Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Pronunciamiento Conjunto

La población civil no es un objetivo

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Redes:

Alianza contra la Desigualdad México

Alianza Mexicana contra el Fracking

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)

Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), North America

Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE)

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG)

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Plataforma de Paz

Red de Agricultura Urbana, Periurbana y Rural de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR)

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red de Mujeres de Jalisco “Aguas en Movimiento”

Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía

Red franciscana para migrantes

Red Futuros Indígenas

Red Jesuita con Migrantes

Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Red Mayense de Guardianas y Guardianes de Semillas

Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK)

Red Mesoamericana de Educacion Popular Alforja

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias)

Red de Rebeldías y Resistencias Ajmaq

Red Slow Food de Pueblos indígenas de México

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio

Organizaciones

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, A.C.

Alianza Sierra Madre A.C.

Aluna, acompañamiento psicosocial

Antropo Film House

Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

Asociación Maya Uk’ux B’e (Guatemala)

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Awe Tibuame, A.C.

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, A.C.

Centro de Capacitación y Formación para Mujeres, A.C.

Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo A.C.

Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC, Arquidiocesis de Tuxtla

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Centro de Educación y Apoyo a la Produción y al Medio Ambiente A.C.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (Cecaddhi)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Voluntarixs Junax

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C.

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Cohabitantes MX A. C.

Colectiva Reentramados para la vida, defendiendo territorios

Colectiva Cereza

Colectivo Asodette Región P’urhépecha

Colectivo Agroecológico Teocintle

Colectivo Coamil Federalismo

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

Colectivo Despertar Florencia

Colectivo de Labores Comunitarias de formación sociopolítica para la defensa del territorio

Colectivo del periódico El Zenzontle

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, A.C.

Colectivo Festival de la Tierra

Colectivo In Laak Le Ixiimo de Hopelchén

COLEMBYJ, Colectivo en Memoria y Búsqueda y Justicia

Comunidades Eclesiales de Base México

Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)

Comite de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Consorcio Oaxaca

Consultoría Técnica Comunitaria CONTEC A.C.

CORECO A.C.

CORASON Huasteca – Totonacapan

Desarrollo Económico y Social de los Méxicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán A.C.

Desplazadas de San Juan Copala

Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam

Engenera, A.C.

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Equipo Indignación

EQUIS Justicia para las Mujeres

Escuela Autónoma de Mujeres

Escuela de Salud Comunitaria Alina Sánchez

Foro para el Desarrollo Sustentable AC,

Frente Agustin Tosco (Argentina)

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)

Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C.

Educreando A.C.

Geo-grafías Comunitarias

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Huerta Educativa de Semillas Colibrí

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

IYOLOSIWA AC

Kalli Luz Marina AC

K’inal Antsetik, A.C.

La Sandía Digital

Marabunta Filmadora

Melel Xojobal A.C.

Médicos del Mundo Suiza

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Milpamérica

Misioneros AC

Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui Independiente

Movilidades Libres y Elegidas A.C., CoLibres

Mujeres Socialistas de Honduras

Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Narrativas desde la Mayanidad

Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Coahuila

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Habitat

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen AC

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.

Salud y Desarrollo comunitario A. C (SADEC)

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR

Serapaz A.C. – Servicios y Asesoría para la Paz A.C.

Servicios Para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA

Sinergia por la paz

SPR La Cascada de Ocosingo, Chiapas. ARIC UUH

Tsikini, A.C.

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Uyool Ché, A.C.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

Campeche

Ejido Miguel Colorado Champotón

Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya.

Consejo de vigilancia del Ejido División del Norte

Ejido Haro

Observatorio de violencia social y de género.

Mujeres por un Nuevo Amanecer Hopelchén

Las Mariposas Comunidad de Xpujil

REDMYH A.C.

