Por: La Zarzamora

En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.

La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.

A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.

Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO

Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.

Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO

• Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
• Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
• Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
• Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
• Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
• Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.

Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.

Marrichiweew!

Por Francisco Simón, Andrea Hernández y Cenia Marroquín 

Editado por Javier De León

Kevin, un migrante hondureño de 28 años, abandonó su país junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas de 11 meses, 3 y 5 años a principios de enero de 2021. Él y su familia perdieron su casa y cultivos con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Ahora se encuentran con estatus de residencia permanente en Ciudad Acuña, en la frontera de México con Estados Unidos. Intentó ingresar al país estadounidense con su familia en septiembre, sin embargo, fueron expulsados de inmediato a esa ciudad, bajo el Título 42. Al amanecer en la orilla del río Bravo se renuevan sus esperanzas de cruzar la frontera, porque retornar a su país no es una opción.

***

Sentado a la orilla del río Bravo en una tarde soleada, del 14 de noviembre, Kevin, un joven migrante, dice “yo salí de Honduras con mi familia, porque perdimos nuestra casa por el paso de las tormentas en noviembre de 2020, nunca recibimos apoyo del gobierno y nuestra esperanza era migrar”, mientras tanto dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vigilan al otro lado del río.

Kevin tuvo que abandonar su país debido a los estragos de las tormentas Eta y Iota y al incremento de la pobreza que estas agudizaron. Su casa y sus cultivos quedaron sumergidos bajo el agua estancada y el lodo. A estas condiciones se suma la extorsión y las amenazas provocadas por las pandillas, con las que tenía que lidiar diariamente.

Antes de la pandemia se empleaba de manera informal en el sector de la construcción y ganaba en promedio diez dólares diarios cuando había oportunidades de trabajo, lo cual no era siempre. “Nosotros vivíamos en la zona del río Chamelecón y el huracán se llevó todo, la casa y los cultivos, lo perdimos todo. Luego por la violencia y la falta de trabajo salimos de nuestro país con la idea de llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades”, dice Kevin, mientras recuerda con nostalgia lo vivido en Honduras.

De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de ese país, el río al que hace referencia Kevin, fue unos de los lugares donde hubo alerta roja durante las tormentas Eta y Iota. La ribera del río Chamelecón, en las zonas bajas de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villanueva y la Lima fue la más afectada por las inundaciones, incluso, mayores a las que provocó el huracán Mitch en 1998.

Las pandillas y la inseguridad fueron otros motivos más por los que abandonó el país. Estos factores de expulsión de migrantes en Honduras, también los menciona el medio Contracorriente en una publicación en 2020. El medio indica que Chamelecón es considerado uno de los focos de violencia de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país con más homicidios; sólo en 2019 se registraron 438 casos en ese municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), citado por el medio.

Chamelecón es un barrio situado en el municipio de San Pedro Sula, en Cortés, departamento de Honduras. Su nombre se debe a la cercanía que tiene con el río que lleva el mismo nombre. De allí es originario Kevin, el migrante, que ahora radica temporalmente en la ciudad norteña de Acuña, en el estado de Coahuila, México.

La historia de Kevin refleja la realidad que viven los hondureños en Chamelecón, no solo perdieron sus hogares con la inclemencia de las tormentas, sino también su tranquilidad, provocada por las pandillas y el sufrimiento por las extorsiones.

Kevin y su familia: los migrantes climáticos

Para Kevin, una de las principales causas de su migración fue la pérdida de su hogar por los efectos de las tormentas Eta y Iota. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en mayo de 2021, el costo total de los efectos causados en Honduras por estos fenómenos meteorológicos ha sido aproximadamente de 52 millones de lempiras, equivalente a más de 2 millones de dólares.

En Honduras hay unas 282 mil familias en las que al menos una persona se encuentra viviendo en otro país, lo que equivale a 424 mil migrantes en el exterior, de este número el 59.4% son hombres y el 40.6% mujeres, según cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un estudio denominado “Perfil migratorio de Honduras 2019”.

En Centroamérica, Honduras se encuentra entre los principales países con mayores riesgos climáticos, los cuales han provocado en las poblaciones pérdidas de cultivos, hogares y familias, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch en un reporte de este año. En consecuencia los pobladores de este país, son actores de la migración internacional, a los que se les denomina, “migrantes climáticos o desplazados ambientales”.

Es decir, las consecuencias de estos fenómenos se traducen en la migración para sobrevivir, tal fue el caso de Kevin que se encontraba entre las personas que perdieron su hogar, convirtiéndose así en un “migrante climático”.

En el estudio de la migración, el término de migrante climático se utiliza para referirse a las personas que abandonan su lugar de origen de forma temporal o permanente dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional, bajo contextos de desastres o deterioro ambiental y que afectan los entornos de vida, derivados por el cambio climático.

No obstante, estos grupos de migrantes aún no son reconocidos legalmente en el ámbito del Derecho Internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 expresó que no se hace uso de este término, porque no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas ni en la Convención de Ginebra de 1951.

La pandemia y las tormentas reflejan cada vez más la salida de personas migrantes del país hondureño, en busca de mejores oportunidades. En términos de sacrificio humanitario, social y económico, las consecuencias han sido evidentes. Y pese a los riesgos que la migración irregular conlleva, sigue siendo su opción para sobrevivir.

En Honduras, 3 millones 907 mil 229 personas fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, de este número 437 mil fueron evacuadas. El 88% eran originarias de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, Santa Bárbara y Colón, según datos presentados por la COPECO de ese país en noviembre de 2020. Así mismo, el informe destaca que las consecuencias fueron trágicas, puesto que 95 personas perdieron la vida, 32 en el departamento de Cortés, 16 en Santa Bárbara y 12 en Lempira.

Salió de Honduras en búsqueda de un futuro incierto

Kevin abandonó su país en horas de la mañana, un 6 de enero de 2021.  Con 5 mil dólares en sus bolsillos -su único ahorro- en búsqueda de un futuro incierto. Él ya había estado en Estados Unidos cinco años atrás; en ese tiempo logró construir su casa y compró 10 cuerdas de terreno para cultivar, pero un desastre natural y la ola de violencia que vivió en su barrio de Chamelecón en San Pedro Sula, lo obligó a migrar de nuevo, pero esta vez acompañado de su familia.

Ingresó a Guatemala con su esposa aún embarazada y sus 2 hijas, por un paso ciego cercano a la frontera de El Corinto ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras. Evadieron el primer puesto de control migratorio instalado por el gobierno guatemalteco “porque allá nos pedían la constancia de la prueba de Covid para ingresar, el costo era caro, nos cobraban 100 dólares por persona para sacarla y el poco dinero que cargaba era para el viaje”, comentó.

Las personas migrantes que ingresan por esta frontera entran en pequeños grupos mixtos y de varios sectores etarios, incluyendo núcleos familiares. La mayoría prefieren evadir los puestos de control establecidos por las autoridades de migración guatemalteca, porque les revisan la identificación personal y la constancia de la prueba de COVID-19, este último se convirtió en un requisito indispensable en tiempos de pandemia, según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en julio de este año.

A decir de la OIM, la emisión de certificaciones para la COVID-19 se ha establecido como un negocio bajo engaño y estafas con pruebas falsas en la localidad fronteriza de El Corinto.

Kevin no tenía entre sus planes quedarse en Guatemala, su meta era alcanzar el sueño americano, tuvo que recorrer el territorio guatemalteco por cuatro días desde que salió de su pueblo, en buses extraurbanos hasta llegar al municipio de Tecún Umán, frontera con México. Desconocer el país fue un desafío para él como para cualquier migrante, pero la necesidad de viajar le animó a buscar apoyo humanitario.

Recordó que pasó por la Casa del Migrante, ubicada en la ciudad de Guatemala, “allí me dieron alimentación, chequeo médico para mis 2 hijas, -la tercera nació en México- y un mapa para ubicarme desde la frontera de Tecún Umán”, añadió.

Él y su familia pensaron pasar la noche en la Casa pero les dijeron que no “por temas de coronavirus”. “Fui a quedarme en un hotel pobre, no recuerdo su ubicación, pero me sacaron lana, me cobraron 300 quetzales por una noche para toda mi familia, fue un costo injusto”, recordó.

Durante su recorrido en el territorio guatemalteco, el migrante relató que fue “sujeto de extorsión” por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes se les pagaba entre 100 y 200 quetzales por persona en cada estación de control. De lo contrario, amenazaban con regresarlos a su país de origen, pese a que él y su familia llevaban sus documentos de identificación como el pasaporte.

De acuerdo con Kevin, durante el trayecto encontró alrededor de siete puestos de control hasta llegar a la frontera de Tecún Umán, ubicado en San Marcos, uno de los cuatro departamentos guatemaltecos que colindan con México y que se extiende por 963 kilómetros.

Él y su familia, finalmente lograron llegar a la frontera el 9 de enero, en una tarde soleada entre cansancio y hambre, es decir 4 días después desde que salió de su barrio de Chamelecón.

La esposa de Kevin, de quien se omite el nombre, recordó que no aguantaba el cansancio, ella venía embarazada de su tercera hija que ahora tiene 11 meses. “Le dije a mi esposo, Kevin, que nos detuviéramos, pero no me respondió”, indicó.

En ese momento ella no entendió las razones de Kevin para no parar, pero lo explicó después: “la plata -dinero- se nos acababa, mi esposa venía embarazada y en cualquier momento podía dar a luz, entonces decidí seguir de largo”.

Tecún Umán: cruzar en balsa 

Esa misma tarde entraron por el territorio mexicano y para no pasar por el puesto de control migratorio, instalado por el gobierno de México sobre el puente “Dr. Rodolfo Robles”, evitaron la seguridad fronteriza y cruzaron en balsa.

Kevin, tímido pero astuto, no lo pensó dos veces. Nos dijo que buscó el famoso “Paso del Palenque”, encontró el lugar y contrató el servicio de un balsero, a quien le pagó 20 quetzales por persona. Se subió a una balsa con la intención de cruzar el río Suchiate, que separa a Guatemala del país mexicano.

Las balsas son conocidas por los lugareños como “cámaras”, están elaboradas con tubos y llantas de tractor sobre las cuales se colocan cinco tablas de madera, de forma separada.

Las famosas “cámaras”, al parecer ya forman parte de un sistema de transporte transfronterizo desde lo informal. Primero, cualquier migrante que llega ahí recurre a este servicio para evitar los controles migratorios del lado mexicano. Mientras que en Guatemala, se utiliza por el comercio local y regional para escapar de los controles aduaneros.

A diario decenas de personas cruzan esta línea fronteriza para diferentes fines. De acuerdo con la OIM, solo en julio de este año, más de 31 mil migrantes procedentes de distintos países salieron de Guatemala con destino a México. De esta cifra, 4 mil 650 pasaron por la frontera de Tecún Umán, es decir, en un día, un promedio de 155 personas utilizó el servicio de los balseros, en su mayoría eran haitianos y hondureños.

Kevin vivió en Chiapas, su hija menor nació en México

La primera estación mexicana a la que la familia llegó, fue a Ciudad Hidalgo, luego se dirigieron a Tapachula donde permanecieron por seis meses.

“La plata” de pronto se volvió un problema tanto para él y su familia. Llegó a Tapachula con 4 mil 200 dólares. Es decir, en su recorrido por Guatemala gastaron 800 dólares en transporte y alimentación. Llegaron solos sin apoyo de ningún guía de viaje.

Kevin vivió las primeras semanas en la Casa del Migrante Scalabrini, con sede en esa ciudad, mientras inició el proceso de solicitud de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no tuvo éxito.

A su solicitud se suman más de 22 mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití, quienes solicitaron asilo en México desde enero de 2021, según una nota de prensa publicada en el portal de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de abril de este año.

El 64% de las solicitudes fueron del norte de Centroamérica, de las cuales, 51% eran de Honduras; 8% de El Salvador y 5% de Guatemala. Del total de las solicitudes registradas, el 22% eran de menores de edad no acompañados, es decir sin ningún familiar.

“Ahí están trabajando por citas y las están dejando para dos o tres meses de espera, y ahorita va para el otro año. Me dieron cita y como mi esposa venía embarazada, mi bebé nació en México. Por medio de mi hija recién nacida logré conseguir los permisos. Si fuera por la COMAR allá estaría en Tapachula esperando”, dijo Kevin.

Luego que su esposa diera a luz en el Hospital General de Tapachula, abandonaron la Casa del Migrante a principios de febrero y acudieron al Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Tapachula, para solicitar su residencia permanente, debido a que su hija recién había nacido en territorio mexicano.

Así, realizó los trámites y tres meses después obtuvo las credenciales por el costo de siete mil pesos mexicanos, luego recibió un apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en donde le exoneraron del pago de una credencial.

“Los gastos del parto lo cubrió el DIF”, añadió Kevin mientras explica cómo logró sobrevivir en Chiapas. No encontró trabajo formal por dos razones: por su apariencia y su forma de vestir en su condición de migrante hondureño y por la falta de su documento personal que le acredita su legalidad en México.

“No hay trabajo, queremos ver tu documento”, fueron las palabras que más escuchó Kevin durante su estadía en Chiapas.

“Me dediqué a bolear, -lustrar- zapatos, fue el único trabajo que encontré, dice. Con este oficio él ganaba al día entre 100 a 140 pesos mexicanos diarios, que equivale a 6.5 dólares. Con este dinero él compraba alimentación para su familia.

Mientras estuvo en Tapachula, encontró algunos “paisanos catrachos”, con quienes se pudieron ir a vivir sin pagar renta por 3 meses. “La pura solidaridad”, dijo la esposa de Kevin. Con ese ahorro lograron juntar el dinero necesario para cambiar de destino. 

Viajar por México en autobús de “clase pobre”

Tras obtener la documentación que le acredita su residencia permanente en México, en agosto decidió salir junto a su familia de Tapachula a Ciudad Acuña, lugar fronterizo con Texas, Estados Unidos; el río Bravo separa a ambos países.

En agosto salió de Tapachula con destino a Saltillo, capital del estado de Coahuila. Abordó un autobús, según él “de clase pobre”, porque el pasaje es barato y poco seguro, “pagué 1,500 pesos por los 2, mis hijas no”, indicó.

Llegaron en 2 días a Saltillo, en donde vivió un mes como indigente, para reunir dinero y continuar su viaje hasta llegar a Acuña, llegó a esa ciudad fronteriza el 21 de septiembre de este año, durante la crisis de migrantes haitianos, que rebasó la capacidad de atención de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.

Llegar a Acuña, un paso desconocido

Kevin llegó a Ciudad Acuña el 21 de septiembre con la intención de cruzar la frontera de Estados Unidos. Lo intentó durante septiembre, pero fue expulsado el mismo día. “Crucé el río Bravo junto a mi familia a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estábamos en el puente”, indicó.

El río Bravo separa a Ciudad Acuña, México, de la ciudad Del Río, un condado del estado de Texas. No existen datos oficiales de cuántos migrantes utilizan este lugar fronterizo. Antes de la crisis de los migrantes haitianos en septiembre, el río Bravo era un lugar poco utilizado o desconocido. En esta ciudad fueron albergados 14 mil migrantes haitianos bajo el Puente Internacional por orden del gobierno de Joe Biden.

Según cuentan habitantes cercanos al río, a diario pasan entre 90 y 120 personas migrantes. En una mañana pudimos observar durante un lapso de 3 horas y 45 minutos, el paso de 88 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades.

Por la tarde y parte de la noche disminuye el número de personas por los riesgos que presenta el río ya que aumenta su caudal, además del incremento de asaltantes en el área.

Kevin fue detenido a caballo en la ciudad Del Río, Texas por dos agentes de la Patrulla Fronteriza, luego fue trasladado al puente y nunca imaginó que su expulsión sería inmediata. Le dieron un número y pensó que era su pase de ingreso, sin embargo, ocurrió lo contrario. La política humanitaria ofrecida por el presidente Joe Biden fue un engaño para él. Fue expulsado bajo el Título 42.

Corrieron con mejor suerte los migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, según él. “A los centroamericanos nos regresan el mismo día sin preguntarnos nada. A los de Venezuela, Cuba y Nicaragua los dejan pasar, nada más los detienen un día y luego pueden entrar a Estados Unidos”, recordó.

El sueño americano opacado por el Título 42

La expulsión de migrantes bajo el Título 42 por Estados Unidos, se refiere a la expulsión irregular e invisible de migrantes guatemaltecos, centroamericanos o de otras nacionalidades de una forma no habitual e inmediata, por el país donde ingresaron, que en este caso sería México, o a un tercer país, que es Guatemala. Y si no es posible, a sus países de origen.

Para el caso de México, el gobierno de Estados Unidos expulsó a cientos de migrantes por la frontera de Ciudad de Acuña, que también se ha vuelto un lugar de paso cotidiano de personas de diversos países, a partir de la crisis de migrantes haitianos sobre el río Bravo. Además, algunas de estas personas expulsadas, como Kevin, prefieren quedarse varadas en esa frontera, que ser deportadas a su país de origen.

A los migrantes centroamericanos -a excepción de los nicaragüenses- que tienen la documentación mexicana, los regresan sobre el puente Internacional a Ciudad Acuña, y a los que no cuentan con dicha documentación, los regresan a su país de origen o a la frontera de Tecún Umán en Guatemala, bajo el Título 42.

Kevin cuenta que, por el temor a la pandemia, decidieron no sumarse a los 14 mil haitianos que arribaron a la misma ciudad el mismo mes.  “No me quise sumar por la pandemia, porque ahora no puede andar uno aglomerado, por querer buscar algo mejor se puede enfermar, ese es el problema, que se fueron todos juntos y uno tiene que buscar apartarse. Crucé a mi familia, pero están regresando por el Título 42”, explicó Kevin.

Respecto a la situación de la pandemia consultamos a David Fuentes, encargado de un albergue instalado por la sociedad civil quien indicó que varias personas han resultado contagiadas de COVID-19. Sin embargo, no se cuenta con datos estadísticos de las cifras de migrantes positivos. Según él, “porque la salud de los migrantes no es una prioridad del gobierno mexicano”.

El albergue social está situado en el centro de Ciudad Acuña a pocos minutos del Puente Internacional, actualmente alberga a 800 migrantes. Los colaboradores del lugar indicaron que buscan apoyar a los migrantes con tres servicios: alojamiento, alimentación y atención psicosocial, particularmente a las personas haitianas y algunas de origen hondureño que se quedaron varados, tras la crisis migratoria ocurrida en septiembre.

Ciudad Acuña: “Charolear” para sobrevivir

Desde el día que llegó a Ciudad Acuña, Kevin debe juntar dinero para pagar la renta diaria de un cuarto por 300 pesos mexicanos. Además, de conseguir “plata” para los alimentos de su esposa y de sus tres hijas.

Él y su familia viven en esa ciudad con estatus de residencia permanente, pero continúan abrazando la idea de llegar un día no tan lejano a Estados Unidos. Mientras ese día llega, comparten una pena en común: reunir los 300 pesos del cuarto antes del mediodía.

La habitación que mide 3 metros cuadrados, no cuenta con agua, sólo con una ventana y una puerta de madera, que está a 25 minutos caminando desde el río Bravo. Para obtener esa cantidad de dinero, por el día junto a su esposa se dedican a “charolear”, a pedir apoyo económico en las calles de la ciudad, de lo que obtienen entre 300 y 400 pesos diarios.

Por la tarde, y para no deambular en la ciudad, se dirigen a las orillas del río Bravo. Primero, porque allí se bañan. Segundo, porque su esposa también allí lava la ropa, ya que en el cuarto que alquilan no cuentan con servicio de agua. Y tercero, para ellos el río les trae muchos recuerdos, ya que en Honduras se iban a bañar al Río Chamelecón. Además, este río les ayudaba para el riego de sus cultivos de maíz y frijol, que con el paso de las tormentas se perdieron.

A pesar de las condiciones, Kevin encontró en esta ciudad fronteriza un espacio libre para bañarse, jugar, bailar y lavar la ropa, junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas, una de ellas mexicana.

Durante los meses que lleva viviendo en Ciudad Acuña, se han encontrado con distintas situaciones: “aquí en Acuña hay gente buena y gente mala, nos hemos topado a las dos, pero gracias a Dios han sido en su mayoría buenas”.

Al consultarle sobre quiénes son las “malas personas”, indica que se trata de personas racistas que salen con machetes y les gritan que no pueden permanecer en las orillas del río Bravo, también personas que fuman cristal “a esos vatos sí hay que tenerles miedo, por cincuenta o cien pesos te venden, incluso a las mujeres se las llevan, las violan y aquí los vecinos, aunque miran nunca hacen nada”, indicó.

El retorno a Honduras no es una opción

“Regresar a mi país en donde mi hogar fue arrasado por las tormentas, no es una opción; mi meta es llegar a Estados Unidos para trabajar y ahorrar lo suficiente, por si luego me retornan, -deportan- a Honduras, así ya tengo algunos recursos para sobrevivir con mi familia. Allá no hay futuro, no hay nada, allá quienes gobiernan son las pandillas y en cualquier rato vuelven a dar un golpe de Estado”, expresó Kevin.

“Si pones un negocio la mara te extorsiona y quieren más de lo que ganas, si no la pagas te matan. Y luego con la pandemia, las tormentas, lo perdí todo, perdí mi casa. Mi familia en Honduras está empezando de nuevo”, agregó.

Al consultarle a Kevin, cómo las personas aún sobreviven en Honduras, respondió con melancolía: “arroz y frijoles no faltan gracias a Dios, ni las tortillas. Se busca sobrevivir. Allá la gente está volviendo a empezar porque perdimos todo por la tormenta. El departamento de Lima quedó borrado, todo fue devastado. Mucha gente hasta el sol de hoy todavía sigue limpiando sus casas y el gobierno solo llegó con unas bolsas solidarias con arroz y frijol duro”.

La población hondureña, al menos, tendrá que pasar 20 años para que pueda recuperarse de los daños provocados por las tormentas ocurridas en noviembre de 2020, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) citado por el medio BBC News Mundo en 2020.

El ciclo migratorio para los hondureños se da en un contexto adverso y antimigratorio. Las cifras presentadas en un informe de la OIM de enero a septiembre de 2021, reflejan un aumento en el retorno de carácter forzado, es decir la deportación, puesto que durante estos meses han sido retornados al menos 39 mil 960 migrantes. 

De este número, 35 mil 231 desde México y 4 mil 293 procedentes de Estados Unidos, que en comparación con el año anterior incrementó la cantidad, dado que para 2020 fueron retornados desde México 18 mil 199 personas y 12 mil 593 desde EE. UU, lo que indica que la migración hondureña va en aumento y cada vez más personas quieren salir de las precarias condiciones en las que se encuentran.

La historia de Kevin y su familia retrata el éxodo de la migración centroamericana que implica múltiples riesgos y vulneraciones para quienes salen en condición de irregularidad. La situación sociopolítica, económica y ambiental de Honduras y de otros países centroamericanos ha provocado que esto siga convirtiéndose en la única salida para miles de personas que ya han perdido las esperanzas en su lugar de origen.

Kevin y su familia permanecen en una zona fronteriza militarizada, con cámaras y helicópteros de vigilancia que intentan detectar a cualquier migrante a su paso. A pesar de ello, aún se aferran al “sueño americano”. En su plan no cabe el retorno a su país, pues aseguran que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos.

Un helicóptero y cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la zona fronteriza del río Bravo. Fotografías: Francisco Simón Francisco

Mientras Kevin termina su relato, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobrevuela el río. Del otro lado, una radiopatrulla con dos agentes estadounidenses observa fijamente al joven y su familia. “Creen que soy migrante o coyote”, finaliza.

Este texto fue producido con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-

Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

• Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
• Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
• Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
• Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
• Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
• Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

Por Joel Solano y Nelton Rivera

Isabela Esquit es una mujer jóven Maya Kaqchikel, de San José Poaquil, desde el 8 de diciembre se quedó a cargo de cuatro hijos pequeños, su esposo Baldomero Sis Cun, decidió emprender un largo viaje y encontrar el sueño americano, salió de casa de madrugada con el único objetivo de llegar a los Estados Unidos.

Baldomero un Maya Kaqchikel de 32 años, salió con lo único que llevaba puesto igual que miles de guatemaltecos que toman la ruta migratoria, con el sueño de darle una mejor vida a Isabela y a sus cuatro hijos, dos niños y dos niñas de 11, 10, 5 años y la más pequeña de un mes de nacida.

Es jornalero, su única fuente económica es trabajando la tierra y para él es muy difícil de lograr grandes cosas para su familia ganando únicamente Q40.00. Es uno de los sobrevivientes del terrible accidente de Chiapas, ocurrido el 9 de diciembre, está hospitalizado en México y aún no ha recibido ayuda del Estado de Guatemala.

Cómo familia saben que el camino a los Estados Unidos no sería fácil, nunca se imaginaron lo que iba a ocurrir en el trayecto rumbo al norte, Baldomero salió a las 4 de la mañana del 8 de diciembre, ese mismo día pasaron la frontera con México, con eso el primero de los pasos se había completado para el grupo de migrantes.

Un día después ya en la ruta, Baldomero y otros migrantes sufrieron un grave accidente en el estado de Chiapas, en la carretera de Corzo-Tuxtla Gutiérrez en el sur de México, una de las versiones de lo ocurrido se acerca al exceso de velocidad con el que el chofer se conducía, informó el gobierno mexicano. Con el accidente se truncó su anhelo de buscar una mejor vida, del accidente fallecieron 56 migrantes y un centenar resultaron heridos, en su mayoría de origen guatemalteco.

Isabela cuenta que para que su esposo pudiera viajar al norte, empeñaron la propiedad de la casa, que incluye el pequeño terreno en el que habitan, todo con tal de conseguir el dinero del viaje a los Estados Unidos. De la tragedia él sobrevivió al accidente, la familia espera que salga bien de una operación que necesita, según el diagnóstico médico debe de ser intervenido en uno de sus brazos.

Este jornalero y su familia viven en el Caserío El Centro en San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango, a unos 110 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Isabela y su familia no cuentan con apoyo del Gobierno de Guatemala, esperan que las autoridades puedan auxiliarlos para el retorno de Baldomero, mientras tanto ella debe garantizar la sobrevivencia de ella y sus cuatro hijos.

ROMPIENDO FRONTERAS
–ARGENTINA: Protestas en Chubut echan atras la traición gubernamental y la explotación minera.
SALUD: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021, destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay cinco millones de muertos en el mundo por covid y 10 millones por hambre.Desinformemonos.
–GUATEMALA: Autoridades maya Ch’orti ‘buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio | PRENSA COMUNITARIA.
–MUNDA: ELLAS ALIMENTAN AL MUNDO, Tierra para las que las trabajan. Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. | LATFEM
–WALLMAPU: Nación Mapuche: Sentencián desalojo contra Lof Quemquemtrew, la recuperación territorial continua.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–CdMx: Fallece Gerardo Camacho ejidatario de Totolapan y miembro del CNI
–CDMX: Entrevista a activista animalista sobre las protestas contra las corridas de toros.
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El sábado 13 de noviembre de 2021 se realizó un Trafkintu en la comunidad Manuel Demuleo 2 en la comuna de Lautaro, donde han iniciado hace unos meses un proceso de recuperación de tierras. En el transcurso han tenido represión, intentos de desalojo, pero se han mantenido controlando territorialmente, desarrollando una huerta, ruka, recuperando ceremonias y prácticas que van desapareciendo como el Trafkintu y Awkantun juegos mapuche.
Se realizó una radio abierta producida por Hue Nehuen y Radio Kvrruf. Pudimos conversar con asistentes a la actividad como el peñi José Santander Pichún del Lof triftrifko comunidad autónoma de la comuna de Galvarino, el peñi Patricio Peña Railaf, con el Lonko Javier Huentenao que nos compartió un pichi pentukun, con los pichikeche que tuvieron actividades con la organización de salud invitada Cruz Negra donde manifestaron su rechazo a la militarización y por último con la ñaña Rosario Railaf quien apoyó en la organización de esta actividad.

Por Sare Frabes

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condición de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.    

Representantes de la Asociación de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Haití sufren constantes actos de discriminación, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

“Al llegar a México sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalización por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos más básicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migración), la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)”, denunció una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este miércoles (15).

En dicho evento, también expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Haití, quienes huyen de la situación de violencia generalizada que existe en el país caribeño, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad política.

“Para salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a México atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde América del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permitió establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte”, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformación de una mesa de diálogo con el INM, la COMAR y la representación en México de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problemáticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la institución encargada de frenar y obstaculizar los trámites de regularización de las y los migrantes haitianos, así como la responsable de realizar constantes operativos de detención contra los mismos.

Es durante las detenciones, señalaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migración. Además, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en México, estos son destruidos por parte de las autoridades. También denunciaron que los agentes de migración roban su dinero y teléfonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

“Todo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detención, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autobús, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad”, acusan.

En lo que respecta a la actuación de COMAR, la ARHT acusó que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el trámite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resolución a sus procedimientos de acuerdo a una valoración adecuada de la situación de cada uno de ellos.

“Vemos que la Comar se tarda mucho en dictar resolución y en la mayoría de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el país. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros niños en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales”, sostienen.

Entre otros detalles, también refirieron que aún cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Además, “la forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista”, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideración la violencia generalizada que se vive en Haití y que los obliga a migrar.

“Aunque existe violencia generalizada en nuestro país (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro país), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien”, aseguraron mediante comunicado leído durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en México de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, “muchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos están sufriendo. Hemos observado que en la atención, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos”.

Refugio

La ARHT es una organización conformada en agosto de este año y está integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aún cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del país.

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“Nosotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aquí para luchar junto con ellos (…) vamos a seguir viviendo aquí por mucho tiempo aquí mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela”, demandó Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo énfasis en que debido a la demora en los trámites, existen personas en situación de calle.

La ARHT enfatizó que sólo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho país caribeño que solicitaron este trámite en 2021 alcanzó un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.