militarización
Denuncia de la comunidad indígena y autónoma, tepehuana y wixárica San Lorenzo Azqueltán
A los pueblos originarios de México
Al Congreso Nacional Indígena
A las organizaciones de derechos humanos
A los colectivos solidarios que han acompañado nuestra lucha
A los medios de comunicación
A unos días de que nuestra Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, celebre el 12º aniversario del nombramiento de autoridades autónomas, surgen nuevos ataques por parte de supuestos pequeños propietarios que pretenden arrebatarnos la tierra, por lo que una vez más, y las veces que sean necesarias, decimos que la tierra que hemos defendido desde hace siglos, no se vende: se defiende.
Denunciamos que el día 4 de noviembre, personas armadas a bordo de una camioneta Ram color gris —dos de ellas, portando un gafete que no mostraron, asegurando ser policías investigadores, pero no dijeron su nombre o cargo, ni mostrar documento alguno— intentaron desalojar a compañeros comuneros que trabajaban en distintos puntos de nuestra comunidad. Amenazaron de muerte, robaron bienes y buscaron desalojar a quienes trabajaban la tierra comunal.
Alrededor de la 10:30 horas llegaron al predio comunal conocido como El Sabino Quemado, sin notificar a los comuneros titulares de dicho predio y sustrayendo una motobomba de 5 caballos de fuerza, buscando después a los comuneros en sus casas para advertirles verbalmente que “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños” y que “el juicio agrario les vale madre”, que si los encontraban dentro del predio, los iban a detener. Sin embargo, el paraje Sabino Quemado, y la posesión otorgada mediante acuerdo de la asamblea general hace tres años, es parte de la posesión tradicional legítima de esas tierras, que desde tiempos inmemoriales ha estado bajo el resguardo de la comunidad.
Más tarde, cerca de las 11:30 horas, las mismas personas llegaron a la cabecera comunal, al predio conocido como Cueva del Mosco, donde otros dos comuneros trabajaban escarbando un pozo. “¡Lárguense, hijos de su puta madre!”, les gritó uno de los agresores mientras les apuntaba con su arma. “¡Y no corran porque me los quiebro!”, añadió, picándole con el rifle la espalda a uno de los compañeros.
Los comuneros también fueron víctimas de robo. Bajo amenaza, los obligaron a cargar materiales y herramientas de construcción en la camioneta que traían. Incluso los forzaron a levantar las motocicletas que ellos mismos habían tirado instantes antes, para que condujeran delante del vehículo hasta la cabecera municipal, donde los hicieron descargar los bienes robados en la agencia del Ministerio Público.
Exigimos la inmediata e incondicional devolución de los siguientes bienes sustraídos por los supuestos policías:
14 costales de cal
1 costal de cemento
1 carretilla
4 palas
3 talaches
1 cizalla
2 marros
1 martillo
1 cuchara de albañil
1 niveleta
1 pinza
2 cintas métricas
1 azadón
5 kg de alambre recocido
3 kg de clavos
1 barra
1 motobomba de 5 caballos de fuerza
Hacemos responsable de la integridad de los compañeros agredidos a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco, donde presuntamente se habrían ordenado estas acciones ilegales. Desde ese momento, y hasta la emisión de este comunicado, se nos ha negado información sobre la supuesta carpeta de investigación.
Exigimos al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de nuestros terrenos comunales, que pertenecen al pueblo tepehuano y wixárika, y que se encuentran en trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, pues somos los dueños ancestrales e históricos de nuestro territorio, amparado por el título virreinal del año 1733.
Hacemos un llamado a los pueblos originarios de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a los colectivos y medios solidarios que han acompañado a Azqueltán, para que nos mantengamos alerta y, en la medida de nuestras capacidades y voluntades, hagamos visible la voz de que nuestra comunidad, San Lorenzo de Azqueltán, NO ESTÁ SOLA.
Atentamente
Desde el fondo del Cañón de Bolaños
¡Nunca más un México sin nosotros!
Noviembre de 2025
Comunidad Indígena Autónoma, Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de
Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores
Comunicado conjunto del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con relación al violento ataque en contra de los compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores
A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,
A los medios libres e independientes,
A quienes caminan la palabra de la vida.
Comunicado urgente:
Con profundo dolor y rabia, denunciamos que el pasado 31 de octubre de 2025, autoridades e integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron atacados con armas de fuego por el grupo criminal Los Ardillos, esto al dirigirse a una asamblea en Ayahualtempa, Guerrero. En este ataque armado, que se prolongó por alrededor de 10 horas, fueron asesinados tres policías comunitarios del sistema de los Pueblos Fundadores, integrantes del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF y 7 más se encuentran heridos de gravedad. Adicionalmente, durante el ataque, la camioneta en la que se trasladaba el compañero JESÚS PLÁCIDO GALINDO, integrante de nuestra Comisión de Coordinación y Seguimiento y quien fue blanco de la agresión, recibió múltiples impactos de bala, de los cuales afortunadamente resultó ileso. Las comunidades del CIPOG-EZ han denunciado reiteradamente que estos grupos criminales operan bajo la protección y complicidad de autoridades estatales y federales.
Las comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, organizadas en el CIPOG-EZ, conformado principalmente por nahuas, me’phaa, na savi, ñomndaa y mestizos, enfrentan desde hace años una ofensiva sistemática de violencia narco-paramilitar. En lo que va de la última década se contabilizan la dolorosa cifra de 66 integrantes asesinados y 23 compañeros más desaparecidos, víctimas de la violencia extrema ejercida por los grupos criminales, como Los Ardillos, que actúan en complicidad con gobiernos de todos los colores para despojar a las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero de su territorio. Esta violencia busca imponer el despojo territorial y castigar la digna lucha del CIPOG-EZ por la vida, la autonomía y la justicia, frente a un sistema capitalista que ha sembrado miseria, explotación y violencia en sus comunidades.
En Guerrero y en el país, gobiernos, grupos criminales y empresas capitalistas son la misma cosa; y han convertido a las comunidades del CIPOG-EZ en blanco permanente de ataques, mientras los responsables directos gozan de impunidad. Se trata de una estrategia de guerra, que combina represión, militarización, criminalización y asesinatos a mansalva para desarticular la organización comunitaria.
No hay excepciones, tanto los gobiernos municipales, el del estado, cuya gobernadora guarda nexos directos con los líderes criminales, como el gobierno federal, son responsables, por su omisión y complicidad, de la violencia criminal y paramilitar contra las comunidades del CIPOG-EZ, la CRAC-PC-PF y el compañero Jesús Plácido Galindo. Son sus instituciones de seguridad y justicia, quienes protegen a los grupos criminales e impiden el ejercicio de la autonomía indígena.
Exigimos castigo para los responsables materiales e intelectuales de las agresiones y del asesinato de los tres compañeros policías comunitarias de Ayahualtempa, así como por los otros 63 integrantes del CIPOG-EZ asesinados, por los 23 compañeros desaparecidos y por los cientos de heridos y desplazados, por las viudas y los huérfanos víctimas de esta guerra.
Las balas que asesinan a nuestros compañeros no podrán destruir su ejemplo ni apagar la dignidad de los pueblos que defienden la vida. Cada agresión confirma que el estado mexicano, ahora con el criminal y mentiroso ropaje de la Cuarta Transformación, continúa su guerra contra los pueblos, una guerra que busca quebrar la autonomía, imponer el miedo y abrir paso al despojo, pero los pueblos siguen en pie, como raíz que no muere y como flor que renace en la tierra herida.
Desde nuestras geografías, llamamos a las comunidades, colectivos, organizaciones solidarias y personas de buen corazón a mantenerse atentas y solidarias ante la alarmante situación de violencia contra nuestros hermanos y hermanas del CIPOG-EZ.
La palabra y la lucha de los pueblos no se callarán. Porque nuestra raíz es profunda, y porque nuestros muertos, nuestras compañeras y compañeros caídos, nos enseñaron a no tener miedo.
ATENTAMENTE
NOVIEMBRE DE 2025
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL





