Fuente: Ojarasca – La Jornada

Adazahira Chávez

La organización de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en su lucha por la tierra, reanudó la marcha en febrero de este año. Después de que en junio de 2009 los comuneros activaron su Policía Comunitaria y retomaron el lugar conocido como La Canaguancera (renombrado Xayakalan), enfrentaron una ola de asesinatos y desapariciones —sobre todo contra miembros de la guardia tradicional o de los bienes comunales— que estableció un clima de terror y obligó al desplazamiento de familias enteras.

Pero ya están de regreso y afirman, como lo declararon en 2009, que no abandonarán sus tierras. En fechas recientes, acompañados por grupos de autodefensa de Tierra Caliente, los guardias comunitarios reingresaron a su territorio —muchos de ellos, como su comandante Semeí Verdía, estuvieron exiliados— y los comuneros desplazados también volvieron a Xayakalan, que sigue en disputa legal con los pequeños propietarios de La Placita, quienes lo invadieron hace ya cuatro décadas. La tarea urgente, señalan, es levantar de nueva cuenta las asambleas y trabajar las tierras que les dieron sustento y que tuvieron que abandonar.

La tarea no se mira fácil, y los nahuas lo saben. Relatan que en su territorio se cruzan intereses de todo tipo: los gobiernos buscan implementar proyectos carreteros que faciliten el trasiego de mercancías y estimulen el turismo de playa; las mineras quieren explotar la veta que nace desde San Miguel Aquila; los pequeños propietarios quieren sembrar sus tierras o fraccionarlas y venderlas, y los narcotraficantes tienen aquí un importante punto de circulación de sus mercancía. En este estado —de acuerdo con las denuncias que los comuneros han hecho desde hace años— muchas veces estos actores son los mismos sujetos. Y de este territorio ambicionado son dueños los comuneros de Ostula.

Tierra rica, tierra despojada

La cabecera comunal de Ostula y sus 22 encargaturas abarcan más de 28 mil hectáreas del municipio de Aquila, uno de los de mayor marginación en Michoacán. Los nahuas han poblado poco a poco la porción de su territorio que se extiende hacia la costa michoacana.

Las tierras correspondientes a la encargatura de Xayakalan, informan los comuneros, se localizan dentro de sus títulos primordiales del siglo xviii y dentro de la Resolución Presidencial que reconoció parte de su territorio en 1964. A pesar de ello, enfrentan un litigio agrario por unas 700 hectáreas que seis pequeños propietarios de La Placita invadieron “no sólo para la siembra de papaya, mango y tamarindo, sino para venderla al mejor postor” a pesar de las medidas cautelares a favor de los indígenas. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.

Cruce El Naranjo-Tenosique, Tabasco. Foto: Prometeo Lucero

La tierra de Aquila tiene abundancia de minerales (plata, zinc, oro y cobre), además de yacimientos de hierro, que en la actualidad explotan las empresas Ternium, Sicartsa y Metal Steel, y aporta una cuarta parte de la producción nacional. La veta que atraviesa San Miguel Aquila —comunidad de la que también tuvieron que salir los integrantes de la guardia tradicional y los comuneros por conflictos con la mina y el crimen organizado— llega hasta tierras de Ostula, y la empresa argentina Ternium tiene en la mira su explotación futura. Ternium es dueña de la mitad de Peña Colorada, mina de Ayotitlán, Jalisco, que ha provocado también persecuciones contra los líderes comuneros nahuas como Gaudencio Mancilla.

Dentro de este territorio invadido no sólo pasan las riquísimas vetas minerales, sino que hay playas con especies animales en peligro de extinción. Allí se contempló la ampliación de la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas, e incluso la construcción de un puerto para transportar materiales que Ternium extrae de San Miguel Aquila.

Los días 13 y 14 de junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena publicó el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa. Después de varios intentos infructuosos de negociación y al sentirse burlados por el gobierno, los comuneros retomaron las tierras de Xayakalan en 2009, establecieron su guardia comunitaria “para cuidar el territorio que nos pertenece” y se asentaron cerca de 250 personas, pertenecientes a 40 familias.

Los comuneros decidieron no participar en las elecciones oficiales en 2011, al igual que sus hermanos p’uhrépechas de Cherán, Pómaro y Coíre, en rechazo a la poca eficacia de las autoridades y el divisionismo que, denunciaron, promueven los partidos políticos.

La respuesta a su reto fue atronadora. En los últimos tres años, 32 pobladores de Ostula fueron asesinados brutalmente o desaparecidos. Destacan las ejecuciones en 2011 de los líderes Trinidad de la Cruz Crisóstomo, conocido como don Trino o el Trompas, encargado de la guardia comunitaria, y de Pedro Leyva. Las bases de la Armada —que se establecieron después de 2009— no ayudaron a detener la ola de violencia. Las autoridades judiciales no resolvieron ni uno sólo de los crímenes. Las balas de los “cuerno de chivo” poblaron las escenas de los crímenes, y las familias amenazadas huyeron.

Pocos habitantes quedaron en Xayakalan, pero los desplazados se ocuparon de planear el retorno y la reconstitución de su organización autónoma, que se pudo concretar este 2014. El 8 de febrero, “un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula”, informaron en un documento público.

Coincidentemente, desde ese día “grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos”. Para los indígenas es “la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el 29 de junio de 2009”.

Este 10 de febrero, un pelotón del Ejército federal intentó desarmar a la guardia comunitaria y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, pero la población hizo que los soldados devolvieran las armas. El 13 de febrero, más de mil 200 comuneros en asamblea decidieron reorganizar formalmente la Policía Comunitaria. Ahora sus esfuerzos se centran en fortalecer los mecanismos comunitarios de decisión, reconstruir la base material para su organización y supervivencia —la comida y los recursos escasean— y mantener la seguridad en su territorio. A pesar de los años de terror, indican a Ojarasca desde Ostula, “la gente responde a su ancestral organización”