La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC) manifiesta su repudio y pesar por el brutal asesinato de Marielle Franco, activista, defensora de los derechos humanos y consejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y de Anderson Pedro Gomes, su chofer, el 14 de marzo, en la Ciudad de Rio de Janeiro.
El asesinato se produjo en el marco de la intervención de las fuerzas militares en la seguridad del Estado desde el 20 de febrero de este año, decisión tomada por el Presidente Michel Temer y que generó amplio rechazo entre diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la RESLAC. Recientemente, Marielle había sido nombrada relatora de la comisión que se creó en la Cámara de Concejales, con el propósito de dar seguimiento a eventuales violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la militarización de la ciudad. Además había denunciado recientemente ante la Asamblea, episodios de violencia que fueron perpetrados por policías militares del 41º Batallón, contra moradores de la comunidad de Acari, en la Zona Norte de Rio de Janeiro. En esta comunidad, dos jóvenes fueron asesinados en la última semana, en circunstancias que no han sido esclarecidas por el Estado.
En la noche del día 14, Marielle volvía de un evento denominado “Jóvenes negras –moviendo las estructuras”, cuando fue asesinada en el interior del auto en que se desplazaba. Su chofer, Andreson Gomes, también murió. Su asesora que también estaba en el auto resultó herida y fue llevada a un hospital de la ciudad.
La muerte de Marielle se inserta en un contexto de violencia sistemática contra defensores de Derechos Humanos en Brasil, en las grandes ciudades o en el campo, que lamentablemente se manifiesta de manera cada vez más frecuente. Su muerte también cuestiona los argumentos oficiales usados para justificar la intervención militar federal en Rio de Janeiro y demuestra la fragilidad de la Democracia y de los Derechos Humanos en Brasil.
La Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (RESLAC), demanda al Estado Brasileño una investigación rápida e independiente, para la identificación no sólo de los ejecutores de este asesinato sino de quienes ordenaron este odioso crimen.
De igual forma, expresamos nuestra solidaridad a parientes y amigos de estas dos nuevas víctimas.[:]
[:es]El pasado 25 de febrero colectivxs feministas se manifestaron frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para exigir a Miguel Ángel Mancera (Jefe de Gobierno de la Ciudad de México) que emita la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la capital de pais.
Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.
El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.
El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.
La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.
Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.
Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.
Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.
Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.
A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.
No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre. Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez. Lorenzo López Girón.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
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[:es]Las familias que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movimiento) condenamos el allanamiento y robo de equipo de seguridad otorgado por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, en el domicilio de Francisco Paredes Lachino, hijo del defensor de derechos humanos desparecido en 2007, Francisco Paredes Ruiz.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero aproximadamente a las 13:30 horas del día, cuando elementos del Mando Único, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública, a bordo de 5 camionetas, 2 de ellas con logotipo de Policía Michoacán y 3 de color blanco pertenecientes a la policía Ministerial de la Policía Estatal, llegaron e irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial el domicilio de Francisco Paredes en Michoacán, sustrayendo del lugar equipo técnico que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en dicho domicilio. Este equipo de seguridad forma parte de las medidas implementadas por el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Secretaria de Gobierno. Afortunadamente, Francisco Paredes y su familia no se encontraban en el domicilio.
Francisco Paredes Lachino junto con sus hermanas, forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas “ALZANDO VOCES”, colectivo que forma parte del Movimeinto y que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Anteriormente, el 25 de diciembre del año 2015 personas armadas con la aquiescencia y participación de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública irrumpieron con uso de violencia al mismo domicilio para amenazar con armas a los integrantes de la familia Paredes Lachino, por lo que la familia recibió las medidas de seguridad que el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos humanos otorga.
De igual manera, el 2 de mayo de 2017, Cristina Paredes, hermana de Francisco y defensora de derechos humanos, fue víctima de detención arbitraria e ilegal. Por este suceso se reunió con el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el 5 de enero de 2018.
[:es]A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García
El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.
El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]
El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.
Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.
Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.
En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.
La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018
Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias
Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).
Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-
CONSIDERAMOS:
1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;
Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.
[:es]El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años
La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.
En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.
Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.
Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.
A 20 años de impunidad por la Masacre de Acteal, la memoria colectiva de Las Abejas de Acteal persiste en la construcción de Otra Justicia. Sus voces, sus nombres, sus rostros siguen caminando la paz.
