El pasado lunes 7 de diciembre, presos del módulo 12 de imputados de la cárcel de Valdivia, rechazaron el alimento como forma de protesta ante problemas graves con la recepción de encomiendas, la falta de luces en sus celdas y la nefasta regularización de las visitas, entre otras necesidades inmediatas. Producto de dicha acción,denuncian haber sido golpeados y torturados por Gendarmería, sin motivos y exigen la presencia del Instituto de Derechos Humanos en el lugar.
Los presos buscan acabar con las paupérrimas condiciones en las que se mantienen recluidos. Carencias dentro del encierro, que agudizan los efectos de la privación de libertad, como la falta de iluminación o impedimentos con las encomiendas, sumado a las consecuencias de violencia institucional que reciben al denunciar estos hechos.
A continuación compartimos relato de los presos del módulo 12 de la cárcel de Valdivia enviado el día lunes 7 de diciembre.
“Lanzamos unas bandejas en contra una reja sin agredir a nadie, menos a algún funcionario, sólo como acto de protesta hacia los hechos que nos aquejan
Hemos sido agredidos de forma física y también psicológica por parte los funcionarios que nos custodian. Ingresaron al módulo disparando una escopeta, siendo que no había nesesidad de usar ese inplemento disuacivo contra nosotros, ya que todos estábamos en un rincón del patio, sin interés de agredir a nadie, ni con ningún objeto contundente, que hiciera presumir que podíamos responder de mala forma, y ellos procedieron a lanzar gas y a golpiarnos de forma discriminatoria, con golpes de puño y con bastones, a todo el que se moviera, siendo que estabamos reducidos de forma casi automática.
Personas que tienen movilidad limitada también fueron rosiadas con gas y mal tratadas de forma muy discriminatora. Unos compañeros fueron agredidos y golpiados hasta mas no poder y siendo que estaban esposados, era imposible que ellos opusieran algun grado de resistencia.
Fueron llevados y trasladados sin motivo, y fueron doblemente golpiados sin haber necesidad ya que estaban esposados
Nuestras peticiones son puntuales y no estan fuera del alcance de gendarmería:
Que autoricen las encomiendas de internos que no son de esta región. Llaque no dejan que llegen mas de una por persona
Que son dos dias a la semana los de bisita y nos tienen solo com un dia
Que los asistentes sociales hagan acto de presencia en el módulo.
Que pongan luces en las celdas ya que las hemos solicitado por conducto regular y la respuesta ha sido nula.
Que regularicen las peticiones, que se hagan sin dejarlas en el olvido.
Ante estas nuevas denuncias contra Gendarmería de $hile, y a 10 años de la peor masacre carcelaria de la historia de este territorio, las negligencias y abusos siguen marcando semana a semana a la nefasta institución, en el actual contexto de crisis.
En el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos en Concepción, artistas autoconvocadxs de Concepción salieron nuevamente a las calles para denunciar a través del arte el vínculo de la Universidad de Concepción (UdeC) con la prisión de 11 jóvenes populares acusados de más de 80 delitos.
La propuesta artística tuvo lugar en diferentes puntos de la mencionada casa de Estudios y es descrita en la siguiente declaración:
En la Jornada Nacional e Internacional por la libertad de las y los presxs políticxs de la revuelta, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los DD.HH, se realizó la intervención callejera “udec encarcela”, la cual se plantea como un acción de arte y política que reivindica el uso del espacio público como legítimo lugar para ejercer el derecho a la protesta, recordando que es en las calles de la ciudad penquista donde hemos convergido hace más de un año diversas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimiento feminista, ciclistas y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras del arte como AAA, todes quienes en su conjunto componemos la fuerza del movimiento social que lucha y exige la urgente y necesaria transformación del actual sistema patriarcal neoliberal y extractivista responsable de desigualdad social en chile, de aberrantes y acumuladas prácticas de injusticias, devastación de la naturaleza y empobrecimiento cultural.
Somos todas, todos y todes parte del mismo movimiento social quienes nos manifestamos de diversas maneras, suma que ha posibilitado tanto el logro del retiro del 10%, como el pasado plebiscito del 25 de octubre y la instalación del actual proceso constituyente. Hemos sido testigos también de la forma en que se ha criminalizado la protesta social, bajo diversos mecanismos: persecuciones, amedrentamientos, montajes, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que no se ajustan a un debido proceso, sino que más bien, antes de iniciarse operan bajo la lógica de la condena pública, donde los inculpados/as con o sin pruebas con “castigados” mediáticamente dañando su imagen y privándoles de libertad.
¿Cuál ha sido el rol de la Universidad de Concepción en este histórico proceso de transformación social?
