A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de información nacionales e internacionales,
A los organismos defensores de Derechos Humanos,
A los diferentes niveles de gobierno de México,
A la sociedad civil nacional e internacional,

El pasado 1 de febrero de 2024, alrededor de las 17.30 horas, un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal. Atacó una casa de la encargatura de la Cofradía y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.

En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio.

Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardias Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población.

Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Es importante señalar que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra Guardia, sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes.

¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento.

Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG.

Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región!!

SANTA MARÍA OSTULA, A 2 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

• El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  
• Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023^[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas^[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia^[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.^[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.^[5]

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La muerte nos abrió el camino hacia la resistencia,
la muerte no tuvo dominio,
resurge la vida entre la milpa,
la esperanza y la lucha emergen
entre el polvo que poliniza la existencia.

— Las Abejas de Acteal

En una tarde tan helada como ésta, el 21 de diciembre de 1997, unas doscientas personas de muchas edades, casi todas mujeres y niños, llegaban al colmo de una vida de desprecio y sufrimiento. En un vado lodoso, a orillas de la carretera, desde ancianos hasta bebés lloraban de rabia, de frío y de lluvia mientras apretaban sus puños impotentes porque un grupo paramilitar los había expulsado de su comunidad y mantenía a algunos de sus familiares amarrados a los árboles, quinientos metros bosque adentro. Todas y todos estaban amenazados de muerte. “Nos van a matar mañana”, decían. Un anciano curtido por humedad nos mostraba su pierna herida de bala, pues tempranito le habían disparado. “Vengan con nosotros”, proponíamos, sin entender que nunca se pondrían a salvo dejando a su pueblo atrás. Quienes veníamos de fuera lo hicimos, nos fuimos, los dejamos atrás. Al día siguiente, 22 de diciembre de 1997, 45 tzotziles, 45 personas desplazadas en su propia tierra, fueron masacradas. Cuatro bebés fueron arrancados de los vientres de sus madres con machetes y cuchillos.

Desde entonces, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha mantenido viva la luz de la memoria. El día 22 de todos los meses, y en particular todo 22 de diciembre, se recuerda y se honra a las y los asesinados aquél oscuro día, en un acto colectivo de oración, de canto, de celebración de la vida.

Sí, de celebración. Pues las y los mártires de esta tierra sagrada están vivos en el corazón colectivo de este pueblo que no se resigna, que crece en dignidad en su búsqueda de justicia y en la afirmación de la paz y la no violencia como camino en un contexto cada vez más violento. “Si nuestras voces se apagaran en medio de un sufrimiento fuerte, entonces estaríamos muertos, bajo el sello del silencio eterno. Pero nuestra voz emerge de la dignidad del pueblo que somos, de la palabra de nuestras abuelas y abuelos, del reclamo por justicia durante estos 26 años”, dicen en un comunicado.

Este 22 de diciembre de 2023, la conmemoración inició la tradicional peregrinación de varios kilómetros, de Majomut a Acteal, “Casa de la memoria y la esperanza”.

La conmemoración se lleva a cabo en un gran auditorio abierto que mira hacia la inmensidad de las montañas, arropadas con un manto de niebla. Bajo nuestros pies, en un recinto sagrado, yacen los cuerpos de los mártires de Acteal. Arriba, donde estamos nosotros, se escuchan las voces del Coro de Acteal, bajo una gran manta que dice: “Sobre la impunidad y la muerte, cantamos por la paz y por la vida”. Alrededor de un bello altar maya frente a la gran cruz en medio del espacio, se van colocando las cruces con los nombres y la edad de las y los asesinados, que se cargaron con profundo respeto en la peregrinación.

Allí se lee el comunicado de Las Abejas de Acteal y un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). En el comunicado, Las Abejas dejan claro los nombres de los responsables de la masacre, los autores intelectuales que hasta hoy continúan impunes: Ernesto Zedillo, ex Presidente de la República; General Enrique Cervantes Aguirre, Secretario de la Defensa Nacional; General Mario Renán Castillo, Comandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo; Emilio Chuayffet Chémor, Secretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, Gobernador de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, Secretario del Estado de Chiapas; Uriel Jarquin Galvez, Subsecretario de Chiapas; Jorge Enrique Hernández Aguilar, Coordinador de Seguridad Pública de Chiapas; David Gómez Guzmán, Subprocurador de Justicia Indígena Zona Altos de Chiapas; y Antonio Pérez Hernández, Secretario de Pueblos Indígenas.

