solidaridad
Conmemoración del décimo aniversario de la Defensa del Territorio Yaqui y los hechos del 21 de octubre de 2016, vinculados a la lucha de No al Gasoducto
PROGRAMACIÓN DEL EVENTO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2026
Miércoles, 21 de octubre
12:00 hrs. Misa oficial en la 2da. Santa Iglesia (Guardia).
15:00 hrs. Ritual religioso en la Iglesia y Ramada de danzas tradicionales
Jueves, 22 de octubre
14:00 hrs. Conversatorio. El proceso jurídico del No al Gasoducto.
16:00 hrs. Actividades culturales: Cabalgata Bacum Bataconcica Loma de Bácum.
La defensa del territorio ancestral de la Tribu Yaqui, particularmente desde el H. Pueblo de Loma de Bácum, constituye un proceso de resistencia jurídica, étnica, comunitaria y social frente a la construcción del denominado Gasoducto Sonora en su tramo Guaymas–El Oro, proyecto desarrollado por Gasoducto de Aguaprieta, filial de IEnova/Sempra Energy. El conflicto no se limitó a la oposición a una infraestructura energética: involucró cuestiones relativas al territorio indígena, autonomía, libre determinación, consulta y consentimiento, seguridad comunitaria y protección judicial de los derechos colectivos de la Tribu Yaqui.
1. El origen del conflicto. El Gasoducto Sonora contemplaba una infraestructura de transporte de gas natural que atravesaría 90 km del territorio Yaqui. La concesión fue otorgada por la Comisión Reguladora de Energía en 2013, sin la aprobación de la comunidad de Loma de Bácum, la cual cuestionó jurídicamente la construcción y sostuvo que la autorización y el procedimiento de consulta no garantizaban sus derechos como pueblo indígena.
La controversia adquirió una dimensión especial porque la Tribu Yaqui está integrada por ocho pueblos, con estructuras tradicionales propias y mecanismos comunitarios para adoptar decisiones. La documentación judicial posteriormente analizada por la Suprema Corte registra que Loma de Bácum no participó en el proceso de consulta destinado a obtener el consentimiento para la instalación y operación del gasoducto, mientras que el consentimiento de otros pueblos
fue considerado suficiente por las autoridades promotoras del proyecto.
2. La vía jurídica: el amparo de Loma de Bácum. El 6 de abril de 2016, autoridades
tradicionales de Loma de Bácum promovieron el juicio de amparo 312/2016 ante el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón.
El litigio buscaba impedir que el proyecto afectara el territorio colectivo de la Tribu Yaqui. En el curso del proceso se dictaron medidas de suspensión respecto de las obras. La resolución judicial estableció que no debía ejecutarse, dentro del territorio colectivo de Loma de Bácum, infraestructura relacionada con el proyecto Gasoducto Guaymas–El Oro.
Por ello, el conflicto de 2016 debe entenderse también como una disputa sobre la eficacia de la tutela judicial de los derechos indígenas: mientras la comunidad sostenía que existía una orden judicial que impedía continuar con las obras, la empresa argumentaba que determinados trabajos se encontraban fuera del ámbito de la suspensión.
3. El 21 de octubre de 2016: punto crítico del conflicto. El 21 de octubre de 2016 se produjo
uno de los acontecimientos más graves de la lucha contra el gasoducto. En la Loma de Bácum se produjo un enfrentamiento entre grupos de integrantes de la Nación Yaqui, en un contexto de profunda división respecto del proyecto. Las fuentes contemporáneas reportaron la presencia de personas armadas y un enfrentamiento que dejó una persona fallecida, además de personas heridas y vehículos incendiados.
Las versiones sobre el origen y responsabilidad de la violencia son objeto de controversia. Fuentes vinculadas al movimiento de resistencia sostuvieron que el ingreso de personas provenientes de otros pueblos pretendía dar un golpe de Estado, al eliminar a la Autoridad Tradicional Consagrada de Loma de Bácum e imponer otras Autoridades Duales y Espurias favorables al gasoducto. Por ello, jurídicamente es importante no confundir las denuncias y testimonios de las partes con hechos judicialmente acreditados.
El acontecimiento creó una consecuencia objetiva: la violencia se convirtió en una extensión del conflicto territorial y jurídico generado alrededor del gasoducto, profundizando la fractura interna de la comunidad y aumentando la intervención de autoridades de seguridad.
4. El caso Fidencio Aldama Pérez. Los acontecimientos del 21 de octubre tuvieron
posteriormente consecuencias penales. Fidencio Aldama Pérez, integrante de la Guardia
Tradicional de Loma de Bácum y opositor al proyecto, fue detenido días después y procesado en relación con la muerte ocurrida durante el enfrentamiento. Diversas organizaciones y sectores de la comunidad cuestionaron desde entonces la legalidad y suficiencia de las pruebas utilizadas en su contra y consideraron su proceso parte de la criminalización de la defensa territorial.