“Caso Udec” sintetiza la visión que esta institución tiene hacia la comunidad penquista movilizada y nos demuestran cómo desenvuelve en la práctica su misión frente al actual conflicto que atravesamos como sociedad. Los valores éticos y espirituales del alma mater asocian los enfrentamientos con carabineros al interior de la universidad como actos de violencia, lo que les justifica para facilitar material audiovisual que permitan generar evidencia condenatoria en la querella interpuesta contra 11 personas entre ellos menores de edad, jóvenes y adultos de orígenes socioeconómicos populares que han sido inculpados de más de 80 delitos. Dejando de manifiesto su adscripción a principios punitivos y represivos frente a las y los manifestantes quienes recordemos se enfrentan con carabineros en un contexto ampliamente descrito y reportado por los observadores de organismos internacionales de DD.HH, desmedido y abusivo de la fuerza incurriendo en una sistemática política de violación de derechos humanos por parte de la fuerzas de orden avaladas por el estado. Esta institución ha demostrado en el curso de este año su completa falta de capacidad real en su vinculación con el medio, carente de empatía, dando señales de indolencia frente al padecer de madres, padres, hijos, hijas, vecinos y vecinas que conforman el tejido social del gran Concepción, mostrando su incapacidad de liderar procesos hacia un “desarrollo libre del espíritu” acorde a las necesidades y complejidades de los tiempos que vivimos.
14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.
La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.
Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).
Los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras comunidades y al mundo entero; nos escuchamos en la voz de los pueblos originarios, que gritan desde las geografías donde luchan y resisten en contra de la guerra capitalista que disputa los territorios indígenas y campesinos mediante agresivas políticas extractivas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional; megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el centro del país; la implementación de un conjunto de políticas y mecanismos para la continuación del “libre comercio” subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración; para impedir o debilitar la organización y resistencia de nuestros pueblos, mediante la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas.
Se trata de políticas y megaproyectos impulsados por el gobierno neoliberal de la Cuarta Transformación, al servicio de los grandes capitales globales y en contra de la organización autónoma de nuestros pueblos; todo lo anterior con apoyo en la militarización, la implementación de la Guardia Nacional y la militarización de todo el territorio nacional, la complicidad Estado-Cárteles criminales, la creación de programas que buscan romper la organización comunitaria como es el caso de Sembrando Vida y la aprobación de leyes favorables a los grandes consorcios trasnacionales como la Ley Federal Para el Fomento y Protección del Maíz Nativo.
El CNI y el CIG –con las comunidades zapatistas-, siendo congreso cuando estamos juntos y red cuando estamos separados, somos esa palabra colectiva que no solo hacemos nuestra, sino que nos tejemos en ella y con ella, en la determinación de que nuestra resistencia crecerá tan grande, como grande sea la amenaza capitalista a la vida.
Porque para nuestros pueblos no hay espacio para rendirnos, vendernos o claudicar, cuando son la madre tierra y la vida la que los gobiernos, empresas, militares y cárteles de las drogas quieren tener como botín del robo y
CONSIDERANDO QUE:
1.- Arrecian la represión, las amenazas, la formación de grupos de choque y la criminalización en contra de las comunidades que resisten al Proyecto Integral Morelos, que el mal gobierno federal decidió imponer ilegalmente y con la utilización de su grupo armado de choque al que llama Guardia Nacional; y que, no obstante, la herencia heroica de Samir Flores Soberanes se mantiene viva en las hermanas y hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala que no se rinden, ni se venden ni claudican;
2.- Se agudiza la guerra en contra de las comunidades autónomas y de las comunidades de originarios del CNI en el estado de Chiapas, mientras los gobiernos garantizan impunidad para los grupos paramilitares que, financiados por ellos, atacan día y noche a los pueblos y comunidades hermanas;
3.- El mal gobierno federal junto a sus fuerzas armadas, en su descarada alianza con los oscuros intereses económicos que apuestan a quedarse con el territorio de los pueblos indígenas y campesinos, está sembrando miedo y terror, violando cínicamente las leyes, sentencias y suspensiones judiciales para imponer sus megaproyectos, que entregan el territorio del país a los intereses económicos transnacionales;
4.- La resistencia y rebeldía crecen en la geografía de los pueblos originarios, porque crecen también el despojo y la represión violenta desde el lado del mal gobierno en todos sus niveles, en complicidad con grupos paramilitares y narco paramilitares, que hacen posibles sus proyectos extractivos y contaminantes, e incluso, en las grandes ciudades nuestros pueblos resisten como lo demuestra la comunidad otomí residente en la Ciudad de México;
5.- Desde las luchas que somos, los pueblos originarios vemos que en el mundo se encienden esperanzas a esta guerra que es la misma, y desde lejanas geografías volteamos hacia donde mismo, o sea hacia la lucha por la vida, que se hace un lenguaje en el que nos vemos los unos a los otros y;
6.- Existe la convocatoria zapatista de iniciar un recorrido planetario en el mes de abril de 2021, iniciando en el continente europeo, al que está invitado el CNI mediante la integración de una delegación para acompañar ese caminar y llevar nuestra palabra colectiva;
CONVOCAMOS A l@s delegad@s y concejal@s del CNI- CIG, para que asistan a la
QUINTA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL
INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
Que tendrá lugar en:
LA QUINTA PIEDRA, TERRITORIO RECUPERADO DEL PUEBLO
NAHUA DEL EJIDO TEPOZTLÁN, MORELOS, LOS DÍAS 23 Y 24 DE ENERO DE 2021
Bajo el siguiente programa:
23 de enero: Inauguración
Mesas de trabajo:
Balance del despojo y la guerra capitalista contra nuestros pueblos.
