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^{En portada: Protesta en Argentina contra la aprobación del trigo HB4. Foto: Nicolás Pousthomis / Subcoop}

El 26 de enero de 2024, un colectivo de organizaciones del Sur Global, reunidas en la alianza de soberanía alimentaria de América Latina, África y Asia, presentó un comunicado a siete relatores especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitando la intervención urgente en relación con el trigo HB4 transgénico, desarrollado por la empresa argentina Bioceres. El trigo es supuestamente tolerante a la sequía y a la agrotoxina glufosinato de amonio, un herbicida de amplio espectro reconocido como neurotóxico, genotóxico y con impactos relevantes sobre el sistema reproductivo.

En octubre de 2020, el gobierno de Argentina aprobó el trigo HB4, para la producción y consumo, sujeto a su aprobación en Brasil, el principal mercado de trigo de Argentina, lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando Brasil aprobó la importación de harina de trigo transgénico. En 2023 se permitió su cultivo, al igual que en Paraguay.

En 2022, se aprobó la importación de harina para consumo animal y humano en Nigeria, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, y Colombia. Indonesia, el segundo importador de trigo argentino, la aprobó en 2023.

De acuerdo con la carta enviada a la ONU por las organizaciones, en todos los países dónde se aprobó el trigo HB4, hubo una evaluación abreviada y rápida, basada solo en documentos, sin investigaciones experimentales sobre la toxicidad, por ejemplo, ni participación social.

Sostienen que se desconocen por completo las implicaciones para la seguridad de los alimentos, por ejemplo, si la alteración de la actividad de alguno de estos genes puede provocar un aumento de metabolitos tóxicos, antinutrientes o alérgenos, o una disminución de nutrientes importantes.

El organismo fiscalizador que aprobó el trigo transgénico en Argentina admitió: “Ningún país del mundo, excepto China, realiza su propio análisis. Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y cualquier otro país no realizan verificaciones de laboratorio”.

¿Tolerante a la sequía?

Las organizaciones cuestionan el discurso promovido por Bioceres de que el trigo transgénico HB4 es tolerante a la sequía y, por tanto, es una solución al cambio climático.

Los rasgos transgénicos con tolerancia a la sequía de la soya y maíz han sido un fracaso comercial por sus promesas incumplidas frente a las crisis climáticas, sostiene la alianza de organizaciones. Por ejemplo, en el caso del maíz transgénico “tolerante a la sequía” MON 87460 de Bayer (antes Monsanto), cuya aprobación ha sido litigada llegando al Tribunal Superior de Sudáfrica, se argumentó que no se ha podido demostrar la supuesta tolerancia a la sequía, con base en el desempeño agronómico del cultivo.

Para la alianza, el trigo HB4 es una “falsa solución” al cambio climático, además, lo exacerba, ya que transforma millones de hectáreas, especialmente en áreas marginales, en monocultivos industriales, dependientes de insumos basados en combustibles fósiles, una de las principales causas del cambio climático. “La inserción del cultivo de trigo en este modelo de monocultivos biotecnológicos para hacer frente a la sequía, es cómo jugar gasolina en la hoguera de la crisis climática, violando el derecho de las presentes y futuras generaciones a un planeta sano”.

Contaminación

El trigo HB4 aumenta el uso del glufosinato de amonio y la contaminación de los cultivos, alertan. Contradictoriamente, la misma empresa Bioceres comercializa glufosinato, y lo promueve entre los productores del trigo HB4.

El agrotóxico ha sido prohibido y cuestionado en muchos países por su elevada toxicidad y a sus efectos a la salud. En la Unión Europea (UE) está clasificado como tóxico para el sistema reproductor, y está prohibido en toda la UE.

Debido al uso continuo del mismo herbicida en los monocultivos transgénicos, han surgido malezas resistentes al dicho herbicida, lo que ha llevado a la aplicación de herbicidas cada vez más fuertes con la intención de mantener los rendimientos.

La alianza de organizaciones alerta que la introducción del cultivo de trigo transgénico profundizará la presencia corporativa en el campo y expandirá la frontera agrícola hacia zonas marginales y de producción campesina, “vulnerando el derecho a la tierra, así como al territorio y a la autodeterminación de los pueblos tradicionales a sus modos de vida; al medio ambiente sano, al derecho humano a alimentación adecuada y a la soberanía alimentaria”.