También señalan a los presidentes que desde entonces han sido cómplices de la masacre con su inacción y silencio: Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo no ha hecho nada por castigar a los culpables, sino que incluso llegó al extremo de condecorar a uno de los principales responsables: el General Enrique Cervantes Aguirre, entonces Secretario de la Defensa Nacional.

Este año, a la conmemoración le precedió un importante encuentro de medios comunitarios provenientes de muchas geografías del país, convocado por el área de comunicación de Las Abejas de Acteal, que se llevó a cabo el 20 y 21 de diciembre, donde se intercambiaron saberes y experiencias.

“La búsqueda de la paz brota inagotable como manantial de agua en tiempos de sequía”, dicen Las Abejas de Acteal. Con su ejemplo, con su caminar en busca de justicia y su afirmación porfiada de la paz y la no violencia como arma de lucha, Las Abejas nos iluminan con esperanza en un contexto de violencia creciente, de guerra entre cárteles del crimen organizado, de reproducción de grupos armados por todo el estado, de desapariciones, asesinatos, retenes, secuestros e impunidad, en un estado y un país que parecen desmoronarse. Esperanza de que la colectividad, el respeto, la dignidad, la consagración de los encuentros y sí, la alegría, puedan reproducirse entre todas y todos aquellos que creemos que vale la pena seguir luchando por el florecimiento de la vida.

176 defensores y defensoras de la vida asesinad@s en México durante el gobierno de “centro-izquierda” de AMLO

Chiapas, México, a 21 de septiembre del 2023
CIDH. Caso 15.305

COMUNICADO DE PRENSA

Hace 10 años Juan Vázquez Guzmán fue brutalmente asesinado por defender el territorio de la comunidad indígena de San Sebastián, Bachajón, Chiapas del despojo y de proyectos de desarrollo en las cascadas de agua azul sin el consentimiento de la comunidad. El 30 de agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un paso trascendental para la búsqueda de justicia, al notificar la admisión del caso por la impunidad imperante y la necesidad que se investigue la participación de agentes del Estado.

Antes de ser asesinado Juan Vázquez Guzman luchaba contra la destrucción de las tierras ejidales y se oponía al desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, sin el consentimiento de las comunidades impactadas. Vázquez Guzman denunciaba el impacto ambiental y en derechos humanos que puede traer consigo proyectos de desarrollo llevados a cabo sin las garantías del derecho internacional, así como la desigualdad, los conflictos internos, el divisionismo entre hermanos indígenas, las confrontaciones y la explotación a las comunidades.

El Estado mexicano a través de la violencia y uso de la fuerza pública quiso imponer un megaproyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) en el año 2007 en la zona conocida como las cascadas de Agua Azul, específicamente en un lugar denominado Bolon ajaw, que se encuentra a un costado del Centro Ecoturístico las Cascadas de Agua Azul, ubicado dentro de las tierras del ejido San Sebastián, Bachajón, Chiapas y que conecta entre la carretera Ocosingo-Palenque y de fácil acceso y salida hacia san Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Posteriormente (2008) las empresas Norton Consulting, experta estadounidense en desarrollo turístico y la empresa española EDSA Construcción, presentaron el proyecto turístico CIPP, en la zona denominada como “Las Cascadas de Agua Azul”, conocida por ser una de las principales atracciones turísticas del estado de Chiapas y ser una de las áreas naturales protegidas por el Estado mexicano (Decreto publicado en el DOF), y que se encuentran dentro de las tierras indígenas de san sebastián, Bachajón.

Este caso es doblemente emblemático. Por un lado refleja la importancia del trabajo que realizan los defensores del territorio frente a la imposición de proyectos ecoturísticos a gran escala que afectan las tierras del pueblo indígena Tzeltal de San Sebastián Bachajón, Chiapas, sin una consulta previa e informada. Juan Vázquez Guzman levantó su voz para impedir la ejecución del proyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), posteriormente oponerse a la construcción de una caseta vehicular y un centro de emergencias por parte de las autoridades estatales en su territorio ancestral, sin consentimiento.

El líder comunitario Juan Vázquez Guzmán, se destacó por su participación activa en distintos foros nacionales e internacionales convocados por organizaciones indígenas en resistencia, mismos que en esos espacios exponía las intenciones del Estado mexicano en las tierras ejidales de San Sebastián, Bachajón.