Propuesta para la participación de una delegación del CNI-CIG en el recorrido planetario zapatista.
24 de enero:
Plenaria abierta:
Conclusión de mesas de trabajo
Acuerdos y resolutivos
Comunicado público
Clausura
NOTA 1: Considerando las actuales circunstancias sanitarias se invita a que nombremos un@ o dos delegad@s por pueblo, comunidad u organización indígena, según sea el caso, con el fin de realizar una asamblea ampliamente representativa pero menos numerosa. Quienes asistan deberán cumplir con las medidas de uso de cubre bocas, sana distancia, lavado frecuente de manos y cara. Y las que se implementen en el lugar de la reunión.
NOTA 2: Quienes no sean delegad@s o concejales del CNI/CIG únicamente podrán entrar a la asamblea mediante invitación expresa de la Comisión de Coordinación y Seguimiento.
Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos Nunca Más Un México sin Nosotros Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional
PERÚ: Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar ley agraria.
Después de cinco días de huelga con bloqueo de carreteras, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento termine votando a favor de abrogar la nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobre explotación obrera y una serie de privilegios para los agroexportadores.
laizquierdadiario
ARGENTINA: El gobierno Argentino miente, reprime a manifestantes y maquilla el peligro de la minería, misma que pretende volver poner en marcha pese a que ya se había logrado legalmente su prohibición gracias a movientos en contra de la minería a cielo abierto.
Pañuelos en Rebeldia. Autoconvocadxs x los Humedales.
EUA MUMIA: Se cumplen 39 años del secuestro de Mumia Abu Jamal por el racista sistema estadounidense.
Mitin y actividades artísticos por la liberación del preso político Mumia, por el alto al racismo, al abuso policial, y por la libertad de las y los presos políticos.
Amigos de Mumia mexico.
Desde el ombligo del monstruo
MEXICO MILITARIZADO: La Marina y guardia Nacional son responsables directos por delitos de lesa humanidad que van desde el robo o conducir en estado de ebriedad hasta el secuetro, la trata de personas y el asesinato.
Animalpolitico.
CHIAPAS: Normalistas de la Escuela normal rural Mactumaczá son violentados por la policía en la toma del palacio municipal. Con distintas acciones les estudiantes normalistas manifiestan su total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para las Escuelas Normales.
Escuela Normal Rural Mactumaczac fecsum.
LUCHA POR LA VIDA: RODADAS por los humedales y por los presos politicos. Port JumpPerez
GUANAJUATO: Continúan secuestrando personas, encontrando fosas con cuerpos humanos y el gobierno es un cómplice silencioso, las familias, activistas, prefesores e investigadores buscan por su cuenta las fosas; gracias a la busqueda de estas personas muchos cuerpos que encontraron ya se estan identificando.
ZonaDocs
CAMPECHE: Organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgenico y soya transgenica en su tierra.
En Los Chenes, en Campeche, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos. Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra.
Desinformemonos.
QUINTANA ROO: Mujeres Organizadas piden aborto legal en Quintana Roo he invitan a la toma de congresos en toda la República exigiendo este derecho. Se aprueba la ley olímpia en México.
Defensoras Digitales Quintana Roo
MEDIOS LIBRES ABYA YALA: Invitacion a escuchar la Revuelta Radial por la libertad
Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de Diciembre, 2020
En el marco de las masivas movilizaciones dentro de las cárceles de todo el territorio, por la restitución de visitas dignas para lxs privadxs de libertad, y a horas de cumplirse 10 años de la masacre en cárcel de San Miguel, Mónica Caballero, junto a dos presas del módulo de “Connotacion Pública”, han iniciado una huelga de hambre adhiriéndose a la ya iniciada en la Cárcel de Alta Seguridad.
