paramilitares
[:es]La desaparición forzada en México: continuidad e impunidad[:]
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Fuente: Frayba
- Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país
La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.
En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).
Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.
Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.
[:es]Más de 450 personas y 140 organizaciones de 22 países exigen Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas[:]
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Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas
PRONUNCIAMIENTO
El sábado 22 de agosto del 2020, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), saquearon e incendiaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo. Hay que recordar que el 24 de febrero de 2020, la ORCAO, junto al grupo los “Chinchulines” (identificado desde hace años como paramilitar), e integrantes del partido MORENA en la región, violentaron y secuestraron a integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), esto en el contexto de las Jornadas en defensa del territorio y la Madre Tierra “Samir somos todas y todos”, convocadas por el EZLN y el CNI. Todo quedó documentado en la denuncia publicada en la página Enlace Zapatista (ver: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/02/27/pronunciamiento-ante-el-secuestro-de-miembros-del-cni-en-chilon-chiapas-por-su-participacion-en-las-jornadas-samir-somos-todas-y-todos/).
Esta nueva agresión forma parte de la intensificación de la guerra de desgaste en el estado de Chiapas, caracterizada por el incremento de la violencia de grupos paramilitares y del crimen organizado, cómo oportunamente ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (ver: https://frayba.org.mx/agresiones-armadas-en-aldama/).
La difusión de calumnias contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también forma parte de esa guerra contrainsurgente que se realiza en distintos frentes y formas: directa e indirecta, abierta y encubierta; mediática, política, económica y militar. Este escenario de guerra no es exclusivo del estado de Chiapas. Como puede consultarse en la página del Congreso Nacional Indígena (ver: https://www.congresonacionalindigena.org/category/denuncias/), son constantes las denuncias de los pueblos originarios y sus organizaciones frente a la violencia de los grupos criminales, paraestatales y estatales, violencia que contribuye a la fragmentación del tejido comunitario y al desgaste de las luchas contra el despojo y los megaproyectos en México.
Quienes firmamos este documento, llamamos a la sociedad civil nacional e internacional a suscribir la denuncia de estos hechos, exigir el cese de las agresiones y hostilidades a las Bases de Apoyo Zapatistas, de la destrucción de los preciados bienes comunitarios, el resultado del trabajo colectivo, que, en medio de esta crisis multifactorial, adquieren un alto valor patrimonial; igualmente, pedimos se mantengan atentas ante esta nueva escalada de la violencia contra el EZLN y el CNI, organizaciones que son un referente planetario en la defensa de la Vida y por un mundo mejor.