Por otro lado, el caso se admite al cumplirse 8 meses de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca, quien representa a la familia Vázquez Guzman requiriendo de la Comisión Interamericana un análisis profundo sobre los patrones de obstaculización violenta a la reivindicación efectiva de derechos que logran personas extraordinarias como Ricardo y Juan. México es el país con uno de los mayores números de defensores asesinados y desaparecidos. Estos crímenes quedan en la impunidad. Al admitir este caso la CIDH estudiará las violaciones al derecho a la vida, garantías judiciales y protección judicial.

Litigio y Defensa con perspectiva en Derechos Humanos

CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.

Escuchar audios:

Cuando un político quiere negar la realidad, quiere proteger a sus preferidos, quiere ocultar el horror que ejerce la institución que encabeza, solo hace falta mentir y repetir la mentira sin titubear. Lo que López Obrador agrega al arte de la mentira política es la vieja y confiable táctica de la razón arrogante de descalificar a la persona con quien disputa

Por John Gibler

Durante cuatro años el gobierno de Enrique Peña Nieto mintió sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No fueron los únicos: todos los oficiales de los tres niveles de gobierno mintieron sobre los ataques contra los normalistas en Iguala durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Mintieron sobre qué había pasado, quiénes habían participado, quiénes no habían participado, y por qué había sucedido. Mintieron desde el primer día y mintieron siempre. Torturaron a los detenidos para producir testimonios falsos, destruyeron evidencia, ocultaron evidencia, sembraron evidencia falsa y negaron la evidencia que no lograron ni destruir ni ocultar.

Mintieron el presidente, el gobernador y el alcalde. Mintieron el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mintieron los soldados y los policías. Mintieron los marinos, los policías y los investigadores torturadores. Mintieron los sicarios torturados. Todos mintieron y su estrategia ante las pruebas que tumbaban sus falsedades fue siempre la misma: repetir la mentira. Uno de los administradores de la mentira, el exprocurador general Jesús Murillo Karam, actualmente detenido y acusado de tortura, obstrucción de la justicia y desaparición forzada, tuvo la inspiración de llamar este conjunto de mentiras “la verdad histórica”.

De eso no cabe duda. Las mentiras del gobierno de Peña Nieto son, tal vez, las mentiras estatales mejor documentadas y más desacreditadas de la historia reciente. En buena parte, esa documentación la realizó, a lo largo de ocho años y cuatro meses, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con base en una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el aval del gobierno mexicano y las padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Para el año 2016, cuando estábamos inmersos en el poderío de la mentira del gobierno de Peña Nieto, el GIEI había publicado dos informes con un total de 1,030 páginas que desmantelaban las mentiras. Ese desmantelamiento dejó a la vista un Estado que no solamente miente, sino que tortura, mata y desaparece. El gobierno quitó su aval y sacó al GIEI del país. Y después, simplemente, siguieron mintiendo.

Así nos dieron una gran lección en el arte de la mentira política: no importa la verdad, no importan la evidencia, las pruebas ni la documentación, tampoco importa el ridículo evidente del oficial que insiste en proclamar que la tierra es plana y el cielo es verde; cuando estás en el poder solo hay que repetir la mentira una y otra vez sin pestañear.

Y ahora, después de todo, después de tanto, después de devolverles a las familias la esperanza y arrancársela de nuevo, otro político más —otro graduado de la escuela política del Partido Revolucionario Institucional— viene a demostrarnos su maestría en el arte de la repetición casual de la negación de la realidad, del clásico “aquí no pasó nada” enunciado con el megáfono del Estado enfrente del edificio en llamas y sobre los gritos de auxilio.

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México, 31 de julio del 2023

Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía

El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.

En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.

Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.

Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.

El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.

La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.

EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.

La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.

El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.

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CDMX, 26 de julio de 2023. Un día después de la presentación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), que se retira del caso debido a la negativa por parte del ejército de entregar documentos fundamentales para la investigación, los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon en la Ciudad de México para exigir la entrega de dichos documentos, que son claves para dar con el paradero de los jóvenes. Bajo una fuerte lluvia, los familiares marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

El mensaje de los familiares ante el reporte del GIEI y su retirada de la investigación: que la sociedad civil y las organizaciones sociales no cesen de exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que ordene a las fuerzas armadas a entregar los documentos identificados por el GIEI y que continúen las investigaciones de manera seria e imparcial.