Para un análisis jurídico debe hacerse una distinción fundamental: la afirmación de que una persona fue criminalizada por defender el territorio es una interpretación sostenida por sus defensores y organizaciones, mientras que la responsabilidad penal debe determinarse conforme a las pruebas y resoluciones judiciales correspondientes. Finalmente, Fidencio Aldama fue absuelto y liberado después de 7 años de estar como preso político.
5. El significado de “No al Gasoducto”. La expresión adquirió un significado mucho más amplio que la oposición a una obra de infraestructura. Para Loma de Bácum, la controversia se vinculó a:
- la defensa de la integridad del territorio ancestral;
- la autonomía y libre determinación de la Nación Yaqui;
- el reconocimiento de las autoridades tradicionales consagradas;
- el derecho a participar efectivamente en las decisiones que afectan al territorio;
- la exigencia de una consulta indígena adecuada;
- la protección de la vida, seguridad y patrimonio comunitario;
- y el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva.
En ese sentido, el gasoducto se convirtió en el elemento material alrededor del cual confluyeron una controversia energética, una controversia territorial y una controversia sobre el ejercicio de los derechos colectivos indígenas.
6. La dimensión internacional y constitucional. Desde una perspectiva jurídica, el caso debe analizarse a partir del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y de los estándares internacionales aplicables a sus derechos colectivos, particularmente los relativos a autonomía, libre determinación, territorio y consulta.
La cuestión central no consiste únicamente en determinar si una empresa puede construir una infraestructura energética, sino en qué condiciones puede desarrollarse un proyecto susceptible de afectar directamente el territorio y la vida comunitaria de un pueblo indígena.
El propio expediente relacionado con la controversia reconoce la naturaleza colectiva del territorio Yaqui y la existencia de formas propias de decisión comunitaria.
7. Consecuencias posteriores. Después del 21 de octubre de 2016, el conflicto no desapareció.
Por el contrario, se registraron denuncias sobre amenazas, actos de intimidación y nuevos
episodios relacionados con la defensa del gasoducto. Asimismo, surgieron controversias respecto del cumplimiento de las medidas judiciales que suspendían las obras.
La confrontación del 21 de octubre, por tanto, debe entenderse como un momento crítico dentro de un proceso más amplio de defensa territorial, y no como un acontecimiento aislado.
Conclusión. El caso del “No al Gasoducto” representa un conflicto complejo en el que convergen derecho indígena, derecho constitucional, derechos humanos, protección del territorio, autonomía comunitaria, justicia ambiental y seguridad pública.
El 21 de octubre de 2016 constituye un punto de inflexión porque la controversia jurídica
alrededor del gasoducto desembocó en violencia dentro del territorio de Loma de Bácum, con una
persona fallecida, personas heridas y una posterior cadena de actuaciones policiales y judiciales.
Desde una perspectiva jurídica, el elemento fundamental del caso es que la defensa del territorio
Yaqui no puede reducirse a una oposición económica o política a un gasoducto. Se encuentra
vinculada con el reconocimiento de derechos colectivos y con la cuestión de quién tiene
legitimidad para decidir sobre el territorio indígena y mediante qué procedimiento.
En consecuencia, el conflicto puede sintetizarse en una pregunta jurídica fundamental:
¿Puede un proyecto de infraestructura energética ejecutarse dentro del territorio
ancestral indígena cuando existe oposición expresa de una comunidad integrante de la
Nación Yaqui y se encuentra controvertida la suficiencia de la consulta y del
consentimiento, particularmente cuando además existe una resolución judicial que
ordena suspender determinados actos de ejecución?
La respuesta exige analizar conjuntamente el artículo 2º constitucional, el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia interamericana sobre pueblos indígenas y tribales, la legislación mexicana en materia de amparo y derechos indígenas, así como las resoluciones judiciales específicas del caso.
El 21 de octubre de 2016, en este contexto, no constituye solamente una fecha de violencia comunitaria: representa un parteaguas en la defensa contemporánea del territorio ancestral Yaqui y en la lucha jurídica y social contra el proyecto del gasoducto.
En Loma de Bácum, Río Yaqui, Sonora, México, a 20 de octubre de 2026.
LAS AUTORIDADES DE LA NACION DE LA TRIBU YAQUI DEL HEROICO PUEBLO DE BACUM, LOMA DE BACUM, RIO YAQUI, SONORA.



Pronunciamiento de la Asamblea del Congreso Nacional Indìgena por sus 30 años
FRENTE A LA GUERRA DE CONQUISTA CRECEREMOS NUESTRA RESISTENCIA
A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A las Redes de Resistencia y Rebeldía,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.
