/opinion/016a2pol
• Mariscal, Ángeles. “Si no Hay Reconciliación, que Se Aplique La Ley Contra Civiles Armados Piden En Chiapas.” Pie de Página. 2020. https://piedepagina.mx/si-no-hay-reconciliacion-que-se-aplique-la-ley-contra-civiles-armados-piden-en-chiapas/
• Rompeviento TV. 2019. “Aldama, Chenalhó y los paramilitares: AMLO, Alejandro Encinas y Ernesto Ledesma.”  https://www.youtube.com/watch?v=lWOwRiiakzY

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

25 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy en esta Tierra Sagrada, nos encontramos presentes autoridades de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal, así mismo nos acompañan mujeres representantes del grupo de artesanas “Jolob Luch Maya”, mujeres organizadas en Caja de Ahorro y representantes de comunidades que conforman Las Abejas de Acteal, para denunciar la impunidad que prevalece a 23 años y 5 meses de la Masacre de Acteal.

A pesar de los ataques y estrategias de desgastes hacia Las Abejas de parte del mal gobierno con el objetivo de tapar su vergüenza por su crimen en la masacre de nuestras 45 hermanas y más los 4 bebés no nacidos, cometido el 22 de diciembre en el año de 1997 por paramilitares priistas de Chenalhó, creados por el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y entrenados y armados por el Ejército mexicano.

Y hoy volvemos a reafirmar nuestra convicción de lucha y construcción de la Justicia Verdadera el Lekil Chapanel. Porque no nos hemos cansado, no nos hemos vendido, porque no olvidamos; porque nunca daremos la espalda, ni traicionamos la memoria de nuestros padres y madres, hermanas y hermanos, hijas e hijos y los 4 bebés que nunca vieron la luz del día, sino su maldad y cobardía.

En este día 25 de mayo, sobre esta Tierra Sagrada queremos hacer llegar nuestro reclamo, nuestra sed de justicia verdadera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es urgente que enliste el caso 12.790 Manuel Santiz culebra, y otros (Masacre de Acteal) para que dicte ya el informe de fondo.

Queremos manifestar nuestra preocupación a la CIDH que cada año, que cada mes, que cada semana, que cada día, que cada noche, que cada hora, que cada segundo que pasan, cada vez más se está enraizando la impunidad y en consecuencia México se ha vuelto ensangrentado por la violencia y la muerte provocado por el mismo gobierno junto con sus policías y militares a la par con el crimen organizado.

Le recordamos al pueblo de México y a la CIDH que tanto los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal, gozan de total impunidad, y tienen nombre y apellidos y aquí están sus nombres: 1.- Ernesto Zedillo Ponce de León ex Presidente de México, 2.- Emilio Chuayffet Chemor ex Secretario de Gobernación, 3.- Gral. Enríque Cervantes Aguirre ex Secretario de la Defensa Nacional, 4.- Gral. Mario Renán Castillo Comandante de la Séptima Región militar a cargo de la creación de los paramilitares en Chiapas entre el año de 1994 a 1997 (fallecido pero tiene deudas pendientes con el pueblo), 5.- Julio César Ruiz Ferro ex gobernador de Chiapas (este le ordenó al alcalde de Chenalhó Jacinto Arias Cruz que los priistas también son hombres acaso no pueden matar a los zapatistas y así mandó armas a Chenalhó y el edil de este municipio se encargó de enviar las armas a las comunidades priistas en los vehículos del municipio), 6.- Homero Tovilla Cristiani ex secretario de gobierno de Chiapas, 7.- Uriel Jarquiz Galvez ex subsecretario de gobierno de Chiapas, 8.- Jorge Enríque Hernández Aguilar ex director de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas (este ordenó alteradamente que recogieran rápido los cuerpos de los masacrados en Acteal para que no se diera cuenta la prensa, para tapar ese vergonzoso crimen), 9.- David Gómez Hernández ex subprocurador de Justicia Indígena de Los Altos de Chiapas y 10.- Antonio Pérez Hernández ex secretario de los “Pueblos Indios”. Estos deben ser investigados y encarcelados por acción y omisión en los hechos previos y durante la masacre de Acteal. Si a estos criminales se les dejan libres, serán el ejemplo de sus acciones de los nuevos gobiernos en turno y de policías y militares que matar es el modo de gobernar aquí en México, pero, si se les castiga y paguen en la cárcel todas sus barbaridades y crímenes, entonces los políticos y gobiernos en turno se darán cuenta que el pueblo tiene el poder y hay que respetarlo.