Chiapas

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio MODEVITE

Movimiento de pueblos originarios en resistencia MOPOR

Tianguis Campesino

CDH Fray Pedro

Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL

Enlace Región Cañadas de Las Margaritas y Zona Fronteriza

Enlace Región Selva y Cañadas de Ocosingo

Petem Mango

Santa Cruz El Palmar

Yajtajtik

Lindavista

San José Napila

San Ramon Segunda sección

Juxuechej

San Antonio Las Palomas

La Libertad

Las Delicias

Raya Limón

Corralchen

Tacuba Nueva

Banacaxa

Ejido San Antonio Bulujib

Xanail

Chik Aktik

Najchij

20 De Noviembre

Santa Cruz La Reforma

Ejido San Jerónimo

Guadalupe Xaquila

Bonampak

Xaquila

Soteel

Tunapas

Ranchería Majchum

Cabecera Yajalon

Cabecera Sitala

Santa Rosa Mamalik

Mojontsuy

Nuevo Progreso

Mojontsuy

Barrio Las Golondrinas

Barrio Ojo De Agua

Barrio Centro

Ejido Luis Espinoza

Ejido Santoton

Ejido Petalcingo

Ejido Tila

La Unión

Comunidad Xixintonil

San Juan De La Montaña

Gobierno comunitario de Chilón

Sacun c’ubwitz

Sacun Saquila

Bawitz Jerusalén,

Jol sacun,

Sacun palma,

Sacun San Pedro

Yochibja,

Q’uicisal,

Onteel,

Axupja,

Jol Axupja segunda Sección

Mojón,

C’anal Ulub,

Nup’ha,

Laguna Verde,

Crucero Saquila.

Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal

Chihuahua

Bosques San Elías Repechique

Huitosachi

Bacajípare

CONTEC, A.C.

Ciudad de México

Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Fundación para el Debido Proceso DPLF

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

Colectivo de Abogadas

Oxfam México

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC)

Enlace Comunicación y Capacitación AC

Estado de México

Comunidad de Tepetlaoxtoc

San Francisco Magú

San Jerónimo Amenalco

Consejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco Texcoco

Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)

Enlace Región Montaña Alta

Jalisco

San Lorenzo Azqueltán

Comunidad de Indígena de Tepizoac

San Juan de los Potreros

Michoacán

Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

Santa María Ostula

Comunidad de Cherán

Comunidad de Comachuén

Carapan

Cheranatzicurín

Nayarit

Niuwari A.C.

Oaxaca

Enlace Región Tlaxiaco

San Sebastián Ocotlán

San Jacinto Ocotlán

Tejas de Morelos

San Felipe Apostol

San Matías Chilazao

Maguey Largo, Oaxaca

El porvenir, Oaxaca

Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.)

Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO)

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA)

San Isidro Zegache

La Barda Paso de Piedras

San Antonino Castillo Velasco

Santiago Apóstol

Santa Ana Zagache

San Pedro Mártir

San Martín Tilcajete

San Pedro Apóstol

Asunción Ocotlán

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

CDI Flor y Canto A.C.

Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo

Puebla

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Quinta Roo

U Yich Lu’um

Kanan derechos humanos

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

San Luis Potosí

Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C.

SEDEPAC Huasteca

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina.

Observatorio Indígena.

Centro Ceremonial Tenek.

COCIHP A. C.

Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla.

Xochitzotlajmani

Sonora

Pueblo de Vícam

Veracruz

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Red por la Justicia y Paz Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Consejo Veracruzano de Laicos A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

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DIÓCESIS DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

SIN JUSTICIA NO HABRÁ PAZ

jTatic Samuel

 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS

A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ

A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD

A LA SOCIEDAD EN GENERAL

CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO

En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.

De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.

Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.

La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.

Denunciamos:

– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.

– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.

– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.

– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.

– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.

– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.

– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.

– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.

– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.

Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:

– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.

– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.

– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.

– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.

– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.

Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.

Nuestros Pueblos no son Campo de Batallas.

La paz es un grito que merece ser escuchado

(Papa Francisco)

+Rodrigo Aguilar Martínez

Obispo de San Cristóbal de las Casas

+Luis Manuel López Alfaro

Obispo Auxiliar

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5 de Febrero y 20 de Noviembre No. 1 – C.P. 29200 – San Cristobal de las Casas, Chis., México – Tel: (967) 67 800 53  Correo:cancilleriasclc@gmail.com

Fuente: Avispa Midia

^{Por MalaYerba*
En portada: Familiares exigen la liberación de uno de los defensores capturados bajo el régimen de excepción}

En la comunidad Nuevo Amanecer, de La Unión, tres líderes comunitarios han sido capturados durante el régimen de excepción y enfrentan un proceso sin garantías legales. Los vecinos denuncian que estas detenciones se deben a que los defensores se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico, una promesa de campaña del gobierno de Nayib Bukele que se ejecuta entre irregularidades y a costa de dejar sin casas y tierras a los habitantes de dos comunidades.

