El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares que urjan al Estado mexicano adoptar acciones inmediatas para garantizar la vida, la integridad física y psicológica y seguridad personal, a favor de Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, (Francisco Espinoza) víctima de Tortura, quien se encuentra en Privación Arbitraria de la Libertad en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Núm 14, “El Amate”, (CERSS Núm. 14 “El Amate”), en Cintalapa de Figueroa, Chiapas México.

El Frayba informó a la CIDH que Francisco Espinoza, indígena tsotsil, campesino, de 68 años de edad, originario de Barrio El Convento, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas se encuentra en deteriorado y grave estado de salud, a consecuencia de la Tortura sufrida durante su injusta detención el 29 de mayo de 2015 y debido a sus actuales condiciones carcelarias sin atención médica adecuada.

Según informe de peritos independientes especializados que aplicaron el Protocolo de Estambul, Francisco Espinoza presenta estrés postraumático, depresión, ansiedad, dolores extremos en torax y cuello, falta de apetito, insomnio crónico, lagunas mentales; así como alto riesgo a su salud por padecimiento de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Recomiendan que sea excarcelado para garantizar su vida ante el acelerado daño físico y mental.

De acuerdo a testimonio de su familia, de fecha 9 de octubre de 2017, Francisco Espinoza teme por su vida porque su salud empeora cada día, soportando fuertes dolores: “puede morir en la cárcel en cualquier momento.” “Los familiares somos personas de bajos recursos económicos, pero nosotros hemos comprado en algunas veces los medicamentos porque el CERSS no quieren dar atención médica”.

Este Centro de Derechos Humanos considera que el castigo psicológico que provoca su encarcelamiento en condiciones inhumanas, forma parte de una tortura como mecanismo de castigo continuado y permanente; así mismo reiteramos al Estado mexicano que es su responsabilizar proteger y garantizar el derecho a la vida, y la integridad física y psicológica y seguridad de las personas que se encuentran bajo su custodia.

Por lo anterior solicitamos: Se realice una investigación de los hechos de Tortura cometidos en contra de Francisco Espinoza, para sancionar a los responsables y la Tortura no quede en la impunidad; Se ponga en libertad a Francisco Espinoza, para brindarle las atenciones médicas necesarias, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad física y psicológica y seguridad personal.

Especialmente exhortamos a las autoridades del CERSS Núm. 14 “El Amate”, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atender la urgente situación de riesgo a la salud de Francisco Espinoza.

Contexto:

Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo, fue encarcelado a consecuencia de sus acciones en defensa de sus derechos en los Bienes Comunales en la Casa del Pueblo, acusado de robo con violencia agravada y daños, por Domingo Sebastián de la Torre Gómez, ex comisariado ejidal, por hechos ocurridos el 21 de abril de 2015, según el auto de formal prisión del Juez Primero del Ramo Penal de Delitos Graves del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

El 29 de mayo de 2015, a las 7:30 horas aproximadamente, a una cuadra de su casa en la calle 10 de mayo, Barrio La Alberca, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, en camino a trabajar su milpa, Francisco de Jesús Espinoza Hidalgo fue Privado Arbitrariamente de la Libertad por personas vestidas de civil quienes lo torturaron durante la detención, el trayecto y hasta su reclusión en el CERSS Núm. 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas México. Además existen violaciones al debido proceso y a sus garantías judiciales a falta de una defensa adecuada antes de dictarse el auto de formal prisión.

• En Chiapas hay más de un millón de niñas y adolescentes. Es responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto garantizar sus derechos humanos para que puedan vivir en condiciones dignas y seguras que les permitan alcanzar sus proyectos de vida.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 11 de octubre de 2017

Anualmente, el Día Internacional de la Niña se celebra el 11 de octubre con el objetivo de crear conciencia sobre la discriminación y la violencia que viven las niñas en todo el mundo, así como para promover sus derechos y empoderamiento mediante acciones encaminadas a eliminar todas las formas de discriminación y violencia en su contra.

En el entorno socioeconómico chiapaneco, caracterizado por profundas desigualdades e insuficientes oportunidades de desarrollo para sus habitantes, es precisamente donde más se incumple el derecho de niñas y adolescentes a la educación y en donde las diferencias de género se hacen más pronunciadas en detrimento de los derechos de niñas y adolescentes.