Hermanos y hermanas, la Justicia verdadera es lo que queremos, no nos andamos con juegos o haciendo negocios con la sangre de nuestros mártires, pero tampoco nos gana el odio y la venganza, sino, lo que tenemos en nuestro corazón es el anhelo de justicia y nuestra lucha para detener el plan de destrucción y muerte de los gobiernos contra nuestros pueblos. Es por ello, que les pedimos a todas las mujeres y hombres luchadores sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos, estudiantes, académicas y académicos, campesinas y campesinos, obreras y obreros, artistas, periodistas, intelectuales, religiosas y religiosos, laicas y laicos y a toda la humanidad que también piensan como nosotras y nosotros, les pedimos, les solicitamos que se unan a nuestra voz a nuestra demanda de justicia verdadera y de pedirle a la CIDH entre todas y todos, dicte YA el Informe de fondo, eso es lo que queremos.

Por todo lo anterior, reiteramos a la CIDH, que seguiremos insistiendo en pedirle que dicte el informe de fondo, pase lo que pase, porque nuestra misión como organización pacífica y No Violenta es detener la guerra, luchar contra toda impunidad y defender la vida, porque queremos vivir en paz, disfrutando con nuestras hijas e hijos la autonomía que estamos construyendo en nuestro pueblo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, exigimos:

¡No más masacres!

¡Castigo a los autores materiales e intelectuales de la Masacre de Acteal!

¡Alto a la violencia en todo Chiapas y México!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                     Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                        subpresidente

Sebastián Guzmán Sántiz

subtesorero

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos reunidos en esta Tierra Sagrada para exigir la justicia que sigue sin llegar para nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés que aún no habían nacido y fueron arrancados del vientre de sus madres, quienes fueron asesinadas y asesinados sin piedad en este lugar, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen impunes. Seguimos pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Queremos que ya haga públicos los resultados de sus investigaciones sobre este crimen de lesa humanidad, para que los que idearon, aprobaron, organizaron y ejecutaron el Plan de Campaña Chiapas ’94 en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, enfrenten a la justicia de una vez por todas y vean la consecuencia de sus actos.

Con ésta son ya 281 conmemoraciones mensuales ininterrumpidas que organizamos desde aquel terrible día lunes 22 de diciembre de 1997, para pedirle a Dios Padre-Madre que nos dé un corazón grande para amar y para luchar, para que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro hermano Alonso Vázquez, para que no guardemos odio para los asesinos ni permitamos que el cansancio y la impotencia se apoderen de nosotros, para que no triunfe la violencia sino que brille la verdad, ésa que el gobierno y sus aliados han querido tapar con divisiones y con dinero.

La división ha sido una de las principales estrategias del estado en México para asegurar el control sobre nuestros territorios y así poder garantizar buenos negocios a las corporaciones trasnacionales que quieren apoderarse de nuestras tierras. Pero sobre todo se han dedicado a dividir a las comunidades indígenas que hemos querido vivir con justicia y dignidad, construyendo por muchos años organizaciones de resistencia colectiva frente al sistema social de muerte que se reproduce en todo el mundo. Se trata del mismo sistema de muerte que reprime salvajemente con policías y civiles armados – matando, desapareciendo, encarcelando e hiriendo- al pueblo pobre que protesta contra él en las calles de Colombia, organizando un Paro Nacional que lleva ya cuatro semanas. Y es este sistema de muerte el que apoya con millones de dólares al ejército israelí, que responde a los misiles y ataques de las guerrillas fundamentalistas armadas palestinas con más bombardeos, en una guerra desproporcionadamente desigual y a costa de la vida y la libertad de centenas de civiles palestinos con algunos civiles israelíes muertos, en un espiral inacabable de violencia, tratando de asegurar así el control israelí sobre los lugares santos y el territorio palestino.