^{En portada: Personas en movilidad esperan, en vano y bajo la nieve, la respuesta de la Patrulla Fronteriza ante un llamado de socorro en la frontera sur de Arizona. Foto: No Más Muertes}

La noche del sábado (10), la organización humanitaria No Más Muertes reportó que aproximadamente 400 personas en movilidad, solicitantes de asilo quienes cruzaron el muro fronterizo en Sásabe, Arizona, al sur de los EEUU, contabilizaban más de 36 horas esperando a ser recogidas por la Patrulla Fronteriza en medio de temperaturas bajo cero.

No obstante, los elementos de seguridad nunca respondieron al llamado de emergencia. Ante la acumulación de nieve, voluntarios de No Más Muertes, Tucson Samaritans y Green Valley Samaritans comenzaron a evacuar a la gente en dirección a la estación de la Patrulla Fronteriza en Sásabe.

Debido a la acción, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron y amenazaron con arresto a muchos de los voluntarios. Ante el cuestionamiento de las organizaciones humanitarias por su inacción, los elementos de seguridad argumentaron que no tenían previsto salir para atender el llamado de socorro de los solicitantes de asilo.

“A medida que la nieve se derretía y las condiciones de la carretera se volvían fangosas, los vehículos de los voluntarios continuaron evacuando a la gente a pesar de las amenazas de arresto, en previsión de que esta noche las condiciones fueran más peligrosamente frías”, detalla un comunicado de No Más Muertes.

Las organizaciones denunciaron que, pese a su traslado, la Patrulla Fronteriza se negó a permitir el ingreso a la estación de los migrantes para ser procesados. “En el momento de escribir estas líneas, hay más de 250 personas expuestas a los elementos fuera de la estación de Sásabe. A pesar de que la situación persiste desde hace más de tres meses, la Patrulla Fronteriza no ha asignado recursos suficientes para hacer frente a esta crisis”, reclamó la organización humanitaria.

Frente a la emergencia, No Más Muertes exige una respuesta de las autoridades para establecer refugios adecuados, centros de calentamiento y otras necesidades básicas para quienes buscan seguridad y asilo en el sur de Arizona. “No se puede dejar a la gente a la intemperie en unas condiciones que ponen en peligro su vida”, sostuvo la organización.

Abandonados para morir

Desde su fundación en el año 2004, No más Muertes ha dado seguimiento al enfoque letal de vigilancia de la frontera entre EEUU y México. Según Naciones Unidas, ésta constituye la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo. Es también, de acuerdo a la organización humanitaria, el lugar donde la Patrulla Fronteriza ha diseñado un sistema ineficaz de respuesta de emergencia, la cual “permite a una agencia abusiva responder unilateralmente a las llamadas de emergencia de las mismas personas que sus políticas están diseñadas para poner en peligro”.

Desde la presidencia de Bill Clinton, durante la última década del siglo XX, la política migratoria implementada por el gobierno federal norteamericano se rige por la denominada “prevención a través de la disuasión”, la cual consiste en militarizar y vigilar las rutas migratorias con mayor tráfico para obligar a los migrantes a cruzar por terrenos más hostiles, colocándolos en grave peligro de muerte.

Según un reportaje publicado en medios norteamericanos, difundido en diciembre del 2022, un informe federal del año 1997 señalaba que las “muertes de extranjeros” podía ser un indicador de que la estrategia, considerada dentro del plan de 1994 creado por la Patrulla Fronteriza, estaba funcionando.

Acorde a los registro de la Patrulla Fronteriza, entre los años 1998 y 2020, 8,000 migrantes murieron tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU. Mientras tanto, entre 1990 y 2021, el financiamiento de la agencia de seguridad se multiplicó por más de diez.

A través del informe Desaparecido, cómo las agencias de control fronterizo de EEUU están alimentando una crisis de personas desaparecidas, defensores sugieren que, si se tiene en cuenta el alto índice de desapariciones, el número real de muertos en la frontera puede ser de tres a diez veces superior al de los que han sido recuperados.

En este contexto, para No Más Muertes, lejos de constituir una tragedia accidental, “la práctica de la Patrulla Fronteriza de abandonar a personas para que mueran en territorio estadounidense se encuentra en el corazón de la estrategia contemporánea de control fronterizo”.

La organización humanitaria detalla que, a diario, los agentes de la Patrulla Fronteriza emplean tácticas mortíferas para perseguir y dispersar a las personas en terrenos peligrosos y remotos; además, retiran y destruyen sistemáticamente los suministros humanitarios esenciales que quedan a lo largo de los corredores migratorios más mortíferos de la frontera.

Para No Más Muertes la negligencia sistemática de la Patrulla Fronteriza hacia los informes de emergencia de personas indocumentadas en peligro, “constituye un crimen de Estado de proporciones históricas”.

