En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X

La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.

Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.

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No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.

Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.

El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.

La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.

Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.

Concesiones, por mayoreo

La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto.  Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.

A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.

Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.

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La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.

En portada: Richardson en el Campamento Sabalu. Afganistán, 2013

Este miércoles (11), el senado de los Estados Unidos (EEUU), con el visto bueno del Pentágono, dio luz verde para que la General Laura Richardson se convierta en la primera mujer en comandar el Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés). Compuesto por más de 1,200 militares y civiles, esta unidad está encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. También es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

Richardson reemplazará al almirante Craig Faller, quien estuvo al mando desde el año 2018 y quien implementó diversas estrategias, entre ellas, la Estrategia del Teatro 2017-2027 y continuó la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación por las Américas”. Las justificaciones eran asegurar el suministro de petróleo y gas natural, así mismo, utilizar la ayuda humanitaria ante los desastres naturales para aumentar su presencia en la región latinoamericana.

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Richardson, desde 2019 ya era comandante del Ejército Norte de los Estados Unidos y, con el nuevo cargo, recibe su cuarta estrella. En un comunicado, Hugh W. Howard III, comandante del Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos, dijo que el nuevo puesto de la General es “un logro extraordinario”.

Richardson piloteo helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y sirvió en las guerras de Irak y Afganistán, además fue asesora militar del ex vicepresidente Al Gore (1993-2001). Ella también recibió entrenamiento especial para operaciones de guerra, lo que la Marina llama como operaciones de “inserción y extracción encubiertas”.

Richardson, de 57 años de edad, asume su nuevo cargo en un escenario convulsionado por la pandemia de la Covid-19, donde el Comando Sur ha realizado diversas operaciones en medio de este contexto de crisis, como el aumento de su presencia en la región de la Amazonía. También en octubre del 2020, junto con el gobierno de Brasil, el USSOUTHCOM realizó un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela.

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Aunque aún no se sabe si la comandante va a continuar con las estrategias implementadas hasta el día de hoy por el Comando Sur, lo que si se sabe es que, el Comando Sur ha expresado su preocupación por el avance de capitales de China en la región latinoamericana, por ello ha redoblado sus esfuerzos para mantener su presencia.

En uno de sus últimos viajes, Faller visitó a Uruguay y Argentina, y expresó que le preocupaba que China “había desplegado 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica”. Esto ha implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostuvo el entonces comandante del USSOUTHCOM.

Este es el teatro de operaciones dónde Richardson tendrá que ejecutar sus estrategias para defender los intereses de los Estados Unidos en la región latinoamericana y pondrá en práctica su experiencia adquirida por más de 30 años que lleva en las Fuerzas Armadas de EEUU.

En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro

Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.

Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.

Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los  llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.

En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.

Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.

También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.

Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.

Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.

Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.

En portada: El Consejo Agroindustrial Argentino, formado en 2020, promueve beneficios para la agroindustria con el pretexto de la creación de empleos. Foto de Revista Criterio Digital

“Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie” es el nombre con el que se conoce a la Resolución 216 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicha nación, en la que se aprobó la iniciativa “200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” (200MT), los cuales se pretenden producir antes del año 2030.

Dicha iniciativa surge del “Consejo Agroindustrial Argentino”, del cual forman parte varios sectores de los agronegocios, quienes pretenden salir favorecidos con la implementación de las políticas públicas promovidas por el actual gobierno.

En el papel, estas políticas están centradas en el crecimiento económico, medido por el aumento del Producto Interno Bruto, y con las cuales se pretenden resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y sanitarios, ligados al hambre y la malnutrición, por los que atraviesa el país sudamericano.

Sin embargo, un análisis publicado por Acción por la biodiversidad, señala que los principales beneficiarios de dicha iniciativa son los del Consejo Agroindustrial, ya que han planteado una serie de demandas vinculadas con el otorgamiento de subsidios, infraestructura, financiamiento, así como, políticas de inversión respecto a una serie de insumos, como fertilizantes, perforaciones y riego con aguas subterráneas, etc.