Desde esta tierra sagrada, los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre ellos varios familiares de los masacrados y sobrevivientes de la masacre que aquí ocurrió, queremos decirle a las ancianas, ancianos, mujeres, hombres, niñas y niñas del pueblo colombiano, palestino e israelí que entendemos el sufrimiento que están viviendo y que nos unimos al dolor que sienten por sus pérdidas y que los acompañamos en sus luchas por la paz para sus pueblos. Porque nadie tiene derecho a desplazarnos de nuestras tierras o a destruir nuestras casas por defender la vida y la paz para todos, no tienen derecho a amenazarnos de muerte, a golpearnos o acosarnos, a llevarnos presos o asesinarnos, por el sólo hecho de elevar nuestros gritos de protesta ante lo que es injusto. Las Abejas llevamos ya 28 años luchando pacíficamente y hemos soportado todo esto, por lo que pedimos por ustedes, para que no se desanimen en el camino de exigir justicia y verdad.

Y queremos compartirles que también nosotros estamos viviendo una situación muy difícil. Sabemos que para acabar con nosotras y nosotros -los pueblos originarios de México que nos hemos atrevido a decir “no” a este sistema capitalista de muerte, no fueron suficientes la represión, la guerra sucia, las bombas y la militarización. Por eso, ahora el gobierno nos manda también cañonazos de dinero. Y la entrega de dinero a las familias que aceptan entrar en los programas del mal gobierno y ajustarse a sus reglas, como apoyar el sistema electoral con sus partidos políticos, ha sido muy difícil de resistir para muchas y muchos en nuestras comunidades.

Aunque prometieron a la gente que con la administración de López Obrador todo iba a cambiar en México, la verdad es que en nuestros pueblos campesinos, empobrecidos por las políticas económicas neoliberales que sólo han beneficiado a los ricos, vemos que todo lo que requerimos comprar para vivir -como el jabón, la sal y las láminas- sube y sube de precio, mientras que por lo que nosotros producimos para vender -nuestro café y nuestra miel- nos dan el mismo precio bajo de siempre. Por eso y por la carencia de tierras y la dificultad de hacerlas producir en un país que le sigue apostando a generar miles de campesinos despojados de sus tierras comunales o ejidales, muchas veces necesitamos salir a buscar trabajo asalariado a las grandes ciudades, destinos turísticos o grandes campos de cultivo intensivo para trabajar como empleados de comercios, empleadas domésticas, albañiles o jornaleros agrícolas en México o EE.UU para poder ayudar a la familia a subsistir. En este contexto, la tentación de recibir los jugosos apoyos económicos

administrados por los gobiernos en turno, ha causado que muchas familias que pertenecían a organizaciones que antes luchaban de modo independiente, están ahora del lado del gobierno y en contra de sus antiguos compañeros. Ahora se encuentran sacando el mayor provecho posible de los presupuestos municipales, estatales y federales, y en ocasiones, pelean salvajemente entre los integrantes de sus partidos para ver quién controlará el reparto de esos apoyos.

Y es por eso que estamos viviendo un momento muy peligroso en muchos municipios de nuestro estado. Las campañas políticas electorales no sólo son terribles e ilegales porque corrompen a la gente con la compra de votos y otros delitos electorales, además de los abiertos engaños de los candidatos que prometen a la gente cosas que nunca cumplen cuando se hacen gobernantes, sino que ahora están causando asesinatos entre contrincantes y terror entre la población, con el fin de obligar a participar en las elecciones o para obligar a la gente a que apoye a ciertos candidatos, incluso para apoyar a candidatos que se promueven a sí mismos como luchadores de izquierda.

