Entre los años de 1974 y 1976, José de Jesús Guzmán Jiménez y cuatro de sus hijos, Amafer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz, todos originarios de la comunidad p’urhépecha de Tarejero, fueron detenidos, torturados y posteriormente desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS), en el contexto de la llamada “guerra sucia” en contra de luchadores sociales y opositores políticos, detenciones que constituyen el primer referente histórico de las desapariciones forzadas en Michoacán.

Cuatro de ellos fueron trasladados a la 21ª Zona Militar en Morelia, para posteriormente ser llevados al Campo Militar #1 en la CDMX, por su parte Venustiano Guzmán fue retenido en la 27ª Zona Militar, en la Base Área Militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, siendo estos los últimos lugares donde se tiene registro oficial de ellos.

Desde hace 52 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán han denunciado su desaparición ante instancias locales, estatales, federales e internacionales, durante más de medio siglo, han luchado en contra de la desmemoria, la impunidad y la injusticia, han denunciado y documentado ante todas las instancias posibles, algunas de ellas, en el entonces Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos; ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quien emitió la recomendación 026/2001; en la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado #FEMOSPP; ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada o Involuntaria y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El caso fue presentado ante la CIDH el 20 de octubre de 2006, admitido el 12 de julio de 2013, con audiencias y careos el 7 de julio de 2017 en Lima, Peru y finalmente el 20 de agosto de 2025 notificaron el Informe de Fondo Caso No. 12.918, en el cual se establece que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad en contra de los integrantes de la familia p’urhépecha Guzmán Cruz, estableció que se violaron diversos derechos humanos, entre ellos: el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la libertad; la obligación estatal de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, el derecho a la protección a la familia y vulneró el derecho a las garantías judiciales. De igual forma, los hechos denunciados no fueron controvertidos por el Estado mexicano, al contrario, reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de los 5 integrantes de la familia Guzman, pero no reconoció su tortura física y psicológica, ni el hostigamiento posterior que ha sufrido la familia, ni mucho menos su falta de investigación diligente.

El informe concluye realizando las siguientes recomendaciones al Gobierno de México: reparación integral a favor de las víctimas, brindarles tratamiento médico y psicológico, esclarecer la desaparición forzada de los integrantes de la familia Guzmán, disponer de medidas administrativas, disciplinarias o penales para los funcionarios que denegaron justicia, adoptar medidas para evitar la repetición de las desapariciones forzadas e investigar las desapariciones ocurridas durante la “guerra sucia” en la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, a casi un año de la presentación del informe de fondo, el Gobierno de México no ha adoptado ni una sola medida de reparación, investigación, justicia o no repetición.

Por ello, exigimos al Estado mexicano que no obstaculice más tal y como lo ha hecho, presentando sendas prorrogas que lo único que hacen es revictimizar a la familia Guzmán Cruz, por último, declaramos a la CIDH que la justicia que es tardía, no es justicia ¿Cuánto más deben de esperar las víctimas para obtener memoria, verdad y justicia? Exigimos que el caso Amafer Guzman pase ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 24 de junio de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Para los pueblos originarios, defender el territorio, resguardar los bosques y cuidar los lagos y ríos ha tenido un precio de sangre, durante más de una década las comunidades hemos denunciado sistemáticamente el cambio ilegal de uso de suelo, el robo de agua, la tala inmoderada y los ataques del crimen organizado. Tan solo en los últimos cuatro años, 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional, las Rondas Comunales, han sido asesinados. El crimen organizado es el brazo armado de la deforestación, las organizaciones criminales atacan a las comunidades porque quieren controlar los recursos naturales, administrar el robo de agua, dirigir la tala irracional de bosques e iniciar la habilitación de nuevas tierras para el aguacate.

Son las comunidades, no la industria rapaz, las que conservan lo que aún nos queda de bosques, es en nuestros territorios donde respiran los ecosistemas, en contra parte, la industria exportadora continúa sin pagar el costo ambiental, ni mucho menos social que ha impuesto desde hace décadas, grandes empresarios estatales y trasnacionales compraron extensiones forestales a precios muy por debajo de su valor real, las deforestaron ilegalmente y han quedado impunes.

En este contexto, el Gobierno Federal estableció el pasado 26 de mayo un Acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) donde crea el llamado “Certificado de Libre Deforestación”, el cual es totalmente una contradicción, toda vez que la propia SEMARNAT ha reconocido públicamente que en los últimos 20 años no ha otorgado ninguna autorización de cambio de uso de suelo de forestal a frutícola en la entidad. Esto significa en términos prácticos que todo lo deforestado antes de 2019 queda automáticamente absuelto y lo que se taló después podrá regularizarse administrativamente sin resarcir ningún tipo de recuperación de ecosistemas dañados. No hay restauración ambiental, no hay reparación a las comunidades y no hay rendición de cuentas, únicamente impera un proceso administrativo que legaliza años de impunidad ambiental.

Por estas graves transgresiones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nos reservamos el derecho de presentar los recursos jurídicos que consideremos necesarios, para evitar que la legalización del aguacate no sea un instrumento para olvidar los crímenes y abusos cometidos en nuestros territorios, así como la impunidad ambiental.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

12 de junio de 2026

Boletín No. 08

Ataque y hostigamiento a comunidades del Congreso Nacional Indígena en Guerrero, Michoacán y Chiapas

• Desaparición, despojo, asesinatos y criminalización, entre las graves agresiones hacia las comunidades del CNI

• Omisión por parte del Estado mexicano ante las denuncias de los Pueblos, organizaciones y colectivos

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresamos nuestra preocupación y nos unimos a la denuncia de los pueblos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Guerrero, Michoacán y Chiapas, afectadas por la escalada de violencia, incrementada en los meses de mayo y junio de 2026. Esta situación mantiene a las comunidades en resistencia bajo asedio poniendo en riesgo, la vida, seguridad, integridad, autonomía y ejercicio de derechos colectivos.

A partir del 6 de mayo de 2026, el grupo de la Delincuencia Organizada (DO) “Los Ardillos” intensificaron ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementaron tácticas paramilitares contra las comunidades pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), en la Montaña baja de Guerrero, provocando el desplazamiento de 3,200 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección y permisividad del Estado mexicano.

En los días del 6 al 12 mayo la violencia se profundizó alcanzando a la comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del Cipog‑EZ, en donde sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones. Además, ocho personas fueron asesinadas, siendo los siguientes compañeros: José Guadalupe Ahuejote Xanteco, originario de Xicotlan; Víctor Ahuejote Arribeño, originario de Xicotlan; Saturnino Bartolo Tlalcorral, originario de Xicotlan; Benito Tlalcorral Rito, originario de Xicotlan; Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Eusebio Migueleño Zoyateco, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; Martin Flores Migueleño, originario de Alcozacán, encontrado en Xicotlán; y Marcelo Calvario Hilario, originario de Acahuehuetlán.¹

Es preciso señalar que desde el 2015, por la embestida brutal de la DO, el Cipog-EZ ha registrado 76 personas asesinadas y 25 desaparecidas.

El 28 de mayo de 2026, otro grupo de la DO asesinó a los comuneros de la Comunidad Indígena Pómaro (municipio de Aquila), Lucas Florentino Torentino, tesorero de Bienes Comunales, y Jerónimo García Flores, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha Felipe de Jesús Martínez Martínez; y causó heridas graves a la profesora purépecha Adelaida Zacarías Pascual.

Por lo ocurrido, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena Santa María Ostula, denunciaron públicamente los múltiples asesinatos solidarizándose con la Comunidad Pómaro. Estos hechos han marcado profundamente a los pueblos indígenas de Michoacán, quienes han venido sufriendo, en los últimos 20 años, por parte de la DO, asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados; acosos, daños y violencia generalizada.²

Por otro lado, en Chiapas, integrantes del CNI “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Caracol “Floreciendo la Semilla Rebelde”, han denunciado discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, secuestro y despojo de sus locales por el Consejo de Administración de la Coalición de Locatarios del mercado tradicional Dr. Belisario Domínguez, así como la prefabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.³

El día 21 de mayo de 2026, nueve personas, integrantes del CNI Jotolá, fueron vinculadas a proceso y acusadas injustamente, por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Yajalón para la formulación de la imputación dentro de la causa penal 41/2025, por el delito de despojo agravado con violencia. Entre estas personas, Francisco Moreno Hernández continúa privado de la libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 12 de Yajalón.

Anteriormente, el 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, se llevó a cabo un desalojo violento contra estas personas y sus familias (por un total de 35 personas maya tseltal) que fueron desplazadas de manera forzada, entre ellas una mujer embarazada y 17 menores de edad (entre ellos dos menores con discapacidad). En el evento sus casas fueron destruidas, sus pertenencias robadas y dos personas sufrieron privación arbitraria de la libertad y tortura. Cabe destacar que estas acciones de criminalización y desplazamiento se llevaron a cabo con la presencia del Instituto Nacional Indígena, la Guardia Estatal, la Fiscalía de Justicia indígena, y el Tribunal Agrario.⁴

Dicha situación está enmarcada en un patrón sistemático de despojo territorial y criminalización en contra de las personas defensoras de la tierra y territorio; conducta que, en la actualidad, se recrudece sobre las tierras recuperadas en el 1994 con la imposición de proyectos carreteros, extractivistas y de turismo en la región. Todo esto aumenta la violación al derecho a la tierra y territorio de los pueblos originarios y al derecho a decidir sobre su proyecto de vida de acuerdo con su cultura.

En este mismo sentido, el CNI de Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, enfrenta también amenazas a su territorio y ha expresado su rechazo absoluto al megaproyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque, impuesto sin realizar la consulta previa, libre e informada prevista en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en las Declaraciones de las Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; así como en el artículo 2º de la Constitución mexicana. Las comunidades señalan que las obras iniciaron desde el año pasado, lo que ha generado división interna y pone en riesgo su forma de vida.⁵

Frente a esta cadena de violencias que atraviesa territorios y vidas, denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión sistemática, su incapacidad y su complicidad, al no actuar para frenar el avance de la DO y de las estructuras que sostienen el despojo. Lo que hoy enfrentan las comunidades del CNI en Guerrero, Michoacán y Chiapas es resultado de una estrategia de guerra que busca quebrar procesos organizativos, arrebatar territorios y silenciar la defensa de la vida.

Por lo anteriormente mencionado convocamos a la solidaridad nacional e internacional, a las organizaciones sociales, colectivos, pueblos originarios, defensoras y defensores de derechos humanos; así como a la sociedad civil en general, a manifestarse y expresar su apoyo e indignación ante estos actos de hostigamiento y represión contra las comunidades integrantes del CNI en los estados de Guerrero, Michoacán y Chiapas que luchan en defensa de la tierra y la vida. Esta violencia ejercida es parte de una estrategia sistemática de ataque y despojo que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.