Hoy 12 de octubre de 2026, estando reunidos en la digna Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, autoridades, delegadas y delegados de los pueblos amuzgo, ayuuk, chatino, ch’ol, chontal de Oaxaca, coca, maya, mayo, mazahua, mazateco, mazehualtopac, me’phaa, náayeri, nahua, n´guiva, nuntajiiyi, ñuu savi, ódami, otomí, p’urépecha, rarámuri, tepehua, tepehuano del sur, tohono o’odam, tojolabal, totonakuu, triqui, tseltal, tsotsil, wixárika, yaqui, zapoteco, zoque, afromexicano y mestizo, de 22 estados del país; quienes fuimos acompañados por invitados e invitadas de abajo y a la izquierda de 15 estados del país y Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos de América, Grecia, Guatemala e Italia, y:
RECORDANDO que hace 534 años inició la invasión de nuestros pueblos y nuestros territorios, junto con la pesadilla que nombramos capitalismo, pero también inició nuestra digna resistencia en contra de esa invasión y en contra del actual sistema de muerte;
CONSIDERANDO que el capitalismo patriarcal ha desatado una gran guerra contra la Madre Tierra, la vida y la humanidad mediante la destrucción cada vez más brutal de la naturaleza, un sinfín de guerras en todos los rincones del planeta, la expansión del crimen organizado en las sociedades, la utilización de pandemias y catástrofes y la desaparición y esclavitud forzada de miles y miles de seres humanos;
OBSERVANDO que esta guerra capitalista ha resultado muy dolorosa para nuestros pueblos y para nuestro país, mismo que hasta la primera mitad de este 2026 contaba con 135, 048 desaparecidos y un promedio de 40.8 homicidios dolosos diarios. País que actualmente vive una inocultable tragedia humana y en el que el tráfico masivo de seres humanos, el desplazamiento masivo de poblaciones, principalmente en nuestras regiones, la completa militarización del territorio nacional y la entrega de sectores de la economía a las fuerzas castrenses, así como la impunidad de éstas en crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; o la penetración del crimen organizado en los territorios de nuestros pueblos y su fuerte presencia en las actividades económicas del país y en sus estructuras de gobierno y procesos electorales a todos los niveles, describen esa guerra.
OBSERVANDO también que esta guerra de conquista en contra de nuestros pueblos y de los pueblos de todo México se expresa en la profundización de las políticas neoliberales por parte de los gobiernos de la denominada Cuarta Transformación (4T), a través de múltiples medidas legislativas y administrativas, programas y megaproyectos que tienen como finalidad la mayor explotación de nuestras poblaciones y el despojo de nuestros territorios y cultura para seguir favoreciendo a un puñado de empresas trasnacionales y familias multimillonarias, como es el caso de los banqueros, quienes han tenido ganancias históricas en los últimos años;
SEÑALANDO que estas políticas neoliberales se materializan en: (a) la continuidad de la apertura comercial de México, subordinada a los Estados Unidos de América por medio del T-MEC; (b) la permanencia, cuando no la profundización, del marco constitucional y legal en materia agraria y de aguas producto de la contrarreforma neoliberal de 1992; (c) leyes para el despojo como la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley General de Aguas y la Ley del Sector Eléctrico, e iniciativas regresivas como la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; (d) los mal llamados “polos” de desarrollo, los programas de infraestructura y los megaproyectos para reordenar a las poblaciones, los territorios y las fronteras de México y Centroamérica o (e) los proyectos extractivistas mineros y en materia de hidrocarburos, lo que incluye el intento por reactivar el fracking;
REITERANDO que nuestros pueblos, como todos los pueblos del mundo, tienen el derecho inalienable a la libredeterminación y autonomía, y que desconocemos cualquier disposición jurídica o administrativa que afecte, reduzca o limite este derecho que desde hace 25 años hemos decidido ejercer por la vía de los hechos y sin esperar el reconocimiento del Estado mexicano o de cuaquier persona ajena a nuestros pueblos;
Emitimos el siguiente:
PRONUNCIAMIENTO
UNO.- Al cumplir 534 años de resistencia, como pueblos originarios que somos hoy decimos a los pueblos de México y del mundo que frente a la imparable guerra de conquista capitalista no nos rendiremos, no estamos en venta y no claudicaremos en la defensa de nuestros pueblos, de la Madre Tierra y de la vida. Creceremos nuestra resistencia, nuestra palabra y nuestra presencia para cuidar lo que nos es más sagrado, para proteger a la Madre Tierra y para resguardar nuestra libertad, a la que nombramos autonomía, nuestros territorios y nuestras culturas.