Pero más grave está la situación en nuestro vecino municipio de Pantelhó, donde las campañas de los partidos políticos ya han ocasionado muchos muertos, en una verdadera guerra que se está librando por el poder. Es indignante cómo el gobierno que se hace llamar “gobierno de los pobres” permite tanta violencia e impunidad, no le importa que niñas y niños, mujeres y ancianas y ancianos que no tienen nada que ver con estos pleitos electorales y de poder, estén sufriendo porque tuvieron que abandonar sus casas por el miedo de los disparos de armas de fuego.

Los que hemos vivido el desplazamiento sabemos lo que significa salir por miedo y tener que abandonarlo todo, sin saber cuándo o cómo podremos volver a nuestra casa. Por eso, hoy pedimos con todo nuestro corazón por estas familias desplazadas y por todos los que continúan desplazados en Aldama, Santa Marta y Chalchihuitán.

Damos gracias a Dios porque les permitió por fin regresar a sus hogares a nuestras hermanas y hermanos Abejas del Barrio Río Jordán de la Colonia Miguel Ultrilla los Chorros, que resistieron un año y nueve meses de desplazamiento en el Campamento Los Naranjos de esta tierra sagrada y siguen firmes en nuestra lucha.

También desde Chiapas pedimos por el cese de la violencia armada y por la reconciliación de los hermanos en todos los conflictos por tierras en nuestros pueblos, principalmente en los enfrentamientos que se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado ya muchas vidas y hermanos torturados, como el conflicto en Venustiano Carranza, donde dos hermanos fueron asesinados el pasado 5 de mayo con el tiro de gracia y se les encontraron huellas de tortura. También pedimos por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, donde siguen las muertes a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama. El último caído por ráfagas de disparos con armas de grueso calibre, es el joven Pedro Pérez Lunez de 24 años, quien murió el 8 de mayo, con el agravante de que la Guardia Nacional se encontraba muy cerca de la comunidad de Coco’, en Aldama, donde cayó. Exigimos a los tres niveles del gobierno que se encarguen de poner fin a esta masacre a cuenta gotas que lleva ya tanto tiempo causando terror y dolor a nuestros hermanos tsotsiles de Aldama y Santa Marta. Si no lo hace, se vuelve cómplice de estas muertes terribles e injustas, atizando el fuego de la impunidad que provoca que los enfrentamientos se hagan cada vez más encarnizados y crueles.

¿Pero qué podemos esperar del gobierno morenista del estado de Chiapas, que desalojó violentamente y encarceló a 71 futuras profesoras y 24 futuros profesores rurales el pasado 18 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, cuando por no ser escuchados organizaron protestas, sólo para demandar que sus compañeros de nuevo ingreso tengan la oportunidad de presentar el examen para entrar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá de manera presencial, pues muy pocos estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con equipos e internet para poder hacer ese examen a distancia? Exigimos su liberación inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, donde los están haciendo responsables por delitos graves que no cometieron.

Hermanas y hermanos, para seguir exigiendo verdad y justicia en el caso Acteal, les pedimos que estén atentos a la próxima convocatoria a una Conferencia de prensa que la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre ofreceremos aquí el próximo 25 de mayo por la mañana.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, les pedimos a Dios Padre-Madre, corazón del cielo y de la tierra, a nuestro patrón San Pedro Apóstol y a todas nuestras y nuestros mártires que sigan soplando con su aliento para darnos el ánimo que los poderosos e injustos nos han querido quitar con toda la muerte y destrucción que están trayendo a nuestras comunidades. Que nos sigan dando valentía para que, como ellas y ellos, sigamos defendiendo la vida y trabajando activamente por la paz.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez             Sebastián Guzmán Sántiz

Tesorero                      sub presidente                           Sub tesorero

Gobierno Comunitario.
Por la construcción de su autonomía.

Consulta la palabra en pdf: Comunicado de Gobierno Comunitario de Chilón, Chiapas.