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Es 17 de junio, Día del Padre, en Nuevo Amanecer, una comunidad de casas de láminas entre milpas y árboles en el municipio de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador.  Y, desde temprano, uno de los vecinos enciende su altavoz y reproduce, repetidas veces y a todo volumen, la canción “Es un buen tipo mi viejo”.

La música llega hasta esta casa con piso de tierra. Lindsay la escucha, pero no hace mucho caso: está ocupada buscando una manta para limpiarle los mocos a su hermano de un año. Lindsay, tres años mayor que su hermano, no sabe que hoy es el Día del Padre. Aunque lo supiera, no podría celebrar a su papá, Óscar René Martínez Iglesias, ya que está preso.

“A ella le decimos que su papá anda trabajando, que está pintando un gran edificio y no puede regresar ahorita”, cuenta Johanna, la madre de los dos niños, sentada en una hamaca.

Lindsay comienza a dudar de lo que le dicen, porque acompaña seguido a su mamá a hacer trámites a la delegación en La Unión de Policía Nacional Civil (PNC), y en su casa, recibe la visita de vecinos que preguntan por su padre. También la niña ya le preguntó una vez a Johanna si Óscar está preso y ella volvió a contarle la misma historia del edificio.

(Continuar leyendo…)

Fuente: Avispa Midia

^{Por MalaYerba*}

^{En portada: Elmer Martínez, campesino afectado por las obras del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Foto: Marvin Díaz}

Dos días después de declarar desierta la licitación para los estudios geotécnicos del Aeropuerto del Pacífico, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma contrató por 248 mil dólares a Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V., una constructora financista del partido Alianza Republicana Nacionalista. El gobierno, además, ha iniciado la construcción que dejará sin tierras y sin casas a casi 700 habitantes.

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Elmer Martínez conoce bien estas tierras. De sus 64 años, 22 las ha cultivado para él y sus vecinos, aquellas familias con las que hizo de la comunidad Flor de Mangle su casa, en 2001.

Hoy camina guiado por el sonido de unas máquinas. Apurado, atraviesa un bosque seco tropical, para llegar a un terreno con tierra removida y raíces secas que, hasta hace algunos días, servía para pastar animales.

“Aquí son potreros y rastrojos. Estábamos dejando esto para que vinieran, por naturaleza, los árboles”, dice Elmer, el presidente de la cooperativa Flor de Mangle. Su hablar es pausado y quedo. Cuesta escucharle porque al final del terreno dos excavadoras con personal uniformado del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) remueven más tierra.

Es una tarde nublada del 17 de junio. En este caserío de Conchagua, en La Unión, al oriente de El Salvador, y en la comunidad vecina de Condadillo, Elmer y 52 familias tienen los días contados.

Esta es una investigación que MalaYerba realizó durante un año sobre megaproyectos en la costa salvadoreña. El proyecto “Los desplazados de Bukele” aborda los problemas que enfrentan las comunidades agrícolas y pesqueras que se ubican en el camino de megaproyectos públicos y privados en los departamentos de La Libertad y La Unión.

La primera de las entregas cuenta cómo Nayib Bukele contrató a una empresa vinculada a “los mismos de siempre”, una referencia que él mismo utiliza para referirse a sus antecesores políticos, salpicados por la corrupción, por medio de irregularidades y desplazando a comunidades enteras en un territorio considerado inviable por la autoridad ambiental; y donde, además, está un ecosistema crucial para enfrentar la crisis climática.

La MalaYerba, con el apoyo de Data Crítica, levantó una base de datos a partir de 70 encuestas que se realizaron en los caseríos Condadillo y Flor de Mangle, en La Unión; las playas Mizata, El Zonte y el sector comercial de El Obispo, en La Libertad.

En el levantamiento de las encuestas, la mayoría de habitantes afectados por las construcciones se negaron a responder por temor a represalias del gobierno salvadoreño, que mantiene al país centroamericano bajo un régimen de excepción desde hace 16 meses.

El régimen ha conllevado a la captura de más de 71 mil personas, la muerte de, al menos, 172 reos en las cárceles; y más de 5 mil denuncias de detenciones arbitrarias registradas por organizaciones civiles, quienes han expuesto la situación que atraviesa El Salvador frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La principal política de seguridad de Bukele ha sido calificada por las personas defensoras de derechos humanos como un “régimen permanente de violación a los derechos humanos”.

Por lo que, a excepción de los líderes comunitarios, las fuentes que aceptaron hablar con este medio, lo hicieron ocultando su nombre real.