1Acción Urgente: Ataques armados, desplazamiento forzado de comunidades del CIPOG-EZ en Guerrero. https://frayba.org.mx/260512_au02

2Pronunciamiento por el que la Comunidad Indígena de Santa María Ostula condena enérgicamente los homicidios cometidos en agravio de comuneros pertenecientes a la hermana Comunidad de Indígena de Pómaro y de un profesor integrante del Pueblo Purepecha. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/05/29/pronunciamiento-por-el-que-la-comunidad-indigena-de-santa-maria-ostula-condena-energicamente-los-homicidios-cometidos-en-agravio-de-comuneros-pertenecientes-a-la-hermana-comunidad-indigena-de-pomaro-y/

3Denuncia Pública de Comisión de Locatarios Afectados integrantes del Congreso Nacional Indígena “Samir Flores Soberanes” Zona 10 Patria Nueva, Ocosingo, Chiapas. https://www.congresonacionalindigena.org/2026/06/08/denuncia-publica-de-comision-de-locatarios-afectados-integrantes-del-congreso-nacional-indigena-samir-flores-soberanes-zona-10-patria-nueva-ocosingo-chiapas/

4Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá https://frayba.org.mx/270226-desplazamiento-criminalizacion-jotola

5Autopista San Cristóbal-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos al-Palenque, obra de muerte; no la aceptamos: colectivos https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/09/01/estados/autopista-san-cristobalpalenque-obra-de-muerte-no-la-aceptamos-colectivos

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Desde nuestros territorios en la Europa Insumisa rechazamos totalmente la ola de violencia desatada en contra de las comunidades indígenas en diferentes regiones de la geografía llamada México.

El 22 de mayo del año en curso, la Misión Civil de Observación, que iba a documentar los ataques por tierra y aire que el grupo criminal Los Ardillos había perpetrado en contra de la comunidad indígena pacífica de Alcozacán, recibió la confirmación de que el Gobierno del Estado de Guerrero no brindaría acompañamiento ni seguridad a La Misión, es decir, ¡el Gobierno prefirió actuar cobardemente y ponerse al servicio de los grupos criminales!

La Misión, sin embargo, realizó su trabajo de documentar las atrocidades de una Guerra: quema de casas, de milpas, de animalitos, asesinatos con tiros de gracias, cadáveres abandonados al borde las carreteras, casas deshabitadas en la comunidad de Alcozacán…

Las escenas documentadas por la Misión nos recuerdan escenas de Guerra. Sólo que esto sucede en México bajo un mal gobierno que se autodenomina “de izquierda”, y que afirma que “¡primero los pobres!”

Y quienes seguimos de cerca lo que sucede, nos preguntamos, ¿será que son “primero los pobres” los que serán exterminados? ¿Serán las comunidades indígenas las que deben de ser eliminadas para que las grandes empresas nacionales y transnacionales ocupen sus territorios y desarrollen sus Megaproyectos en un suelo regado con sangre?

¡Y todo esto con la protección de los tres niveles de gobierno!

El 28 de mayo del año en curso el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a la comunidad indígena de Aquila en el Estado de Michoacán; en el ataque fueron asesinados Lucas Flores Tolentino y Jerónimo García Flores y otros tres miembros de la comunidad resultaron heridos. Las agresiones contra la comunidad habían comenzado el día 21 y 27 de mayo. Los habitantes huyeron al monte y hasta las escuelas de la zona se cerraron, pues los ataques del CJNG fueron intermitentes por tierra y aire.

El 22 de mayo del año en curso, la Presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, se encontró con Claudia Scheinbaum en la Ciudad de México, para firmar el acuerdo comercial entre México y la Unión Europea, pero ¿acaso hablaron de las masacres perpetradas por los grupos criminales? ¿hablaron de los delitos de Lesa Humanidad llevados a cabo bajo la protección del Estado mexicano? ¿Acaso von der Leyen se interesó en ver las miles de Fichas de los Desaparecidos pegadas por las calles de todo México, más de 133 mil, o el Gobierno logró despegar las Fichas a tiempo para presentar un “México bonito, seguro y feliz”?

El 11 de junio del año en curso, ¡la gran fiesta! ¡El fútbol! Se recibe a la FiFa y para ello se han desalojado numerosas familias de sus viviendas, se ha limpiado la ciudad de personas en calidad de calle y de vendedores informales. El gobierno intenta presentar un México de primera clase: sin Pobres, sin Desplazados, sin Desaparecidos, sin Feminicidios, sin Masacres, sin Fosas Clandestinas.

Con nosotros, la Europa Insumisa, no sirven los cercos mediáticos, ni las mañaneras con mentiras. Por eso desde nuestros territorios:

¡Exigimos un alto inmediato a las agresiones en contra de las comunidades indígenas!

¡Exigimos se desarme a los grupos de delincuencia organizada que atacan a las comunidades indígenas!

¡Exigimos un alto a la gentrificación de las ciudades!

¡Exigimos un alto a las Desapariciones forzadas! ¡¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!

¡Exigimos un alto a los Feminicidios y procesos judiciales a los asesinos! ¡Ni una más, ni una asesinada más!

Red Europa Zapatista

11 de Junio 2026

Firmas:

20ZLN. Italia

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic-ASMEX. País Valencià, Estado Español

Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai. Barcelona, Catalunya

Associazione Ya Basta! Édî bese. Italia

Batec Zapatista. Barcelona, Cataluña

Café Libertad Kollektiv. Hamburgo, Alemania

Cafez. Lieja, Bélgica

Cal Cases. Cataluña

Caracoleras de Olba. Olba, Teruel, Estado Español

CAREA e.V. Alemania

Centro de Documentación sobre Zapatismo. Cedoz. Estado Español

Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia

Colectivo Calendario Zapatista. Grecia

Colectivo Ramona. Chipre

Collettivo Zapatista Lugano. Suiza

Comitato Chiapas Maribel. Bérgamo, Italia

Comité de solidaridad con Latinoamérica (LAG) – Chiapasgruppa LAG. Oslo, Noruega

Confederación General del Trabajo – CGT. Estado Español

Cooperazione Rebelde Napoli. Italia

CSPCL, París, Francia

Espoir Chiapas. Francia

Frankfurt International. Alemania

Gira Zapatista Holanda. Holanda

Grupo México del Foro Internacional. Dinamarca

Gruppe B.A.S.T.A. Munster, Alemania

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, Hamburgo

Lumaltik Herriak. País Vasco

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala.