Además, plantearon propuestas de deducción del adicional por ganancias de 50%, así como otros beneficios a quienes se registren y muestren incrementos en la producción y en la contratación de personal.

Otro tema presente en la Resolución 216 es la Ley de semillas, con la cual, los sectores concentrados de la agroindustria intentan que Argentina se adhiera al convenio UPOV 91, que prohíbe el uso propio de las semillas por parte de agricultores y, cuyas consecuencias serían una mayor uniformidad genética en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrotóxicas sobre los sistemas agroalimentarios.

De acuerdo a Fernando Frank, autor del informe titulado Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina, con esta resolución el gobierno está asumiendo un consenso político falso, ya que no ha escuchado a la diversidad de voces críticas a los agronegocios, principalmente a las vinculadas con la producción popular; la agricultura familiar, campesina e indígena; las pymes y cooperativas de producción de alimentos sanos; las personas consumidoras y, la academia crítica.

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Algunos aspectos relevantes a considerar sobre lo que implica la implementación de la iniciativa 200MT respecto a la recuperación de tierras son: los agronegocios expanden la frontera agrícola remplazando a los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, promoviendo la deforestación de bosques nativos y expulsando a las familias campesinas de sus territorios de cultivo y, la reducción del uso de los agrotóxicos no será posible ya que la expansión se dará en el contexto de la continuidad y profundización del uso de cultivos transgénicos (soja, maíz y trigo) resistentes a herbicidas.

En cuanto al “agregado de valor” habrá que tomar en cuenta que se refiere al fortalecimiento de las distintas formas de ganadería industrial, la industria aceitera y molinera, la industria de comestibles ultraprocesados (bebidas azucaradas, panificados industriales, lácteos, etc.), lo que conlleva a la concentración y extranjerización económica, a la degradación de la calidad de los alimentos y, a la promoción de nuevos monocultivos. Y, aunque en la resolución no mencionan los agrocombustibles como el biodiésel y bioetanol, la producción de estos forma parte del proyecto.

Respecto a las divisas o lo que algunos economistas denominan “restricción externa”, la iniciativa 200MT plantea el aumento del volumen de producción, sin embargo, con proyectos anteriores, como la Hidrovía, se pusieron al descubierto los intereses corporativos, la corrupción y los negocios turbios que se esconden atrás de dichos proyectos, lo cual conllevó la fuga de divisas, contrabando, evasión fiscal, concentración y extranjerización del comercio.

Acorde al análisis del documento, el debate sobre el crecimiento económico que necesita el país no puede estar disociado de los impactos socioambientales, ya que no habrá futuro si no se cuidan y defienden los territorios, los bienes comunes y los pueblos que les habitan.

Después de cuatro meses de campamento de toma de la planta Bonafont, en el día del natalicio de Emiliano Zapata, los Pueblos Unidos del municipio de Juan C. Bonilla y otros 17 pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, junto con el pueblo Otomí migrante en resistencia y el movimiento Mexicali Resiste, decidieron juzgar al gobierno y a las empresas que con engaños les han despojado de la tierra, sobreexplotado el agua y los mantos freáticos de la región.

La consecuencia de ello ha sido el secamiento de sus pozos, y manantiales, al punto de generar hace poco más de un mes un gran socavón, el cual a la fecha las autoridades no pueden explicar su origen. Mientras, los pueblos lo dicen claramente: “es la sobreexplotación por las empresas como Bonafont, Volkswagen, Carol, Audi entre otras”.

Por cuatro meses se mantuvo el campamento de toma de la planta Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, que se encuentra a las faldas de los cerros Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

Esta es una región abundante en agua, la cual proviene justo de los cerros que la rodean y que han sido resguardados por los pueblos nahuas originarios de esta región.

No obstante, después de 29 años del robo de su agua a través de la extracción diaria de  1,600,000 litros de agua en la planta ocupada, había provocado que los pozos artesianos de la región se secaran, además de una sequía generalizada y la imposibilidad de que los pueblos campesinos e indígenas que allí habitan para poder continuar con su modo de vida, que es a partir de la agricultura campesina de pequeña escala y autoconsumo.