Entre los hallazgos más importantes de la base de datos: el 54 % ve como opción “vivir en la calle”, si pierden su vivienda actual. Y solo el 33 % ha recibido un ofrecimiento de “casa nueva” de parte del gobierno.

Del universo de entrevistados, seis de cada 10 son poseedores de la tierra, es decir, están en terrenos ajenos. Muchos de estos colonos se asentaron en la costa salvadoreña huyendo de la violencia de las pandillas. Ahora son desplazados por los megaproyectos públicos.

En este contexto, el MOPT se ha convertido en el ente de gobierno que más presiona a las comunidades para que desalojen los terrenos donde se desarrollarán proyectos como la ampliación de la carretera CA2, desde playa El Obispo hasta playa El Zonte; Bitcoin Beach y Parque de Playa Mizata, en La Libertad; y el Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión.

Los mismos de siempre reloaded

Las obras para la construcción del Aeropuerto Internacional del Pacífico comenzaron a finales de febrero, cuando las comunidades Flor de Mangle y Condadillo denunciaron que en sus tierras había máquinas excavando el suelo.

Para entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) todavía no había otorgado el permiso para este megaproyecto, como indica la ley, a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), la institución encargada de ejecutarlo. Lo hizo hasta el 21 de marzo, casi un mes después.

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El aeropuerto fue una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele y su ejecución fue aprobada por la Asamblea Legislativa oficialista en abril de este año. Sin embargo, la primera fase, para la que han destinado $246 millones de dólares, ya está marcada por irregularidades.

El MARN accedió a dar el permiso ambiental de construcción sin atender las observaciones de sus mismos técnicos sobre los impactos ambientales de construir una megaobra a la par de un manglar y también de las implicaciones de hacerlo en un lugar que, por sus características naturales, es propenso a las inundaciones. Y sin asegurar el plan de reasentamiento de las casi 700 familias de Flor de Mangle y Condadillo, que aún esperan que el gobierno concrete con ellas el plan de reubicación públicamente presumido por CEPA y el Ministerio de Vivienda.

A meses de las elecciones presidenciales de febrero de 2024, donde Bukele buscará la reelección incumpliendo la Constitución salvadoreña, el Aeropuerto del Pacífico, un proyecto insignia de su campaña presidencial de 2019, pasará a ser otra promesa de campaña para el segundo mandato al que aspira. Así lo reveló el comisionado presidencial para Proyectos Estratégicos, Cristian Flores, el pasado 12 de junio.

Bukele es un publicista que proviene de una familia empresarial. En 2012 inició su carrera política como alcalde de Nuevo Cuscatlán, una ciudad ubicada en el centro del país. Su nombre comenzó a sonar entre los políticos, pero alcanzó popularidad nacional en 2015, cuando ganó las elecciones como alcalde de San Salvador, la capital, bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido de izquierdas conformado por grupos de la exguerrilla.

Las diferencias con la dirigencia del FMLN lo llevaron a salirse del partido. En 2019 ganó las elecciones presidenciales con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, fundado por miembros de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el histórico partido de derecha que gobernó 20 años El Salvador.

Desde finales de su periodo como alcalde y ya como candidato presidencial, Bukele exhibió los errores de las gestiones de ARENA y FMLN, atravesadas por la corrupción. Esto le valió para bautizar a dichos partidos como “los mismos de siempre” y sumar simpatía, que sigue alimentando a través de las redes sociales. Pero el gobierno actual no está desvinculado de los mismos de siempre y se ha negado a transparentar sus finanzas. El 8 de agosto de 2022, CEPA contrató a Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V., para realizar los “Servicios de investigación geotécnica para lado aire del Aeropuerto Internacional del Pacífico”. Esta empresa, del grupo francés Soletanche Bachy, aparece en el listado de los financistas del partido ARENA, de acuerdo con el informe “El financiamiento de las elecciones presidenciales 2019”, realizado por la organización Acción Ciudadana.

La contratación de Rodio Swissboring para los estudios geotécnicos del aeropuerto se vieron accidentados, pues CEPA declaró desierta la licitación dos días antes de las vacaciones agostinas —fiestas patronales de San Salvador, que se celebran del 1 al 7 de agosto—, eso registra el acta pública de CEPA del 27 de julio de 2022.

En la licitación participaron las empresas Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. y Rodio Swissboring El Salvador, S.A. de C.V. Ninguna cumplió porque sus propuestas económicas excedían la tarifa ofrecida por el gobierno para las obras. Rodio lo hacía en un 21 %, equivalentes a $46, 821 dólares. Sin embargo, el primer día laboral después de las vacaciones agostinas, CEPA le otorgó a Rodio Swissboring el contrato por $248, 627 dólares. Para realizar los estudios geotécnicos en un plazo de 155 días, a partir del 8 de agosto de 2022. La empresa empezó con los estudios hasta finales de febrero de 2023.

Rodio Swissboring y un historial de contratos

En el informe, Acción Ciudadana estableció que, en 2008, cuando gobernaba el expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por corrupción, Rodio Swissboring donó $6,200 dólaresa ARENA. En la gestión Saca, la empresa recibió contratos en 2004 y 2006 por $1,840 millones de dólares, es decir, una diferencia con lo donado de $1,834 millones, según el documento.

Esta empresa comenzó a ser contratada por el gobierno actual desde inicios de su gestión. El 13 de junio de 2019, a pocos días de que Bukele asumiera la Presidencia, el MOPT contrató a Rodio bajo la modalidad de contratación directa para hacer los estudios de exploración de tierra en donde se construiría el puente María Chichilco, en el río Torola, al oriente de El Salvador. Su contrato fue por $8,288 dólares, según datos públicos del gobierno.

“Nuestros opositores nunca entendieron nada. Y creo que nunca lo van a entender. En estas fotos, con una pequeña gran obra, hay más esperanza que en sus 3 décadas de gobierno”, tuiteó el presidente Bukele el 30 de diciembre de 2019, cuando se inauguró el puente que costó en total $644,000. Sin embargo, el puente ha presentado daños severos dos veces.

Rodio se instaló en El Salvador en 1959 y ganó licitaciones en las gestiones de los gobiernos de ARENA y del FMLN. De acuerdo con la edición de julio-agosto de la revista digital Construcción, que publicita a empresas salvadoreñas, el primer trabajo de Rodio en el país fue en las obras de la hidroeléctrica El Guajoyo, en el lago de Güija.

Esta empresa es, también, especialista en exploración minera. Y ha trabajado en minas en Guatemala, Nicaragua y Panamá. En El Salvador, según el libro, El negocio de la energía eléctrica en Centroamérica y El Salvador; Pacific Rim le pagó 7.34 millones de dólares para la exploración de diferentes áreas de interés de la mina El Dorado, en Sensuntepeque, Cabañas. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador registró en su Sistematización de la lucha anti-minera en El Salvador que Rodio Swissboring propició la criminalización de defensores ambientales y líderes comunitarios de Cabañas, en procesos judiciales en 2006 y 2010.

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El lastre de Rodio alcanza sanciones administrativas por incumplimiento de contrato en obras públicas estatales en los años 2008, 2010 y 2013. El Banco de Incumplimiento de Contratistas disponible en el portal de transparencia detalla que, en esos años, Rodio Swissboring El Salvador fue sancionada cuatro veces, pagando un total de más de $43,000 dólares en multas.

Pese a ese antecedente, la constructora siguió recibiendo contratos del Gobierno de El Salvador para los estudios de suelo en la represa El Chaparral. Dos de ellos en 2014 y 2015, por $244,519 y $241,000, respectivamente. Y para la represa 5 de Noviembre, en 2012, por $132,644.

“Existe la posibilidad de que financistas de partidos políticos obtengan contratos dentro del Estado y, sin duda, ahí hay un claro conflicto de interés”, explica Dennis Siliézar, coordinadora del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana.

El informe de Acción Ciudadana aclara que Nuevas Ideas, el partido fundado por Bukele en 2019, no entregó la información financiera que otros partidos, total o parcialmente, sí entregaron.

Siliézar, además, advierte que desde que Bukele es presidente y desde que existe una bancada de diputados afín a su gobierno, el Ministerio de Hacienda dejó de entregarle a la organización información financiera sobre los partidos políticos.

“El partido Nuevas Ideas es el partido menos transparente que hemos registrado, porque no nos entrega información financiera. Estamos hablando de estados financieros, balance general, estado de resultados, listado de donantes, comprobantes de donaciones”, dice la especialista.