“Sólo la abolición de las políticas y prácticas de la Patrulla Fronteriza que provocan que las personas se pierdan, desaparezcan y resulten heridas en terrenos salvajes pondrá fin a las muertes en la frontera sur”, concluye la organización humanitaria.

^{Foto: @Tlachinollan}

En una declaración pública emitida el pasado sábado (10), las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, reafirmaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia para sus hijos.

En su comunicado, denunciaron los intentos del gobierno actual de dividirlos, asegurando que permanecerán unidos en su lucha. Además, criticaron al gobierno por pactar con la élite económica y militar “para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico”, puntualizan.

El comunicado también aborda la crisis humanitaria causada por miles de asesinatos y desapariciones en todo México, así como la falta de recursos y avances en las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República.

Así mismo, destacan la continua violencia que afecta a las poblaciones campesinas e indígenas, ya que “son desplazadas de sus comunidades por la violencia que despliegan las bandas delictivas solapadas por el gobierno y las fuerzas de seguridad”, advierten.

Las madres y padres criticaron la estrategia del gobierno de dividir a los movimientos sociales y socavar la lucha de izquierda e independiente. Llamaron a redoblar esfuerzos y unificar las luchas con otros movimientos sociales, incluyendo sindicatos, colectivos de desaparecidos y universidades públicas.

“Las madres y padres de los 43 llamamos a redoblar esfuerzos para rearticular las luchas con las hermanas y hermanos del SME, el STRM, la CNTE, las madres y padres de los colectivos de desaparecidos, el EZLN, las Universidades Públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional y otras”, han anunciado.

Finalmente, adelantan diversas acciones de protesta y movilización que serán realizadas los próximos días, con el objetivo de mantener viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia.

^{En portada: Miembros de la Guardia Comunal de Ostula durante la celebración por los 14 años de la recuperación de más de 1,500 hectáreas comunales. Foto: Regina López.}

Habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa michoacana, denuncian que desde los primeros días de febrero se han perpetrado una serie de ataques contra la población indígena por parte del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante comunicado, relatan que el pasado lunes (5) por la tarde, un grupo de sicarios atacó la encargatura de la Cofradía de Ostula, sin que se registraran personas lesionadas debido a la respuesta de su Guardia Comunal.

Resaltaron que, durante la agresión, se reconoció el uso de armas de muy alto calibre como lo son rifles de calibre .50. Además, los pobladores detectaron vuelos de drones en la zona de la comunidad donde sucedió la agresión armada.

Cabe destacar que, apenas el 1 de febrero pasado, un comando armado del CJNG compuesto de al menos 50 personas se internó al territorio de la comunidad nahua y atacó el mismo poblado de la Cofadría.

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Durante aquella agresión, los sicarios hirieron a un comunero quien, debido a la pronta atención se reportó estable. Una vez más, debido a la actuación de la Guardia Comunal se consiguió repeler la agresión provocando que el grupo armado abandonara el territorio nahua.

En aquel momento, las y los pobladores de Ostula señalaron que poseen información suficiente para determinar que los responsables del ataque son personas que traicionaron a la comunidad nahua y se integraron al CJNG. Entre ellas destaca Cemeí Verdía, quien, de acuerdo a los testimonios, es el responsable de dirigir diversos ataques contra la población indígena.

“Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región”, sostuvieron los comuneros de Ostula.

Las y los habitantes de la comunidad nahua señalan que el contexto de violencia, lejos de mejorar, se ha recrudecido mediante la persistencia de los ataques por parte del grupo criminal. Sólo es mediante la presencia y trabajo de la Guardia Comunal que se ha podido mantener a raya al CJNG, mientras que, enfatizan, la Guardia Nacional, civil y la fiscalía del estado de Michoacán “solapan y protegen al CJNG”.

Señalan que, en los hechos, el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional no han hecho nada para garantizar la justicia en su territorio. “Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento”, sostienen en referencia a la pretensión, por parte del Estado, de desarticular y desarmar a su cuerpo de protección comunitario.

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La criminalización de la Guardia Comunal de Ostula se ha mantenido a la par de las agresiones y asesinatos de sus miembros por parte del crimen organizado que mantiene el intento de invadir y controlar los territorios indígenas.

En enero del 2023, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del CJNG.Ante los recientes ataques, las y los habitantes de Ostula exigen la inediata desarticulación del CJNG, así como castigo a los crímenes cometidos en contra de los pobladores indígenas.