A continuación compartimos el comunicado de Mónica, quien realiza un recorrido histórico sobre los diferentes acontecimientos de resistencia y lucha, que han marcado a esta cárcel:
“A 10 años de la masacre en la Cárcel de San Miguel: memoria e historia de lucha”
Sin duda hay lugares que almacenan miles de historias, si los altos muros de las prisiones pudiesen relatar las vivencias de quienes estuvieron (y están) encerradxs tras ellos, quizás nos contarían muchísimas historias donde lxs pobres serían los protagonistas o tal vez nos hablarían de los inmensos anhelos de libertad que embargan los corazones de quienes llenan los calabozo y celdas.
Lamentablemente las murallas de los presidios son testigos mudos de las vivencias de lxs que tras ellos encierran. Contar lo que sucede en estos lugares es responsabilidad de quienes estamos secuestradxs por el poder y de quienes quieren acabar con el actual sistema de terror.
La historia de lxs prisionerxs, es nuestra historia y no se puede perder. En las prisiones la tristeza reina, es ama y señora, está presente en la gran mayoría de las vidas de quienes pasan por este gris lugar. La cárcel de San Miguel no sólo guarda historias llenas de pena también tiene muchas vivencias de resistencia y lucha.
En los primeros años de la década de los 90, la cárcel de San Miguel encerró a varios presos políticos, hombres de diferentes organizaciones llenaron las celdas de las torres hasta el traslado al C.A.S en el año 1994, traslado que los combatientes resistieron con armas.
En el allanamiento de las celdas posterior al enfrentamiento, los funcionarios encontraron una pistola browning calibre 7,65 mm. con siete cartuchos en el cargador; un revolver italiano trident calibre 38; una pistola Dachmaur con quince cartuchos; también una Llama calibre 7,65; un monedero de color café con trece balas; otro de cuero con 18 balas más; un celular marca NEC y tres explosivos caseros (1).
En el enfrentamiento quedaron heridos varios carceleros y algunos reos, entre ellos estaba Mauricio Hernandéz Norambuena. El comandante Ramiro lo relata de la siguiente forma “En esa refriega fui herido. Nunca me había llegado un tiro, y fue en la cárcel donde por primera vez me dieron un balazo”(2).
El mismo hecho fue contado por Ricardo Palma Salamanca en una entrevista realizada en Paris el día 27 de enero del año 2019: “En medio del enfrentamiento, le dispararon a dos personas, yo también estaba armado, pero no me llegó ninguna bala”.
Las armas que se utilizaron en la resistencia del traslado al C.A.S en un principio estaban destinadas para una fuga. Mauricio Hernández lo cuenta de esta manera: “A la cárcel de San Miguel pudimos ingresar varias armas, e hicimos un diseño de fuga bien interesante, con apoyo externo, donde se incorporó gente del Mapu-Lautaro y del MIR. La idea era que saliera un grupo grande. Afuera el apoyo era como de quince o veinte combatientes. Había buen armamento. Pero ese plan fallo”
“Se montó todo el operativo, los que estaban afuera debían tomarse una casa que tenía un muro detrás de la cárcel, e iban a hacerlo explotar. Nosotros teníamos que pasar una reja y salir por ahí. Pocos días antes de que se realizará la fuga, nos trasladaron al C.A.S. Entonces , las armas que habíamos reunido para la fuga las usamos para resistir al traslado”(3).
Este no fue el único intento de fuga que tuvo la cárcel de San Miguel, en el año 1997 un grupo de ex miembros del FPMR intentaron salir de la prisión por los techos con un sistema de cuerdas y roldanas, llegando así a una de las calles que colinda con la prisión. El frustrado intento de fuga conllevo en un motín, los presos participes fueron trasladados a la cárcel de colina I y II, entre ellos se encontraba el refractario Jorge Saldivia quien fue asesinado el año 2014 en un atraco bancario.
Los muros no hablan, pero si mantienen marcas que a veces cuesta borrar. Muchas presas cuentan que en la torre 5 de la cárcel de San Miguel en el lugar donde murieron 81 presos calcinados, las manchas de los cuerpos nunca se borraron del todo…las reas dicen que las manchas parecen ser de aceite, y que por más cera y pintura que colocasen en los pisos y murallas siempre fueron distintos a todos los de la prisión.
Se cuentan muchas anécdotas relacionadas con fantasmas y espíritus en la torre 5, creencias, mitos o realidades…sea como sea la muerte de los 81 presos no pasa inadvertida para las presas de la torre 5, y no debería serlo para ningún presx.
A 10 años de la masacre de la cárcel de San Miguel: Memoria activa y combatiente
¡Hasta destruir todas las jaulas!