En el caso del Aeropuerto del Pacífico, Malayerba constató que la maquinaria que Obras Públicas usa para los estudios de tierra tiene los distintivos de Rodio Swissboring e Inversiones OMNI, S.A. de C.V. OMNI es una empresa que ha ganado contratos con el gobierno para ejecutar diferentes proyectos, como la construcción y remodelación de la sede de la Universidad de El Salvador en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados entre junio y julio.

El 13 de julio, la MalaYerba llamó a Gabriela Montoya, representante de Rodio en El Salvador, para preguntarle sobre el contrato público que ganó la empresa en el proyecto del Aeropuerto del Pacifico. Montoya no respondió a las preguntas porque dijo que Rodio firmó un contrato de confidencialidad con el gobierno.

Un día después, el equipo a cargo de esta investigación también llamó al encargado de prensa del MARN, Aarón Fagoaga, para solicitar una entrevista con el ministro Fernando López. MalaYerba envió las preguntas al comunicador y este prometió gestionar la entrevista; sin embargo, al cierre de este reportaje no hubo ninguna respuesta. Esto es algo habitual en esa cartera de Estado durante la gestión de Bukele.

El 14 julio, además, se envió un correo electrónico a Claudia Vanessa Campos Rivera, encargada de comunicaciones de CEPA, para gestionar una entrevista con Federico Anliker, el titular de la autónoma. Tampoco hubo respuesta.

Sin agua para pescar ni tierra para sembrar

En la costa salvadoreña, la mayoría de sus habitantes sobreviven del comercio informal, la pesca y la agricultura. La base de datos de esta investigación revela que entre las actividades que se desarrollan en la costa, el 72 % corresponde al comercio informal, el 57 % a la pesca y el 28 % a la agricultura de subsistencia.

El estudio de impacto ambiental que CEPA presentó al MARN para la construcción del aeropuerto da cuenta de que, en la zona de Loma Larga, 400 personas se dedican a la pesca para consumo propio y para abastecer a ventas de la playa El Cuco, en San Miguel.

Con el aeropuerto, estos pescadores se quedarán sin comida y trabajo. Y los agricultores, como Carlos, sin tierras.

Al preguntarle a Carlos, agricultor de Flor de Mangle, sobre la alternativa que tiene para reiniciar si pierde el terreno donde cultiva su respuesta es contundente: “Robar. No me queda de otra”, dice con voz ronca y molesta.

“Estas cosas son las que levantan las guerras”, contesta otro habitante de Condadillo que perderá su caso con la construcción del aeropuerto.

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Para facilitar el desarrollo de los megaproyectos del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de noviembre de 2021 la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales, que tiene como fin la expropiación de tierras utilizadas para obras públicas de carácter urgente, por medio de una negociación administrativa o por la orden de un juez.

Un censo comunal de Condadillo indica que ahí viven 587 habitantes, de los cuales 176 son menores de edad entre los cero y 14 años. Todos serán afectados con la construcción del proyecto. En tanto, en Flor de Mangle, la base de datos de esta investigación muestra que hay 90 habitantes afectados, entre los que destacan 38 son menores de edad.

“Nosotros con tanto niño no podemos agarrar dinero”, dice afligida Ana, una madre soltera de Flor de Mangle, que reculó ante la única opción ofrecida por el gobierno: casa o pago por su terreno. Para ella, la negociación con CEPA no fue justa, pues “necesita un terrenito donde hacer su milpita, como siempre la ha tenido”.

“Queremos que cumplan su palabra y que nos den tierras y casa, como lo prometieron al principio”, repite una y otra vez Elmer Martínez, el fundador de Flor de Mangle.

Las personas que acepten el dinero se encontrarán, además, con el encarecimiento de los terrenos en los alrededores del aeropuerto. Ángel Flores, director del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), asegura que hay toda una “especulación” de las tierras en Loma Larga, donde están ubicadas las comunidades Flor de Mangle y Condadillo, al grado que hay personas “acaparando” terrenos.

“Los terrenos cuestan un valor casi tres veces más de lo que estaban el año pasado”, agrega Flores.

Antes de que comenzaran los estudios de suelo, a la comunidad Condadillo, donde Santos Eduviges Cruz cultiva, llegó personal de CEPA y se reunió individualmente con cada representante de las parcelas. Él firmó la venta de cuatro parcelas, de cuatro manzanas cada una, por las que, al inicio, le ofrecieron $24,000, un precio que él consideraba bajo.