Cada año, cientos de niñas aún pequeñas son dadas en matrimonio, con o sin su consentimiento. En algunos casos, se trata de matrimonios reconocidos por el Estado, en otros son costumbres tradicionales, mientras que en algunos más son obligadas a vivir en concubinato, corriendo el riesgo de sufrir violencia, incluidas las relaciones sexuales forzadas.

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Comunicado de Prensa

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 10 de octubre de 2017

Posicionamiento a casi un año de la AVG en Chiapas

Las organizaciones civiles integrantes de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para Chiapas (DAVG) hacemos público nuestro posicionamiento a casi un año de ordenarse la implementación de las medidas que derivan de la Declaratoria oficial.

Como es de conocimiento general, el 18 de noviembre de 2016, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASVM), emitió Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para los municipios de Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; también estableció acciones específicas para los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas: Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

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En un comunicado de fecha 4 de octubre de 2017, el Congreso Nacional Indígena, denunció el allanamiento y robo perpetrado en la casa de Guadalupe Núñez Salazar, hechos que representan una amenaza para la concejala de la Costa de Chiapas y su familia.

En un patrón reiterado en el hostigamiento a defensoras, la madrugada del 2 de octubre de 2017, desconocidos allanaron la casa de Guadalupe Núñez Salazar. Entraron hasta su habitación y robaron celular personal con información importante, así como documentos de identificación, en un contexto de amenazas, agresiones, vigilancia e intimidación en contra de quienes han denunciado la ineficacia del gobierno para el apoyo a comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas.

Fotografía: Heriberto Rodríguez

“Ya dimos un primer paso”, afirmó la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) pasado el mediodía de hoy tras su salida de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México.

A pesar de algunos obstáculos que Marichuy señaló como “trabas” que demuestran “la estructura diseñada por los de arriba” pudo quedar registrada como aspirante en base a una candidatura independiente para contender en las elecciones presidenciales del próximo año.

Decenas de personas acompañaron el momento en el que una vez más María de Jesús Patricio Martínez reiteró el carácter colectivo de una propuesta que caminará “al estilo de los pueblos” con la responsabilidad que el cargo significa en las comunidades y sin recibir un peso del INE.

También señaló la guerra de exterminio en la que se encuentran los pueblos indígenas y que de nuevo se evidenció tras los recientes terremotos que sacudieron al país: “Porque nos queda claro, sobre todo ahorita en este tiempo que acabamos de pasar de catástrofe, se vio clarito que no les interesa la gente de abajo, que no están con la gente de abajo.” Manifestó que ante el despojo que se vive la llamada es a la organización y el apoyo debe ser de todas y todos para acabar con este sistema capitalista, racista, clasista y patriarcal, no sólo en México, sino en todo el mundo.

Escucha sus palabras: [podcast]https://radiozapatista.org/Audios/Marichuy_INE_7oct2017.mp3[/podcast]

Lee sus palabras:
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Sábado 7 de octubre, 11:00 horas

Al Pueblo de México
A los medios libres de comunicación
A los colectivos y organizaciones solidarios
A la Sexta Nacional e Internacional.

Después del sin número de actos racistas y clasistas, hemos logrado cumplir todos los requisitos que la Ley electoral y la estructura del INE, construídas por los miembros de los partidos institucionales, imponen para impedir que una persona de abajo, mujer e indígena, pueda aspirar a la candidatura independiente a la presidencia.

Las y los estamos invitando, a quienes que puedan, compañeras, compañeros del pueblo de México, de los colectivos y organizaciones solidarios, a las y los individuos conscientes y a los medios de comunicación a que acompañen a nuestra vocera Marychuy y miembros del Concejo Indígena de Gobierno a la entrega de la documentación requerida por la ley en el Instituto Nacional Electoral, que será el sábado 7 de octubre a las 11:00 de la mañana en las oficinas de esa institución, que está ubicada en Viaducto Tlalpan No. 100 Col. Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan en la Ciudad de México.

Por primera vez se abre la posibilidad de que una mujer indígena, vocera del C.I.G., el cual está construido de decenas de pueblos originarios, aparezca en la boleta electoral y, sobre todo, obligue a que la agenda de los pueblos originarios y las y los trabajadores pobres de nuestro país sea puesta en el tablero nacional y vayamos más allá de este  sistema político.