Mut Vitz 13. Marsella, Francia

Mut Vitz 31. Toulouse, Francia

Mut Vitz 34. Francia

Nodo Solidale Roma. Italia

Pallasos en Rebeldía. Estado Español

Quinoa. Bélgica

Red de Rebelión. Alemania

Red Ya-Basta-Netz. Alemania

Silbo Zapatista. Estado Español

Solidaridad Directa Chiapas. Suiza

Tatawelo. Italia

Terra Insumisa Alcamo / Sicilia Sud Globale. Sicilia, Italia

TxiapasEKIN. País Vasco

Union Syndicale Solidaires

USI 1912 Italia e Usicons aps Italia

Y Retiemble. Madrid, Estado Español

Ya Basta Bolonia. Italia

Ya Basta Milano. Italia

Ya-Basta-Netz, Alemania

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.

RECORDANDO que, próximamente nuestra comunidad estará conmemorando la histórica recuperación de las TIERRAS DE XAYAKALAN, un 29 de junio del año 2009; tierras que desde hacía más de 50 años habían sido invadidas por supuestos pequeños propietarios, políticos y criminales de la región;

CELEBRANDO que, nuestra comunidad cumplirá diecisiete años de haber fundado el poblado y encargatura de XAYAKALAN y de haber reorganizado su sistema de seguridad comunitaria tradicional, formando un cuerpo de guardia comunal en ejercicio pleno de su AUTONOMÍA Y AUTODEFENSA;

RECONOCIENDO que, lo anterior pudimos lograrlo porque alcanzamos la completa unidad y organización disciplinada de quienes integramos la comunidad indígena de Santa María Ostula bajo la conducción de nuestra asamblea general y de nuestras autoridades agrarias, civiles y tradicionales, tanto en la sierra y en la costa, como en la cabecera comunal de Ostula y en cada una de sus encargaturas, sin intervención de gobiernos, partidos políticos y religiones;

AFIRMANDO que, desde aquel día histórico para el pueblo nahua de la Costa-Sierra de Michoacán y aún antes, hemos sufrido el acoso y la guerra de poderosos cárteles que persiguen, asesinan y desaparecen a integrantes de nuestra comunidad con total impunidad y a la vista de todos los niveles de gobierno; acoso traducido en 42 asesinatos y 6 desapariciones de comuneros; significando lo anterior una herida viva para nuestra comunidad y para los pueblos originarios de México;

REITERANDO que, actualmente esta cruenta guerra en contra de nuestra comunidad es operada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupo criminal que, mediante el bombardeo masivo o selectivo a nuestra población y a la infraestructura de la comunidad, y a través del terror y el asesinato de nuestros comuneros, busca desplazarnos de nuestro territorio inmemorial para disponer de sus recursos mineros, playas, aguas y montes, o facilitar el despojo de dichos territorios por parte de las grandes corporaciones;

INFORMANDO que, hasta el día de hoy el Estado mexicano no ha dado una respuesta satisfactoria al problema agrario que nos aqueja, atendiendo a cuentagotas esta grave situación y ofreciendo soluciones que no vemos llegar;

MANIFESTANDO que, la posesión que hemos recuperado y la que siempre hemos tenido sobre la totalidad de nuestras tierras y territorios, misma que se encuentra amparada por nuestros antiguos títulos primordiales y la resolución agraria que deriva de ellos, no la abandonaremos más que a costa de nuestras vidas;

RECONOCIENDO que, la solidaridad y acompañamiento a la lucha de nuestra comunidad por parte de los pueblos de México y del mundo, del Congreso Nacional Indígena, de diversas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, así como personas en lo individual, han sido cruciales para no rendirnos;

CONVOCAMOS

A los pueblos originarios de Michoacán y de México, a los pueblos que participan en el Congreso Nacional Indígena, así como a las organizaciones sociales, personas en lo individual y organismos defensores de derechos humanos que son solidarios con la lucha de nuestra comunidad, al:

DÉCIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN DE NUESTRAS TIERRAS COMUNALES, DE LA FUNDACIÓN DEL PUEBLO DE XAYAKALAN Y DE LA REORGANIZACIÓN DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL

Que tendrá lugar el próximo 29 de junio del presente año en la encargatura de Xayakalan, Comunidad Indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, de acuerdo con el siguiente:

PROGRAMA

• De 4:00 pm a 5:00 pm: Recepción de las encargaturas, artesanos e integrantes de las diferentes organizaciones y comunidades que nos visitan.

• De 5:00 pm a 5:30 pm: Acto civico.

• De 5:30 pm a 5:50 pm: Bienvenida y lectura del pronunciamiento.

• De 5:50 pm a 7:30 pm: Presentación cultural y reseñas históricas.

• De 7:30 pm a 8:00 pm: Recorrido por los estands de artesanías.

• De 8:00 pm a 9:00 pm: Cena.

• 9: 00 pm: Clausura

¡Respeto a la totalidad de nuestras tierras comunales!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

¡Castigo a los culpables del asesinato y las desapariciones forzadas de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACAN, A 07 DE JUNIO DE 2026.