Después de una conferencia de prensa que él junto a otros habitantes de la zona montaron para hablar de una “injusta” negociación de CEPA con sus terrenos, logró que le aumentaron el precio: aunque todos los terrenos tienen la misma medida, le han dicho que por uno le van a pagar $37,000 y por otros $35,000. A otros vecinos, dice, les van a comprar los terrenos más baratos, porque algunos por miedo a quedarse sin tierras, firmaron rápido la cesión de las propiedades. No hubo tiempo de negociar más.

Contrario a los testimonios de más de una docena de habitantes de Flor de Mangle y Condadillo que MalaYerba entrevistó, Anliker, el titular de CEPA, dijo en una entrevista televisiva, el pasado 20 de marzo, que algunos vecinos habían preferido vender las propiedades y otros que les reubicaran. Y que, en ese sentido, en conjunto con el MARN y el Ministerio de Vivienda, harían un “complejo habitacional digno” para ellos. De eso, aún no hay novedades en el lugar donde funcionará el Aeropuerto del Pacífico.

Daños ambientales y un permiso irregular

La reubicación de las familias de Loma Larga está contemplada en el estudio de impacto ambiental que CEPA presentó al MARN, donde también la autónoma presentó un programa de empleos para que las personas de las comunidades puedan trabajar en el aeropuerto.

En este proyecto, refleja el mismo estudio, no se consultó públicamente a las comunidades involucradas para que opinaran sobre las consecuencias que les traería la construcción del aeropuerto, que también debe ser previa e informada.

Al igual que en otras construcciones ejecutadas en el actual gobierno, el MARN y las municipalidades obviaron la consulta pública regulada en la Ley de Medio Ambiente y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que El Salvador ha ratificado.

CEPA ingresó el proyecto del Aeropuerto del Pacífico al Sistema de Evaluación Ambiental del MARN el 20 de septiembre de 2021. Este proceso se hace por medio de un formulario, que, tras llenarse, automáticamente indica la categoría del proyecto a ejecutar, de acuerdo con expertos que conversaron con este medio.

El aeropuerto fue categorizado como ambientalmente inviable y el MARN recomendó a CEPA buscar otro lugar para su construcción por estar propenso a inundarse. Sin embargo, Malayerba constató que, 24 horas después, la categoría del proyecto fue cambiada en la página web del MARN a la de alto impacto ambiental, lo que implica que, después de presentar un estudio en el que se especifiquen las formas de revertir los daños ambientales que ocasionará, puede ser aprobado.

Durante esta etapa de evaluación, además, el Ministerio de Medio Ambiente, a cargo del arquitecto Fernando López, moldeó la zonificación de La Unión con la que descartó las directrices que regulaban la franja costero marino en la cual Condadillo y Flor de Mangle eran calificadas como áreas de conservación. Con la nueva zonificación estas tierras pasaron a ser urbanizables.

Es decir que el MARN, que tiene por obligación la protección ambiental en El Salvador, le abrió el camino a CEPA para construir el aeropuerto y la autónoma, a cambio, ofreció $2.8 millones para implementar medidas ambientales por los daños que provocará.

CEPA presentó el estudio de impacto ambiental del aeropuerto el 8 de julio de 2022, y Medio Ambiente emitió el permiso de construcción el 20 de marzo de 2023.

El estudio de impacto ambiental indica que el aeropuerto colindará en la parte sur con el Área Natural Protegida Manglar El Tamarindo, hábitat de especies en peligro de extinción, como la lora nuca amarilla. Las áreas protegidas son zonas en las que hay diversidad de especies o también sirven de tránsito y nido para las aves. En El Tamarindo, por ejemplo, hay 43 especies de aves, según un registro del MARN de 2017.

En esta franja de bosques salados asociados al Golfo de Fonseca se han registrado también arrecifes coralinos en Punta Amapala, Las Mueludas, Maculis y El Tamarindo.

“Tanto los arrecifes como los manglares se consideran zonas de crianza. Muchas de las especies marinas que están en alta mar se acercan a las costas para desovar y que sus crías se adapten y luego salen a mar abierto. En los arrecifes son zonas en que hay suficiente penetración de luz, sustrato ideal y hay una mayor biodiversidad; por tanto, hay una mayor disponibilidad de alimentos. Es como una guardería con todos los servicios incluidos”, explicó a la MalaYerba la bióloga Georgina Mariona, quien ha registrado las especies de tortugas marinas que llegan a desovar a Maculis, una playa próxima a El Tamarindo.