Se vuelve a abrir la posibilidad para millones de explotadas y explotados de México, de hacer de las resistencias de todas y todos la base de un nuevo país y un nuevo mundo. De hacer de la indignación una ofensiva que no sólo sacuda al sistema político nacional, sino que nos permita abrir caminos para reconstruir el país; todos los tejidos sociales, ecológicos, políticos, culturales y económicos que están hoy destruidos por la corrupción y ambición de unos cuantos, que sólo saben ver lo que su patrón, el dinero, les dicte.

ATENTAMENTE

OCTUBRE DE 2017
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

03 DE OCTUBRE DE 2017: 9 °ANIVERSARIO DE LA IMPUNE MASACRE

DE CHINKULTIC, CHIAPAS

El 03 de octubre de 2008, aproximadamente a las 11:00 hrs. se realizó un operativo de la policía preventiva del estado de Chiapas, con la intención de detener a los representantes de la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria, Chiapas, quienes por mandato de su asamblea general, habían ocupado la zona arqueológica y sagrada de Chinkultic, reivindicando su derecho como Pueblo Indígena, a recuperar su territorio -expropiado y no indemnizado- y a resguardar y administrar su ancestral patrimonio histórico y cultural.

Fue así como cerca de 40 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y de la Policía Ministerial (PM) ingresaron violentamente a la comunidad de Miguel Hidalgo, en vehículos, a caballo y a pie, tirando gases lacrimógenos y allanando arbitrariamente varios domicilios.

Ante esto, los habitantes de la comunidad acorralaron a los policías, los desarmaron y los retuvieron  en la casa ejidal, en donde permanecieron por varias horas.

Alrededor de las 17:30 hrs., con el fin de rescatar a los policías retenidos por la comunidad, ingresaron aproximadamente otros 300 elementos de la PEP y PM, disparando nuevamente gases lacrimógenos a la población, la cual respondió con piedras y palos. Frente a esta defensa indígena, los agentes policiales respondieron con disparos de armas de fuego, hiriendo a varias personas.

Entre los 16 heridos que se contabilizaron en principio, cuatro recibieron la ayuda de Agustín Alfaro Alfaro y de su esposa Margarita Espinoza Morales. Cuando el matrimonio trasladaba en su camioneta Ford Ranger a los heridos –Rigoberto López Vázquez, José Alfredo Hernández Ramírez, Miguel Antonio Martínez López y Miguel Martínez García–el grupo de caballería de la policía estatal, comandado por el exmilitar Amílcar Corzo Díaz y su subordinado Miguel Ángel Sánchez Díaz, interceptó al vehículo en el kilómetro 30 de la carretera a Lagos de Montebello (Comitán de Domínguez).

Sánchez Díaz fue el primero en disparar. Uno de sus tiros hirió en el pie al conductor de la camioneta, Agustín Alfaro, de 31 años, y otro mató en el acto al herido Hernández Ramírez, de 40.

Margarita Espinoza, quien llevaba en brazos a su hijo de tres años, vio cómo se acercó el comandante Corzo Díaz y bajó a su esposo, Agustín Alfaro, a punta de golpes y lo puso de espaldas contra el vehículo. Ahí, con su Pietro Beretta de 9 mm, le hizo tres disparos y su esposo cayó muerto en el pavimento.

Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, quien había pedido ayuda para ser trasladado junto con su padre herido, Miguel Martínez García, al hospital de Comitán, fue bajado también a golpes. Entre los matorrales, Sánchez Díaz lo ejecutó.

Su progenitor fingió hallarse muerto arriba de la camioneta. Por eso sobrevivió. Pero no Rigoberto López Vázquez, de 35 años, quien, de acuerdo con las primeras investigaciones del Ministerio de Justicia de la entidad, fue liquidado a tiros por el propio jefe del grupo.

Por esos hechos, seis policías fueron consignados en el penal de El Amate: el comandante Corzo Díaz y su ayudante Sánchez Díaz –acusados de homicidio calificado, lesiones calificadas y abuso de autoridad–, así como José Luis Gómez González, Samuel Ordóñez Muñoz, Jaime López Robledo y Javier Moreno Estrada, a quienes se consignó por diferentes grados de coparticipación.

Aparte de la media docena de policías consignados por cuatro de las seis muertes ocurridas, el Ministerio de Justicia arraigó al director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), José Domingo Bezares Vázquez, y al subdirector de la Policía Ministerial, Miguel Alejandro Pola Figueroa, quienes encabezaron la incursión en la comunidad, donde los campesinos arrebataron cascos, escudos, toletes, fornituras, celulares y 77 armas a los policías estatales y estuvieron a punto de lincharlos.

En el operativo, además, fueron detenidos arbitrariamente 36 campesinos, mismos que fueron liberados  el día 5 de octubre aproximadamente a las 21 hrs., en el Ejido Lázaro Cárdenas, próximo a Miguel Hidalgo, ello a cambio de las armas que los pobladores habían quitado a los policías.

Es preciso señalar que los violentos y brutales hechos, perpetrados por elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Ministerial y del personal adscrito al Ministerio de Justicia, y cuya saña pareció un escarmiento ejemplar y una a clara señal, cuya finalidad -igual que en caso de Viejo Velasco- sería debilitar y desmoronar posibles resistencias y nuevos intentos indígenas que pretendieran defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural, ejercida en este caso contra los pobladores indígenas de la comunidad de Miguel Hidalgo, dejaron como saldo: 6 personas asesinadas a mansalva, 6 personas heridas por armas de fuego y 11 heridas por golpes.

Estos inaceptables y sangrientos hechos, ocurridos ya hace 9 años, constituyeron y aún constituyen, un crimen de lesa humanidad y una todavía impune violación a los derechos humanos más fundamentales: los derechos a la integridad y a la vida, actos cometidos impunemente por el gobierno estatal del perredista Juan Sabines Guerrero, con la complicidad del gobierno federal, a cargo entonces del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Luego de ello, vergonzantemente, el gobierno de Juan Sabines Guerrero, pretendió otorgar una “reparación del daño”, a través de becas y pensiones vitalicias para viudas y huérfanos-as, así como la construcción de un proyecto de “ecoturismo comunitario” entregado a la comunidad meses después. Cabe señalar que las familias afectadas y la asamblea del ejido Miguel Hidalgo (todos de filiación priista) aceptaron finalmente las indemnizaciones.

(VER: http://www.proceso.com.mx/89043/la-barbarie

La barbarie – Proceso

www.proceso.com.mx

Cuando no son despojados de sus parcelas, los indígenas y campesinos chiapanecos son engañados con proyectos que prometen beneficiarlos a cambio de que abandonen …

A un año, impunidad en la Masacre de Chinkultic

https://frayba.org.mx/historico/archivo/informes/081006_informe_ejecuciones_en_chinkultic.pdf

http://maderasdelpueblo.org.mx/archivos/1cartaMpsMasacreChincultik.pdf

ANTE TODO LO EXPUESTO, AL CUMPLIRSE EL 9° ANIVERSARIO DE LA IMPUNE MASACRE DE CHINKULTIK, LOS ABAJO FIRMANTES -ORGANIZACIONES Y ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL- , PÚBLICAMENTE MANIFESTAMOS QUE:

1.- COMO SOCIEDAD CIVIL, SABEMOS QUE  NO PODEMOS -NI DEBEMOS- ENTERRAR EN EL OLVIDO ESTOS BRUTALES HECHOS; SINO, AL CONTRARIO, REIVINDICAR PÚBLICAMENTE SU RECLAMO, Y QUE MASACRES COMO ESTA DE CHINKULTIC, SE CONOZCAN POR LAS NUEVAS GENERACIONES Y SE CONSTITUYAN EN PARTE DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE AGRAVIOS, DE NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE TODO NUESTRO PUEBLO MEXICANO;

2.- REITERAMOS EL AIRADO RECLAMO DE QUE SEAN CASTIGADOS CON TODO EL RIGOR DE LA LEY, LOS VERDADEROS AUTORES INTELECTUALES Y LOS RESPONSABLES DEL MÁS ALTO NIVEL –EL EXGOBERNADOR JUAN SABINES GUERRERO Y EL EXPRESIDENTE FELIPE CALDERON HINOJOSA- DE ESTE  CRIMEN DE LESA HUMANIDAD Y DE ESTA BRUTAL E IMPUNE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS MÁS FUNDAMENTALES DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS DE CHINKULTIK: LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD Y A LA VIDA.

 ¡NO A LA IMPUNIDAD!

 ¡NO AL OLVIDO!

A los Pueblos Originarios de México
A la Sociedad Civil de México y del Mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A los Medios Libres de Comunicación

Hermanas y hermanos:

Las familias, barrios, tribus, naciones y pueblos originarios agrupados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciamos el allanamiento y robo perpetrado en la casa de Guadalupe Núñez Salaza, quien es concejal de la Costa de Chiapas ante el Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

El 2 de octubre, siendo las 4:00 am, personas desconocidas se introdujeron en el domicilio de la compañera Guadalupe Núñez Salaza (ubicado en la Calle 1º de Mayo núm. 73 de la Colonia Evolución en la ciudad de Tonalá, Chiapas), de donde hurtaron dinero, aparatos electrónicos y documentos oficiales. Todos estos hecho se registran durante la etapa de apoyo que los concejales del CIG despliegan en las comunidades afectadas por el terremoto del 7 de septiembre de 2017, así como de la entrega de ayuda humanitaria, de la reconstrucción de viviendas y del proceso organizativo del Concejo Indígena de Gobierno.

Ante este contexto, los pueblos indígenas del CNI exigimos se desarrolle una investigación a fondo, para con ello dar cuenta tanto de los responsables directos de los hechos, así como de mostrar cómo estos mecanismos buscan intimidar a las personas, los pueblos y las luchas de resistencia. Es así como los pueblos exigimos verdad y justicia. De igual forma, señalamos que estos hechos representan una amenaza para la compañera Guadalupe Núñez Salaza y su familia, así como para los integrantes del Frente Cívico Tonalteco y del Concejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, ante lo cual llamamos a los organismos de derechos humanos a estar atento sobre próximos actos intimidatorios.

Exigimos respeto ante el proceso organizativo que desde el Concejo Indígena de Gobierno se viene desarrollando por diversas regiones de México. Les recordamos que se llegó la hora del florecimiento de nuestros pueblos, por tanto les informamos que seguiremos construyendo la resistencia, la rebeldía y la autonomía desde abajo y a la izquierda, junto a los explotados de México y el mundo.

Nunca Más un México Sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno

2 de Octubre 2017: Reconstrucción nacional con dignidad y soberanía

Por Elis Monroy

Apenas a dos semanas del terremoto del 19 de septiembre, llegó el 2 de octubre, y con esta fecha, la necesidad de recordar que no podemos olvidar.

La marcha que conmemoró los 49 años de la matanza estudiantil perpetrada en Tlatelolco bajo las órdenes del entonces presidente priísta Gustavo Díaz Ordaz hoy era precedida por el lema «Reconstrucción nacional con dignidad y soberanía».

Si bien, después de la matanza de cientos de estudiantes en 1968 era necesaria una reconstrucción nacional, hoy este lema alude también a la reconstrucción de casas, escuelas, hospitales y vidas que se han venido abajo o se han quedado enclenques debido a los sismos ocurridos en varios estados de la república en las últimas semanas.

Igual que hace casi 50 años, el reclamo por una reconstrucción nacional no podría darse por completo sin exigir que ésta contemple dignidad y soberanía. Pues, como entonces, los intereses de la clase política, tan ajenos a la solidaridad que se evidenció durante los desastres, buscan tapar su ineptitud y responsabilidad, esta vez no con la desaparición de los cuerpos de estudiantes, sino maquillando las grietas, mintiendo, dando falsos diagnósticos, robando y desviando las donaciones y acopios. Lo que sí se repite es la desinformación, la aparente y conveniente incapacidad de investigar y dar a conocer las cifras de lxs entonces asesinadxs y lxs hoy muertxs y afectadxs por los sismos. Por otra parte, la reconstrucción que hoy se impone, favorece a las inmobiliarias y empresas privadas, haciendo a un lado una vez más a la estorbosa autodeterminación del territorio, de la vida en comunidad, que inminentemente vendrían acompañadas de la organización colectiva, de las exigencias y del desconocimiento del mal gobierno.

Desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo de la ciudad, miles de personas, principalmente estudiantes de diversas escuelas y estados, gritaron consignas, corrieron y bailaron de la mano de otras luchas que reclaman tampoco ser olvidadas, como la de Atenco y Ayotzinapa. La cita de este año se cumplió y entonces se refrendó la del siguiente, que cumplirá cinco décadas y estará llena de expectativas de reconstrucción, de despertar y de justicia.

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