CONTRA LA REPRESIÓN DE LOS MALOS GOBIERNOS.
APOYO A LA ESCUELA NORMAL RURAL MACTUMACTZÁ EN
CHIAPAS Y A LOS PUEBLOS TEPEHUANO Y WIXÁRIKA EN JALISCO.

CNI-CIG Y EZLN.

Mayo del 2021.

A la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Chiapas.
A los pueblos tepehuano y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco.
A las organizaciones y colectivos de derechos humanos.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.

Como pueblos originarios que somos, organizados en el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y el EZLN, declaramos lo siguiente:

PRIMERO.-  Expresamos nuestro repudio a las acciones represivas del mal gobierno en contra de nuestros hermanos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá.  Una vez más con lujo de violencia se busca acallar las justas demandas de los normalistas.   El 18 de mayo el mal gobierno detuvo a 91 normalistas, incluyendo a 74 mujeres estudiantes. Éstas han denunciado que los cuerpos policiacos represivos las vieron como botín de guerra y las hostigaron sexualmente desnudándolas y manoseándolas.   L@s normalistas son acusad@s de querer que los exámenes, que les iban a practicar, sean de manera presencial y no por internet.  Con esto las autoridades educativas y gubernamentales de Chiapas muestran, una vez más que no tienen la menor idea de la geografía y la situación política y social en el estado.  Con esta acción, los malos gobiernos resumen su plan para la educación del México rural: represión, mentiras y simulación.  A nuestr@s herman@s de la Escuela Normal Rural Mactumactzá les manifestamos nuestra solidaridad completa y sin reservas; y llamamos a tod@s nuestr@s compañer@s de la Sexta Nacional e Internacional a solidarizarse con la lucha de los normalistas de Mactumactzá.  Exigimos la liberación incondicional de tod@s l@s detenido@s

SEGUNDO.- Como Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno y EZLN saludamos la Campaña Nacional e Internacional por la Justicia y el Territorio en Azquetltán, municipio de Villa Guerrero, en el estado de Jalisco, México.  Ahí resisten por la vida las hermanas y hermanos de la comunidad indígena autónoma, wixárika y tepehuana.

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• El asedio persiste, durante esta semana suman 61 ataques armados hacia las comunidades de Aldama.

El día de hoy 23 de mayo de 2021, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que aproximadamente las 7:10 horas, se realizaron disparos de altos calibres desde el punto de ataque conocido como “Telemax” ubicado en Santa Martha, Chenalhó, con dirección a la comunidad de Tabac, Aldama. Como resultado del ataque Julio César Pérez Pérez (Julio César) resultó herido en la pantorrilla, mientras se dirigían en vehículo hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama.

Julio César fue llevado al Hospital de San Andrés Larráinzar donde se le comentó que no había los materiales necesarios para su atención, por lo que fue de trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, nosocomio en el que refieren fue atendido de manera degradante y discriminatoria pues el médico que le atendió se negó a extirpar la bala alojada en su cuerpo refiriendo que “eso de extraerlo solo pasan en las películas de acción”, para después darlo de alta sin mayor atención a su condición médica. Destaca que en ningún momento se apersonaron agentes ministeriales para tomar la declaración de Julio César.

Recordamos que el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama, que han sido constantemente atacadas, solicitando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de sus pobladores. Pese a tal reconocimiento de la gravedad y urgencia de la situación, las acciones del Estado mexicano han sido insuficientes para asegurar que cesen los ataques armados en contra de la población de Aldama, puesto que posterior a dicho otorgamiento han continuado los disparos en contra de los comunidades, resultando asesinado Pedro Lunez Pérez en la comunidad Coco, Aldama el 8 de mayo de 2021.