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA

#OstulaFlorece #OstulaVive

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Las organizaciones, colectivos, e individuos abajo firmantes expresamos nuestra profunda indignación y nuestra solidaridad con la comunidad Nahua de Santa María Ostula y con su Guardia Comunal, quienes al menos desde 2009 han plantado la cara al capitalismo voraz y han defendido la vida y el territorio; expresamos también nuestra solidaridad con las comunidades de Pómaro, El Coire, San Miguel de Aquila, frente a la escalada de violencia que golpea a la Costa-Sierra de Michoacán y que ha cobrado la vida de autoridades comunitarias, profesores y comuneros comprometidos con la defensa de sus pueblos.

Los recientes ataques no pueden entenderse como hechos aislados. Forman parte de una larga historia de agresiones contra las comunidades indígenas que han decidido ejercer su derecho a la libre determinación, defender sus territorios y construir formas propias de gobierno y seguridad comunitaria.

La presencia y operación del crimen organizado en la Sierra-Costa de Michoacán es inadmisible. Particularmente preocupante es la actuación del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya expansión al territorio nacional ha significado asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y terror contra las comunidades.

Estos grupos han operado bajo condiciones de impunidad que sólo pueden explicarse por la tolerancia, la omisión o la aquiescencia de distintos niveles del Estado mexicano y del gobierno de Michoacán.

La comunidad de Ostula ha denunciado durante años la existencia de una guerra de despojo contra los pueblos indígenas de la región. Una guerra que busca romper el tejido comunitario, expulsar a la población de sus territorios, destruir las instituciones comunales y someter al exterminio a quienes defienden la tierra y la autonomía.

Esta situación no es exclusiva de Michoacán. Forma parte de una crisis nacional que hoy se expresa también en Guerrero, donde comunidades enteras viven bajo el asedio de grupos armados y la impunidad; y en Chiapas, donde miles de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado ante la violencia que se extiende por territorios indígenas. Los pueblos de México enfrentan una misma realidad: la guerra de despojo del capital, la expansión de poderes criminales que avanzan sobre los territorios comunitarios mientras las autoridades incumplen su obligación de garantizar la vida y la seguridad de la población.

Denunciamos las recientes declaraciones realizadas por el gobernador de Michoacán ante diversos medios de comunicación, en las que se pretende asociar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula con actividades delincuenciales, constituyendo con ello un acto de criminalización contra una institución comunitaria cuya legitimidad emana de la asamblea comunal, de los sistemas normativos indígenas y del derecho de los pueblos a la libre determinación. Estas afirmaciones, emitidas en un contexto de violencia sostenida contra las comunidades nahuas de la Costa-Sierra, resultan particularmente graves, pues contribuyen al descrédito de quienes han defendido históricamente la vida y el territorio frente al crimen organizado. Advertimos que este tipo de señalamientos puede servir para justificar acciones de hostigamiento, persecución o eventuales operativos que pongan en riesgo la integridad de la comunidad de Ostula, de sus autoridades y de su Guardia Comunal. Por ello, responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión, provocación o acto que vulnere el derecho de los pueblos indígenas a proteger su territorio, su organización comunitaria y su propia existencia.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias del profesor asesinado, nuestra solidaridad con la profesora que lucha por vivir, gravemente herida en la emboscada que tomó la vida de las autoridades comunales de Pómaro. Ambos profesores son integrantes de comunidades purépechas, el ataque enluta no sólo a sus seres queridos sino también a los pueblos que han dedicado generaciones enteras a la defensa de la educación comunitaria y la dignidad indígena.

Por ello nos sumamos a la exigencia de la comunidad Nahua de Santa María de Ostula:

Respeto total e irrestricto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula.

Justicia para las autoridades comunitarias de Pómaro y para los profesores Purépechas, castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.

Justicia para las víctimas de las agresiones contra las comunidades de Santa María Ostula, El Coire, Pómaro y San Miguel Aquila.

Respeto irrestricto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas reconocidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Reconocimiento y respeto a las autoridades comunitarias legítimamente nombradas por sus asambleas.

Respeto al derecho de las comunidades indígenas a organizar mecanismos comunitarios de protección y autodefensa conforme a sus sistemas normativos.

Desarticulación de las organizaciones criminales y garantías efectivas para la vida, la seguridad y la permanencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

Frente a la violencia y política de muerte del actual gobierno y del capital, reafirmamos nuestra solidaridad con Santa María Ostula, la autonomía de los pueblos es una de las principales defensas de la vida.

Desde abajo y a la izquierda, desde los pueblos, barrios, colectivos y organizaciones solidarias, reiteramos nuestra convicción de que la defensa del territorio, la dignidad y la libre determinación de los pueblos indígenas es una causa justa que merece toda nuestra solidaridad.

¡Alto a la guerra contra Ostula!

¡Respeto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula!

¡Respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos!

¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas de la Costa-Sierra de Michoacán!

¡Nuestra lucha es por la vida!

Congreso Nacional Indígena

Red de Enlace Nacional “Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas”

Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja

Brigada Callejera

Café “Zapata Vive”

Casa Tecmilco

Cátedra Jorge Alonso

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC.