Mónica Caballero Sepúlveda
Presa anarquista
(1) Entrevistas a Ricardo Palma en el libro “Retorno desde el punto de fuga” de Tomás García
(2) “Un paso al frente” Mauricio Hernández Norambuena
(3) “Un paso al frente” Mauricio Hernández Norambuena
Ana Llao LLao, zomo mapuche con años de resistencia y lucha territorial, nos habla sobre escaños reservados para Pueblos Originarios y como en $hile los políticos convierten un derecho ganado por la calle, en un nuevo instrumento de vulneración y opresión hacia los Pueblos Originarios.
No es novedad ser testigos en este paí$ de actos racistas y llenos de violencia de parte de todos los sectores de la clase política hacia los pueblos originarios. No basta con años de invisibilización a sus legítimas demandas políticas territoriales, si no que ahora también privan a los pueblos Indígenas asegurar escaños reservados para nuevo proceso constituyente conforme a derecho ganado por la gente en la calle.
¿A que le temen? ¿Por qué esta negativa a la representatividad de los pueblos indígenas en esta nueva constitución? Conversamos con lamngen Anal Llao quien nos trasmite su rakizuam.
Por La Zarzamora
La no participación representativa de los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución, no solo da cuenta de la falta de legitimidad del proceso, sino también de la poca voluntad política de reparación con la deuda histórica que tiene el paí$ con los pueblos originarios. Lleva semanas en congreso el trámite legislativo que aprueba la participación de los pueblos originarios en la nueva constitución, entre acuerdos y desacuerdos solo se revela el temor de los grupos de poder a perder en manos de los defensores de la tierra sus privilegios.
Para la lamngen Ana Llao no podemos quedar al margen de este proceso, debemos escribir nosotros mismos las nuevas reglas ya que fue la misma sociedad la que hizo conciencia de la urgente necesidad de un cambio. Y las demandas son claras, representación participativa para cada Pueblo Originario del país, aprobar los correspondientes al proporcional del 12,8% de personas que en el censo del 2017 se auto identificaron como indígenas en el territorio. Este número debe ser supra numerario, es decir fuera de los ya 155 escaños para la población en general.
Esta demora legislativa es parte de la negación sistemática que han venido haciendo la clase política de este paí$. Es seguir no reconociendo la historia verdadera de este país llamado Chile. Hoy día siguen desconociendo nuestros derechos colectivos, nuestros derechos históricos como pueblos originarios y en particular como pueblo mapuche. Hemos visto el show, que han tenido durante más de un mes ya prácticamente, o más bien dicho desde el 15 de noviembre del año pasado cuando hicieron la cocina de la política.
Al consultarle a lamngen Ana Llao por la demora y bloqueos políticos a los que se ha llevado esta discusión en las distintas cámaras y comisiones, ella nos relata que esta elite añeja y tradicional, no quieren que venga gente nueva a cambiar la política, a recordar que es para la gente y se hace con la gente, ellos ya han perdido ese principio.
Comenta que pese a todas las experiencias negativas que los pueblos originarios tienen con el Estado, están dispuestos y quieren participar, porque son los mismos pueblos los que tiene que redactar esta nueva constitución plurinacional, en donde con la asesorías de todos los jóvenes profesionales indígenas, se construya una nueva política con la gente y para la gente, por eso es necesario unirnos y luchar como sea para llegar a ese proceso y colocar en la mesa nuestras demandas históricas.
Negar y excluir nuevamente a los pueblos originarios es seguir repitiendo el negacionismo, racismo y discriminación histórica.
COMUNICADO PUBLICO ANTE EL NO ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA SOBRE ESCAÑOS RESERVADOS PARA LOS 10 PUEBLOS ORIGINARIOS
Las organizaciones, dirigentas y dirigentes que suscriben el presente Comunicado, en razón de la última sesión de la Comisión Mixta el día 2 de diciembre de 2020, que discute la reforma constitucional para reservar escaños para Pueblos Originarios en la integración del órgano constituyente, considerando las intervenciones de cada legislador, y las conclusiones que apuntan a reducir nuestro legítimo derecho de estar representados de manera digna en esta Convención Constituyente de Chile, declaramos:
1. Que dirigentes y dirigentas de diferentes pueblos nos hemos reunido, y hemos acordado iniciar un Proceso de Movilizaciones en los diferentes territorios a nivel nacional desde el lunes 7 de diciembre, manifestando nuestra indignación y disconformidad absoluta frente al poder Legislativo, que en complicidad con el Ejecutivo representado por sus Ministros, nos están tratando como ingenuos sobre el derecho que nos asiste.
2. Exigimos que todos los Pueblos Originarios estén representados con al menos 24 constituyentes, donde cada uno de los 10 Pueblos queden representados.