El Frayba manifiesta su preocupación por la intervención insuficiente del Estado mexicano a fin de cesar la violencia existente en la región. Las autoridades estatales y nacionales perpetúan una dinámica de exclusión y discriminación estructural en contra de las poblaciones indígenas de Chiapas cuyo derecho a la vida, paz e integridad física y emocional parecería no ser un valor importante de proteger. Nos parece indignante que, tras los años de aumento de la violencia en contra de las comunidades de Aldama, situación que además de los asesinados y heridos, ha dejado graves impactos psicosociales en la población y las autoridades siguen interviniendo mínimamente, sin la urgencia y la disposición máxima de recursos que una situación tan grave como esta necesita, tan solo esta semana hemos registrado 61 agresiones armadas hacia las comunidades de Aldama, situación que aun continúa.

Por lo anterior hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se desactive la violencia crónica que se vive en las comunidades de Aldama, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de mayo de 2021
Acción urgente No. 6

Descarga la Acción Urgente aquí: Julio César herido tras ataque del grupo armado de Santa Martha, Chenalhó.

Chiapas, México. 23 de mayo. Organismo internacionales de derechos humanos han señalado que la prisión preventiva oficiosa es una flagrante violación del derecho a la presunción de inocencia, del derecho a la libertad personal y vulnera la independencia judicial, además del derecho a la integridad personal, el principio de igualdad ante la ley que afecta gravemente al sistema de justicia penal que de por si esta podrido en México.

El caso de las y los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” privados arbitrariamente de la libertad es un claro ejemplo que se suma al caso de los ejidatario y defensores comunitarios de derechos humanos José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, detenidos el 15 de octubre de 2020, por manifestarse en contra de la construcción de la base de la guardia nacional que se construye en el ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, quienes siguen un injusto proceso en libertad.

Tanto los estudiantes como los ejidatarios defensores comunitarios de derechos humanos son acusados por el delito de motín para reprimir su protesta. Dentro de la excesiva amplitud de los supuestos de aplicación de delitos penales se encuentran también los de pandillerismo, robo con violencia, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, además de daños.

Todo lo anterior conlleva a una falsa imputación de delitos es decir la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida a la que las autoridades ejecutivas y judiciales recurren para anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, reprimir el movimiento social.

La sociedad está cansada. A pesar de que México cuenta con innumerables leyes, éstas no se cumplen y constantemente se viola el principio de protección a los derechos humanos. En México no se promueve, respeta, protege ni mucho menos se garantiza los derechos humanos y es evidente la regresión en su protección.

La prisión preventiva oficiosa es una figura incompatible e irreconciliable con las normas internacionales de derechos humanos, corrompe los fundamentos del sistema de justicia penal acusatorio y vulnera la independencia judicial, por lo que debe eliminarse en México.

¡Súmate! a la exigencia de libertad para los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” que aún continúan presos políticos.

!Libertad ya¡

Por Aldo Santiago

Foto: del Twitter de Gabriela Coutiño

• Riesgo de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.
• El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información por parte de las alumnas y alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” y sus familiares, que el 18 de mayo de 2021, se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, efectuaron un operativo de desalojo con uso excesivo de la fuerza pública. Este mismo hecho se repitió en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el operativo fueron detenidos 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscal General del Estado (FGE).

En la FGE se les impidió la comunicación con sus familiares. Fue hasta el día 19 de mayo de 2021, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de sus familiares tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE, posteriormente no se les permitió volver a verlos. Durante la noche de este mismo día fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes.

Posterior a la detención se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno quienes han condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno.

Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizando diversas movilizaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de computo e internet.

El Frayba manifiesta su preocupación debido al uso excesivo de la fuerza pública y la aplicación de diversos delitos como Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Daños y Ataques a la Vías de Comunicación para criminalizar el derecho a la libertad de manifestación. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.1

Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad, por lo que exigimos al poder judicial del estado la liberación inmediata de los estudiantes a fin de que no se continúe criminalizando su ejercicio a la libre manifestación.

Exigimos además al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las 74 mujeres y 21 hombres estudiantes detenidos y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de evitar violaciones a derechos humanos contra los estudiantes.

Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

Lee la petición

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2021
Acción urgente No. 5

Descarga la Acción urgente aquí: Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”