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Colectivo Criptopozol + DDHH

Colectivo Cuaderno Común

Colectivo de apoyo al CNI CIG y EZLN, Llegó la Hora de los Pueblo

Colectivo de Profes en la Sexta

Colectivo Gavilanas Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo la Otra Justicia

Colectivo Luciérnagas que Siembran

Colectivo Panadero la Grieta

Colectivx Zapatista La Oveja Roja

Comunidad de Tlanezi Calli Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Comunidad de Xochitlanezi del Común

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

Comunidad Indígena Nahua Milpa Alta

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán Amealco Querétaro

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahua Tlacotenco

El Bordado de Ramona

El Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELC)

El Tekpatl Periódico crítico y de combate

Empalabrando colectivo

Enciende tu chispa a la defensa del territorio Milpa Alta

Escuela Comunal Casa del Arte Tlaixco

Espacio colectivo Construyendo el Común

Espacio Común El Amate

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor)

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Frente por el Común y contra la Guerra

Geo-grafías comunitarias

Guardia Comunal Tlacotenco

Guardia Comunal Tona

Grupo Tlali Nantli

Hij@s del Maíz Pinto Tlaxcala

ILANCUEITL danza de las Tlacualeras

Juventud Comunista de México

La Flor de la Palabra, Medicina Originaria

Mazatecas por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Mexicali Resiste

Mínima Galería Íntima/Narraturgias de la memoria

MordaTropikal El Teatrito Yucatán

Mujeres Tierra

Mujeres y la Sexta – Abya Yala

Na Ch’ul Chan, Casa de Sanación

Nodo de Derechos Humanos

Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente

Partido de los Comunistas

Periódico la Flor In Xochitl in Cuicatl

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Raíces en Resistencia

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS).

Red de feminismos descoloniales

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Red Movimiento y Corazón Zapatista

Red Universitaria Anticapitalista

Regeneración Radio

Sexta por la Libre Yucatán

Tejiendo Organización Revolucionaria

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec. UCIZONI

Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua

Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente

UPREZ Benito Juárez

Vendaval, cooperativa panadera y algo más

Individuos:

Alberto Cortés, Director de cine

Ana Solares, Directora de arte en cine

Ana María Vera, Maestra en Sociología

Araceli Osorio Martínez, Activista Defensora de DDHH

Ariel García, Escritor

Bárbara Zamora, Abogada litigante

Bertha Navarro, Productora de cine

Camila Silva Arellano, Arquitecta

Carlos Fazio, Periodista

Carolina Coppel Urrea, Documentalista

Diana Itzu Luna, Defensora

Dolores Heredia, Actriz

Fernanda Navarro, Filósofa e Investigadora

Gabriela Jáuregui, Escritora

Gilberto López y Rivas, Antropólogo y periodista

Hermann Bellinghausen, Periodista y poeta

Juan Carlos Rulfo, Director y documentalista

Kyzza Terrazas, Director y guionista

Lila Avilés, Directora y guionista

Luis de Tavira, Director teatral

Luis Hernández Navarro, Periodista

Luisa Riley, Documentalista

Margara Millán, Profesora de la FCPyS de la UNAM

María Inés Roqué, Cineasta

Mariana Mora, Antropóloga e Investigadora

Maribel Portela, Artista

Mónica Meltiz Véjar, Defensora de derechos humanos

Natalia Beristain, Directora y guionista

Raúl Romero, Sociologo investigador

Servando Gajá, Artista visual

Sofía Arroyo,Comunicóloga

Sol Velásquez Suárez, Psicóloga y Pedagoga

Sophie Alexander-Katz, Curadora y crítica de arte

Stefanie Weiss, Actriz

Sylvia Marcos, Antropóloga e Investigadora

Ursula Pruneda, Actriz

Valentina Leduc, Cineasta

Valeria Gutiérrez Vega, Sociologa internacionalista

Vidal Ocampo, Artista

A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de junio de 2026.

El pasado 8 de mayo se realizó la primer prueba de tamizaje para la detección temprana de insuficiencia renal en niños de 10 a 12 años de edad, en la comunidad de San Matías el Grande, efectuándose en 3 escuelas de este pueblo otomí, siendo un total de 61 estudios, de los cuales 20 salieron con alteraciones y 7 para realizar nuevas muestras, lo cual es grave, toda vez que el 32.79 %·de los exámenes dieron positivos al presentar los primeros signos de enfermedad renal, evaluando entre otras cosas, la presencia de proteínas en la orina.

Estas pruebas fueron realizadas por doctores especializados coordinados por el Consejo de Gobierno Comunal de San Matías el Grande, toda vez que el Gobierno de Michoacán no pudo cumplir con el acuerdo minutado desde el 13 de abril, donde se comprometían a realizar pruebas de tamizaje en las comunidades cercanas a la geotermoeléctrica en un plazo no mayor a 15 días, sin embargo, dos meses han pasado y mantienen una incapacidad manifiesta pese a todo el presupuesto y recursos que manejan.

Por otro lado, denunciamos públicamente que el Gobierno Federal no ha cumplido con las comunidades del oriente michoacano en realizar estudios a los manantiales de los pueblos núcleo de la geotermoeléctrica, donde se han demostrado en exámenes anteriores una toxicidad entre un 35 % y 50 % por la presencia de metales pesados, así mismo, PROFEPA no cumplió con realizar una nueva inspección ambiental hacia los azufres, ni ha ofrecido disculpas públicas por el pésimo trato de esta institución a las comunidades, actividades pactadas desde el 8 de abril.

En este contexto, insistimos que la Comisión Federal de Electricidad #CFE viola las leyes ambientales, toda vez que reporta en los propios informes a PROFEPA que “se cuenta con un total de 33 presas de enfriamiento, de las cuales 18 cuentan con recubrimiento de concreto reforzado, 3 con geomembrana y 12 aún no cuentan con algún tipo de recubrimiento”. Lo que significa que el 36.3% de sus presas son altamente contaminantes y no cumplen con la norma internacional medioambiental, aún más, en 44 años que lleva operando la geotermoeléctrica, la CFE no a sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques que mantienen fluidos altamente tóxicos y se encuentran expuestos a la intemperie interfiriendo con los acuíferos.

A los pueblos y comunidades del Oriente de Michoacán, hacemos un llamado atento y respetuoso, para que estudien, investiguen e indaguen, no es normal la crisis de salud y medio ambiente que existe en los municipio cercanos a la geotermoeléctrica, no es normal que el 35% de todos los enfermos renales se concentren en el oriente, no es normal que sus hijos de 10 y 12 años inicien con problemas renales a una edad tan temprana. Esta crisis, sostenemos que tienen un responsable: CFE.

Finalmente, emplazamos al Gobierno Federal y Estatal, a que cumplan con los acuerdos minutados, de lo contrario, emprenderemos una Jornada Nacional en Defensa de la Salud, la Vida y el Medio Ambiente y tomaremos de manera permanente las instalaciones de la geotermoeléctrica. ¡La salud y la vida no pueden esperar más!

 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL C. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

Los que suscribimos este COMUNICADO PÚBLICO CONJUNTO, URIEL GUTIERREZ DE LA CRUZ, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán; HÉCTOR ALVAREZ SILVA, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena nahua de El Coire, municipio de Aquila, Michoacán; SALVADOR LOPEZ MARQUEZ, Presidente del Concejo Comunal Nahuatl de El Coire; y J. GUADALUPE SERRANO RAMOS, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES INTEGRANTES DEL PUEBLO NAHUA DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, MANIFESTAMOS:

Nuestro más profundo repudio y honda preocupación por el cobarde asesinato de nuestros hermanos LUCAS FLORES TOLENTINO y JERÓNIMO GARCÍA FLORES, el primero de ellos tesorero de bienes comunales de la Comunidad Indígena Nahua de Pómaro, municipio de Aquila, Michoacán, y el segundo asesor jurídico también de dicha comunidad; así como el asesinato de nuestro hermano profesor purépecha FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ y las lesiones causadas a la profesora también purépecha (se omite su nombre por seguridad), mismas que la tienen entre la vida y la muerte. Estos crímenes fueron perpetrados el día de ayer 28 de mayo de 2026 por un comando fuertemente armado que atacó a nuestros compañeros cuando se transportaban por la carretera federal número 200, a la altura del poblado de Colola, en el municipio de Aquila.

Expresamos nuestra más completa solidaridad a los familiares de quienes fueron asesinados y heridos; así como a la hermana Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha, puntualizando que el agravio cometido en contra de quienes fueron cobardemente asesinados y heridos, es un agravio que se hace a los pueblos originarios de Michoacán y de México.

Exigimos la investigación puntual de los hechos y el castigo a los culpables intelectuales y materiales de este múltiple homicidio que llena de luto y tristeza al pueblo nahua de la Costa-Sierra de Michoacán.

Frente a las acusaciones hechas en contra del presidente municipal de Aquila, el ING. JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, imputándole tan lamentable crimen, manifestamos que las mismas no hacen más que generar mayor inestabilidad en el municipio de Aquila, lo que contribuye al acrecentamiento de la deteriorada situación de inseguridad que existe en la región y el estado. Por lo que urgimos a las autoridades federales realicen la investigación a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Exigimos de todos los niveles de gobierno el compromiso serio para generar verdaderas condiciones de paz y seguridad en nuestro municipio, mediante la implementación de las acciones que insistentemente hemos solicitado a la Presidenta de la República y al Gobernador en el estado de Michoacán.

Aquila, Michoacán, a 29 de mayo de 2026.

ATENTAMENTE

El Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Aquila

URIEL GUTIERREZ DE LA CRUZ

Presidente

El Comisariado de Bienes Comunales de El Coire

HÉCTOR ALVAREZ SILVA

Presidente

El Presidente del Concejo Comunal Nahuatl El Coire

SALVADOR LOPEZ MARQUEZ

Presidente

El Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula

J. GUADALUPE SERRANO RAMOS

Presidente

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Frente a los lamentables acontecimientos ocurridos el día 28 de mayo de este año en la carretera costera número 200, en los que un comando de sicarios asesinó a los comuneros de la hermana Comunidad Indígena de Pómaro, LUCAS FLORES TOLENTINO, tesorero de bienes comunales, y JERÓNIMO GARCÍA FLORES, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ; y causó heridas graves a la profesora purépecha ADELAIDA ZACARÍAS PASCUAL, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, hacemos el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO.- Condenamos y nos llenamos de mucha tristeza por los múltiples asesinatos cometidos el día de ayer, mismos que están marcando profundamente no solo a la Comunidad de Pómaro, sino a los pueblos indígenas de Michoacán y, particularmente, a nuestra Comunidad, a la que la unen profundos e inmemoriales lazos históricos, culturales y familiares con la Comunidad de Pómaro.

Desde hace siglos Pómaro y Ostula han tenido la conciencia de pertenencia única y los homicidios del día de ayer son una nueva carga de sufrimiento para nuestra Comunidad, que de por sí ha sido tan acosada y dañada por el crimen organizado en los últimos 20 años.

SEGUNDO.- En consecuencia, acompañamos el dolor de los deudos de quienes fueron cobardemente asesinados el día de ayer; acompañamos, desde nuestro corazón y desde la generosa cultura que compartimos, a la Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha.

TERCERO.- Exigimos que los hechos sangrientos antes descritos sean investigados y esclarecidos escrupulosamente con el fin de que se haga justicia y se castigue a quien se tenga que castigar, sea quien sea.

CUARTO.- En esta hora de dolor pedimos que tan terrible crimen no sea utilizado con fines políticos: ni para criminalizar a nuestra estructura de seguridad comunitaria, ni para otorgar protagonismo a quienes históricamente han dañado a nuestra Comunidad, tampoco para generar mayor inestabilidad en la región, acusando del crimen señalado, sin pruebas de ningún tipo, a integrantes de las comunidades vecinas.

Por el contrario, llamamos a las comunidades indígenas y a la población en general del municipio a hacer un solo frente para exigir condiciones de seguridad efectivas y duraderas para que crímenes como el ocurrido ayer no se repitan.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno para que se frene la guerra de exterminio en contra de nuestra Comunidad y en contra de los pueblos indígenas de México.

¡CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE LUCAS FLORES TOLENTINO, JERÓNIMO GARCÍA FLORES Y FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

SANTA MARÍA OSTULA, A 29 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A QUIENES INTEGRAN LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

A LA EUROPA INSUMISA

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

A LAS REDES Y RESISTENCIAS QUE VEMOS AL EJEMPLO ZAPATISTA COMO UN CAMINO POR DONDE CAMINAR JUNTOS

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, quienes sostenemos la vida frente al despojo, denunciamos la grave escalada de violencia armada contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán la cual está siendo bombardeada y agredida por el crimen organizado, bajo la mirada cómplice, omisa y criminal del Estado mexicano lo que evidencia una ofensiva continua y coordinada:

• Martes 19 de mayo de 2026: A las 9:00 de la mañana, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) iniciaron un ataque frontal con armas de alto poder, en la encargatura de la Cofradía de Ostula, obligando a una evacuación de emergencia de las escuelas de la zona para salvaguardar la vida de los niños, los habitantes tuvieron que buscar refugio para no ser blanco de los ataques mientras la guardia comunal repelió los ataques.

• Jueves 21 de mayo de 2026: Al amanecer, se registró una nueva incursión criminal violenta, cercando las inmediaciones del territorio comunitario bajo ráfagas incesantes de fuego captadas en video por los propios comuneros.

• Miércoles 27 de mayo de 2026: La ofensiva durante la mañana y la tarde escaló en gravedad con el uso de drones adaptados para lanzar artefactos explosivos directamente sobre las viviendas de la población, provocando diversos daños materiales en hogares y vehículos, y manteniendo a la comunidad bajo terror.

• Al mismo tiempo en que ocurría el bombardeo criminal de la mañana del 27 de mayo, elementos de la Marina pretendieron introducirse en las playas de la comunidad, a varios kilómetros del epicentro de los ataques. Lejos de cumplir con su obligación de proteger a la población civil y detener al grupo criminal, ejecutaron acciones de hostigamiento contra la comunidad.

Desde el año 2020, el CJNG ha avanzado con total impunidad en la región sierra-costa, ocupando poblaciones, asesinando y desapareciendo a comuneros provocando el desplazamiento forzado de familias enteras. Este avance criminal responde a pactos explícitos con empresas mineras y grupos que ambicionan el despojo del territorio y la destrucción de la Madre Tierra para su beneficio económico.

Estos hechos se suman a los recientes ataques en contra de las comunidades p’urhépechas de Acachuén (el 6 de mayo pasado) y Santa María Sevina (el 17 de mayo pasado) por parte del CJNG, en los cuales les fue arrebatada la vida a 4 comuneros. No conformes con estos agravios, el día 25 de mayo la comunidad de Santa María Sevina e integrantes de 32 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán fueron reprimidos en la Casa de Gobierno de Michoacán donde se manifestaban para exigir seguridad en sus pueblos. Cabe mencionar que en los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de Michoacán han sufrido ataques del crimen organizado, han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional.

Los ataques de los Ardillos a los pueblos nahuas de la montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG – EZ y en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero son muestra de la gravedad a la que puede llegar esta guerra de desplazamiento, exterminio y ocupación .

Hacemos un urgente llamado a levantar la voz y exigir que pare esta guerra abierta de exterminio contra los pueblos, no permitamos que la Costa-Sierra de Michoacán se convierta en el espejo de la Montaña Baja de Guerrero. No permitamos que se repita la tragedia de los pueblos originarios guerrerenses, donde el abandono gubernamental, la infiltración absoluta de las instituciones y el terror sembrado por los grupos narco-paramilitares desmantelaron el tejido social, aislaron a las comunidades, masacraron a sus policías comunitarios y desplazaron forzadamente a miles personas, convirtiendo pueblos enteros en zonas abandonadas.

Ya no caben dudas de que estos ataques no son aislados, forman parte de una estrategia articulada en contra de los pueblos originarios que no piden permiso para defenderse del crimen organizado ante la complicidad y omisión del Estado.

Por ello, desde esta Asamblea Nacional, EXIGIMOS:

1. Alto a los ataques armados con drones y armas de alto calibre contra la comunidad de Santa María Ostula y de todas las comunidades indígenas de Michoacán.

2. Alto al hostigamiento a la comunidad de Ostula por parte de la Marina.

3. El desmantelamiento real y efectivo del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel los funcionarios y mandos.

4. La presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo inmediato a los autores intelectuales y materiales de los 42 asesinatos de comuneros pertenecientes a Santa María Ostula.

5. Alto a la represión en contra de las comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán que exigen seguridad y justicia.

6. El alto total a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México.

Hacemos responsables directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de cualquier pérdida humana y de los daños materiales ocasionados por los ataques del grupo criminal.

Como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos mantenemos en alerta permanente y llamamos a los pueblos, organizaciones, colectivos y personas de conciencia y buen corazón a pronunciarse, en las formas en que les sean posibles desde sus distintos territorios en el mundo, en contra de estos cobardes ataques que buscan eliminar pueblos completos.

¡Si tocan a Ostula, nos tocan a todas y todos!

ATENTAMENTE

A 27 DE MAYO DEL 2026

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

#Ostula

#AlertaOstula

#AltoALaGuerraContraLosPueblos