Los manglares, además, sirven como barreras naturales ante las inundaciones, el incremento de nivel del mar y las erosiones en la costa, aparte de ser una herramienta vital contra la crisis climática. Los bosques salados funcionan con una mezcla de agua dulce que desemboca en ellos por medio de ríos o manantiales, y el agua salada del mar. Datos del mismo MARN estiman que, desde 1950 a 2018, la cobertura de manglares en El Salvador pasó de 100,000 hectáreas a 39,786.

Aunque el aeropuerto no se construirá dentro del manglar, la pista será construida donde confluyen Los Guamas, Los Monos, Guanamara y la quebrada El Águila. Por ello, el estudio de impacto ambiental advierte que cuando estos ríos sufran alteraciones la laguna del estero El Tamarindo puede rebalsar y causar inundaciones.

“CEPA dijo que estábamos manipulados por la oposición, pero ningún político nos dijo nada. Por ser campesinos, nos quieren tener de babosos. Es mentira, porque nosotros estamos con los cinco sentidos despiertos”, asegura Santos Eduviges.

En su momento, él y los habitantes de esta comunidad pensaron que conservarían, al menos, parte de sus tierras en las que también habían instalado un propio sistema de riego, para cultivar y sobrevivir de la siembra, pero no.

Mientras llega el momento del desalojo, Elmer, el fundador de Flor de Mangle, se mantiene visitando la zona de construcción. “Aquí hay agua para abastecer a La Unión”, dice mientras las máquinas siguen explorando el suelo inundable y destruyendo parte del área protegida El Tamarindo.

^{*Una versión de este reportaje se publicó originalmente en MalaYerba, realizado por: Carolina Amaya, Stanley Luna, Marvin Díaz, Michelle Recinos, Guillermo Orellana Solares. Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).}

Chiapas, un desastre
Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado

Descarga el Informe Frayba 2023: Chiapas, un desastre

“Estamos en medio de un contexto de continuidad de la violencia generalizada, de guerras que lastiman a la humanidad. En Chiapas esto se refleja en una hondonada de interacciones notables entre delincuencia organizada, grupos armados y evidentes vínculos con los gobiernos y empresas. Sus impactos reproducen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en un contexto donde el Estado mexicano ha desviado su deber en el sentido de ser un buen gobierno; por el contrario, es omiso, permisivo y aquiescente frente a la actual violencia generalizada y a los múltiples estratos de impunidad que históricamente se suman, agudizando fenómenos como: desplazamiento forzado, las privaciones arbitrarias de la libertad que desembocan en nuevas formas de uso del sistema judicial para generar tortura; agresiones a personas defensoras y periodistas en la continuidad de la represión social, violaciones al derecho a la tierra-territorio que trastocan los procesos autonómicos y configuran escenarios de nuevas formas de contrainsurgencia.”

Este 9 de mayo de 2023, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se presentó el Informe Frayba 2023, de suma importancia en este momento en el que la violencia se reproduce en el estado de Chiapas como nunca antes. El informe examina las diferentes dimensiones de la problemática en el estado: la remilitarización y la contrainsurgencia; las problemáticas relativas a la tierra y el territorio; el desplazamiento poblacional; la violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; la tortura y la fabricación de culpables; y la violencia armada.

En la presentación, participaron Estela Barco, de Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI); Jorge Santiago, del Consejo Directivo del Frayba; Dora Robledo, directora del Frayba; Padre Miguel Ángel Montoya; y Carlos Ogaz, del Frayba.

Compartimos a seguir los audios de las presentaciones:

 

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

Les invitamos a nuestra magna presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.

Reflexionemos juntas sobre la violencia actual en Chiapas, la continuidad de la contrainsurgencia, desplazamiento forzado y despojo a la tierra y el territorio.

Martes 9 de mayo.
18 horas.
Oficinas Frayba. Brasil 14, Barrio de Mexicanos, SCLC, Chiapas.

Live vía FaceBook del Cdh Frayba y en www.frayba.org.mx/envivo

Las 5 familias de Nueva Palestina vivieron la violencia extrema con múltiples violaciones a los derechos humanos, el pasado diciembre de 2021. Después de más de un año de lo sucedido, siguen la lucha por la búsqueda de justicia y reivindican la atención al desplazamiento de las 34 personas, entre ellas 23 niñas, niños y adolescentes, la liberación inmediata de Versaín Velasco y la búsqueda del paradero de Freddy Gómez.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes