Ciudad de México, 18 de septiembre de 2021

Acción Urgente

El pasado 11 de septiembre, en la comunidad 7 de Febrero, municipio de Ocosingo, Chiapas, fueron desaparecidos José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, ambos son autoridades civiles autónomas de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” con sede en la comunidad Patria Nueva, Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según información recibida por la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq (RRR-Ajmaq), las dos personas integrantes de la JBG desaparecidas viajaban en una camioneta con placas CW-0001-C cuando circulaban por la carretera internacional Ocosingo-San Cristóbal. Los indicios confirmados hasta ahora, indican que el vehículo se encuentra en la comunidad 7 de Febrero, sede de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

Al haber transcurrido una semana de los hechos, según información de la RRR Ajmaq, ninguna autoridad municipal, estatal o federal han podido corroborar el paradero y el estado de salud física y psicológica en la que se encuentran las autoridades autónomas por lo que la vida y la integridad de las dos personas están en grave riesgo.

Es importante mencionar que el escalamiento de los hechos de violencia en la zona ha sido ampliamente documentado por organismos defensores de derechos humanos, incluida la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) la cual realizó una Misión Civil de Observación en el mes de diciembre de 2020. De igual forma periodistas y medios de comunicación han advertido la creciente conflictividad en la región, evidenciando la permisibilidad con la que actúan grupos armados bajo el amparo de la impunidad.

La desaparición y riesgo a la vida de las autoridades autónomas en Chiapas se da en el contexto del conflicto armado interno no resuelto, cuyo reconocimiento es negado sistemáticamente por las autoridades estatales y federales, genera un ambiente de ingobernabilidad en la que personas defensoras de la tierra han sido desaparecidas, asesinadas y desplazadas forzadamente en un territorio controlado por caciques del poder económico y político local.

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Ojo de Agua Tseltal, Ocosingo; Chiapas

30 de Agosto del 2021

COMUNICADO DE PRENSA

A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

A LOS GOBERNANTES DE MÉXICO

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI) Y AL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG)

A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

AL PÚBLICO EN GENERAL

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES SOCIALES INDÍGENAS DE LA SELVA DE CHIAPAS COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTADES INDIGENAS, CDLI-XI’NICH, UCISECH, TSOBLEJ YU’UN WOCOLTIC, Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDOS DE LA MASACRE DEL PUEBLO MAYA CHÓL DE LA COMUNIDAD VIEJO VELASCO, ENCLAVADO EN LA SELVA LACANDONA DE CHIAPAS-MEXICO.

REUNIDOS EN ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN, EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA TSELTAL, MUNICIPIO DE OCOSINGO CHIAPAS.

MANIFESTAMOS LO SIGUIENTE:

EL DIA 30 DE AGOSTO CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS.

En memoria de nuestras hermanas y hermanos que desde hace 14 años fueron desaparecidos, ejecutados, y desplazados de manera forzada el día 13 de noviembre de 2006, en la comunidad Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Selva Lacandona, Chiapas.

14 años de investigación simulada, ineficaz e inefectiva, de impunidad, sin que hasta el momento sepamos del paradero de nuestros compañeros Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, personas que fueron desaparecidas por la acción y omisión del Estado mediante un operativo paramilitar, por aproximadamente 40 civiles armados y 300 elementos de la Policía Sectorial, en presencia de Fiscales del Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno estatal, en la Selva Lacandona. En dicho operativo resultaron 4 desaparecidos (dos de ellos ya han sido identificados sus restos y entregados a sus familiares) 4 personas ejecutadas extrajudicialmente y 36 personas desplazadas forzadamente, además de que se mantenerse vigente órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado mexicano se empeña en hacerlo responsable de asesinar a sus propios compañeros.

Demandamos la aparición con vida de nuestros dos compañeros y de las 89,488 personas registradas como desaparecidas según el informe semestral de la Comisión Nacional de Búsqueda (Informe semestral CNB 2021, https://www.gob.mx/cnb/es/documentos/informe-semestral-cnb-2021?state=published) y que día a día se incrementa. En este sexenio han desaparecido 21,546 personas.

También recordamos a nuestra compañera María Núñez González que fue asesinada al interior de su vivienda, cuando se encontraba embarazada. También a nuestra compañera Petrona Núñez González que fue secuestrada y torturada el mismo día de los hechos y que más tarde logró escapar. Sin embargo, como consecuencia de su afectación psicológica que vivió falleció en el 2010.

Nuestro dolor e incertidumbre por nuestros hermanos y hermanas, asesinados y ejecutados en esa masacre y por el no saber en dónde están nuestros dos compañeros desaparecidos desde entonces.

La agresión hacia los pueblos indígenas no para:

CONDENAMOS Y EXIGIMOS JUSTICIA, POR EL COBARDE ASESINATO DE SIMÓN PEDRO PEREZ LOPEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DEL SITIO CASA DE LA MEMORIA Y LA ESPERANZA, TIERRA SAGRADA DE LOS MÁRTIRES DE ACTEAL.

Ningún desaparecido más

Presentación con vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y de los más 80 mil desaparecidos en México

Presentación con vida de nuestros hermanos Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán desaparecidos el 13 de noviembre del 2006.

Atentamente

FAMILIARES DE VÍCTIMAS Y VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LA MASACRE DE VIEJO VELASCO

ASAMBLEA y COORDINADORA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL XI’NICH

UCISECH, TSOBLEJ YU UN WOCOLTIC.

DESCARGA EL COMUNICADO DE PRENSA 

^{Foto de portada por Santiago Navarro F}

Por Vanessa García Navarro y David Milán

En Sonora, el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que forman la Tribu Yaqui, denunció el pasado miércoles 14 de julio, la desaparición de varios miembros de su comunidad. Desde entonces la incertidumbre continúa latente, pues, los familiares ignoran en qué condiciones se encuentran las víctimas de este acontecimiento.

En la denuncia pública, hecha por la comunidad, figuran los nombres de siete personas: Martín Hurtado Flores, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Fabian Sombra Miranda, Leocadio Galaviz Cruz, y Fabian Valencia Romero (cuyas edades oscilan entre los 27 y 66 años); sin embargo, en esa misma fecha, también se reportó la desaparición de Artemio Arballo Canizalez, Benjamín Portela Peralta y Gustavo Acosta Hurtado. Son diez indígenas que hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos.

Se informa que siete de ellos fueron vistos por última ocasión mientras se disponían a llevar vacas para efectuar una celebración en una población aledaña. La comunidad se enteró de las desapariciones el mismo día que ocurrieron, por tanto, la guardia tradicional de esta comunidad decidió proceder con cautela antes de tomar acciones. Al día siguiente, al ver que sus hermanos no volvieron, la vigilancia tradicional y algunos voluntarios partieron rumbo a la sierra a bordo de cuatro camionetas para buscarlos. Lamentablemente los escasos hallazgos fueron “sólo el equipaje esparcido de tres de ellos, una piola y una vaca quemada,” como indicaron los familiares en la denuncia pública.

Otro miembro del pueblo, que por razones de seguridad prefirió solo presentarse como Felipe, explicó las circunstancias de la desaparición y, la situación peligrosa en la que se encuentran, ya que desconfían del Estado y de la presencia del narco en la región, los cuales muchas veces no se sabe distinguir. “Ellos cuidaban vacas. Eran parte de un rancho que se llama Agua Caliente. Iban por unas reses para las fiestas tradicionales del siguiente pueblo, que se llama Bataconsica, que está a cinco kilómetros de nuestro pueblo que se llama Loma de Bácum”, dijo Felipe.

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• Ayotzinapa, Guerrero a 15 de enero del 2021.- Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos reafirmamos nuestro compromiso de luchar por la presentación con vida de nuestros hijos, por los miles de desaparecidos en el país y por otras luchas de mujeres y hombres del campo y la ciudad que se libran a lo largo y ancho del país.

Hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación y redes sociales que Felipe de la Cruz que acompañaba nuestra lucha se ha registrado como candidato para diputado federal por el Estado de Guerrero, por la vía plurinominal.

Al respecto manifestamos que está en su pleno derecho de ejercer sus derechos políticos y la forma de participación política, sin embargo, es importante clarificar que es una decisión personal, que no fue compartida ni consultada con nosotros, como padres y madres de los 43. Por lo tanto, no representa nuestro movimiento por lo que nos deslindamos de todas las actividades que realice y expresamos que no permitiremos que se utilice la causa de los 43 y nuestro dolor para fines electorales e intereses personales.

Mientras tanto, madres y padres continuaremos exigiendo al gobierno la presentación con vida de nuestros hijos y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen, al tiempo que acompañamos y nos solidarizamos con otras luchas de mujeres y hombres que desde abajo exigen justicia. Nuestra lucha no está guiada y motivada por razones partidistas o de otra índole que no sea encontrar a nuestros 43 hijos, así como obtener verdad y justicia.

Enfatizamos nuestro compromiso de seguir por la lucha desde abajo por la presentación con vida de nuestros hijos y no por cargos públicos y en esa línea nos mantendremos. Nos deslindamos de cualquier acción partidista que alguna persona lo realice.

ATENTAMENTE.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

Comité de padres y madres de los 43.

Hoy es cinco de enero y mañana llegarán los Reyes Magos. Desde que aprendí a escribir, me recuerdo redactando largas cartas con una lista de deseos que cambiaban cada año. Sólo una petición permanecía: “Quiero a mi mamá, tráiganla con ustedes”. Fantasiosa, la imaginé siempre montada en el elefante que cabalgaba tras la Estrella de Belén hasta llegar a Chihuahua. Esas noches de cinco de enero significaban la expectativa de que, al despertar, ella estaría en casa. Nunca sucedió.

Los rituales de rosca, cartas y regalos cambiaron cuando tomé conciencia de que mi madre, Alicia de los Ríos Merino, fue detenida-desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares un cinco de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo de la Ciudad de México, en un contexto contrainsurgente mal llamado Guerra Sucia.[1] Las tertulias previas a su esperada llegada se transformaron en conmemoraciones privadas en las que su madre, su padre, su hija, su hermano y hermanas nos preguntábamos sobre su destino.

Durante estos cuarenta y tres años ha sido nuestra obligación demostrar frente a las instituciones que mamá existió y que, además, fue desaparecida por  agentes estatales.

Hoy ya no le escribo cartas a los Reyes Magos, ni al presidente de la República en turno o a un general del Ejército Mexicano, y comprendí que ni los agentes o los mandos de la Federal de Seguridad ni de la Brigada Especial, mejor conocida como Brigada Blanca, fueron los únicos en conocer los lugares en que mantuvieron detenidos y desaparecidos de manera forzada a cientos de hombres y mujeres en la década de 1970, entre ellos a mi mamá. Para realizar esa práctica y posiblemente eliminar a las personas bajo su poder debieron estar involucrados más participantes y, sobre todo, debió haber testigos que observaron, callaron y no se opusieron. Los desaparecedores también debieron tener una familia que los recibía y observaba sangre ajena en sus ropas, zapatos o cabellos.

Hoy, en este contexto de muerte e incertidumbre que nos hace valorar profundamente la vida de quienes más amamos, apelo a la buena voluntad, la conciencia y la ciudadanía de esos familiares, vecinos y compañeros de los agentes de la Brigada Especial que provenían de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Policía y Tránsito (DGPT), la Policía Judicial Federal (PJF) y las policías judiciales del DF y del Estado de México, así como la Policía Militar y la Policía Judicial Federal Militar.