3. Si no existe acuerdo concreto y satisfactorio por parte de la Comisión de aquí al lunes 7 de diciembre, no descartamos convocarnos a una Marcha de los Pueblos Indígenas con destino a La Moneda.
4. Denunciamos el Racismo y Discriminación con que el Estado de Chile ha tratado y trata a nuestros Pueblos, estableciendo de hecho una interdicción a nuestras capacidades, y al legítimo derecho de participación política, legislando, “desde el menosprecio y el autoritarismo institucional y antidemocrático que lo han caracterizado históricamente”, para “nosotros y nosotras”…. Pero sin nosotros y ni nosotras.
¡¡¡Sin los Pueblos Indígenas… No hay Constituyente legítima y democrática!!!
Basta de Racismo, Genocidio y Discriminación
Adhieren al presente comunicado las siguientes organizaciones:
Agrupación Artesanal, Social, Cultural y Turística de Flamenco.
Agrupación Changos Caleta Agua de la Zorra.
Agrupación Changos Camanchacos de Atacama.
Agrupación Changos Camanchacos, sector Salitre.
Agrupación Changos Cazadores, sector El Gaucho.
Agrupación Changos Chasco.
Agrupación Changos Corona del Inka.
Agrupación Changos Costeros Freirina.
Agrupación Changos de Maldonado.
Agrupación Changos de Punta Obispito.
Agrupación Changos de Ramada.
Agrupación Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo – Caleta Chañaral de Aceituno.
Agrupación Changos Pajonales.
Agrupación Changos Punta Frodden.
Agrupación Changos Recolectores, sector Playita.
Agrupación Changos Vivientes de Paposo.
Agrupación Changos Vivientes Finado Loreto
Agrupación Cultural Changos Caleta San Pedro, La Serena.
Agrupación Cultural Changos de Chañaral.
Agrupación Cultural y Social del Pueblo Chango, Punta de Choros.
Agrupación de artesanos de la Caleta Pan de Azúcar.
Asociación de comunidades Indígenas de Walaiwe
Asociación de Emprendedores y Profesionales Indígenas Leftraru, Región de Coquimbo
Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche
Asociación Gremial Caleta Las Conchas, Los Vilos.
Asociación Gremial Caleta Palito, Chañaral.Lo
Asociación Gremial de Pescadores de Caldera
Asociación Inche tañi Mapu de Talca
Asociación Indígena Ad Kimvn, Temuco
Asociación indígena de Cultores Ruraq Maki, Alto Loa Calama. Lickanantai
Asociación Indígena Escuela de Artes y oficios Nagche Folil Kimuntun
Asociación Indígena Kiñe pu Liwen de La Pintana
Asociación Indígena Regional Newen, Región de Coquimbo
La Radio CIDSUR es una producción del Núcleo Antipatriarcal constituido en 2018 por las mujeres, mapuche y no mapuche, que integran nuestra organización. Quienes crean este espacio, unidas por la solidaridad y la justicia social, para poner en discusión temas de género con una perspectiva intercultural.
Nuestro proyecto radial busca contribuir a la articulación de una red entre diferentes orgánicas y territorios generando espacios de información relacionada con herramientas para la defensa, acorde al complejo escenario de criminalización que se encuentra actualmente en el país para lxs manifestantes y defensores del territorio, sumado al contexto de emergencia sanitaria que nos afecta. Buscamos ser un espacio radial de carácter remoto y comunitario que pueda ser accesible en diversos territorios. Además, de potenciar en ese mismo tejido social economías solidarias a través de la promoción de productorxs locales que puedan intercambiar y/o vender entre lxs radioescucha.
PROGRAMA 4
Las cápsulas de este programa se titulan “Represión policial en la revuelta” y “Protesta y criminalizasound”, a cargo de los abogados de Cidsur: Sebastián Saavedra, Pablo Ortega y Cristopher Corvalán, quienes comentan aspectos legales, políticos y estadísticos en torno a la represión policial llevada a cabo por Carabineros de Chile y del Poder Ejecutivo en contra de la ciudadanía durante la revuelta popular, su calificación como delitos de lesa humanidad, así como la creación artística y musical derivada de la protesta. Además de abordar la represión histórica hacia el pueblo mapuche y sus defensas.
Conduce: Rayen Daza Pilquinao, abogada y Morin Ortiz Herrera, periodista.
La casta política y el poder económico han puesto su atención en evitar la presencia de representantes indígenas en el proceso de la nueva Constitución política de Chile. La razón de su oposición es muy simple: la irrupción de 24 indígenas significaría demasiado poder y los indios podrían influir en la toma de decisiones. Sin embargo, después de siglos de exclusión, a los pueblos originarios chilenos les ha llegado el momento de decidir.
Se levantó una voz potente, que provenía de los rincones más olvidados, de los suburbios, de la periferia, y que lanzó un grito de liberación. Este desahogo, de una impotencia acumulada por tantas generaciones, fue un mensaje nítido y preciso para la gran mayoría de los habitantes del Chile postergado. Sin embargo, para algunos, esa voz sonó como la marcha fúnebre de Chopin, y como una clara amenaza a sus privilegios que, con tanto esmero, cuidaron como un tesoro.
Ese mensaje, que emanó de las entrañas del pueblo y no precisamente de los partidos políticos o de la institucionalidad democrática que nos gobierna, ha definido la agenda pública de los próximos años. A pesar de ello, quienes ven sus intereses afectados están intentando administrar la forma en que esta agenda se implementará. Y hemos sido testigos directos de cómo esa casta dominante hace esfuerzos denodados por parecer distintos a lo que son y conectados con las urgencias que plantea el bien común. Este espectáculo, tan propio de una “adaptación camaleónica”, presenta facetas verdaderamente grotescas y poco dignas, de personas a quienes conocemos demasiado bien como para confiar en esta conversión repentina.
Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y rectificar, lo que es muy propio de la naturaleza humana. Pero otra cosa es disfrazarse y maquillarse para tratar de estar siempre al tono de los tiempos y buscar mantener el control de los hilos que mueven al poder. Esto último podría no ser un asunto inconveniente, si ello estuviera definido por la decisión de servir a la causa de quienes siguen esperando que el desarrollo los incorpore de una vez por todas.
Protestas en Santiago de Chile. Foto: Reuters.
El apoyo del pueblo chileno a las demandas indígenas
Probablemente el mejor símbolo de la re-evolución de la acción política ciudadana del último tiempo, sea el apoyo a las demandas indígenas por parte del pueblo de Chile, cuestión que ha quedado de manifiesto en el uso, inclusive internacional, de la bandera Mapuche y la de los demás pueblos indígenas, como un símbolo de rechazo a la casta política.
También es un gesto de reivindicación del Chile de los excluidos del modelo de desarrollo, que han comprobado, en los hechos, que han sido condenados a la pobreza y a la falta de oportunidades, como si esta condición fuera una suerte de designio divino.
Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel y, en el mejor de los casos, con falsas promesas y engaños. Este es un patrón de conducta que se manifiesta en las respuestas dadas al pueblo de Chile respecto de su exigencia de justicia y el simple respeto de sus derechos. Es verdad que en esta legítima y necesaria movilización social también han actuado grupos radicalizados que han decidido priorizar actos de violencia, al mismo tiempo que se comprobó la presencia de carabineros infiltrados vestidos de civil cuyo objetivo era justificar el accionar represivo de una autoridad que nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución mínimamente razonable.
“Cada vez que el pueblo Mapuche ha reclamado, quienes administran el poder, respondieron con asesinatos, criminalización, violaciones, torturas, cárcel.”
Pero, ¿por qué la casta política cuestiona los escaños reservados indígenas en la nueva Constitución? Las respuestas son conocidas y muy variadas, pero comienzan con un racismo colonialista que mantiene un desprecio muy evidente ante quienes han sido declarados políticamente ciudadanos de segunda categoría.
Estos grupos de poder, prefieren al pueblo Mapuche y los demás pueblos indígenas confinados a las expresiones folklóricas que los mantengan como una “curiosidad antropológica” o simples piezas de museo. Pero cuando exigimos poder político real y derechos económicos y territoriales de verdad, ahí el asunto se vuelve una incomodidad de la cual es necesario deshacerse lo antes posible.
Resulta por lo menos jocoso, que un Estado de apenas 200 años se arrogue la “propiedad” del pueblo mapuche que existe hace miles de años. Tanto es así, que incluso el artículo 7 de la ley indígena dice: “El Estado tiene el deber de promover las culturas indígenas, las que forman parte del patrimonio de la Nación chilena”. El mundo al revés, como decía Galeano.
Las protestas en Chile dejaron en evidencia que su sistema político-económico que por años fue considerado como el modelo exitoso a seguir, pero excluye a la mayor parte de la población, principalmente a los indígenas. Foto: Leandro Crovetto.
El problema real detrás de los cupos reservados
El verdadero conflicto radica en el poder político que los indígenas nunca hemos tenido desde que se fundó esta república, incapaz de reconocer su esencial plurinacionalidad. La casta política, que se encarna en los acuerdos tácitos del gobierno y la oposición de turnos, ha permitido asegurar que las cosas no cambien de verdad. La estrategia se reduce a la idea de limitar la participación de los independientes e indígenas, haciéndolos irrelevantes en las decisiones fundamentales. El diseño consiste en que independientes e indígenas participen a través de los partidos políticos (que son parte del problema) para garantizar la legitimidad del proceso constituyente, pero con ninguna capacidad de alcanzar los cambios que se necesitan.