En estos cuatro meses de cierre de operaciones de la planta, dicen los habitantes de estos pueblos, “los pozos han vuelto a tener agua”.

Previo a la toma del 22 de marzo de este año y durante los cuatro meses que duró el campamento de resistencia, se dio un proceso de asambleas y consulta entre los pueblos que habitan esta región, en donde además se informó sobre el despojo y las intenciones de abrir nuevos pozos para continuar con el robo de agua, por lo que 14 pueblos, hartos del despojo y la sequía, se articularon en “Pueblos Unidos” para defender el agua e impedir que continúe el saqueo.

Entre los pueblos imperó la misma voz: “ya era demasiado el robo, estamos hartos, y si no actuamos ya, nos seguirán despojando. Queremos justicia.”

Juicio de los pueblos

Dicen que siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero ni las autoridades del gobierno, ni la empresa se acercaron para dialogar. Los pueblos evidenciaron que a las autoridades se les llamó a través de los cauces formales y se les invitó a tomar la palabra en el evento de festejo del aniversario de Emiliano Zapata, pero ellos no llegaron.

Se les estuvo esperando, y simplemente no llegaron. Ante la ausencia del gobierno, los pueblos decidieron hacer del evento un espacio de denuncia. Ahí, los 20 pueblos presentes denunciaron los diferentes atropellos que han vivido en la defensa del agua frente a la sobreexplotación y contaminación de los ríos.

Un ejemplo es el caso del río Metlapanapa, el cual ha sido explotado por años por empresas como Volkswagen, Audi, Bonafont, Junghans, Coca-Cola, granjas Carol, Hylsa, y otras, además de los parques industriales y el creciente desarrollo inmobiliario, e incluso ante un nuevo complejo industrial llamado “Ciudad téxtil” que se pretende instalar en la región.

Todas estas empresas usan grandes cantidades de agua. Por ejemplo, señalaron que la empresa automovilistica Volkswagen, contra la cual también hubo resistencia que en su momento fue reprimida, producen 20 carros por minuto y para la fabricación de cada carro se usan hasta 4,000 litros de agua.

Las empresas además contaminan los ríos, arroyos y mantos freáticos al verter los desechos tóxicos de sus procesos industriales. Denunciaron que en el río Metlapanapa corren las aguas negras y fecales de las empresas, pues en él se descargan sustancias tóxicas como plomo, cadmio, aluminio y arsenio provenientes de las fábricas que operan en la región.

El espacio de denuncia sirvió para que también se señalaran otros megaproyectos que atentan contra la vida de los pueblos, como el gasoducto que corre en toda esta región entre Puebla y Morelos y que forma parte del PIM (Proyecto Integral Morelos) el cual incluye además super autopistas y termoeléctricas de ciclo combinado y que ante la resistencia al proyecto, ya ha habido diferentes actos de represión que han ido desde la detención arbitraria y por razones políticas, hasta el asesinato de quienes se han resistido, como el caso de Samir Flores, el cual ya fue denunciado.

Ante la explotación y robo permanente de las empresas legitimado por el gobierno, los “Pueblos Unidos” de esta región del estado de Puebla exigieron justicia, una justicia que ellos mismos se han encargado de procurar, pues como dijeron algunos de los jóvenes que participaron de la toma: “Del gobierno no esperamos nada bueno, nuestra lucha es por la autonomía y la libre determinación”. Es por ello que decretaron la reapropiación de lo que fue arrebatado bajo engaños y corrupción y convertirlo en una Casa de los Pueblos.

De ser una sede para el robo, hoy será una Casa de los Pueblos

Los entrevistados (de los cuales resguardamos su identidad por seguridad) señalaron que durante las diferentes asambleas que se realizaron en los cuatro meses de toma, se decidió primero cerrar la planta y los pozos para acabar con el despojo y parte de los abusos. Después surgieron diferentes propuestas de cómo usar el espacio, entre las que señalaron estan: para casa de salud, como espacio deportivo y educativo, para la comunicación desde los pueblos y para la formación de los pueblos para la agricultura orgánica.