Si su padre, su abuelo, tío, esposo o vecino patrullaba en brigadas de cuatro agentes en automóviles no oficiales o en taxis; si vestía de traje, no portaba uniforme oficial y estaba armado de manera permanente; si ingresaba de manera cotidiana al Campo Militar Número 1 de la Ciudad de México o viajaba a otros estados en el avión de la DFS, entonces es muy probable, casi seguro, que sabe o supo de lo que ocurrió con nuestros padres, madres y compañeros. Y la información que ustedes tengan, por intrascendente, personal, anecdótica o vieja que les parezca, puede significar mucho para quienes continuamos necias en conocer del paradero de nuestros familiares.

Sus padres, abuelos, tíos, esposos o vecinos también fueron colocados en las sombras de la historia por sus propios mandos superiores policiacos y militares. Algunos de ellos fueron borrados, pero no por completo, ni para siempre. Para lograr encontrar a nuestros amores no se requiere que nos digan el nombre de los suyos si así lo consideran. Tan sólo denos los datos que pudieron escuchar: lugares en donde buscar, de los mandos que se enriquecieron con la muerte, de los documentos que no hemos encontrado.

La historia reciente nos ha enseñado que las violencias de Estado se implementan con legitimidad y consentimiento de diferentes sectores de la sociedad. Si hoy vivimos en un país con más de setenta mil personas desaparecidas, significa que lo habita una sociedad apática que se abstiene de participar en la solución de las crisis humanitarias. Pero eso no es un destino fatal ni tenemos que formar parte de ello. Finalicemos esos combates del pasado, lamentablemente vigentes. Ayúdenos a esclarecer el destino de tantas personas buscadas. Es asunto de ustedes y de nosotros.

Hoy tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar el futuro de un México que ha sido convertido en una fosa gigantesca, llenándonos a miles de familias de un dolor injustificable que no termina. Dense y denos la oportunidad de quitarnos las sombras de encima: cualquier información que consideren relevante la pueden dirigir con toda confianza al siguiente correo electrónico, pues la trataremos con toda la seguridad posible: alicia.contacto@centroprodh.org.mx

Soy Alicia de los Ríos Merino, hija. El llamarme igual que mi madre nos une en más de un sentido: en esa circunstancia se resumen las marcas que su detención-desaparición ha dejado en mí, en todas nosotras y nosotros que queremos, necesitamos saber dónde están los nuestros.

Agradezco con el corazón en la mano su atención y la decisión de enviarnos esta información.

[1] Entre el cuatro y cinco de enero de 1978 la Brigada Especial realizó un operativo donde fueron detenidos y posteriormente desaparecidas cuatro personas: José Hugo González García, Alejandro Mares Montaño, Leticia Galarza Campos y Alicia de los Ríos Merino. También fueron ejecutados tres jóvenes: “Esteban”, “Pedro” y Antonio Solís Rodríguez.

DossierAliciaRioshttp://centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/wp-content/uploads/2017/02/DossierAliciaRios.pdf

El agua hablará
Relatos de búsquedas en lo profundo
www.bajotierramedia.com

El agua hablará es un podcast de investigación sobre la desaparición y búsqueda de personas en ríos, presas, pozos y otros cuerpos de agua en México.

Cada episodio es una historia de quienes buscan hasta por debajo del agua a las personas desaparecidas, en un país en el que oficialmente hay más de 73 mil denuncias por desaparición.

1. Todo fluye menos la búsqueda
por Perifónicas y Bajo Tierra

Josefina de León, madre de una joven desaparecida y directora de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas, participa en el primer operativo de búsqueda de personas que se realiza con una cámara de pozo profundo en la presa Vicente Guerrero. En el proceso, Josefina irá descubriendo los retos técnicos y humanos de buscar en la fluidez del agua.

Transcripción: (English here)

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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

[podcast]https://archive.org/download/noticiasdeabajo-2000-09-01/noticiasdeabajo-2000-09-01.mp3[/podcast]

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Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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