Aunque las investigaciones del GIEI se vieron seriamente obstaculizadas por la opacidad de las fuerzas armadas, imposibilitando la identificación del paradero de los normalistas, su último informe sí trajo un avance importantísimo en el caso: la conclusión definitiva de la complicidad y participación de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y todas las fuerzas policiales en la desaparición forzada de los normalistas junto con el grupo criminal Guerreros Unidos, y la complicidad de diversas instancias de los tres niveles de gobierno en tergiversar, manipular y ocultar los hechos.

La pista fundamental para conocer el paradero de los normalistas son los informes generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI), dependiente de la Secretaría de la Defensa. Sin embargo, muchos fueron los esfuerzos por parte de la Sedena para evitar que dichos informes se conocieran. Primero, negando la existencia misma del CRFI en 2014, afirmando que sólo se creó en 2015, lo cual ha sido desmentido por las evidencias descubiertas por el GIEI. Después, negando que se realizaran interceptaciones de comunicadciones; después, afirmando qeu el CRFI dependía del Cisen, y no de la Sedena. Y finalmente negándose a entregar documentos del CRFI que son clave para la investigación.

El informe del GIEI es demoledor en términos de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas no sólo en la desaparición de los normalistas, sino en la ocultación de evidencias y obstrucción a la verdad y justicia. En un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha entregado un poder al ejército nunca visto en el México posrevolucionario, las revelaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa son una señal de alarma que ningún ciudadano debe tomarse a la ligera. De manera que la convocatoria de los familiares de los normalistas a que las organizaciones sociales y la sociedad civil en general se movilicen para exigir transparencia a las fuerzas armadas es no sólo una exigencia de verdad y justicia en ese caso particular, sino una necesidad colectiva en un país cada vez más autoritario y violento.

Imágenes de la marcha:

Palabras de los familiares en el Hemiciclo a Juárez:

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa VI. Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes. México, Julio de 2023.

Imagen de portada: Reuters/Henry Romero

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Informe Ayotzinapa VI. Hallazgos y avances, obstáculos y pendientes. México, Julio de 2023.

CDMX, 25 de julio de 2023. El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa, tras anunciar que se retira de las investigaciones debido a la opacidad del Estado y la negación de diversas instituciones de proporcionar información relevante.

El informe es contundente en términos de la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia), además de la policía municipal, estatal, federal, ministerial y de tránsito y otros órganos del Estado, en la desaparición forzada y asesinato de los normalistas y en la manipulación de evidencias y ocultamiento de información.

El GIEI, que depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó más de la mitad del informe a analizar la participacion del ejército, con un mapeo detallado de sus movimientos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Asimismo, el informe detalla la complicidad y participación de todos los niveles del Estado: “El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de los distintos niveles del Estado en el ataque de los 43”, en palabras de Carlos Beristáin, que presentó el informe junto con Ángela Buitrago.

Lo que no se ha podido aclarar, sin embargo, es quizás lo que más importa (sin duda alguna lo que más importa a los familiares): el paradero de los normalistas desaparecidos. El ocultamiento y manipulación de información por parte del Estado ha logrado impedir que se conozca lo que les sucedió a los normalistas. Lo único que se ha logrado saber es que los jóvenes fueron separados en dos grupos: uno que pasó por las instalaciones de la policía en Iguala y otro conducido rumbo a Huitzuco o Chilpancingo.

Mientras tanto, el presidente López Obrador se autocongratuló por los avances en la investigación: “Yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno, lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables”, a pesar de las denuncias de ocultamiento y manipulación deliberada de la información por parte de las fuerzas armadas y otras instancias de gobierno y la decisión del GIEI de no continuar las investigaciones debido a la opacidad del Estado.

El informe del GIEI demuestra no sólo los esfuerzos castrenses por mantener oculta la verdad del caso, sino el funcionamiento estructural del Estado mexicano, entre otras cosas, con la utilización sistemática de la tortura. Esto representa también, dijo Carlos Beristáin, una oportunidad para cambiar de rumbo, cosa que a todas luces no está sucediendo.

Compartimos a continuación algunos trechos de la sesión de preguntas y respuestas durante la presentación del informe:

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