Aún faltará que este lunes (9) tras una rueda de prensa se continúe con el proceso asambleario para que los pueblos decidan por sí mismos qué uso darán a las instalaciones. Por ahora, los pozos han sido clausurados de forma permanente, y se espera que esta batalla sea el inicio de muchas batallas por la defensa del agua y de la vida, para que los pueblos puedan continuar viviendo como pueblos campesinos que manejan desde sí mismos el uso respetuoso del agua, como de por sí ya lo hacían.

En portada: Ejecutivos de Toka se fotografían con funcionarios chilenos durante una reunión en Santiago, Chile, en 2020.

Quizás el uso de softwares espías de alta gama para encarrilar asuntos de seguridad cibernética de todo un país se conjeturaba únicamente presente en naciones altamente industrializadas o que bailan a sones bélicos, pero, lo que podría sonar como una situación ajena a Latinoamérica, en realidad está implantándose en Chile.

A mediados del año pasado, el gobierno chileno anunció que, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – entidad que participara, en 2019, en la inversión de 250 millones de dólares para instituciones latinoamericanas- contrataría los servicios de la empresa israelí de software-espía, Toka.

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Para algunos esta noticia tan sólo representaba la oportunidad de reforzar la seguridad cibernética de la república de los confines de sudamericanos; lo conciben como la oportuna satisfacción de una necesidad, sobre todo después de que en mayo del 2018 el banco chileno sufriera un ciberataque. Por otro lado, la relación entre Palestina y Chile le otorga a esta implementación matices diferentes, asoma nuevas tácticas de guerra y sujeción.

En 2019, el Banco Mundial y el Estado israelí llegaron a un acuerdo enfocado a impulsar la ciber-seguridad de países en desarrollo, de modo que puede inferirse que este es el motivo por el cual Toka ha ganado múltiples contratos financiados por el Banco Mundial. Sin embargo, Toka no concursa para proteger los intereses de cualquier nación que quiera contratarla, de hecho, suele prestar sus servicios únicamente a aquellos gobiernos que considera de confianza, como en el caso de la república de Moldova (aliado de Israel).

Con este trasfondo se deduce que no es coincidencia que Toka posara sus ojos en Chile, ya que es el país que alberga a la comunidad más grande de palestinos exiliados fuera de territorio medio oriental, y, por ende, representa un significativo aliado para Palestina e impetuoso punto de resistencia en la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS) dentro de América. En añadidura, en 2020 el congreso chileno creó una ley de boicot a los productos y servicios provenientes de los asentamientos militares ilegales (de acuerdo con el derecho internacional) dentro de territorio palestino, la cual fue finalmente redactada el pasado junio.

Así, lo que pareciera ser un acto de generosidad, una cura para mejorar la economía y seguridad de países en “vías de desarrollo”, en realidad es una metástasis que devora y anula a aquellas resistencias y apoyos a Palestina, que se encontraban fuera de su alcance.

Toka, que fue fundada por expertos en materia militar y política, tiene alcances increíbles, a diferencia del software espía Pegasus, creado por NSO, otra empresa israelí que causó controversia al ser descubierto que espiaba a 50,000 personas que incluían mandatarios políticos y periodistas, a través de sus teléfonos inteligentes. Por su parte, Toka es capaz de compenetrar a través de cualquier dispositivo que se conecte a internet, incluso los asistentes de voz que se instalan en el hogar e incluso automóviles. El alcance de vulneración a la privacidad de los individuos es tremendo, podría entorpecer fácilmente las acciones de las resistencias BDS o cualquier actor a favor de Palestina.

El uso de softwares espías por parte de diversos gobiernos es una realidad sabida desde hace años; no obstante, el conocimiento de esta verdad no le resta poder o incluso peligrosidad al hecho. Por el momento queda fijar los ojos en como Chile se desenvuelve bajo el asesoramiento de la inteligencia de Toka y la repercusión que el uso de un arma tecnológica de dicho calibre podría generar, porque de alguna manera América Latina se ha convertido ya en una extensión de la zona guerra.