Para las élites del poder es un escenario indeseable la irrupción de 24 indígenas que influirían en los resultados de las votaciones de la nueva Constitución y podría poner en peligro los acuerdos de los 2/3 entre el gobierno y la oposición. Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. Sin duda, podríamos ser una oportunidad para el Chile invisible, al poner y respaldar sus demandas. Y no las de la casta política. Así, nuestra conclusión es evidente: el camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.
“Ahí radica el miedo real: demasiado poder para que los indios puedan decidir. El camino de Chile está unido al destino de los pueblos originarios y su unidad con los excluidos que sufren la discriminación.”
Como es conocido, las demandas de derechos colectivos, territoriales y políticas indígenas, colisionan siempre con los intereses de los grupos de poder. Su origen hace más de un siglo se explica, en buena medida, por las “facilidades” que les ofreció la Ley de Colonización, que entregó las tierras Mapuche a título gratuito, más dinero y animales. Bajo esas condiciones excepcionales, esos colonos fueron ampliando su influencia a partir de las “corridas de cerco”.
Un ejemplo de ello es Edmundo Winkler, quien asesinó al Lonko Juan Pailahueque en 1916 para usurparle las tierras. Este hecho es parte de la historia oculta de Chile. Esta forma de proceder se sigue repitiendo hoy con las forestales de Angelini y Matte, las hidroeléctricas o las inmobiliarias como la del señor Bruner Moreno en Pangipulli, que compra irregularmente tierras indígenas de títulos de Merced. Esas familias se transformaron primero en potencia económica agraria y luego en poder político de origen europeo, que acuñaron un discurso ideológicamente racista, arribista y violento contra los indígenas. Todo ello permitió justificar la tenencia de las tierras, bajo un supuesto discurso civilizatorio.
Chile despertó y en ese despertar se ve flamear la Wenufoye, la bandera Mapuche, símbolo de un pueblo expulsado y estigmatizado que hoy se vuelve estandarte de rebeldía y resistencia al modelo neoliberal. Foto: Leandro Crovetto.
El momento de decidir
Tanto los indígenas como el pueblo mestizo de Chile son siempre llamados a votar, pero nunca a decidir. La forma de elección de los constituyentes y la estrategia de nombramientos siempre llevará una letra chica, que será un manual de cómo conservar el poder. Esta es la única fórmula que tendrá la casta para evitar que Chile realmente cambie.
El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Por nuestro lado, como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas, especialmente cuando hablamos del Kume Mongen o buen vivir. Esta forma de vida debe ser un pilar fundamental de la nueva Constitución: debe quedar de manifiesto que los derechos de la gente son inseparables de los derechos de la madre tierra o de la naturaleza. Comprender este pequeño punto, permitirá preservar la especie humana. Esta es la única forma de tener un mundo sano para que nuestros hijos ejerzan los derechos por los que tanto hemos luchado y tanta gente ha sufrido y hasta perdido su vida.
“El Chile postergado en todas sus manifestaciones debe unirse. Como pueblos originarios podemos construir un nuevo Chile desde nuestras raíces más profundas.”
Por ello hemos constituido una estrategia muy precisa: jugar con las reglas de juego del adversario y constituir nuestro propio instrumento de participación. Por ello, hemos tomado la opción de crear nuestro propio partido: Por el Buen Vivir de Chile, en el cual no existen ni grandes fortunas desesperadas por influir, ni intelectuales ajenos a la realidad ni tecnócratas del mercado. Aquí está la gente común, la que le cuesta llegar a fin de mes y la que sabe mejor que nadie cuál es el país en el que quiere habitar.
Seguiremos incansablemente este camino lleno de obstáculos. Al final y de un modo inevitable, este camino nos llevará al triunfo de los verdaderos representantes del pueblo.
Diego Ancalao Gavilán es Mapuche de la comunidad Lonko Manuel Ancalao de Purén Indómito, profesor, analista político. Es presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, y autor de los libros “Mapuche, hijo de dos naciones” y “Otra vez hoy, la tierra se levanta, hacia un mundo del Kume Mongen (Buen Vivir)”.
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Por Javier Bedía Prado
La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.
A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.
La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente” -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.
Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.
Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.
Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.
En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.
El plan inconcluso: sacar al ejército y redadas masivas
“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.
La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.
Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.
La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.
Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.
Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.
Orden: extremar la represión
La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.
Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.
Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.
Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.
“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.
Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.
La autonomía y resistencia de las nuevas voces
Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.
Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.
Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.
Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.
“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.
Nuevo Gobierno, viejos discursos
El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.
Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.
El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.
Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.
Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.
Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.
Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.