DOS.- Y al cumplir el Congreso Nacional Indígena 30 años de existencia, llamamos a fortalecerlo y crecerlo en todas las regiones de este país que se llama México, para construir una gran muralla que detenga la brutal guerra capitalista en contra de nuestros pueblos, la Madre Tierra y la humanidad entera, informando que en la asamblea que concluye hemos adoptado importantes acuerdos para fortalecer y renovar al CNI, a su asamblea y a sus estructuras de coordinación y trabajo.
TRES.- Convocamos a todos los pueblos de México a parar la guerra capitalista que día con día se crece en nuestra geografía y en el mundo; y en consecuencia, exigimos: (1) el alto total a la guerra sionista de exterminio del pueblo palestino y de todas las guerras imperialistas; (2) la presentación con vida de los miles de desaparecidos que hay en el país y en nuestros pueblos, como es el caso de los 43 de Ayotzinapa, de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández o de las decenas de desaparecidos del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata(CIPOG-EZ) y de la comunidad nahua de Santa María Ostula; (3) la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos que inundan las cárceles de este país y particularmente la libertad de Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia del CIPOG-EZ; así como de Francisco Moreno Hernández, de Jotolá, Chiapas, y de las defensoras y defensores de la vida de la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón; (4) justicia para nuestros hermanos y hermanas asesinados en las luchas de resistencia de nuestros pueblos, justicia para Samir Flores Soberanes y para cada uno de los cientos y miles que han caído en la defensa de nuestros pueblos y de la Madre Tierra.
CUATRO.- Saludamos el esfuerzo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización fundadora del CNI, al organizar, para diciembre de este año, el Viaje Abrazo a las Familias Buscadoras. Hacemos publica nuestra intención de cobijar, apoyar y respaldar con nuestra palabra y nuestra presencia este Viaje Abrazo que forma parte de la Gira por la Vida-Capítulo México.
CINCO.- Exigimos pleno respeto a la autonomía, a los gobiernos autónomos y a la educación autónoma de los pueblos zapatistas, así como a las decisiones individuales y colectivas que nuestros compañeros y compañeras bases de apoyo zapatistas adopten en cualquier ámbito de su vida y particularmente con relación a la educación de sus hijos, saludando su digna resistencia y rebeldía frente a los malos gobiernos.
SEIS.- Nuestros pueblos son un tejido multicolor, por lo que respetamos y reconocemos que la autonomía de los pueblos indígenas tiene diversas expresiones y formas de hacerce y practicarse.
SIETE.- La libre determinación y autonomía implican que nuestros pueblos son soberanos para decidir sobre su destino y sobre sus territorios; nada ni nadie está por encima de las decisiones que colectivamente tomamos.
OCHO.- Los bienes naturales son de la Madre Tierra y están a resguardo de nuestros pueblos, no del Estado. Desconocemos que el destino de los llamados “recursos naturales estratégicos de la Nación” quedé en manos de los malos gobiernos y las empresas trasnacionales.
NUEVE.- La consulta indígena es una facultad de nuestros pueblos, no del Estado ni de las empresas. Los pueblos originarios, a través de nuestras asambleas y sistemas normativos propios, somos los únicos que podemos decidir si nos autoconsultamos y si procede o no procede la consulta. La ocupación de nuestros territorios y la destrucción de nuestros pueblos no es consultable.
DIEZ.- Llamamos a los pueblos originarios a que, en el marco de nuestra autonomía, hagamos valer los principios antes señalados como la ley de nuestros pueblos; y en consecuencia rechazamos la regresiva propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que actualmente promueve el ejecutivo federal, o cualquier otra propuesta que no sea elaborada por nuestros propios pueblos de acuerdo a los principios arriba plasmados.
Respaldamos todas las acciones que los pueblos originarios de México están realizando en contra de dicha propuesta y los convocamos a seguir fortaleciendo la autonomía por la vía de los hechos en todos los ámbitos de su vida y de acuerdo a su historia, circunstancias propias y sistemas normativos internos.
ONCE.- Convocamos a los pueblos originarios que participamos en el CNI a llevar los acuerdos tomados en este fecha a nuestras asambleas y a propagarlos al conjunto de pueblos originarios que no participan o no conocen al CNI.
DOCE.- LLAMAMOS A LAS PERSONAS DE BUEN CORAZÓN, A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, A LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA, A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL, A LOS FIRMANTES DE UNA DECLARACIÓN POR LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES Y A LA EUROPA INSUMISA, DIGNA Y REBELDE A NO DETENER NUESTRA LUCHA PARA ACABAR ESTA PESADILLA QUE NOMBRAMOS CAPITALISMO Y EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA, LA VIDA Y LA HUMANIDAD.
ATENTAMENTE
MÉXICO, 12 DE OCTUBRE DE 2026, AÑO 534 DE LA RESISTENCIA.
VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
VIVA LA RESISTENCIA DE NUESTROS PUEBLOS
ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE
VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA









