autonomía
Comunicado del Nodo de Derechos Humanos ante el intento de desalojo de la Casa de los Pueblos y Comunidades «Samir Flores»
Hoy el Gobierno de la Ciudad de México decidió, en plena madrugada, intentar desalojar a la comunidad Otomí de la Casa de Pueblos y Comunidades “Samir Flores”. Seguramente los titulares de ésta mañana estaban listos con frases como “recupera el edificio”, aderezados con palabras como “choque” o “enfrentamiento”, comno se estila decir desde el poder cuando desde arriba se trata de aplastar a quienes desde abajo luchan por la dignidad. Pero la realidad es que la comunidad Otomí mostró que la digna rebeldía es capaz de resistir los cobardes madruguetes de quienes ven en el etnocidio una oportunidad para hacer de la ciudad un negocio o un botín electoral.
La soberbia, racismo e incapacidad de Marti Batres de ver el México que existe más allá de sus mezquinos proyectos le impide ver una verdad muy simple, nunca antes un edificio público había servido más a los pueblos indigenas de México que desde que el del INPI fue liberado por la comunidad Otomi. Lanzó éste operativo porque en su lógica el Estado es un patrimonio y el edificio del antes Instituto Nacional de los Pueblos Indigenas es de los funcionarios y burócratas en turno, no de los pueblos indigenas.
Para quienes gobiernan arriba lo indigena sólo les interesa cuando puede mercantilizarse como folcklore en los teatros y museos, como artesanía en las boutiques para turistas o como un conjunto de símbolos que usan con oportunismo e hipocresia cuando los tiempos electorales lo requieren, sea
haciéndose pasar por Otomies como Xochitl Gálvez o con escenas manipuladoras com de López Obrador entregando un bastón de mando a Claudia Sheinbaum.
Visto desde arriba, el edificio deberia ser el INPI para poder repartir limosnas a los pueblos que se busca desaparecer con megaproyectos extractivos. Para quienes luchan desde abajo ese edificio ha sido
un centro de diálogo entre pueblos, de fortalecimiento de sus identidades políticas, de organización de la defensa de sus territorios y de los ecosistemas que habitan y protegen.
El intento de desalojo usando al presuntamente desaparecido cuerpo de granaderos de la policia de la Ciudad de México y el paso de unos motociclistas disparando son un aviso, como muchos otros que han precedido a tragedias y crímenes de Estado. Arriba se avecina una pelea sucia y mentirosa llamada proceso electoral en donde las élites se disputarán quien va a administrar y monetarizar el infierno, una pelea que se seguirá pagando abajo con dolor y sangre.
Arriba tienen prisa por eliminar a todo aquello que no les sirve para controlar votos y ganar elecciones, sean comunidades Zapatistas en Chiapas o edificios ocupados en la Ciudad de México. Abajo, en todo el mundo, los ojos de gente honesta y digna están mirando directamente a la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores”, vigilando que ese edificio pueda seguir sirviendo para y a quienes debe servir.
Nodo de Derechos Humanos (NODHO)
Imponen complejo de seguridad a comunidades nahuas de Puebla
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Gráfica de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes
La organización de derechos humanos Front Line Defenders, en un comunicado, denunció que defensores del territorio de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, articulados en la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, han sido objeto de ataques en años recientes por su defensa del territorio.
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes es una organización integrada por 20 pueblos nahuas del valle de Puebla que históricamente han luchado contra violaciones de derechos humanos y despojo causado por la presencia e implementación de proyectos extractivos en sus territorios.
El último ataque sufrido es la represión ocurrida en el pueblo de San Lucas Nextetelco el 2 de octubre de 2023, durante una protesta en contra de la construcción de un complejo de seguridad pública en la comunidad.
Este complejo fue licitado, sin consulta alguna, por el gobierno del Estado de Puebla el pasado 5 de septiembre y tiene estimado concluir la construcción en el mes de diciembre de este año 2023, con un piso financiero mínimo de 8 millones de pesos.
La construcción del complejo de seguridad se da en un contexto de “un preocupante aumento de la militarización y la creciente construcción de complejos de seguridad y cuarteles militares en comunidades en el país donde existen resistencias y oposición a megaproyectos y en donde no ha habido consulta, previa, libre e informada”, alerta la organización.
El 2 de octubre de 2023, personas que se presentaron como empleados de DECOSA, la empresa que presuntamente se ha contratado para construir el complejo de seguridad, llegaron al pueblo de San Lucas Nextetelco, relata la organización. Los trabajadores se retiraron del lugar después de que los integrantes de la comunidad les entregaran un acta de la asamblea en oposición a la obra del complejo de seguridad, en el cual decidieron rechazar el proyecto.
Más tarde ese mismo día, sobre las 16h, esos mismos trabajadores volvieron al pueblo de San Lucas Nextetelco, llevando una máquina excavadora. Custodiada por elementos de la Policía Estatal de Puebla, rompieron el portón y comenzaron a trabajar.
Esto llevó a que integrantes del pueblo alertaran al resto de la comunidad, quienes acudieron a protestar e intentar impedir que siguiera la construcción del complejo de seguridad. Después de esto, llegaron al lugar un grupo de personas que presuntamente son movilizadas por el gobierno municipal de Juan C. Bonilla y que han sido identificadas previamente por la comunidad como “golpeadores”, señala Front Line Defenders.
Este grupo comenzó a agredir físicamente a integrantes de la comunidad, incluyendo a jóvenes y a adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica. Llegaron más integrantes de San Luchas Nextetelco a fin de apoyar a los manifestantes, se enfrentaron con la policía y esto llevó al eventual retiro de los golpeadores y de los elementos de la Policía Estatal. Como forma de protesta, la comunidad decidió cerrar la carretera federal a la altura de San Lucas Nextetelco durante alrededor de 6 horas.
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